Ante la amenaza del presidente López Obrador de eliminar de tajo el outsourcing, los organismos empresariales –en particular la Coparmex y la Concamin– se dicen satisfechos con el acuerdo alcanzado con el gobierno federal, pues se mantuvieron dos modalidades de subcontratación –especializada y de servicios compartidos–, aunque, advierten, ello tendrá un “efecto lateral”: empujará a miles de trabajadores hacia la informalidad en un mercado laboral ya muy castigado por la pandemia del covid-19.
Finalmente, el árbol que representa el outsourcing –subcontratación–, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretendía arrancar de raíz y al que el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, pedía cortarle sólo los “frutos podridos”, terminó por generar mayor incertidumbre legal para las empresas.
Además, se materializa el peligro de dejar sin la sombra del empleo formal a miles de trabajadores en un mercado laboral muy castigado ya por la pandemia del covid-19.
El lunes 5, en una encerrona del presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete laboral con empresarios encabezados por Salazar Lomelín y el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, así como de representantes de las principales centrales obreras y los sindicatos más grandes del país, se firmó un acuerdo “histórico” en materia de subcontratación.
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Luisa María Alcalde Luján, los sectores pactaron la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
También negociaron el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
De manera adicional se llegó a un acuerdo sobre el tema del reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto: con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
La dependencia que encabeza Alcalde Luján aseguró que con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento de 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.
El acuerdo alcanzado en Palacio Nacional, que se integró al paquete de reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya fue aprobado sin cambios por la Cámara de Diputados con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones y ahora está en la cancha del Senado para su discusión, votación y visto bueno.
La reforma que regula a la subcontratación implica distorsiones; en el jaloneo el sector privado tuvo que ceder ante el gobierno, llevando a su paso efectos colaterales en el empleo formal.
De acuerdo con ManpowerGroup, una firma global especializada en capital humano, de los 4.6 millones de trabajadores que están contratados bajo el esquema de outsourcing, sólo un millón 380 mil podrían ser contratados como base por las empresas; el resto pasaría a laborar sin prestaciones como el Seguro Social o serían despedidos.
Es decir, 2 millones 760 mil empleados subcontratados pasarían a esquemas laborales sin seguridad social y 460 mil plazas se perderían directamente si se recurre a la prohibición de la subcontratación.
“En los análisis que hemos realizado, 60% de los empleadores realizaría la contratación bajo esquemas como honorarios, asimilados al salario, derechos de autor, inclusive pagándoles a través de sindicatos o cooperativas; mientras que 10% se perdería o pasaría a esquemas de evasión o informales”, advirtió Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.
La gran preocupación
José Medina Mora comenta a Proceso que pudo haber sido peor con la propuesta inicial del presidente López Obrador, presentada en noviembre pasado.
“Si hay una parte que se integre al sector informal –dice–, será menor comparada con el gran riesgo que había en la prohibición de todo esquema de subcontratación. La estimación que hicimos inicialmente es que los 4 millones, alrededor de la mitad o más de 2 millones, se irían a la informalidad y esto pegaría directamente al Seguro Social al dejar de recibir esas cuotas. Siempre hay un efecto lateral”.
Sin embargo, agrega, consideramos que al conservar estas dos modalidades de subcontratación –la especializada y de servicios compartidos–se mantiene la mayor parte de los empleos en la formalidad; y aunque habrá una parte que pague sus cuotas, será menor.
El panorama para el presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, Armando Leñero Llaca, es similar al de ManpowerGroup: de los 4.6 millones de los trabajadores en la modalidad outsourcing, 3 millones se van ir a la informalidad, millón y medio pasarán a la empresa central y el resto trabajará en las llamadas empresas prestadoras de servicios especializados.
De hecho, para Leñero Llaca el acuerdo entre la iniciativa privada, los sindicatos y el gobierno fue “lamentable” y caracterizado por la “sumisión” de los empresarios a López Obrador.
“Es un lamentable acuerdo que atiende solamente a los intereses de grupo, como a los sindicatos. Ellos van a prestar servicios de trabajos especializados. Van a dar los servicios de construcción de algo, de vigilancia, servicios especializados de cualquier tipo que se considere, diferente del objeto social de las empresas”, explica a este semanario.
Por otro lado, critica la actuación del empresariado.
“Las cúpulas empresariales hicieron un pobre papel, se vieron sumisos, muy sumisos ante el gobierno. Porque inicialmente iban a negociar la no prohibición de la subcontratación y negociaron otra cosa diferente, que es la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)
“¿Qué significa negociar la PTU? En palabras simples y sencillas significa bajarle el peso de la prestación a las grandes empresas, que son intensivas en capitales y poco intensivas en mano de obra.”
