En aras de retener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados –indispensable para aprobar el presupuesto y más reformas constitucionales– Morena quiere reeditar lo que antaño criticó: hacer crecer artificialmente su bancada en San Lázaro. Así, por un lado impugna los lineamientos del INE que ponen límites a la sobrerrepresentación de diputados –y cuya decisión está en manos del Tribunal Electoral–y por el otro puede apoyarse en los diputados que eventualmente obtengan los nuevos partidos –todos afines a la 4T– para, junto con el PT y el PVEM, hacerse de legisladores “tránsfugas” y “cachirules”.
La mayoría de la Cámara de Diputados para Morena y sus aliados podría definirse antes de la elección del 6 de junio si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permite de nuevo diputados cachirules para construir mayorías artificiales en San Lázaro.
Esta ingeniería electoral de manufactura priista –“fraude de cuello verde”, le llamó Morena en 2015; “fraude de tercer piso”, la bautizó el PRD con líderes que hoy son morenistas–, fue perfeccionada en 2018 por la Cuarta Transformación y podría repetirse en agosto próximo, durante la asignación de diputados de representación proporcional.
La decisión se reflejará al resolver sobre la validez del mecanismo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 19 de marzo para la asignación de diputados plurinominales, pero está en duda la actuación del TEPJF por el repentino aplazamiento de la discusión que estaba prevista para el pasado miércoles 14.
El proyecto de sentencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera plantea confirmar el acuerdo del INE, pues ejerció su facultad para regular cómo garantizará lo que ya está en la Constitución: con relación a sus votos, los partidos no podrán tener más de 8% de sobrerrepresentación de diputados por ambos principios (de representación proporcional y de mayoría).
De concretarse ese aval, el organismo verificará en padrones partidistas con corte al 21 de marzo pasado, la “afiliación efectiva” de todo diputado electo de mayoría relativa (en los 300 distritos), para así contabilizar a cada partido sus triunfos reales, pues de ello depende la cantidad de diputados plurinominales a los que tendrá derecho.
A más diputados de mayoría, menos plurinominales, pues el tope a la sobrerrepresentación es un principio en pro de la pluralidad en la Cámara, para que accedan a ella incluso los menos votados y para que las reformas constitucionales deban ser aprobadas por una pluralidad de legisladores.
Otra disposición que se propone aplicar el INE en los casos en que los triunfadores no militen en ninguna fuerza, es contabilizarlos en el partido que los llevó con sus siglas como propios o, en el caso del triunfo de un diputado que gane su reelección y carezca de afiliación, reconocerlo como del partido a cuya bancada pertenezca.
En esos casos sólo sería para fines de distribución de las 200 diputaciones plurinominales a los partidos, según su fuerza y para verificar que no rebasen 8% de sobrerrepresentación.
Pero esa revisión se aplicará sólo para partidos en lo individual, no por coalición, y no se afectará el derecho a la libre afiliación política.
Estas reglas tuvieron que diseñarse en el INE, pues hasta ahora ha sido el propio TEPJF el que ha permitido, vía jurisprudencia 29/2015, que en aras de la libertad de autorganización de los partidos, éstos puedan postular a sus militantes con siglas de sus coaligados, aunque en 2018 admitió que sí se afecta la representación política y se planteó un posible cambio de criterio (SUP-REC-0943-2018).
Ahora los magistrados deberán definir si el INE debe aclarar la afiliación de cada diputado electo de mayoría a la hora de asignar plurinominales para evitar distorsiones en la representación, o dejará el vacío que detectó desde 2016 (SUP-CDC-8/2015) y no ha corregido en sus sentencias.
“Cachirules”
Mientras, los beneficiarios de esa laguna han sido PRI y Morena, que han encubierto sus triunfos de mayoría con candidatos cachirules, registrados bajo el emblema de coaligados, con el fin de esconder sus triunfos en distritos y así acceder a más curules en el reparto de plurinominales.
En realidad, ese ha sido “un fraude a la Constitución en perjuicio del sistema de representación”, explica la exconsejera del INE, Pamela San Martín, la única que en 2015 y 2018 votó contra esas prácticas.
