En una misiva formal enviada a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica y Proceso solicitan la realización de nuevas investigaciones para resolver el asesinato de Regina Martínez, quien fue corresponsal de este semanario en Veracruz. Ambas organizaciones y Proceso coinciden en la existencia de elementos que apuntan a que el crimen ocurrió por la labor de la periodista. En la petición se expone la promesa que el presidente López Obrador hizo el 19 de noviembre de 2020 en el sentido de reabrir el caso.
“Regina Martínez era periodista. Ella fue asesinada por eso. Ahora tenemos la oportunidad de hacer justicia”, dice la portada del informe sobre el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, elaborado por la coalición A Safer World For The Truth (Un mundo seguro para la verdad).
La organización tiene como fin investigar, documentar e incidir para que se haga justicia en los crímenes contra periodistas; está integrada por Free Press Unlimited (con sede en Holanda), el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.
Esta última organización se sumó a Propuesta Cívica y a Proceso y el viernes 16 entregaron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) una solicitud para asumir la reapertura de la investigación del caso Regina.
Con elementos surgidos en esta investigación y de la publicada en el Proyecto Cártel –a cargo de la organización Forbidden Stories, Proceso y más de una veintena de medios de todo el mundo–, el reporte de la coalición A Safer World For The Truth sustenta la petición formal y acompaña la carta firmada por las dos organizaciones y este semanario, entregada al titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
La privación de la vida de una periodista como un delito grave, la probable participación de servidores públicos estatales como autores intelectuales del homicidio, el impacto del crimen en el ejercicio de la libertad de prensa en Veracruz y las condiciones de riesgo que prevalecen en el estado para el ejercicio periodístico acreditan lo previsto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, para la federalización e investigación exhaustiva del caso, consideran los peticionarios.
El informe y el análisis elaborado conjuntamente por Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras y Proceso coinciden en que existen elementos que apuntan a que el asesinato de Regina fue debido a su labor periodística.
“Sin duda, la falta de debida diligencia en el caso ha causado un vacío enorme en el gremio periodístico en Veracruz, al mismo tiempo que ha contribuido al asedio y al establecimiento de zonas de silencio en el estado”, dice la carta entregada a la FEADLE.
Omisiones
Un soporte probatorio débil, una cuestionable declaración del único detenido y sentenciado como coautor material, Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un mal manejo y omisiones de la investigación en la escena del crimen (la casa de la reportera) y que las autoridades veracruzanas no indagaran un posible vínculo del asesinato con la labor profesional de Regina son conclusiones del informe de la coalición, presentado el 17 de marzo último.
Con ese fin se investigó durante 18 meses el asesinato de la corresponsal, ocurrido el 28 de abril de 2012, en una labor a cargo de Jos Bartman, coordinador de investigación de Free Press Unlimited.
Una parte del informe está sustentado con las aportaciones del Proyecto Cártel, la investigación internacional coordinada por la organización europea Forbidden Stories en colaboración con Proceso y 60 periodistas de medios de todo el mundo (Proceso 2302), publicada en diciembre último.
También se retoman diversos reportajes publicados en este semanario a lo largo de los casi nueve años que han transcurrido desde el asesinato de Regina, en los cuales se dio cuenta del desarrollo de la investigación oficial, las dudas, contradicciones y omisiones en ésta, así como el resultado con el que se pretendió establecer el robo como móvil del crimen y se sentenció por ello a El Silva.
“Nuestro nuevo informe sobre el asesinato de Regina Martínez encuentra fuertes indicios de obstrucción de justicia por parte de las autoridades locales”, resume la coalición en la página saferworldforthetruth.com, en la cual se publica íntegro el documento de 34 páginas.
El informe pone en duda la teoría oficial del asesinato, basada en la supuesta confesión de Hernández Silva, cuya exactitud “es cuestionable, ya que se retractó y alegó que fue torturado para confesarse culpable” (Proceso 1902).
El propio confeso, en una entrevista telefónica realizada a finales de octubre del año pasado desde el penal de Pacho Viejo, Veracruz, dijo a reporteros de la coalición que José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho –señalado como su cómplice en el homicidio–, le contó que le habían encargado matar a Regina por un asunto político, pero que él se negó.
La última vez que vio al Jarocho fue el 6 de mayo de 2012. Ese día estuvieron bebiendo y éste le dijo que quienes le pidieron matar a Regina eran integrantes de un grupo del crimen organizado.
“Aunque en momentos el hombre se notó confundido y luchaba por recordar, (El Silva) fue capaz de narrar una historia coherente sobre las circunstancias de su arresto”, señala el informe.
Jorge Hernández padece VIH; antes de ser detenido y recluido fue trabajador sexual y ratero ocasional en las calles de Xalapa. En la entrevista telefónica ratificó que fue capturado desde un mes antes de ser presentado como uno de los presuntos asesinos de la corresponsal y que, en ese lapso, policías lo torturaron y amenazaron con matar a su familia.
