En las estaciones migratorias del sur de México ya no cabe nadie. Son tantos los que escapan de su país que las instalaciones en Tuxtla, Tapachula, Comitán, entre otros municipios fronterizos, están a su máxima capacidad. Los propios migrantes relatan sus historias y las causas que los obligaron a huir de sus países. “Refúgienme en México o libérenme para seguir hacia Estados Unidos, porque si me regresan a mi país, me sentencian a muerte”, es una de las peticiones comunes de los migrantes centroamericanos en México.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Hacinados, desesperados, hambrientos, sin dinero, acechados por enfermedades y exigiendo su libertad para regresar a casa o para que los dejen continuar hacia el norte, miles de migrantes centroamericanos y de otros países llevan semanas encerrados en albergues y estaciones migratorias donde, a diferencia de otros éxodos, aumenta la presencia de niños y adolescentes.
Nery Rodríguez, de 45 años, fue interceptado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) el lunes 8. Lo detuvieron junto a sus hijos Jairo Orlando, de 17 años, y Nery Emmanuel, de cuatro. Atrás, en San Pedro Sula, Honduras, dejó a su esposa con otros dos hijos.
Ellos habían resistido a la extrema pobreza, las pandillas criminales y la crisis agudizada por la pandemia. Sin embargo, lo que los empujó a migrar fue la destrucción causada por las tormentas tropicales Iota y Eta.
Nery dice que prefiere ver a sus hijos sufrir en este viaje hacia Estados Unidos que verlos crecer y padecer hambre en Honduras. Confiesa que su mayor temor es que sus hijos sean reclutados por las pandillas que se disputan calle a calle en cada pueblo hondureño. En su país de origen sólo les esperan las drogas o el homicidio.
Nery tiene 16 días en las instalaciones del INM, durmiendo junto a cientos de migrantes de diversos países que esperan que se resuelva su situación. “Los hondureños no tenemos miedo, porque si regresamos, de todos modos podemos morir. Así que más vale morir en el intento de buscar una vida mejor”.
Hasta el miércoles 24, en la Estación Migratoria de El Cupapé, en Tuxtla Gutiérrez, Nery aún no sabía si iba a ser deportado o el gobierno de México le daría la oportunidad de solicitar refugio.
De 31 años, Arminda Vázquez y Vázquez salió de San Pedro Pinola, Guatemala, con su hija de siete años y sus sobrinos de 16 y 17 años. No obstante, no sabe nada de ellos porque cuando el INM los detuvo, a ella la separaron.
Llorando, desesperada, Arminda dice que no tiene manera de comunicarse con su madre para decirle que sus sobrinos le fueron arrebatados por agentes mexicanos de migración.
De Islas de la Bahía, Honduras, Nelson Javier Figueroa viene huyendo no por haber cometido un delito, sino porque los pandilleros de su país lo sentenciaron a muerte por no pagar extorsión. Ahora viaja hacia Estados Unidos con su pequeño de 11 años. Su hijo mayor se tuvo que quedar con sus abuelos en Honduras.
Nelson asegura que para él es una sentencia de muerte regresar a su país y por eso pide que México le dé refugio o le permita seguir su camino para reunirse con su esposa, que vive en Virginia, Estados Unidos. Sobre el trato que ha recibido en México denuncia que han violado sus derechos.
Como Nery, Arminda y Nelson, cientos de hombres y mujeres viajan con sus hijos y sobrinos; otros más, menores de 18 años, se aventuran a migrar con sus compañeros, hermanos o vecinos hacia territorio estadunidense.
Pasos ciegos
El viernes 19 el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, denunció públicamente el incremento del éxodo migratorio desde la frontera sur, pero sobre todo el aumento del flujo migratorio de niños y adolescentes.
“La preocupación del gobierno mexicano, del estado de Chiapas, es que se está utilizando a los menores de edad como salvoconducto. Se han constituido en redes criminales que lucran con el tráfico de personas”, dijo el funcionario federal en el contexto del despliegue de fuerzas policiacas, militares, Guardia Nacional, marinos y diversas instituciones de seguridad, salud y Protección Civil.
En estos 572 mil 986 kilómetros de línea fronteriza entre México y Guatemala sólo hay ocho cruces formales, pero hay cientos de pasos ciegos o cruces ilegales, donde miles de personas pasan al lado mexicano todos los días.
Del 1 de enero al 21 de marzo último, al menos 31 mil 492 migrantes fueron interceptados por el INM. La cifra representa 4 mil 779 migrantes extranjeros irregulares, más los localizados en el mismo periodo de 2020.
De los 31 mil 492 identificados este 2021, el mayor número proviene de Honduras, con 17 mil 598; seguido de Guatemala, con 9 mil 422; El Salvador, con 2 mil 348. Hay un grupo de 2 mil 124 personas que proviene de Bangladesh, Senegal, Mauritania, Nepal, Burkina Faso, Rusia, Israel, Egipto, Sri Lanka, Turquía y Palestina.
