La adición del artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial –la que hará que Arturo Zaldívar permanezca hasta 2024 como presidente de la Suprema Corte– se votó en el Senado el jueves 15… en una sesión en la que los legisladores no tenían idea de lo que iban a votar, pues aquella modificación, presentada por Raúl Bolaños Cacho Cué, no aparecía ni en las pantallas de los escaños ni en la Gaceta del Senado. Y para Ricardo Monreal, coordinador morenista, esto no es nada irregular. Los senadores “deberían estar atentos” a lo que se debate, dijo.
“Ya… ¡ya tronó!”, dijo el senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena, a las 16:23 horas del jueves 15 durante la sesión virtual de la Cámara de Senadores, cuando se votaban los artículos transitorios del proyecto de decreto para reformar el Poder Judicial.
De fondo se escuchaban los gritos del coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien se encontraba en el salón de plenos: “¡No podemos permitir esta aberración al orden constitucional!, ¡Es un albazo!, ¡esto es un albazo!, ¡es un albazo!”.
“¡Ven a verlo, ahí está mentando madres!”, exclamó un senador sin darse cuenta de que su micrófono estaba abierto.
De pie desde su escaño, Delgado manoteó, gritó y exigió que se explicara “a la nación” lo que se estaba votando, pues no aparecía por ningún lado, ni en su pantalla ni en la gaceta del Senado, la adición de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a propuesta del senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Lo anterior, como parte de la ley reglamentaria de la reforma constitucional al Poder Judicial, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo, y que fue anunciada como una reforma “de gran calado” contra la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial.
Minutos antes, la secretaria de la Mesa Directiva, Eunice Romo, de Encuentro Social (PES), hizo público el transitorio del senador Cacho Cué para ampliar dos años, de 2022 a 2024, el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Además de la ampliación del periodo de cinco a siete años de los siete consejeros de la Judicatura Federal, cinco de ellos nombrados en este gobierno.
“La persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, leyó Eunice Romo sobre el polémico décimo tercero transitorio, que contraviene la propia Constitución, que en su artículo 97 señala que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
El legislador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, cuenta que cuando escuchó lo que estaba leyendo Romo se le “pararon los pelos de punta” y comenzó a buscar el documento, pero no lo encontró. “Dije: ¿entendí bien? ¿Van a ampliar plazos? Me salta lo de noviembre de 2024, pues Andrés Manuel termina antes de ese periodo”, narra el experredista.
El presidente Andrés Manuel López Obrador concluirá su mandato el 30 de septiembre de 2024 (su periodo se acortará por una reforma aprobada en 2014), y con este transitorio Zaldívar dejaría de presidir la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal dos meses después, el 30 de noviembre de 2024, justo cuando finaliza su periodo como ministro, cargo para el que fue electo en 2009.
“Nuestro asesor finalmente consigue el archivo con servicios parlamentarios, me lo muestra en su celular, y le digo a Dante: ¡Esto es gravísimo!, ¡están extendiendo el mandato del presidente y de los consejeros! Dante, ¡esto va más allá del periodo de Andrés Manuel, es para cubrirle las espaldas!”, recuerda.
De inmediato pidió sonido en su escaño y con la voz temblando reclamó a la Mesa Directiva de la Cámara Alta que “con esto el presidente de la República se está apoderando del Poder Judicial, se está violando la Constitución”.
Pero ya era tarde. La mayoría de Morena en el Senado y sus aliados del PVEM, PT y PES, además de los priistas Carlos Aceves del Olmo, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila y Ángel García Yáñez, y los panistas Raúl Paz Alonso, Martha Cecilia Márquez, y Roberto Moya Clemente, así como los tres perredistas, Miguel Ángel Mancera, Juan Manuel Fócil y Marco Trejo, habían avalado ya ese artículo. La votación fue de 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones, y el dictamen fue turnado a la colegisladora para su discusión.
La confesión de Monreal
“Albazo”, “bola rápida”, “agandalle”, así calificaron la aprobación de la adición del artículo décimo tercero transitorio integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza, quienes aseguraron que no conocían el documento. El PRD guardó silencio.
Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, quien se abstuvo, igual que tres senadores de su grupo, Miguel Ángel Osorio Chong, Verónica Martínez y Heriberto Galindo, aseguró que su partido no tenía conocimiento de lo que se estaba votando, que después de que se leyó el transitorio tampoco lo localizaron en el sistema y que se cerró el tablero sin permitir que se desahogara la segunda ronda de votaciones.
“Eso ocasionó que muchos senadores de mi grupo parlamentario, al no comprender lo que se estaba votando ni lo que estaba sucediendo, hubieran emitido un voto diferenciado, que mi bancada de ninguna manera quería manifestar”, afirmó quien fue secretaria de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que varios senadores y senadoras sí sabían lo que se estaba votando. Por ejemplo, reconoció que algunos no estaban enterados, pero exhibió a quienes votaron a favor y luego rechazaron conocer lo que habían aprobado.
“¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? 85 votos ¿A los 85 los engañaron?, pues ¿qué están haciendo?, somos senadoras y senadores”, cuestionó. “No se llamen sorprendidos, no se llamen asaltados”, reclamó.
De hecho, al día siguiente, en su clase virtual en la maestría de derecho en la UNAM, Monreal insistió ante sus alumnas y alumnos en que no hubo sorpresa: “Yo me pregunto: si recibimos una percepción de dieta de 125 mil pesos, sólo tenemos dos sesiones digitales por semana, lo más correcto sería que estuvieras atento a lo que pasa en la discusión para que pudieras votar en conciencia”.
Pero un día antes la polémica llevó a Monreal a la tribuna durante una hora para intentar defender la reserva de Bolaños Cacho Cué, aunque también le echó la bola. “Yo no causé este desastre parlamentario, aquí Raúl lo presentó, y Raúl Bolaños tiene que asumirlo, pero ya lo asumimos nosotros como mayoría”, dijo en su intervención.
Después del discurso de Monreal, el senador del Verde, hombre cercano al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, como su secretario particular y jefe de la oficina, pidió la palabra. Había estado callado. Los pocos senadores que se encontraban en el salón de plenos relataron que les pareció raro verlo, pues Bolaños Cacho Cué nunca asiste cuando son sesiones a distancia.
De hecho, la panista Xóchitl Gálvez le reclamó que se lo encontró en el estacionamiento y no le comentó que traía una bomba en las manos. No comentó nada.
Desde el salón de plenos el legislador justificó su reserva con el argumento de que, sin ese régimen transitorio, sin Arturo Zaldívar dos años más, “la implementación de los cambios constitucionales no sería posible”.
“La única manera de alcanzar el objetivo de la reforma constitucional histórica que hemos aprobado en este Senado de la República es darle continuidad al órgano que incluso participó en su diseño, porque, que no se nos olvidé el nombre con el que iniciamos este proceso, una reforma con y para el Poder Judicial, con el Poder Judicial, con sus 11 ministros, con los consejeros de la Judicatura y con la actual administración construimos esta reforma”, aseguró el senador.
Legisladores de oposición consideraron que Bolaños Cacho Cué fue el simple “mensajero” y “el títere” para llevar a cabo esta maniobra que se realizó en la última votación, después de discutir siete leyes, y aprovechando que el pleno estaba vacío y la mayoría se encontraba de manera virtual.
La senadora panista Alejandra Reynoso denunció que durante la votación virtual, a partir de las 16:10 horas, fue expulsada del sistema y no pudo emitir su voto justo en el momento de las reservas.
“A las 16:11 horas tuve acceso y en ese mismo minuto me volvieron a eliminar. Hice el intento varias ocasiones y el servidor me marcaba que no podía ingresar a la reunión. Fue hasta las 16:29 horas que los de informática se comunicaron conmigo, a las 16:31 horas, seguía sin tener acceso”, narró en una carta dirigida a servicios parlamentarios. La legisladora acompañó su queja con una captura de pantalla de celular a las 16:10 horas con el mensaje: “El organizador lo ha eliminado de esta reunión”, y otra más a las 16:31 con el otro mensaje: “No puedo entrar a la reunión. Intentó entrar a esta reunión demasiadas veces”.
