Ante la falta de apoyo de las autoridades de Oaxaca y la violencia desatada en su contra a partir de 2018, indígenas zapotecos de Unión Hidalgo buscan apoyo internacional para detener el proyecto eólico Gunaa Sicarú de la empresa Electricité de France, que conculca los derechos humanos de los habitantes de esa comunidad istmeña. Primero presentaron amparos ante la OCDE y en octubre pasado llevaron su caso ante la Corte de París. Esta instancia legal debió realizar una audiencia a principios de año, pero la pospuso para mayo a causa de la pandemia.
OAXACA, OAX.- La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo busca justicia a 11 mil 162 kilómetros de distancia porque en su país, México, se la niegan.
En un hecho inédito, la asamblea comunitaria presentó en octubre pasado una demanda civil ante la Corte de París, Francia, contra el gigante energético Electricité de France (EDF), el cual pretende establecer el parque eólico Gunaa Sicarú (Mujer Bonita) en ese entorno zapoteco sin el consentimiento de la comunidad, lo que, dicen, viola sus derechos humanos.
En Oaxaca se autorizaron ya 28 parques eólicos en municipios de Juchitán, Santo Domingo Ingenio, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Ciudad Ixtepec, de los cuales 23 son operados principalmente por empresas españolas, francesas y alemanas con inversiones japonesas. Sólo en uno de ellos se hizo una consulta indígena.
También hay un contrato otorgado directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para el abastecimiento de energía, así como otros cuatro que están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.
Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), y Miriam Saage-Maaß, coordinadora legal del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), destacan que la demanda civil es la primera acción legal en su tipo iniciada por un pueblo indígena, el cual tuvo que acudir a instancias extranjeras porque “las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad”.
Guillermo Torres, abogado senior en Prodesc, informó que debido la pandemia y a prácticas dilatorias por parte de la empresa EDF, la audiencia programada para inicio de este año se difirió para mayo próximo.
En la demanda civil presentada ante la Corte de París, los comuneros zapotecos solicitan la suspensión del proyecto hasta que la firma francesa cumpla su obligación de respetar derechos humanos y se garantice el consentimiento libre, previo e informado entre los pobladores de Unión Hidalgo.
La Ley del Deber de Vigilancia de Empresas Matrices y Subsidiarias de Francia, aprobada en 2017, establece el deber de vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos, misma que se retomó para evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de la comunidad indígena asentada en el Istmo de Tehuantepec.
Fue el 13 de octubre de 2020 cuando un sector de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo presentó la demanda civil en la Corte de París y se le notificó personalmente a la empresa:
“No es petición, queja o mecanismo extrajudicial; se trata de un procedimiento judicial en forma. Es un juicio con todas las etapas y con la intervención de un juez, con el ofrecimiento de prueba, con un periodo de alegatos y con una elección judicial”, sostiene Torres.
Tensa espera
La audiencia programada para mayo será el primer paso para definir la estrategia de defensa de la empresa frente a la querella presentada por la comunidad de Unión Hidalgo y la respuesta a las peticiones de la comunidad.
Por lo que concierne a la contingencia sanitaria, dice, un grupo de abogadas radicadas en Francia asistirá a la audiencia, aunque aún no se sabe si será presencial o virtual o vaya a posponerse por la tercera ola de covid-19. Por lo pronto ya se enviaron videos y documentos de los promotores de la demanda.
Desde 2011 Prodesc acompaña el proceso de defensa de la comunidad de Unión Hidalgo y ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso del litigio trasnacional.
En febrero de 2018, con el acompañamiento de Prodesc, la misma comunidad zapoteca presentó una primera queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde alertó que las actividades de la trasnacional EDF violaba los derechos humanos indígenas.
Como miembro de la OCDE, dice en la exposición de motivos, el Estado francés está obligado a vigilar que las empresas de esa nacionalidad respeten los derechos humanos en otros países, por lo cual tiene la facultad de pedir a EDF que inicie un diálogo con la comunidad zapoteca y evitar graves violaciones a los derechos de sus habitantes.
Esas acciones legales se suman a las demandas de amparo presentadas por la comunidad indígena desde 2017 por la actuación u omisión de las autoridades mexicanas para exigir información sobre el desarrollo del proyecto Gunaa Sicarú.
