Justo cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente requería de mayores recursos para afrontar el aumento de más de 200% en residuos biológicos infecciosos provocados por el covid-19, recibió un recorte presupuestal de 20 millones de pesos y la reducción de 25% de su personal. Además, sus inspectores no pueden clausurar hospitales que incumplen las normas en el manejo de estos desechos, pues implicaría cerrar servicios médicos necesarios para atender a pacientes afectados por la pandemia.
El incremento de más de 200% de los residuos biológico infecciosos provocados por la pandemia de coronavirus no sólo tomó “desprevenida” a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sino que ahora debe afrontar ese grave problema con un recorte presupuestal y una reducción de 25% de su personal.
Con apenas 105 inspectores, la Profepa tiene la ardua tarea de inspeccionar a los 780 nosocomios públicos y 120 privados dedicados a atender el covid-19 y a las 143 empresas que manejan y eliminan sus residuos hospitalarios. Además debe vigilar que los cerca de 2 mil 500 basureros municipales del país manejen adecuadamente estos desechos contagiosos.
La titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera, comenta:
“Como a todos, la pandemia nos tomó desprevenidos. Y provocó en México un aumento de más de 200% en la generación de estos desechos biológico infecciosos.”
Estos cálculos –agrega– se basan sobre todo en la sobrecarga de trabajo que han tenido las 143 empresas autorizadas para recoger los desechos hospitalarios.
“El volumen de desechos aumentó tanto que rebasó a esas empresas. Por poner un caso: si una empresa tiene capacidad para manejar 10 mil toneladas, ahora se le exige tener una capacidad para 50 mil”, señala.
Entrevistada en sus oficinas, a la procuradora la acompaña Rafael Coello García, subprocurador de Inspección Industrial, quien asegura:
“En México, nunca antes se había generado tal magnitud de desechos biológico infecciosos. Antes sólo salían los volúmenes normales de los hospitales. Pero hoy estamos ante un problema sin precedente que ninguna autoridad –ni federal ni local– podrá resolver sin el apoyo de la población y, sobre todo, sin una verdadera cultura ambiental.”
Normas ambientales
Por lo que respecta a la Profepa, señala Mendoza Vera, también está trabajando en condiciones adversas, pues en la actual administración “tuvimos un recorte de 25% de nuestro personal y además el gobierno federal decidió quitarnos a los titulares de las delegaciones estatales; ya no tenemos delegados estatales… ahora los estamos supliendo con lo que nosotros llamamos ‘encargados’”, dice.
–¿El presupuesto también se los recortaron?
–Este 2021 se nos otorgó un presupuesto de 763 millones de pesos, que son unos 20 millones menos que los del año pasado. Fue un recorte pequeño.
–¿Y con cuánto personal cuenta la Profepa para inspeccionar en materia de residuos biológicos infecciosos?
–Para este tema tenemos designados 105 inspectores, de los 150 que tenemos en total a nivel nacional. Con la pandemia cerraron varios de lo que nosotros llamamos “obligados ambientales”, como sucedió en la industria automotriz o en la minera. Esto nos permitió destinar más personal a los residuos biológico infecciosos.
Indica que estos inspectores están encargados de que los 780 hospitales públicos covid se apeguen a la normatividad ambiental, en cuestión de manejo de estos desechos biológicos, para lo cual ya han inspeccionado a 382 de esos hospitales. Los inspectores, considera, son un personal de “primera línea”, como los médicos, porque también están altamente expuestos al contagio.
Refiere que el 8 de abril del año pasado, al arreciar la pandemia, la Profepa mandó un “aviso” al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud para que en sus hospitales manejaran sus residuos biológicos tal y como lo marcan las normas ambientales, para así evitar mayores contagios.
Esta regulación se estipula principalmente en la Norma Oficial Mexicana 087, la cual especifica los tipos de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), el color de las bolsas en que deben depositarse cada uno y la manera en que deben eliminarse.
