Por fortuna, se ha anunciado el pronto retiro del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien podrá tener muchos méritos y reconocimientos en la burocracia, pero ciertamente carece de los mínimos en el ámbito de seguridad, lo que le ha afectado a él y a la sociedad entera.
La ética pública debe ser de doble vía en esta vertiente del quehacer administrativo burocrático que tiene rasgos esenciales: el que ofrece un cargo y el que lo acepta, aunque ambos sepan que no reúnen los perfiles básicos para cumplir con el cometido. Y no me refiero a cuestiones de preferencias o afinidades ideológicas, sino a conocimientos elementales de la materia. Ello no se ha dado en estos dos años en la seguridad pública federal y ha funcionado en piloto automático y por inercia, con lo que ello implica en perjuicio del interés público.
En este nuevo ajuste en ese importantísimo cargo para la protección de la comunidad deben atenderse al menos los siguientes aspectos:
Primero. El perfil debe incluir a alguien que provenga del área civil con prendas profesionales y éticas –en lo razonablemente posible, aunque sea una tarea ardua y sinuosa– en la materia que permitan evitar la curva de aprendizaje al máximo posible, obtener autoridad moral interna y reconocimiento por sus méritos ante propios y extraños. La inseguridad habitual en el país que está siendo agravada por los efectos del covid-19 no admite que haya espacios para políticos expertos en redacción de discursos, en relaciones públicas o en organización de eventos electorales sin relación alguna con las atribuciones previstas en la ley para esta secretaría vital para darle sentido y viabilidad al Estado de Derecho.
Hay que recordar que una de las características de un Estado de Derecho es el monopolio del ejercicio de la fuerza pública y la garantía de seguridad para la población. Los clásicos teóricos del Estado explican por qué la libertad absoluta significa anarquía y porque debe cederse una parte de ella en favor de la seguridad. Así de importante es este rubro.
Segundo. Debe optarse por una persona proveniente del ámbito civil y no del militar. No es una cuestión de preferencia o simpatía personal. La razón de esta inquietud reside en la formación de quien ha trabajado en tareas de seguridad pública y de quien ha estado en las fuerzas armadas, ya sea en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Se supone –y hay que estar al pendiente de que así suceda, no es un dogma de fe– que una persona civil experta en seguridad conoce a profundidad los alcances y límites de sus tareas previstas en la ley, no sólo las relativas a las cadenas de custodia y procedimientos en el trabajo policial, sino al respeto a los derechos humanos. El giro de su formación reside en prevenir y, en cualquier caso, proteger la vida humana de los presuntos imputados por alguna conducta delictiva, para que sean las autoridades jurisdiccionales, después de un proceso, las que determinen si alguien es culpable o no. Y de serlo, cuál es la sanción privativa de la libertad que corresponde. Recuérdese que en México no existe la pena de muerte. El militar está formado para abatir –es el eufemismo para decir matar, privar de la vida– al objetivo que se le ha asignado por razones de seguridad nacional o territorial, razón por la cual son dos formaciones complementarias, pero distintas. Ya se tiene para estas últimas labores dos secretarias de despacho, la de Defensa Nacional y la Marina. Una persona que proviene del área militar en tareas policiales debe ser reeducado, desaprender lo aprendido, y ello lleva tiempo, que es lo que no se tiene ahora.
Tercero. Debe llevarse a cabo una cirugía mayor en el diseño institucional y en el perfil de la reciente Guardia Civil, que ha nacido sin conocer su propia identidad y ha generado –ese ha sido un gravísimo error por desconocimiento– que haya una duplicidad de mandos en la SSPC, lo que genera ineficacia por falta de una adecuada coordinación.
Habría que recordar que buena parte de la extinta Policía Federal fue estigmatizada con una generalización impertinente. Por esa razón, por vez primera en la historia de esta función policiaca federal hubo protestas públicas y manifestaciones inéditas por haber tratado de cercenar sus derechos laborales pensando que no habría reacciones y sí una resignación franciscana. Ese episodio salió mal para Durazo, exhibió sus limitaciones en su percepción de lo que era la policía federal y se vio obligado a desdecirse de que no habría indemnizaciones a los miembros de la Policía Federal porque habían perdido su materia de trabajo sin causas imputables a ellos. Al final del día buena parte de ese universo de policías obtuvo su indemnización correspondiente y rechazó formar parte de la Guardia Nacional o de cualquiera de las opciones ofrecidas, distintas a las de ser policía federal que era la razón y sentido para el que se había integrado a esa corporación. Eso hizo que la Guardia Nacional esté integrada en esencia por elementos de las fuerzas armadas en el papel de civiles, pero sin la debida reformulación de conocimientos que separan lo policial de lo militar. Lo anterior, por ende, requiere de una atención urgente.
Cuarto. Es necesario rediseñar los exámenes de control de confianza, tema del que ya me he ocupado en estas páginas en su oportunidad. Recodaría tan sólo lo básico: deben hacerlo grupos de expertos independientes, reconocidos por la American Polygraph Association (APA), la organización más prestigiada en el mundo sobre esta temática. Dichos exámenes incluyen, además del equipo del polígrafo, el Eye Detect o cualquier otro similar, la prueba antidrogas de cabello que es mucho más confiable y permite saber el consumo de sustancias ilícitas en un tiempo amplio y no la clásica prueba antidopping de orina que tiene muchas posibilidades para arrojar falsos negativos y que hoy se vende en el mostrador de cualquier farmacia de Estados Unidos como una primera aproximación al problema de drogas familiar. Pero esta vía en el ámbito profesional de la seguridad es –o debe ser– inaceptable. Hoy en día hay un verdadero despropósito: la SSPC se examina a sí misma, con la corrupción, la influencia política y ausencia de certeza que esa práctica implica.
En fin, hay muchísimas oportunidades de mejora que deben ser atendidas a la brevedad posible, donde la lealtad sin mérito debe estar subordinada al conocimiento experto, por el bien de todos.
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