Entre los detalles que reveló, El Silva dijo recordar que lo mantuvieron en una casa cercana a una escuela, tenía los ojos tapados o vendados con toallas sanitarias y le hicieron una advertencia: “Culpable o piso”.
El Silva relató que en ese tiempo policías lo emborracharon y lo llevaron a la casa de Regina para que pudiera identificar objetos y lugares que debía citar en su declaración ante la procuraduría estatal, en la que fue obligado a inculparse.
Promesa presidencial
En este informe se menciona que otro de los elementos ignorados por la entonces procuraduría y actual fiscalía de Veracruz es el testimonio de un operador de Los Zetas, detenido en mayo de ese mismo año (pocas semanas después del homicidio de la periodista): Jesús Hernández Rodríguez, quien reveló detalles de este crimen (Proceso 1879).
En la revisión del expediente la coalición encontró endeble la declaración del único testigo que ubicó a ambos inculpados en las inmediaciones del domicilio de la corresponsal en las horas en que fue asesinada, un hombre identificado como Diego Hernández Villa.
“La acusación de la fiscalía se basa, en parte, en la declaración (de Hernández Villa) que afirma que, la noche del asesinato, Regina Martínez Pérez compró cerveza en la tienda de Rosa María Balderas Espíndola. Nuestro equipo de investigación descubrió que ese testigo ocular había fallecido”.
Y no sólo eso, “en una entrevista, Rosa María Balderas Espíndola declaró que Regina no había acudido a su tienda la noche del asesinato y que Regina sólo bebía una marca de cerveza que ella no vendía”, cita en sus páginas el informe.
El equipo de investigación revisó todas las publicaciones de Regina, o en coautoría con otros reporteros, que pudieran haber motivado una agresión en su contra, así como las amenazas contra periodistas que indagaron su asesinato, como es el caso del entonces reportero y actual director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga.
“Las amenazas más graves estaban dirigidas contra el periodista de Proceso Jorge Carrasco, que tuvo que ser puesto bajo la protección de la policía federal durante tres años por su investigación sobre el asesinato de Regina, un claro indicio de que había personas interesadas en evitar que la verdad saliese a la luz”, consignaron los investigadores de la coalición en el informe.
La coalición recordó el compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el 19 de noviembre último, para reabrir la investigación por el asesinato de Regina; a manera de recomendaciones insistió en que la FEADLE ejerza la facultad de atracción del caso, “para descubrir la verdad en relación con el asesinato de Regina Martínez y obtener justicia”.
Durante la investigación, la FEADLE tendrá que revisar “la relación entre el asesinato de Regina y sus trabajos periodísticos publicados y en curso en el periodo previo a su asesinato”, para deslindar la posible relación de grupos del crimen organizado o de funcionarios públicos en este homicidio.
“La FEADLE debe revisar exhaustivamente todos los errores encontrados en el proceso realizado a nivel estatal. Al hacerlo, la FEADLE debe explorar cualquier complicidad entre los autores del asesinato” y las autoridades de la actual Fiscalía de Veracruz.
El informe pone la lupa en la calidad de prófugo que hasta la fecha se atribuye a José Adrián Hernández, El Jarocho. Ante el hecho de que la investigación efectuada por la autoridad estatal se vio comprometida, sugiere que la Fiscalía General de la República indague sobre la posible desaparición forzada del inculpado, quien podría poseer información fundamental sobre el asesinato.
Al final del reporte, la coalición de organizaciones pide al gobierno de López Obrador asumir el compromiso de proporcionar a la Fiscalía especializada los recursos económicos y humanos para realizar la nueva investigación del caso.
Extiende su llamado a la comunidad internacional, a la que pide supervisar los avances en la investigación del asesinato de Regina Martínez e incluir el caso en los ciclos de seguimiento de los derechos humanos en México. “Cuando lo soliciten las autoridades mexicanas, deben facilitarse los recursos y conocimientos necesarios para ayudar a resolver el asesinato”.
El compromiso público hecho por el presidente López Obrador es también consignado en la carta entregada al titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez, en estos términos: “Si bien respaldamos la independencia de la Fiscalía General de la República, como un pilar fundamental para el acceso a la justicia en México, no es menor destacar que es el Estado mexicano, en su totalidad, el que debe respaldar, comprometerse y actuar frente a las agresiones contra la libertad de prensa”.
Finalmente, en la petición formal a la fiscalía se resalta el mensaje de confianza que representará una investigación a cargo de ésta, que cumpla con los principios de debida diligencia, imparcialidad y objetividad, pues ayudará al acceso a la justicia de periodistas y medios de comunicación, “una pieza fundamental para la prevención y erradicación de la cultura de impunidad que impera en perjuicio de la libertad de prensa en México”.
