En vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique o revoque la determinación del INE de sancionar a Morena con el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por no reportar sus ingresos y gastos de precampaña, y en medio del anunció del líder de ese partido, Mario Delgado, de interponer un juicio político para buscar la salida anticipada del presidente del Instituto, exconsejeros del mismo advierten lo que está en juego: la fiscalización y la rendición de cuentas de partidos y candidatos, pilares ambos de un sistema electoral democrático.
Morena está a punto de quedarse fuera de la contienda por los gobiernos de Guerrero y de Michoacán debido a que aplicó una estrategia para evadir las reglas de fiscalización electoral, las cuales buscan evitar el flujo de dinero irregular en la política.
En su corta existencia de casi ocho años este partido ha insistido en que no realiza precampañas en sus procesos internos de selección de abanderados, y que los participantes en ellos no son precandidatos sino, como los llamó eufemísticamente en 2017, “promotores de la soberanía nacional”, o en este año: “coordinadores estatales en defensa de la Cuarta Transformación”.
Hoy ese discurso podría resultarle costoso, pues el pasado 25 de marzo el Instituto Nacional Electoral (INE) le cerró la posibilidad de tener candidatos en esas dos entidades por obviar sus obligaciones en materia de fiscalización, y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que acudió Morena, el que diga la última palabra.
Pero en el exceso, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, a quien le fue cancelado el registro como candidato al gobierno de su entidad, mismo que ya le había otorgado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, aseguró ante el INE que pudo haber sido suplantado y su cuenta verificada de Facebook quizá fue vulnerada, por lo que negó haber realizado actividades proselitistas.
Al comparecer en el proceso de revisión del INE, negó haber publicado videos para hablar de sus aspiraciones políticas, no se reconoció en ellos y, más aún, dejó entrever que las 146 notas periodísticas que sobre él se publicaron durante casi dos meses de precampaña pudieron ser fabricadas, pues a quienes escriben “generalmente no les constan los hechos en los que me mencionan”.
Además, sostiene que la expresión “vamos con toro” –expresada por quien aparece en el video haciendo alusión a su sobrenombre– “se refiere a un animal vacuno” y no a él.
En Michoacán, Morena también se quedó, al menos por ahora, sin abanderado, pues el líder magisterial Raúl Morón perdió su derecho a obtener su registro.
En este caso, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE también le detectó publicaciones en redes que acreditarían la realización de actividades de precampaña y posibles gastos que no fueron reportados.
Así, por omitir la presentación de informes de ingresos y gastos, y ante el hallazgo de posibles erogaciones, el INE tomó la decisión de aplicar la sanción máxima prevista en el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe): la pérdida de registro de candidaturas o del derecho a solicitar ese registro.
La medida detonó una nueva disputa entre la dirigencia de Morena y el INE, con nuevos amagos de remoción de consejeros. En este caso, sostienen especialistas electorales, el Instituto no tenía margen de acción más que aplicar la ley.
La Legipe establece que hay precampañas cuando los partidos tienen un proceso interno para definir a sus candidatos, sea en asambleas, en encuestas o cualquier mecanismo de valoración de perfiles. El segundo momento es la campaña, ahora si entre candidatos de partidos y coaliciones.
“Pero en ambos momentos están obligados por ley a presentar sus informes de ingresos y gastos o serán sancionados. Esa es la esencia de la fiscalización, no es una ocurrencia del INE”, reclama José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
Todo el sistema de fiscalización parte de una idea fundamental: precandidatos y candidatos están obligados a presentar informe de ingresos y gastos, “no es opcional, y además las precampañas son públicas y notorias y quienes participan en ellas son precandidatos” no importa que se pongan otros nombres, advierte.
Por eso, abunda Woldenberg, “no me puedo imaginar que mañana la ley dijera pueden gastar lo que quieran y pueden obtener recursos de donde sea sin informar. ¿A quién se le puede ocurrir eso? No, la obligación de reportar debe mantenerse pase lo que pase, o si no la fiscalización no sería posible”.
Fiscalización trunca
Uno de los ejes de la reforma electoral de 2014 fue reforzar las auditorías y las sanciones. Se estableció la fiscalización en línea y en tiempo real para cerrar el paso a la práctica de realizar doble contabilidad. Se ordenó a los partidos registrar en un sistema a sus precandidatos y candidatos para que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE auditara sus informes de ingresos y gastos y pudiera, con sólo sus nombres, solicitar información sobre operaciones bancarias, fiscales y, recientemente, cruzar datos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Pero en este proceso electoral fueron cuatro partidos los que omitieron presentar informes de cualquier ingreso y gasto de sus precandidatos: Morena, PRI, PT y Fuerza por México, y sólo al primero se le detectaron proselitismo y posibles gastos.
Sin siquiera nombres de los precandidatos, ni reportes de ingresos y gastos, la actividad fiscalizadora se vio obstruida, determinó el INE, pues se careció de certeza sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.
Aunque la obligación de rendir los informes es de los partidos, el TEPJF ordena que, en caso de que éstos no lo hagan, debe requerirse a los precandidatos para garantizarles el debido derecho de audiencia, medida adoptada desde que en 2016 Morena también estuvo a punto de quedarse sin candidatos en Zacatecas y Durango por el mismo argumento: en ese partido no había precandidatos.
Esa posibilidad de audiencia salvó a Morena ese año, y el Tribunal regresó a la boleta a los morenistas David Monreal y Guillermo Favela.
