Señor director:
Entre quienes ejercen la abogacía en México no es difícil encontrar gente deshonesta. Por eso resulta un tanto raro y exagerado que jueces y magistrados hayan establecido contacto con la Organización de las Naciones Unidas para solicitar su intervención con el fin de evitar lo que consideran una de las mayores amenazas a la autonomía del Poder Judicial de la Federación: el comportamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia ellos, como se menciona en el artículo de Juan Omar Fierro que aparece en el número 2316 de Proceso.
Igualmente, aquí se señala que lo dicho por el presidente López Obrador, por el fallo que dio el juez Juan Pablo Gómez Fierro, referente a la Ley de la Industria Eléctrica, es un ataque a los impartidores de justicia.
El papel de palomitas impolutas que ahora quieren representar estos jueces no está acorde con la realidad mexicana, lo sabe quien haya tenido conocimiento cercano de la manera en la cual algunos de ellos ejercen su cargo.
Hace algunos años conocí el desarrollo de un juicio mercantil. La persona demandada por el incumplimiento de un pago, a pedido del abogado que la defendía, lo primero que hizo fue decir que el juez que llevaba el caso no la podía juzgar, ya que ella no vivía en Torreón, ciudad donde se radicó el juicio, sino en una diferente.
Como dicha persona no pudo comprobar su afirmación, el juez continuó con el juicio y ella solicitó que el expediente se turnara al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, cuya sede es Saltillo, para que dictaminara lo conducente. Así se hizo.
La parte que demandaba se entrevistó con el juez para obtener los datos del envío que se hizo a Saltillo y darle un seguimiento puntual. Se fue a Saltillo y al preguntar si en dicho envío aparecía el expediente en cuestión se le contestó negativamente.
Nuevamente se visitó al juez en Torreón, quien dijo que se había equivocado con los datos que dio anteriormente, y los corrigió. Se volvió a ir a Saltillo para preguntar si en el nuevo envío estaba el expediente, y la respuesta volvió a ser negativa.
En efecto, el juez no lo había enviado, lo tenía escondido en su oficina. ¿Por qué el juez procedió de esta manera? En primer lugar, para beneficiar a una de las partes del conflicto y, en segundo, para que el juicio se alargara lo más posible y los dos abogados que asesoraban a las partes del litigio siguieran cobrando sus emolumentos.
En conclusión, es imposible confiar ciegamente en un juez.
Atentamente,
Miguel Ramírez Jáuregui