La inconstitucionalidad a debate
Presentes en el salón de plenos, Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez, del PAN; Dante Delgado y Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano; y el independiente Emilio Álvarez Icaza, acusaron que Morena y aliados estaban violando la Constitución. Pero Monreal recordó un viejo episodio protagonizado por el PRI para ampliar con un transitorio el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Si tomamos por válido el argumento de que un transitorio, de una ley secundaria, por mayoría simple, puede cambiar el tiempo máximo que la Constitución dice que un funcionario puede durar en el cargo, mañana entonces un transitorio puede ampliar el tiempo que dure el presidente de la República”, reclamó el panista Damián Zepeda al darse cuenta de lo que se acababa de aprobar.
“Usted senador Damián es un polemista extraordinario, porque ya nos llevó a un plano que seguramente va a ser la nota, porque dirán: ‘Ah, es el inicio, el ensayo, para la ampliación del periodo del presidente de la República’. No es así”, respondió Monreal.
De acuerdo con el zacatecano, líder de la mayoría, un precedente en el sexenio de Enrique Peña Nieto demostraría que es “constitucional” esta adición de último minuto.
Tanto en el pleno como en su clase de maestría, Monreal evocó la ampliación que regaló el Senado en 2016 al periodo de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF, electos el 20 de octubre de ese año.
En esa ocasión, pese a las protestas de la oposición, encabezada por PRD y PT, el Senado reformó el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que los magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarían funciones un mes después pudieran durar en su encargo más tiempo, dos de ellos siete años posteriores al nombramiento, dos más a los ocho años, y tres restantes a los nueve años.
De hecho, en ese entonces, cuando el hermano de Monreal, David era senador del PT, protestó contra la medida, asegurando que se trataba de una reforma inconstitucional e “ilegal”.
“Tan se hizo caso de ese transitorio que algunos de ellos (los magistrados) ya concluyeron y siguen en funciones, por ese transitorio que extendió su función”, expresó Ricardo Monreal en tribuna en referencia al magistrado presidente José Luis Vargas, Indalfer Infante Rodríguez, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón.
Sin embargo, Delgado respondió que “cuando se amplió el periodo de los magistrados del TEPJF se dio antes de que rindieran protesta; ese fue el argumento de legalidad. En este caso se están prorrogando periodos, solamente, porque es una gran diferencia”.
Por ello, tanto Movimiento Ciudadano como el PAN en el Senado anunciaron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad, aunque antes darán la batalla en la Cámara de Diputados, donde esperan que en los próximos días se corrija la iniciativa.
Aunque también se mostraron pesimistas. Los senadores de MC dudaron contar con la firma de 43 senadores, requerida para la acción de inconstitucionalidad, luego que el PRI y el PRD votaron a favor, y el PAN ironizó sobre el hecho de que vaya a ser la propia Suprema Corte quien tenga, en última instancia, que resolver si la acción es constitucional o no. Siendo juez y parte al mismo tiempo.
“Es un golpe de Estado al Poder Judicial, porque un golpe de Estado es hacerse del poder por medios violentos o ilegales, y esto no es violento, pero es claramente ilegal. ¿Por qué digo hacerse del poder? Porque por un lado le regalaron dos años al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el otro dominan al Consejo de la Judicatura con dos años más, en lugar de cinco años van a durar siete los consejeros, y con eso dominan el Poder Judicial”, dice en entrevista Damián Zepeda.
“Ese Consejo de la Judicatura es el que nombra a todos los jueces y a todos los magistrados de todo el país. Lo que quieren es que consejeros cercanos al presidente se prolonguen más allá del mandato del presidente”, remató.
Mientras que Álvarez Icaza dijo que espera que sea el propio ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien detenga esta inconstitucionalidad: “Si Zaldívar no se opone, si el garante de la Constitución no sale a decir que esto es inaceptable, es la muerte ética de Zaldívar. Si no dice nada y lo acepta es una manifestación implícita de su complicidad. Si sale en contra, todavía hay Poder Judicial”.
