La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de la gestión pública en México puede observarse en el “espejo” de Venezuela, donde los militares ocupan ministerios y gobernaciones, manejan grandes empresas y son factor decisivo para mantener en el poder a Nicolás Maduro. Este patrón –en el que el presidente soporta pretorianamente la seguridad pública, el reparto de ayuda social y la construcción de infraestructura– “abre una ruta para la militarización de los espacios civiles” y termina por aniquilar la democracia, sostiene la experta Rocío San Miguel, quien advierte: a juzgar por los hechos, rasgos de este modelo “parecieran ser del gusto de López Obrador”.
BOGOTÁ.- Con el Plan Bolívar 2000, lanzado el 27 de febrero de 1999, tres semanas después de llegar al poder, el presidente venezolano Hugo Chávez inició el involucramiento formal de los militares en la administración pública de su país al asignarles tareas del ámbito civil, como construcción de infraestructura, operativos de salud y reparto de ayuda social.
El resultado fue un sonado caso de corrupción que acabó con la detención, muchos años después, del general Víctor Cruz Weffer, jefe operativo de ese plan. Pero ni ese hecho –ligado a la desaparición de 150 millones de dólares– detuvo el vertiginoso ascenso de los militares en la política y el gobierno de Venezuela.
Hoy los militares venezolanos ocupan la cuarta parte de los ministerios, la tercera parte de las gobernaciones, tienen 14 diputados, manejan medio centenar de grandes empresas públicas, un conglomerado industrial y de servicios propio y son un factor decisivo para mantener en el poder al presidente Nicolás Maduro.
Rocío San Miguel, abogada y experta en asuntos de seguridad y defensa, quien ha dedicado años al estudio del proceso de militarización en Venezuela, dice a Proceso que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de la gestión pública en México es un asunto “muy preocupante” que debe observarse en el “espejo venezolano”.
Desde la experiencia venezolana, asegura, “los mexicanos deben estar alerta, porque cuando un gobierno le da soporte pretoriano, soporte militar, a sus políticas públicas, a sus políticas sociales, termina por partidizar a las fuerzas armadas”.
El pretorianismo, explica la especialista en política internacional de la Universidad Central de Venezuela, se entiende como la participación invasiva de los militares en las instituciones civiles y su utilización en proyectos políticos.
De acuerdo con San Miguel, si un gobernante soporta pretorianamente áreas como la seguridad pública, el reparto de ayuda social, la construcción de infraestructura y planes de salud, “termina por dañar a la propia fuerza armada y a la sociedad, y abre una ruta para la militarización de espacios civiles”.
Esto, afirma, es lo que ocurrió en Venezuela y lo que ha ocurrido siempre que un país echa mano de las fuerzas armadas “para resolver los problemas de los políticos de turno”.
La maestra del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Venezuela señala que involucrar a los militares en labores de civiles termina por afectar un principio básico de la democracia: la subordinación del poder militar al poder civil.
Al final de estos procesos, señala, la fuerza armada se convierte en una megaestructura con enorme presupuesto, con las armas del Estado y con los servicios de inteligencia funcionando a su favor.
“Eso es el fin del Estado democrático”, sostiene la presidenta de la organización civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
La doctrina militar chavista
Como teniente coronel retirado del ejército venezolano, Hugo Chávez concibió a la Fuerza Armada Nacional (FAN) como un actor central de la llamada “Revolución Bolivariana”.
De acuerdo con Chávez, el libertador Simón Bolívar “convirtió al pueblo en ejército” y, por tanto, las fuerzas armadas son “pueblo hecho ejército”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999 definió en varios artículos a la FAN como “una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación”.
Además, le asignó tareas de “cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional”. Esto último abrió la rendija de la militarización que vendría luego, pues Chávez dio una “interpretación sui generis” a este precepto del artículo 328 constitucional, asegura San Miguel.
La experta señala que la identidad de la FAN “rápidamente fue desdibujándose”, pues Chávez permitió la inscripción de militares activos en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela; los promovió como candidatos a cargos de elección popular y les dio el control del orden público interno.
En Venezuela, los militares están a cargo de la inteligencia y tienen funciones de policía en todo el territorio a través de la Guardia Nacional, que forma parte de la FAN.
En sus primeros años de gobierno Chávez impulsó el concepto “caudillo-ejército-pueblo” influenciado por el sociólogo argentino Norberto Ceresole y en 2004 nace la doctrina militar de la Revolución Bolivariana, la cual incorpora el concepto “unión cívico-militar”, que permea el discurso oficial hasta ahora.
Al morir Chávez, en marzo de 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, reforzó el papel de los militares en la administración pública y en la política para consolidarse en el poder mientras se abría paso un régimen cada vez más intolerante ante la disidencia, la crítica y las elecciones libres y transparentes.
San Miguel señala que en el largo proceso de militarización, la FAN se ha convertido “en un sector isla, controlado exclusivamente por los intereses de permanencia en el poder del presidente de la república, único poder al cual la FAN se subordina”.
Los puertos, “una copia al calco”
San Miguel, quien ha sido investigadora del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora del Centro de Estudios Militares Avanzados y profesora de la Escuela Superior de Guerra Naval en Venezuela, considera que el proceso de militarización que se observa en México tiene “puntos en común” con el venezolano.
Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha promovido cambios en la doctrina militar ni ha abierto las puertas de Morena a candidatos castrenses, ha impulsado cambios constitucionales para trasladar a las Fuerzas Armadas el combate a la inseguridad pública.
La reforma constitucional de marzo de 2019 que creó la Guardia Nacional señala que ésta es una policía civil, pero su mando, control operativo, la formación de los reclutas y buena parte de sus efectivos son militares.
