Sin proponérselo, Bosnia se ha convertido en receptor de habitantes del norte de África o de Oriente Medio que persiguen el sueño de radicar en algún país de la Unión Europea, pero que ven interrumpido su camino por medidas estrictas e inflexibles. La región noroccidental de esta nación, que antes formó parte de Yugoslavia, ha visto la llegada de decenas de miles de personas –entre 70 mil y 100 mil– que huyen de la inseguridad, la violencia o la miseria, y que quedan atrapadas aquí, en lo que se volvió un inmenso campo de refugiados a quienes todos repudian.
Bihac, Bosnia.- En el cementerio de esta ciudad, en el extremo noroccidental de Bosnia, tragedias de ayer y de hoy comparten el paisaje a pocos metros de distancia. En un rincón están los muertos más antiguos, los que perdieron la vida en una de las guerras más cruentas del siglo XX, el conflicto que sacudió este país de 1992-1995, surgido por la desintegración de Yugoslavia. Poco más allá, en un área nueva, rodeada de hierbas y rocas blancuzcas, yacen unos bultos de tierra fresca, enzarzados con unos palos verdes, que esconden tumbas de migrantes fallecidos en 2019 y 2020, muchos de ellos de identidad desconocida.
Es marzo de 2021 y la brecha entre dos mundos ha convertido a Bosnia –último país de la geografía antes de llegar a suelo croata y de la Unión Europea– en el escenario imposible de una crisis humanitaria. Aquí, en esta frontera exterior del club europeo, está una de las últimas rutas entreabiertas para los migrantes que huyen por hambre o persecución y sueñan con alcanzar un lugar seguro en el corazón de Europa. Un camino que las autoridades europeas han intentado blindar, en medio de críticas de ONG y organizaciones humanitarias que denuncian violaciones a los derechos humanos.
No siempre fue así. Hasta hace cuatro años Bosnia, país expulsor él mismo de jóvenes que escapan de la corrupción y falta de empleo, no formaba parte del tablero de las rutas hacia la Unión Europea (UE). Pero el bloqueo de otros caminos, la persistente inestabilidad de países de Medio Oriente y África, y la decisión el año pasado de Grecia de endurecer sus procedimientos para obtener el estatus de asilo, han coincidido con un goteo que la pandemia sólo en parte ha frenado y que ha dejado a muchos –10 mil, según una estimación– atrapados en Bosnia. Así, poco a poco las tragedias están saliendo a la luz, sin que se vean soluciones de largo plazo.
“Una de las primeras tumbas, de 2019, la pagó un grupo de ciudadanos de la zona. Después murieron más”, cuenta Hajrudin Halilovic, médico del hospital de Bihac. “Hacemos lo que podemos, pero nuestra capacidad es limitada”, aclara, al explicar que no fue posible identificar algunos fallecidos porque no llevaban documentos y nadie reclamó sus cuerpos.
Por ello en algunas tumbas han escrito sólo el lugar donde el cadáver fue encontrado y “NN Lice”, persona no identificada. Nermin Kljajic, consejero de Interior de Una Sana, el cantón al que pertenece Bihac, se agita y habla más rápidamente cuando se toca el tema. “Todavía no nos recuperamos de la guerra de 1992-1995 y en los últimos tres años han llegado aquí unos 100 mil migrantes” (70 mil según la ONU), dice.
Conflicto a múltiples bandas
En los últimos años las autoridades europeas han movido sus peones llevándose la mano al bolsillo. Desde 2015 la UE le entregó a Croacia unos 50 millones de euros para hacer frente a la situación migratoria, una financiación destinada a reforzar su control de las fronteras, hoy también custodiadas por drones y agentes dotados de herramientas de visión nocturna. En paralelo, desde 2015 la UE destinó a Bosnia unos 90 millones de euros para gestionar la llegada de migrantes, incluyendo fondos destinados a la asistencia humanitaria canalizados principalmente a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y destinados a la apertura de campamentos de acogida.
Pero las hostilidades han arreciado en múltiples niveles. Las autoridades locales de Una Sana, el cantón fronterizo de Bihac y de mayoría bosnio-musulmana, han criticado a los cantones de mayoría serbia y croata de Bosnia por no querer campos de acogida en sus zonas, y a Sarajevo, por haber solicitado que estas estructuras se levanten en los centros urbanos.
