Distintas muestras de apoyo han recibido profesores y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), que el pasado 13 de marzo fueron agredidos mientras se manifestaban en contra del recorte presupuestal y la supresión de alrededor de 100 materias optativas, afuera del Museo Nacional de Antropología.
El mismo sábado, el instituto emitió un comunicado en el cual aseguró que la manifestación se realizó “con pleno respeto por parte de las autoridades”. Según su versión, el “conato de enfrentamiento” se dio entre un grupo de ciudadanos que intentó entrar al museo y los manifestantes, pero elementos de seguridad “calmaron los ánimos”.
Y negó haber enviado personas a provocar o enfrentar a la comunidad de la ENAH, por el contrario, aseguró que las autoridades están dispuestas “al diálogo como medio para resolver cualquier conflicto”.
Por el contrario, a decir de los manifestantes, fueron ellos quienes en todo momento pidieron a sus compañeros no caer en provocaciones, y la presencia policiaca no hizo sino tensar más la situación.
A través de un comunicado expresan un extrañamiento por el deslinde del INAH ante los hechos, cuando la seguridad e integridad física de estudiantes, profesoras y profesores es responsabilidad de la institución de la cual forman parte.
Reiteran su demanda de pago a profesores de asignatura, incremento salarial, descongelar las plazas de oposición de tiempo completo y recontratar a 40% del personal recortado desde 2019, entre otros puntos, entre los cuales destaca la renuncia del director del INAH, Diego Prieto Hernández.
Desmienten la supuesta disposición al diálogo, pues sólo ha sido “de manera aparente, ya que no se ha cumplido con los acuerdos firmados desde 2018 y no ha habido soluciones efectivas de la representación del INAH tras tres años de supuesto diálogo”.
Golpeteo
La apertura al diálogo de las autoridades del INAH y la Secretaría de Cultura ha sido puesta en entredicho también por investigadores y trabajadores, quienes a la vez cuestionan la política de austeridad del gobierno federal. Opinan que en lugar de aplicarse a mandos medios y altos “se ha dirigido contra los trabajadores en condiciones más precarias”.
A través de sus redes sociales, la Asamblea General del INAH ha denunciado el recorte de “un número considerable de trabajadores de contrato”, y en otros casos el retraso de hasta seis meses en el pago de salarios devengados en 2020, además de padecer un ambiente “con acoso laboral, violencia de género y discriminación sexual”. Y han solicitado de manera “atenta y respetuosa” mesas de trabajo con las autoridades culturales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Trabajadores no basificados entregaron en febrero pasado una carta en Palacio Nacional para exigir un alto a la precarización laboral y presupuestal del INAH.
Entrevistados por Proceso, los trabajadores sin base, contratados por los capítulos 3000 y 1000 (llamados compactados) reiteran que desde hace más de dos años no han sido atendidas las demandas para regularizar su situación laboral. Ni siquiera, destacan, han logrado reunirse con Prieto, pues envía a representantes que en realidad no tienen posibilidad para resolver los problemas.
Los trabajadores han convocado a un censo para saber cuántos son los no basificados y de qué manera están contratados, si a través del capítulo 3000 o 1000. Y desmienten a Diego Prieto, quien ha dicho que son alrededor de 800; ellos llevaban hasta enero pasado unos 2 mil registros, pero aclaran que en algunos casos es difícil dar seguimiento porque algunos de ellos, como los arqueólogos, son contratados por una temporada de excavación, y cuando termina se acaba su contrato y pueden pasar meses antes de que se les ofrezca uno nuevo.
En la carta expresaron a Andrés Manuel López Obrador:
“Hoy, señor presidente, la Cuarta Transformación aún no ha llegado al INAH, y las medidas de austeridad que deberían reorganizar la vida dentro de la institución se han utilizado como pretexto para generar despidos en medio de las condiciones de pandemia. Por ello, hacemos un enfático llamado para atender esta injusta situación, ya que los despidos o no recontrataciones afectan a la principal fuerza laboral que sostiene al Instituto y cuya relación laboral se encuentra soslayada y excluida de las Condiciones Generales de Trabajo que deben regir a todos los trabajadores del Instituto.”
Tanto profesores y estudiantes de la ENAH como los trabajadores no basificados han encontrado la solidaridad del Sindicato de Investigadores y Académicos del INAH, que no están exentos de enfrentar problemas en estos momentos.
En su caso están luchando contra una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite calcular el tope máximo de las jubilaciones con base en las llamadas Unidades de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, como estipula la Ley del ISSSTE. Con ello, se reducirá el monto de las pensiones y jubilaciones, lo cual consideran “un despojo” y un atentado a sus derechos laborales.
