Para el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, el intento de modificar los libros de texto gratuitos en un periodo de dos meses está condenado al fracaso. Lo peor, dice, es que esa tarea recae en un extraño personaje –cercano a Beatriz Gutiérrez Müller, la consorte del presidente– cuya experiencia no lo acredita para acometer la tarea encomendada.
La intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de rediseñar los libros de texto gratuito en tiempo récord vulnera los derechos humanos de unos 26 millones de niñas y niños a los que van dirigidos los materiales educativos, alerta Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Defensor de la niñez y cofundador hace 20 años de la Redim, una alianza de 75 organizaciones con presencia en 16 estados de la República, Pérez García no duda en augurar el “fracaso” de la aventura emprendida por la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), a cargo de Marx Arriaga Navarro, iniciada el 22 de marzo pasado con una convocatoria abierta para rehacer 18 libros de texto gratuito, proceso que culminará el próximo 31 de mayo.
En entrevista con Proceso, el defensor de los derechos de la niñez se suma a la condena de artistas y expertos en el diseño de materiales educativos, por la negativa del gobierno federal a destinar recursos para solventar el trabajo de especialistas en la materia, decisión que evidencia la importancia que el gobierno mexicano da a la infancia.
“Aquí hay una clara discriminación hacia niños y niñas. Sí pagamos estudios de factibilidad, todo lo que se necesita para el Tren Maya y para Pemex, pero no queremos pagar con recurso público el desarrollo de material educativo que va a afectar al menos a 25 o 26 millones de niñas y niños”, reflexiona Pérez García.
Al agregar que, con la actitud discriminatoria, se considera a los alumnos de educación básica como “inferiores que no merecen el gasto público”, el defensor advierte que se violan sus derechos humanos a la educación “particularmente en su aprendizaje”, en tanto que se trasgrede el párrafo octavo del artículo cuarto de la Constitución Mexicana que reza:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
Pérez García reconoce el entusiasmo de los 2 mil 365 voluntarios, entre ellos maestros jubilados, seleccionados por la DGME para el rediseño de los libros de texto gratuito, “pero eso no significa que tengan la experiencia para diseñar libros, aunque los maestros jubilados tengan mucha experiencia en el aula”.
La decisión del gobierno de López Obrador de no destinar recursos para la elaboración de los materiales choca con las consideraciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF), aprobado por la Cámara de Diputados, y que en general no varía con respecto a lo destinado en años anteriores para el mismo fin.
Identificado con la clave B003, en el apartado de “Provisión de Bienes Públicos”, para 2021 el PEF destinó a la Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos un presupuesto de 3 mil 176 millones 164 mil 708 pesos, de los cuales 79 millones 125 mil 540 están etiquetados para Servicios Personales y 3 mil 97 millones 39 mil 168 para Gastos de Operación.
La dependencia a la que el gobierno de López Obrador encomendó la elaboración de libros de texto, la DGME cuenta con un fondo significativo para este año: 204 millones 126 mil 597 pesos, de los cuales 74 millones 384 mil 721 se presupuestaron para salarios, 129 millones 591 mil 87 para gastos de operación y 150 mil para otros gastos corrientes.
Un extraño filólogo
Para el defensor de los derechos de la infancia “se corre el riesgo de que se tire dinero público a la basura”, ya que la persona a la que le fue encomendado el proyecto, Marx Arriaga Navarro, parecería no tener capacidad para semejante encargo.
Por los videos sobre las capacitaciones que Arriaga Navarro ha impartido a los voluntarios, el psicólogo Juan Martín Pérez García advierte en él a “un personaje bastante extraño, no solamente por su mirada extraviada, sino que siendo una persona con posgrados, según su currículum, tiene una narrativa más cercana a un chamán que se dedica a hacer limpias, lo cual no sería malo si a eso se dedicara, pero necesitamos a un profesional que use sus posgrados para hacer cosas profesionales”.
Antes de asumir la DGME, en la SEP, Arriaga estuvo al frente de la Dirección General de Bibliotecas, que depende de la Secretaría de Cultura, hasta el 28 de febrero pasado.
De acuerdo con la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, de la Secretaría de la Función Pública, Arriaga cobró en esa dependencia por lo menos hasta el 15 de marzo, pues en la página en internet sigue apareciendo adscrito a la Secretaría de Cultura como director general y coordinador general K11, con un sueldo bruto mensual de 126 mil 617 pesos, y un salario neto estimado de 87 mil 998.81 pesos.
La llegada de Arriaga al gobierno de López Obrador no ha estado exenta de polémica debido a su cercanía con la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, de quien fue sinodal de su tesis Héroe y voces de Francisco de Quevedo en “La constancia y paciencia del santo Job”, y validó su examen profesional en 2012 para obtener el grado de doctora en humanidades por la UAM.