Ahora, con la resolución que tome el TEPJF se abre la posibilidad de frenar una simulación de los actores políticos, admite, aunque a su juicio el acuerdo del INE no fue la mejor solución para evitar que se viole el tope de sobrerrepresentación, “pero si es un mínimo avance para comenzar a corregir”.
Sin embargo, desde la academia también se advierte otra táctica para hacer crecer artificialmente a Morena en San Lázaro, gracias a los partidos “nuevos” –que por eso no pudieron coaligarse–, pues todos son afines al presidente Andrés Manuel López Obrador: Redes Sociales Progresistas, de Elba Esther Gordillo; Fuerza por México, del senador morenista con licencia Pedro Haces, y Encuentro Solidario (PES), viejo aliado de la 4T.
De ganar curules no sólo harían bloque legislativo con la Coalición Juntos Hacemos Historia, que forman Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), sino que podrían “prestar” diputados al morenismo para desdoblar aún más su bancada, retener el control camaral y el manejo administrativo, como hoy ocurre gracias a cachirules y tránsfugas de 2018.
Así, el bloque de la 4T podría contar, independientemente de la asignación de plurinominales, con una nueva mayoría para operar cambios constitucionales y legales en el último tramo del sexenio, expone Luis Eduardo Medina Torres, politólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.
“El presidente y su partido van por todo: la mayoría calificada para profundizar en reformas constitucionales”, dice, por lo que es muy probable que, otra vez, Morena gane en el TEPJF.
“Esa es la tendencia en el Tribunal. Lo veo sumamente atado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al gobierno”, expone el integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.
“Fraude de tercer piso”
Una representación simple sería la correspondencia exacta entre porcentaje de votos y de curules, por ejemplo: a 40% de votos, tocaría 40% de la Cámara (200 curules).
La sobrerrepresentación es una distorsión permitida a los partidos en el artículo 54 fracción V de la Constitución, pues pueden excederse en el número de curules, pero sólo 8% por encima de las que le tocarían por los votos obtenidos. Así, si un partido tiene 40% de votos, el sesgo máximo le permitiría 48% de la Cámara, es decir 240 diputados.
Ese tope a la sobrerrepresentación comenzó a aplicarse en 1996, pues antes, hasta 1993, había una “cláusula de gobernabilidad” que buscaba justo lo contrario: garantizar al partido mayoritario la asignación de diputados para tener la mayoría absoluta en la Cámara.
Quizá la añoranza por ese control fue lo que generó el “fraude de cuello verde”, como lo llamó el estratega electoral Horacio Duarte Olivares, quien de 2014 a 2018 fue representante de Morena ante el INE y hoy es responsable de las aduanas del país.
Esa estrategia se inició en 2012 con la coalición del PRI y el PVEM y que permitió al primero, con cinco diputados ecologistas disfrazados de priistas, 241 diputados.
La maquinación mejoró en 2015 y el tricolor accedió a siete diputados extra encubiertos como verdes, lo que le permitió aparentar menos triunfos de mayoría y alcanzar 65 plurinominales. Con ellos lograron 250 legisladores en San Lázaro.
Fueron diputados “cachirules” o “sandía” –verdes por fuera, rojos por dentro– para burlar el tope de 8%, denunció Duarte Olivares en 2015.
Es un “fraude de tercer piso”, evidenció el entonces representante del PRD ante el INE, y hoy diputado de Morena, Pablo Gómez, para quien el primer piso fue alterar casillas; el segundo, manipular cómputos; y el tercero, la sobrerrepresentación con diputados plurinominales.
Pero la práctica que denunciaron, la perfeccionaron sus acusadores en 2018: con la Coalición Juntos Haremos Historia que integraron Morena, el PT y el PES.
Salió tan bien que el PT se quejó ante el INE y el TEPJF porque Morena le “infiltró” 35 candidatos de mayoría que ganaron su elección, por lo que le tocaron tres candidatos plurinominales y no los nueve que pudo haber alcanzado. En vano pidió invalidar esa parte del convenio de coalición.