Mientras el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa presume que Oaxaca cuenta con 28 parques eólicos en operación y otros en proyecto, Guillermo Torres lamentó que las leyes en México le “dan preferencia o prevalencia a intereses económicos de las empresas, incluso por encima de las afectaciones de las finanzas del país”.
El abogado de Prodesc reitera que de los parques instalados en el Istmo de Tehuantepec sólo uno fue materia de consulta… que resultó amañada.
Ancheita y Saage-Maaß sostienen: “Las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas, como en México.
“Hasta ahora nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla.”
Un informe de Prodesc detalla que desde 2015 EDF –la mayor empresa trasnacional francesa de energía y uno de los principales productores de electricidad en el mundo– ignoró los derechos de la comunidad indígena al intentar la construcción del parque eólico Gunaa Sicarú en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
La filial mexicana de la empresa EDF inició negociaciones sobre ese proyecto con varios comuneros de Unión Hidalgo y algunos “propietarios”, pero el resto de los lugareños no han sido consultados, lo que, dicen, constituye una violación de sus derechos.
Eso los llevó a presentar su acción legal bajo la ley francesa de vigilancia el 13 de octubre de 2020. E insisten: EDF falló en identificar adecuadamente los posibles riesgos de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas con sus operaciones y omitió implementar medidas para protegerlos, especialmente en su derecho a ser consultados sobre el proyecto.
Las violaciones
De acuerdo con la Ley Agraria mexicana, la tierra de Unión Hidalgo es comunal y todas las decisiones sobre ella deben ser tomadas por la asamblea comunal. Sin embargo, los contratos de usufructo han sido celebrados por Eólica de Oaxaca con presuntos “propietarios”.
En 2017 las filiales de EDF firmaron un contrato de compraventa de energía con la CFE. En junio de ese año, EDF solicitó a las autoridades mexicanas el permiso para la generación de energía eléctrica y firmó un memorando de entendimiento con el gobierno del estado de Oaxaca y autoridades municipales.
Pero en esas negociaciones nunca se consultó a toda la comunidad de Unión Hidalgo, acorde con las normas de derecho internacional. Según los asesores de los comuneros, tanto las empresas como las autoridades han sido omisas e incluso discriminatorias.
Y reiteran: es obligación del Estado mexicano asegurar la consulta a las comunidades, de acuerdo con estándares internacionales, y no lo ha hecho; con respecto a EDF, tampoco convocó a una “correcta consulta” en la comunidad afectada.
En octubre de 2018 un Juzgado de Distrito de México ordenó a las autoridades mexicanas emprender el proceso de consulta, de conformidad con las normas establecidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Sin embargo, poco después de que comenzara el proceso de consulta indígena en torno al proyecto Gunaa Sicarú se intensificó la violencia contra defensores de derechos humanos y de la tierra en la comunidad, que aún no cesa.
En mayo de 2018 un Juzgado de Distrito en Oaxaca otorgó una suspensión del proceso de consulta por falta de garantías. En febrero de ese año, con el apoyo de Prodesc, representantes de la comunidad presentaron una queja contra EDF ante el Punto Nacional de Contacto de Francia, entidad establecida por la OCDE para promover sus Líneas Directrices para Empresas Multinacionales.
Y en 2020, tras la respuesta formal de EDF afirmando que su plan de vigilancia es suficiente, representantes de la comunidad, Prodesc y el ECCHR decidieron presentar una demanda civil en Francia, basada en la violación de la ley de vigilancia por parte de EDF.
La demanda refiere que EDF falló en establecer e implementar medidas apropiadas para prevenir violaciones de derechos humanos y efectos ambientales adversos en el curso de su proyecto Gunaa Sicarú.
A Torres le sorprende la celeridad con la que están actuando los jueces para conceder amparos contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicada el pasado 9 de marzo:
“Nos llama la atención que un juez de distrito haya concedido con tanta celeridad y con efectos generales una suspensión a una reforma que entró en vigor después de la publicación el 9 de marzo, porque nosotros, en el caso de Unión Hidalgo, en 2017 interpusimos un amparo en contra de la reforma energética que se aprobó en la presidencia de Enrique Peña Nieto por un tema sencillo y básico: la falta de consulta con las comunidades. Ya han pasado cuatro años y los amparos presentados no han sido resueltos.”