Sin embargo, en esa sentencia el TEPJF fue claro al marcar que aún en ceros, los precandidatos y partidos deben entregar informes al INE sin importar el método de selección que elija el partido.
“Los partidos políticos son directamente responsables en materia de fiscalización respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado, el método electivo ni la forma o denominación con que se identifica al precandidato y el tiempo en que se lleve a cabo su designación”, marcó el TEPJF.
Salgado de arrepiente
A diferencia de ese periodo de audiencia ordenado por el Tribunal en 2016 para los precandidatos, en el caso de Félix Salgado Macedonio la situación es distinta, pues el morenista si fue escuchado.
En febrero la Comisión de Fiscalización del INE ordenó el inicio de un proceso sancionatorio tras detectar el proselitismo del aspirante sin que hubiera reportado gastos. Pero éste agotó su derecho en el escrito en el que insistió en que no es precandidato, que no hubo precampañas en Morena y que no es el personaje del video en su cuenta de Facebook.
La postura del morenista cambió radicalmente el 22 de marzo, dos días después de cerrarse el procedimiento en esa Comisión, y tres antes de que el Consejo General del INE le retirara la candidatura, pues el senador con licencia solicitó “tenga a bien abrir los módulos del Sistema Integral de Fiscalización” para presentar su informe y evitar sanciones injustas.
Argumentó que nunca se le pidió directamente rendir informes y el partido tampoco lo hizo. Eso será parte de la defensa jurídica del morenista, cuya acción de última hora no fue considerada por el INE ni siquiera como un acto extemporáneo.
La posibilidad de que este alegato sea admitido por el TEPJF y no considere las omisiones ni sanciones existe, indica el catedrático y exconsejero del INE, Mauricio Merino.
“En mi opinión la ley es muy clara y así la aplicó el INE. Es muy difícil una interpretación, pero quizá lo hagan los magistrados porque se las gastan en ese tipo de cosas. El Tribunal ha dado pruebas sistemáticas de que no siempre lo que dice la ley es lo que ve el grupo dominante de magistrados, pero ahora tendría que hacer una interpretación muy sofisticada” para convencer.
Para la exconsejera del INE Pamela San Martín, lo que sería negativo para la fiscalización y la y transparencia es que se eliminara o mermara la obligación de los partidos y candidatos a rendir sus informes.
“Estaría cancelando la posibilidad de la autoridad para fiscalizar recursos, porque al no reconocerlos como precandidatos no los integra siquiera al sistema de fiscalización para que puedan ser auditados sus gastos, eso sería en contra de las facultades fiscalizadoras”.
Por eso en el fondo de este nuevo conflicto Morena e INE, independientemente de lo que contengan los expedientes de los precandidatos sancionados, asevera, es que “está en riesgo la fiscalización y la rendición de cuentas” tal como ha evolucionado hasta ahora.
“Lo que deberían de preocupar a Morena y al presidente es por qué, si todos los demás partidos cumplen, por qué ellos no. Es un requisito relativamente sencillo, ¿cuál es el problema?”, se pregunta Woldenberg.
Además denuncia un clima preocupante de ataque al INE sólo por cumplir la ley.
“Que descalifique sin argumentos y de una manera amenazante al INE y a sus consejeros eso me parece muy preocupante”, alerta, ante la intención del líder nacional de Morena, Mario Delgado, y sus diputados, de interponer un juicio político para buscar la salida anticipada de consejeros, al menos el presidente, Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama.
Miles de cargos,
nueve precandidatos
En estas precampañas con rumbo a las elecciones del 6 de junio el INE revisó 6 mil 728 informes de ingresos y gastos presentados por precandidatos federales y locales, y de ese universo Morena sólo presentó nueve reportes, pues sólo admitió tener ese número de precandidatos. Éstos fueron los aspirantes a gobernadores de Campeche, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, Sonora, Querétaro y Zacatecas, quienes sí rindieron informes de gastos de precampaña.
Así, aunque Salgado y Morón argumentan que en Morena no existen precampañas, esos nueve informes de aspirantes de ese partido en otras entidades refutan ese argumento.
“Morena sabía perfectamente lo que estaba haciendo, evadir las revisiones, y sabía las consecuencias de sus acciones, tan sabía que en otros casos si presentaron informes y no hubo problema”, asevera Merino.
La muestra más evidente de que hubo proceso interno –es decir, precampaña–, fue que en Guerrero Morena realizó dos encuestas para medir a los aspirantes, y el 27 de febrero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido dio a Salgado el carácter de precandidato.
Además, otros dos aspirantes a la postulación de Morena sí realizaron gastos dentro de esa precampaña: Adela Román, con erogaciones de 6 mil pesos, y Luis Walton, por 502 mil 906 pesos.
La posibilidad de que el TEPJF confirme que no existieron precampañas ni obligación de rendir informes impediría, por ejemplo, revisar el origen y destino de al menos ese medio millón de pesos de precampañas morenistas en la entidad.
Además, Morena ha sido acusado por sus propios militantes ante el TEPJF por la presunta simulación de procesos de selección de candidatos, pues a su decir, a quienes solicitaron inscribirse no se les informó si obtuvieron el carácter de precandidatos y por qué razones. Todos reportaron que no se les expidió documento que acreditara que eran precandidatos, y no faltó quien ante el Tribunal manifestó esa como una estrategia de Morena para evitar que pudieran defenderse jurídicamente.