Actualmente, ejemplifica, se pagan en promedio 22 días de utilidades; es decir, 7 mil pesos. Con lo pactado en el acuerdo, se pagarán 57 días, equivalentes a 18 mil pesos. Es decir, el porcentaje de ganancias entre una pequeña empresa y una trasnacional es desproporcionado.
Aunque Medina Mora Icaza asegura a Proceso que la negociación en Palacio Nacional fue “ganar-ganar”, en los hechos, la lógica parece ser “ceder-ceder”.
“La iniciativa privada ganamos en que se conservara la figura de la subcontratación, porque si recuerdas la propuesta de iniciativa en noviembre, prohibía todo tipo de subcontratación. Esa es la ganancia. Y, desde luego, tuvimos que ceder en la parte del esquema de la subcontratación interna, también conocida como insourcing. Pues desde luego esa me permite mucha flexibilidad en el manejo en las empresas en varios sentidos.”
Analiza que el esquema de la subcontratación interna permitía hacer un reparto de utilidades entre todos sus colaboradores, independientemente, con la utilidad de todo, de la suma de todas las empresas del grupo.
“De tal manera que no importaba si estás en una empresa que gana más, una empresa que gana menos o una empresa nueva que no tiene utilidades. Entonces, en ese sentido era una flexibilidad que permitía un manejo que daba ese esquema de justicia para todos.”
Sin embargo, matiza, tuvimos que ceder en que ya no exista esa figura y ahora todos los colaboradores tendrán que estar en la nómina de la empresa en la cual trabajan.
–¿El gobierno de López Obrador qué ganó con el acuerdo? –se le cuestiona al presidente de Coparmex.
–El gobierno gana que a la hora de que la subcontratación está regulada podrá actuar más fácilmente en contra de las empresas que no cumplan la ley. Habrá un registro de las empresas que ofrecen los servicios de subcontratación y eso le permitirá una mejor fiscalización. En el esquema actual, antes de esta modificación de la ley, era muy difícil para el gobierno saber cuáles eran las empresas que ofrecían la subcontratación, y de éstas cuáles estaban cumpliendo con la ley.
Negociaciones tortuosas
Esta situación representa un verdadero problema para los integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
El miércoles 7, en videoconferencia, Fernando Yllanez Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de ese organismo, expuso:
“Con estas nuevas reglas se corre el riesgo de que algunas empresas tengan miedo de incursionar en una nueva legislación o no tengan asesores, tomen el camino de otra alternativa, de no reconocer la relación laboral, en lugar de tener al trabajador como prestador de servicios, para no meterse en líos, porque además la ley me amenaza y tiene multas.”
Otro de los temas que causa conflicto a los industriales es el cambio de la razón u objeto social de las empresas, ya que las penalizaciones vendrán desde la STPS, pero también desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Para que se hable lo mismo en el ámbito fiscal que en el laboral, porque, aunque esto parte y surge como un tema de carácter laboral, la interpretación también va a estar en manos del SAT; por lo tanto es un riesgo alto, por eso las empresas deben analizar muy bien su objeto social para no incurrir en un problema de esta naturaleza”, señala Octavio Carvajal Bustamante, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Concamin.
Y de paso califica de una posición rígida a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en la mesa de negociación.
“El SAT no va a ser tan benévolo para darnos tantas facilidades, por la actitud que hemos visto. La jefa del SAT estaba muy rígida en que a partir de que entrara en vigor la reforma, se cobraran todas las cargas de carácter fiscal y administrativo”, advierte el también litigante.
Carvajal Bustamante relata “el dolor de cabeza” que significó negociar con la llamada “dama de hierro”.
“Fue de las batallas más complicadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, por todos los cambios que está involucrando la reforma, al igual que en el SAT, fue verdaderamente un dolor de cabeza para todos porque fue muy rígida la postura, fue siempre muy tendiente a la exigencia inmediata de todas las obligaciones y a las cargas que esto implica, lo cual fue desagradable, no tanto por el contenido, que pudo haber sido agresivo o más, sino por la actitud que la jefa del SAT mostró.”
A pesar del acuerdo alcanzado con el gobierno de López Obrador, entre los miembros de la Concamin, la Coparmex y otros organismos empresariales hay incertidumbre sobre la aprobación del dictamen en el Congreso de la Unión, ante la posibilidad de alguna modificación diferente al acuerdo firmado en Palacio Nacional.
“Existe el riesgo de que en la Cámara de Senadores se hiciera alguna modificación, esperamos que no, porque nos van a confundir más de lo que pudiéramos estar confundidos”, dice Octavio Carvajal.
Por su parte José Medina Mora aclara que “estaremos siguiendo la discusión y el resultado final de lo que aprueben, en su caso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Porque, efectivamente, el acuerdo tripartita fue entre el Ejecutivo federal, los sindicatos y los trabajadores y los órganos empresariales… Si hay modificaciones, tenemos que estar muy atentos para ver esas modificaciones y qué implicaciones tienen”.