El gobierno bosnio ha hecho filtrar su incomodidad por una situación que considera una descarga de responsabilidades de la UE de un problema mayor sobre un país frágil. Mientras que la OIM y la Unión Europea, criticadas tanto por las autoridades nacionales como locales, han denunciado poca voluntad política de los locales incluso para resolver trámites tan sencillos como poner electricidad en un campamento.
En diciembre pasado se llegó a un punto de inflexión. La OIM abandonó por protesta una estructura situada en Una Sana, el campo de Lipa, tras lo cual se produjo un incendio, lo que dejó a unos mil migrantes en la calle en pleno invierno, a temperaturas bajo cero.
Una situación tal que incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) intervino para manifestar su “preocupación” por las dramáticas condiciones de vida de los migrantes, según un comunicado firmado por la responsable en el país, Lucie Gagné. Durante varios días muchos de los migrantes se refugiaron en edificios abandonados; otros se quedaron en bosques y en campo abierto.
Por su parte, las agencias internacionales también se han quejado de tener presupuestos inferiores a los destinados a otras crisis humanitarias, si bien la mayoría de estos migrantes hayan pasado por Grecia, otro país de la UE, antes de llegar a Bosnia.
“Tarde o temprano todos los que están allí llegarán aquí”, se queja un funcionario de la ONU. Y a escala local, en cambio, hubo malestar por la actitud de los países vecinos, en particular Serbia y Croacia, repúblicas que formaban –junto con Bosnia, Montenegro, Eslovenia y Kosovo– parte de Yugoslavia.
En lo que concierne a Belgrado, este malestar se debe a que muchos migrantes han entrado a Bosnia por la frontera serbia, mientras que Croacia ha sido acusada reiteradamente de expulsar migrantes hacia suelo bosnio.
“En este momento Serbia expulsa los migrantes a Bosnia, y Croacia también”, dice Vojin Mijatovic, vicepresidente del Partido Socialdemócrata de Bosnia.
“El problema es que Bosnia es un país extremadamente complejo. Ahora mismo sufre el acuerdo que puso fin a la guerra (Dayton), en el que los tres grupos étnicos de Bosnia –musulmanes, serbios y croatas– se han dividido el país. Y ninguno de ellos se atreve a levantar la voz ante Croacia o Serbia en temas de migraciones o cualquier otra cuestión”, añade, al quejarse también de que gran parte de la gestión esté en manos de agencias internacionales y no de las autoridades bosnias.
“Bosnia sufre por la decisión de la UE de militarizar sus fronteras”, concluye Kljajic.
Deportaciones “en cadena”
ONG y agencias humanitarias han sido testigos del costo de esta situación en cuanto a derechos humanos. Han documentado miles de deportaciones colectivas de migrantes, efectuadas en cadena por varios países europeos (principalmente Italia, Eslovenia y Croacia) y cuyo destino final fue Bosnia, al poner de manifiesto que estas deportaciones se hicieron sin tener en cuenta si los migrantes tenían o no derecho a alguna forma de protección humanitaria.
En el caso de Croacia, según los datos del Consejo Danés para los Refugiados, las autoridades de este país efectuaron al menos 16 mil deportaciones informales –800 niños, entre éstas– en 2020. En 60% de los casos hubo violencia e incluso hubo denuncias de abuso sexual.
“Esto es un claro indicador de la naturaleza sistemática de estas prácticas como forma de disuasión por parte de las autoridades croatas. De facto se ha convertido en una herramienta de gestión de la frontera”, dice al respecto Nicola Bay, responsable de esta organización en Bosnia.
Otros grupos, como la red de ONG Border Violence Monitoring Network, Human Rights Watch, y todos los migrantes que esta periodista encontró cuando realizaba este reportaje, también denunciaron estas violencias.
Una adolescente cristiana iraní, hospedada en el centro de recepción de Sedra, en el cantón de Una Sana, dice que mientras le apuntaban con el láser de un rifle, un agente sacó su arma y le dijo: “¿Sabes qué pasará si sigues hablando?”.
Otro migrante afgano, un menor no acompañado, contó haber sido obligado a caminar sin zapatos en la nieve, y de golpes con palos que le dejaron moretones durante varios días. “Si gritábamos nos pegaban más”, afirma. Otros, la gran mayoría, hablan de celulares y otras pertenencias incautadas y nunca devueltas, denuncias que también fueron recogidas por las ONG.