Gracias a este plan, Morena tuvo en urnas 106 diputados de mayoría (ocho de ellos sin coalición), y el 23 de agosto de 2018 el INE le asignó 85 plurinominales para respetar el tope de sobrerrepresentación. Pero en cuestión de días esos 191 diputados se inflaron con 64 extra.
Al constituirse la Cámara, el 29 de agosto de ese año, Morena llegó con 247 diputados, gracias a los prófugos de otros partidos que saltaron a sus filas.
Para el 4 de septiembre de ese año, de acuerdo con las actas constitutivas de los grupos parlamentarios, de 61 diputados que debió tener el PT –58 de mayoría, tres plurinominales– 32 tránsfugas regresaron a su partido de origen, Morena, entre ellos el exlíder de esa bancada, Mario Delgado, hoy líder nacional de ese partido.
Lo mismo en el PES, al que por perder el registro no le fueron reconocidos por el INE diputados de mayoría ni plurinominales, aunque en coalición ganó 54 distritos, la mayoría con candidatos de Morena. Por eso el PES se quedó con 31 diputados debido a que los otros 23 se fueron a Morena o al PT, como el legislador Gerardo Fernández Noroña.
Además brincaron a Morena cinco del PVEM, tres del PRD y otros más, para darle mayoría simple de 51% de la Cámara, con 255 diputados por sí solo en septiembre.
Y combinado con PT y PES sumó desde el inicio de la Legislatura 315 diputados, para luego crecer con el PVEM hasta una mayoría calificada que aún hoy no tiene freno para realizar las reformas constitucionales que desee y retener la Junta de Coordinación Política los tres años de la Legislatura.
Por sí solo, su sobrerrepresentación ya era de 9% (un punto extra del permitido), si se considera sólo la Votación Nacional Efectiva (VNE) de 41.33%, que es la única válida para la asignación de diputados plurinominales.
Aunque el exceso de representación legalmente se contabiliza sólo para partidos en lo individual, en conjunto esa Coalición inició la Legislatura con 63% de la Cámara de Diputados (315), pero sólo 43.57% de la VNE obtenida en urnas por los tres partidos, es decir 19.43% legisladores más, que su votación en conjunto.
La diferencia entre votos y curules se evidenciaría más, si se considera la votación total, sin quitar votos nulos, de partidos sin registro o independientes, caso en el que Morena queda reducido a una fuerza de 37.25% de los sufragios.
Es la suma de la fuerza de Morena con sus aliados –a la que hoy habría que añadir la alianza con el PVEM y sus 11 diputados, otro 2% de la Cámara– la que tiene en alarma a la oposición y a las autoridades electorales, que ya advierten una reedición, no del triunfo morenista de 2018 sino de la estrategia para evadir los controles a la sobrerrepresentación.
Pero ahora Morena pasó de denunciante a defensor de las violaciones a ese tope. Según su representante ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, las reglas del INE, basadas en parte en los alegatos morenistas de 2015, son nuevas, y se pretende “legislar” con dedicatoria en contra de la 4T.
Además argumenta que se trata de normas extemporáneas, pues ya está en curso el proceso electoral, aunque cada elección el Instituto emite, por ley, los criterios a aplicar para la asignación de plurinominales. En 2018 lo hizo el 4 de abril, ya avalados los convenios de coalición, y este año los aprobó el pasado 19 de marzo.
A esos argumentos, agrega la jurisprudencia del TEPJF, que permite a los partidos postular militantes con los emblemas de sus aliados, sólo que, por mayoría, los magistrados ya habían acordado en 2018 someter a revisión esa permisividad.
Ahora la expectativa es que, de concederse la razón a Morena, vendrían otros tres años sin que otras visiones más que las de ese partido y sus cuatro aliados –que actúan como uno solo– pudiesen incidir en el Poder Legislativo, como lo permite la Constitución incluso a las fuerzas minoritarias.
Un trienio más sin que se cumpla el propósito plasmado en la exposición de motivos de esa reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, que topó en 8% la sobrerrepresentación: que “toda decisión fundamental para la República que tenga rango constitucional, debe contar invariablemente con el apoyo de legisladores de más de un partido político”.