Más tarde se convirtió en un frecuente reseñador de los textos de la esposa del presidente, entre ellos su libro Dos revolucionarios a la sombra de Madero. La historia de Solón Argüello Escobar y Rogelio Fernández Güell (Ariel, 2016), prologado por López Obrador.
El currículum de Arriaga lo describe como licenciado en letras hispánicas y maestro en teoría literaria por la UAM, y doctor en filología hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. También fue profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y durante el sexenio de César Duarte como gobernador de Chihuahua obtuvo el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta.
La protectora
Gutiérrez Müller no ha disimulado el apoyo al filólogo. En diciembre de 2004, cuando Arriaga fue nombrado director de Bibliotecas Públicas, dedicó un tuit a la esposa del presidente y a su superiora, Alejandra Frausto: “Deseo colmar las expectativas que @BeatrizGMuller y @alefrauto han confiado”.
Gutiérrez Müller respondió en su cuenta de Twitter: “Tu sensibilidad, tu preparación, tu inmensa cultura, tu fina elocuencia, tus premios, certificaciones y altos reconocimientos te sitúan en el lugar indicado para esa encomienda”.
El respaldo de la esposa del presidente se hizo presente el 21 de febrero de 2020, en plena confrontación entre el movimiento feminista y el presidente López Obrador. Gutiérrez Müller no dudó en abrazar a Arriaga luego de que, en un evento en Actopan, Hidalgo, éste pronunció un discurso en el que mandó a las mujeres a leer libros.
“Nuestro presidente no las regaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas: una, cultura, lo cual les dará identidad; dos, educación, para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública”, recomendó el extitular de la Dirección de Bibliotecas, quien durante su gestión autorizó grabar una narcoserie, realizar un desfile de modas y grabar un promocional de un tequila en la Biblioteca Vasconcelos, eventos por los que, aseguró, recibió 311 mil 110 pesos.
Proceso buscó al responsable del rediseño de los libros de texto y le envió un cuestionario por conducto de la Dirección General de Comunicación Social de la SEP. Al cierre de la edición no había respuesta.
Juan Martín Pérez insiste en que Arriaga no es la persona indicada para encabezar un proyecto de renovación de los libros de texto por la carga ideológica que se advierte en sus declaraciones, y por el tiempo limitado para realizar la labor.
“El riesgo es muy alto de que desperdiciemos recursos públicos en un proceso que no va a tener buenos resultados”, retoma el director de la Redim, al recordar que la última ocasión en que se rediseñaron y actualizaron contenidos de los libros de texto fue en 2017, tras un proceso de al menos dos años, tiempo en el que especialistas de diferentes áreas, miembros de la sociedad civil, entre ellos la Redim, fueron convocados a revisar los materiales educativos antes de imprimirlos.
Pérez García apunta que “las niñas y niños tienen el derecho humano al acceso a la información científica e histórica, que sea verificada”, para lo que existen institutos especializados a los que se tiene que recurrir para su validación; de lo contrario “podría incurrirse en contenidos inapropiados o inexactos”.
Sin desestimar el esfuerzo de quienes participan en el proyecto, el defensor alerta que poco podrían aportar, ya que “se formaron en el siglo pasado, y los destinatarios del esfuerzo son niñas y niños del nuevo milenio, entre los que ocho de cada 10 se comunican sólo por dispositivos móviles, que su referencia de historia es Wikipedia, y las maestras y maestros jubilados son analfabetas digitales”.
Insiste en que el apremio con que se busca elaborar los libros de texto “es una apuesta claramente al fracaso, porque la construcción de los libros tiene etapas; de no cumplirlas, corremos el riesgo de construir libelos y no libros de texto”.
Pérez no descarta la hipótesis de que “ya se tengan los libelos y el gobierno sólo esté buscando un proceso de legitimización. No me sorprendería que se recuperen los libros de (José) Vasconcelos, con la Madre Patria como portada, pero lo que hagan va a ser un fracaso; no hay condición ni sentido común que permita pensar que en dos meses van a construir algo de calidad”.
Para el defensor de los derechos de la infancia los impactos que esos materiales podrían generar en la niñez, “primero sería desinterés, porque si no le ponen calidad, no van a ser atractivos; segundo, es una violación a su derecho a la información, en consecuencia no van a ser un tema que usen o que formen parte de su vida; y tercero, van a generar una disociación con la realidad, porque van a advertir que lo que tienen los libros es la versión de los otros datos, de los que habla el presidente”.