De esos 31 mil 492 migrantes, 4 mil 529 son mujeres adultas y 23 mil 525 hombres adultos. El resto, 3 mil 438, son menores de edad de los cuales 2 mil 141 fueron localizados en compañía de uno o más adultos y mil 297 no estaban acompañados y se quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la entidad en la que fueron detenidos.
Son tantos los migrantes que huyen de sus países, que las instalaciones del INM en Tuxtla, Tapachula, Comitán y otros municipios de la frontera sur están a su máxima capacidad.
El INM ha tenido que apoyarse de los albergues del DIF de Chiapas, de albergues de organizaciones de la sociedad civil y de bodegas o auditorios del gobierno estatal, donde permanecen encerrados a la espera de ser deportados.
La ausencia de la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos es reclamada en algunos puntos a los que Proceso pudo arribar para constatar el hacinamiento.
María Isabel Cruz Cruz, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF-Chiapas, dice que el flujo migratorio ha crecido y reconoce que la capacidad de atención ha sido rebasada por el éxodo.
Hasta el lunes 22 en los albergues del DIF Estatal había 178 niños y adolescentes no acompañados, sin contar los que se encuentran en albergues de organizaciones civiles.
La funcionaria explica que analizan caso por caso y que si consideran que la deportación es un riesgo para el menor de edad se le dará refugio en México o se le reunificará con sus padres en nuestro país.
Para ello, agrega, deben coordinarse con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de la Secretaría de Gobernación, que dirige Andrés Ramírez Silva.
Al respecto, Ramírez Silva dice que ya preveían el aumento del flujo migratorio y el alza en las peticiones de asilo.
En entrevista, reporta que al cierre de febrero último 13 mil 513 personas solicitaron a la Comar la condición de refugiado en Mexico, lo que representa 14.7% más comparado con el mismo periodo de 2020 y 67.5% más que el primer bimestre de 2019.
En los dos primeros meses de 2021, detalla, los hondureños representan 54.16% de las solicitudes de refugio en México. Detrás de ellos están las peticiones de cubanos, haitianos, salvadoreños, venezolanos y guatemaltecos. La gran mayoría (71.24%) de los solicitantes se concentra en Chiapas.
En los dos primeros meses de 2021 han solicitado la condición de refugiado en México dos veces más personas que en todo 2013, 2014 y 2015 juntos. “La afluencia en este 2021 va ser muy grande”, agrega el funcionario.
Al término de febrero, 71.15% de las mujeres solicitantes de la condición de refugiado en México han hecho su trámite en Chiapas. Durante el mismo periodo, 74.3% de los niños y adolescentes solicitantes también lo han hecho en el estado.
Ramírez precisó que al final de febrero pasado 2 mil 803 menores de edad acompañados y 271 no acompañados solicitaron la condición de refugiado en México, lo que representa 22.75% del total de solicitantes de 2021. En 2020 los menores de edad representaron 19.86% del total de solicitantes.
“Doble discurso”
Pese a la respuesta del gobierno mexicano, a Yuriria Salvador, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordóñez, le preocupa la cara policiaca y militarista con la cual se busca contener la migración.
Para la activista, el gobierno mexicano tiene un doble discurso porque, por un lado, habla del pleno respeto a los derechos de los migrantes y que garantiza una migración ordenada y segura. Sin embargo, mandan a la fuerza pública por delante en toda la frontera sur.
Salvador denuncia que en todo momento se les ha negado a los migrantes su derecho a solicitar asilo o refugio, y que la pandemia “ha sido el pretexto oficial para implementar las restricciones”.
También señala que las autoridades utilizan el discurso del incremento de niños y adolescentes migrantes como herramienta de presuntas redes internacionales de trata.
Salvador menciona estar segura que la reacción del gobierno de México contra los migrantes se debe al préstamo de vacunas de parte del gobierno de Estados Unidos.
Esta activista recuerda que la pobreza y la marginación no son los únicos factores expulsores de migrantes, también lo son las pandillas y su extrema violencia, así como los desastres causados por las tormentas tropicales, como Iota y Eta.
En este contexto, la activista demanda al gobierno mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de migración y asilo, así como eliminar toda medida discriminatoria, como la restricción del tránsito en las fronteras terrestres que, por lo anteriormente expuesto, no se justifica por razones sanitarias.
Salvador agrega que el gobierno del presidente López Obrador debe reconocer las causas estructurales del desplazamiento de las personas en la región y responder de manera efectiva y diferenciada a las necesidades de los migrantes y con necesidades de protección internacional.
“Debe eliminar toda medida de contención migratoria que afecte de manera directa el tránsito de trabajadores y jornaleros, así como las rutas comerciales, pues constituyen actividades que sostienen la economía de la frontera sur.”