En el intento de esquivar estos controles, el pasado 4 de marzo un migrante perdió la vida y otros cuatro resultaron heridos, tras entrar en un campo de minas, residuos del último conflicto bélico, mientras cruzaban de forma ilegal la frontera entre Bosnia y Croacia. Muchos de estos lugares están señalizados, pero no todos los migrantes conocen los peligros de la zona.
La pandemia, otro lastre
La pandemia no ha mejorado las cosas. A causa del covid-19 se declaró cuarentena en algunos centros y se impidió la salida de quienes estaban allí; se limitaron las actividades de las ONG que, por ejemplo, dan ayuda alimentaria a los migrantes; e incluso se suspendió temporalmente la posibilidad de presentar solicitudes de asilo. Esto en un país en el que obtener una respuesta a una solicitud de asilo puede requerir tiempos muy dilatados, como dice el oficial de protección del ACNUR, Morgan Courtney.
“El reto, ahora mismo, es que el sistema está bastante sobrecargado y por eso hay grandes tiempos de espera para soluciones de largo plazo y la integración en el país”, dice Courtney. En 2019 sólo 3% de los migrantes eligieron o pudieron registrarse como solicitantes de asilo, según una información recogida por el canal Euronews.
Una situación que también afecta algunos de los grupos más vulnerables, como es el caso de la comunidad LGBTI, cuyos casos no son priorizados y que también sufren por la escasez de alojamientos seguros, según explican los trabajadores humanitarios.
“La mayoría de los centros (para migrantes) son para familias o solamente para hombres, por eso un hombre que se identifica como LGBTI que pudo haber sufrido traumas o violencias es igualmente categorizado como hombre, y eso los pone en una situación que no responde a sus necesidades, y los coloca ante mayores riesgos de violencia y discriminación”, argumenta Courtney.
Otros eligen voluntariamente no ingresar en los campamentos, pues creen que eso frenará su viaje. De ahí que haya muchos en la zona de Bonja en un complejo de casas agrícolas abandonadas por sus habitantes originales, quienes huyeron o fueron asesinados en los noventa.
Aunque también en Bihac es común encontrar situaciones similares, como el de tres paquistaníes que vivían en un descampado a poca distancia del cementerio. “Me deportaron hace pocos días, pero lo intentaré de nuevo. ¿Qué más puedo hacer?”, dice Mohammed, uno del grupo, de 24 años, en referencia a The Game, el juego, como los migrantes llaman a la apuesta de intentar llegar al corazón de Europa cruzando a escondidas el confín bosnio-croata. Algunos migrantes contaron haber intentado colarse sin éxito por la frontera hasta 30 veces.
Vidas suspendidas
Las de Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Marruecos y Siria son algunas de las nacionalidades más comunes entre estos migrantes, aunque también se ha detectado presencia de ciudadanos turcos, entre ellos opositores políticos, kurdos e incluso miembros de la comunidad LGBTI que están tomando esta ruta en particular tras el fallido golpe de Estado de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Desde la ciudad de Velika Kladusa, a menos de cinco kilómetros de la frontera con Croacia, se sigue esta crisis con desazón. Muchos habitantes locales se identifican con los migrantes por lo que vivieron aquí en los noventa, cuando en esta zona centenares de civiles fueron asesinados y otros tantos huyeron.
Sin embargo, también hay momentos de tensión y agotamiento. “¡Por favor, cuente la verdad!”, grita a esta periodista un residente tras amenazar con llamar a la policía por una fogata encendida por un grupo de familias de migrantes. “¡No se puede vivir así! Esto no es normal”, advierte, lanzando enseguida improperios contra los extranjeros.
Entonces el rostro de Idris, un niño afgano de 10 años, se ensombrece. No dice nada pero corre a ayudar a su padre, que ha entrado en el edificio abandonado en el que viven, para cargar con los botellones de agua que pretenden usar para apagar el fuego. Mientras los hombres entran rápido en acción, las mujeres se resguardan en el interior. La amenaza de llamar a la policía surte efecto. Son las 11 de la mañana y hace pocos minutos Idris se reía y contaba que no quiere volver a Afganistán “por la guerra y los talibanes”. “De grande quiero ser piloto y salvar vidas”.