La especialista venezolana dice que la decisión de López Obrador de entregar en julio pasado a la Armada y al Ejército la administración de las aduanas y los puertos mexicanos, no parece una medida aislada.
“Esto de ir entregando paulatinamente espacios clave de control logístico es el signo más peligroso de que hay un proyecto atrás –asegura–, y esto es el proyecto de militarización que, según se ha visto, ha funcionado en países como Venezuela.”
De acuerdo con San Miguel, hay aspectos de la irrupción de los militares mexicanos en áreas tradicionalmente manejadas por civiles “que parecieran estarse copiando al calco de Venezuela”.
Dice que lo ocurrido en los principales puertos venezolanos, que pasaron en 2009 a control militar, “es exactamente igual” a lo que ahora se observa en México: “Todos los puertos nacionales del país, por donde entra la mercancía lícita, pero también la ilícita, y todos los aeropuertos del país, los controla la FAN”, indica.
Modelo de exportación
San Miguel, quien cuenta con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las amenazas que ha recibido por su trabajo humanitario y sus investigaciones de asuntos militares, cree que hay aspectos del modelo chavista que se replican en otros países.
“La militarización es una modalidad que le ha resultado exitosa a este modelo porque le ha permitido mantener el poder y el control territorial”, señala.
Y esto, agrega, lo facilita el hecho de que en varios países de América Latina, México entre ellos, no se ha formado una élite civil para la conducción de políticas de defensa nacional. En cambio, en naciones como Argentina, Chile y Brasil, donde los ministros de Defensa son civiles, esto sí ha ocurrido.
Considera que López Obrador está “importando” partes del modelo militarista del chavismo. Afirma que, a juzgar por los hechos, tanto el soporte pretoriano del proyecto político como la participación de militares en áreas civiles “parecieran ser del gusto de López Obrador”.
La experta considera que en México ya existe “el enorme riesgo” de politizar a las Fuerzas Armadas. “Es que los militares –señala– van a tener intereses que defender desde el punto de vista político en favor de un aliado que los ha colocado en esas funciones de poder, pero ya no en términos de ascensos y de carrera militar, sino en términos presupuestarios y de intereses económicos”.
Los presupuestos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina han crecido 32% este sexenio, al pasar de 112 mil millones de pesos en 2018 a 148 mil millones este año, aunque estos no incluyen los recursos federales que manejan los militares por proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
Además, el Fideicomiso del Ejército para Administración y Pago de Equipo Militar pasó de 5 mil 40 millones de pesos a 48 mil 779 millones de pesos, que equivalen a 2 mil 415 millones de dólares, cifra superior al presupuesto de Nicaragua de este año.
San Miguel explica que en Venezuela los comandantes de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral, dependientes de la FAN Bolivariana, tienen un poder que opaca al de las autoridades políticas de esas zonas.
En México, además de las 12 regiones militares, se crearon 266 coordinaciones territoriales de seguridad comandadas por militares adscritos a la Guardia Nacional.
“Dados los problemas de inseguridad y la naturaleza de las dinámicas territoriales de México, esto puede crear un neocaudillismo militar en muchas regiones del país”, dice San Miguel.
Señala que el control territorial, de los organismos de seguridad y el manejo de altos presupuestos terminan por convertirse en “incentivos muy poderosos” para que los militares se corrompan y establezcan vínculos con el crimen organizado.
Esto se facilita, dice, porque las fuerzas armadas “no rinden cuentas horizontales, tienen fueros especiales y terminan siendo unas ‘cajas negras’ en nuestras sociedades, lo que facilita que generen focos de corrupción”.
En Venezuela, asegura, los tráficos ilegales de drogas, de minerales, de combustibles y de armas “tienen una alta participación de jefes militares”. Por su presunta complicidad en estas actividades y en el lavado de dinero, 75% de la cúpula castrense venezolana enfrenta sanciones, como congelación de activos y cuentas bancarias, en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
Sobre las gestiones del gobierno mexicano para lograr la repatriación del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Sedena, la experta dice que es una forma en que López Obrador “honra su compromiso con las Fuerzas Armadas, que bien le sirven”. Es, dice, “un claro incentivo de lealtad que queda ahí, para que el resto de los militares lo vean”. Y agrega que otros elementos que surgen en un proceso de esta naturaleza son el autoritarismo y la violación masiva de los derechos humanos.
“Es que las fuerzas armadas –asegura– pasan a ver a todo crítico, disidente u opositor a su gestión como un enemigo. Y cuando usted se enfrenta a un adversario y detenta las armas, puede tener la tentación de usarlas, como ha ocurrido muchas veces en América Latina”.
Esto siempre tiene un alto costo en materia de derechos humanos, como ha quedado demostrado en Venezuela: “En las protestas contra Maduro en 2017 las fuerzas militares asesinaron a más de 160 personas, y no se ha judicializado ni a 2% de los autores de esas muertes”, señala San Miguel.
Explica que sus criterios no son antimilitaristas. Las fuerzas armadas, dice, son necesarias para cualquier país, pero para que cumplan sus funciones las instituciones castrenses deben estar sujetas a la autoridad civil y a control democrático.
“Los sectores de defensa en los países latinoamericanos se han manejado históricamente con opacidad. Los militares no rinden cuentas ni entre ellos. Y el nivel de recelo entre componentes (ejército, marina, aviación) es enorme”, sostiene.
De acuerdo con San Miguel, “esto tendrá consecuencias en el muy corto plazo en México, porque estas experiencias nunca terminan bien”.