Clasifica, por ejemplo, los “desechos orgánicos” altamente contagiosos, como pueden ser la sangre, los fluidos corporales y los tejidos de órganos; los “desechos no anatómicos”, como gasas y vendas contaminadas; y los “objetos punzocortantes”, como agujas de jeringas o bisturíes. Todos ellos deben ser separados y depositados en un área especial de cada hospital.
Prosigue la procuradora ambiental:
“El aviso enviado a las autoridades de salud fue también para advertirles que iríamos a inspeccionar los hospitales públicos. Incluso nos reunimos con algunas autoridades, quienes estuvieron tan conscientes de la gravedad del problema que empezaron a actuar.”
–¿Ya han clausurado hospitales por el mal manejo de sus desechos?
–No, hasta el momento ninguno. Mire, no es admisible clausurar un hospital en tiempos de pandemia, cuando tanta falta hacen sus servicios para atender a los pacientes con covid. De manera que aquí se contrapone el derecho humano a la salud y el derecho humano a un ambiente sano. Debemos ponderar muy bien esta situación.
“Además, a nosotros no nos compete inspeccionar los servicios de salud de los hospitales, sino solamente el tratamiento de sus desechos. En todo caso, sólo llegaríamos a clausurar el área en que manejan sus residuos, no el hospital completo, pues esto no sería válido ni práctica ni jurídicamente.”
Indica que, en cambio, la Profepa sí ha clausurado 15 empresas que manejan y eliminan los RPBI de los hospitales, por no apegarse a la normatividad ambiental.
Tiraderos clandestinos
Coello García señala que actualmente la Profepa ya empieza a inspeccionar a los hospitales privados que trabajan con pacientes covid.
“En total, inspeccionaremos 120 hospitales privados y laboratorios clínicos covid. Nos centraremos sobre todo en los grandes hospitales”, adelanta.
Y serán más exigentes con estos nosocomios, pues señala que cuentan con mayor capacidad económica porque, a diferencia de los públicos, cobran por sus servicios. “El manejo inadecuado de sus desechos biológicos tendrá, pues, sanciones más drásticas”, advierte Coello.
Igual le corresponde a la Profepa sancionar el mal manejo de los RPBI que se generan en los domicilios particulares y van a parar a los basureros de los alrededor de 2 mil 500 municipios del país.
“Nosotros llegamos a esos basureros municipales cuando hay residuos peligrosos y una denuncia ciudadana de por medio. Llegamos a meter orden. Es competencia nuestra porque somos una institución de procuración de justicia ambiental”, aclara Mendoza Vera.
Y señala que si el daño ambiental es muy grave, entonces la Profepa, a su vez, interpone una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se castigue a los responsables. Ahora con la pandemia, dice, “hemos interpuesto cuatro denuncias ante la fiscalía por delitos ambientales, no puedo dar datos específicos sobre ellas porque están en proceso de investigación”.
Este semanario ya ha documentado la problemática ambiental que se está dando tanto en los basureros municipales como en los tiraderos clandestinos que, en distintos puntos del país, han aparecido sólo con deshechos covid (Proceso 2314).
Apunta la procuradora: “En estos casos es muy difícil identificar físicamente a los responsables de los delitos. Por eso las denuncias generalmente van contra quienes resulten responsables”
–¿La Profepa actúa sólo con base en denuncias?
–No, también actuamos sin denuncias de por medio, por ejemplo, para comprobar que se estén cumpliendo las obligaciones en materia ambiental. Pero claro, gran parte de nuestra actividad se basa en denuncias populares.
–¿Realmente tienen ustedes la capacidad para afrontar, en lo que les corresponde, el problema de los residuos covid?
–Creo que vamos bien. Paso a paso, pero firmes. Si no fuera así, ya hubiéramos solicitado apoyo institucional a nuestro sector; pedir, por ejemplo, más personal. Estamos empujando acciones. Falta mucho por hacer, pero estamos empeñados en hacer mucho.
