Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el patrimonio del presidente del máximo tribunal electoral, José Luis Vargas, se suman a los diferendos con sus colegas magistrados. Para los especialistas en la materia consultados por este semanario, esa situación pone a la instancia judicial en una posición vulnerable a las presiones políticas, justo cuando debe mostrarse más sólida. Por ese motivo, consideran que Vargas ya es “insostenible” en el cargo.
En pleno proceso electoral, con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encima y ahora en conflicto con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el manejo de recursos, la presidencia del magistrado José Luis Vargas Valdés es insostenible en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advierten especialistas en la materia.
Si bien el de Vargas es sólo uno de siete votos, su presidencia afecta la credibilidad y confianza que debería tener el TEPJF en vísperas de la elección federal y de 30 locales, por lo que será determinante en ese proceso, coinciden el exconsejero electoral de la Ciudad de México Eduardo Huchim y el analista político José Antonio Crespo.
Para ambos, cabrían al menos medidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del CJF para reencauzar la conducta del juzgador, si no es que su salida voluntaria en tanto se aclaran los procedimientos en su contra.
Desde diciembre de 2020 la UIF de la Secretaría de Hacienda investiga supuestas irregularidades en el patrimonio del magistrado, por erogaciones superiores a sus ingresos reportados, en tanto que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción también hace sus indagatorias.
De acuerdo con el magistrado, las acusaciones no tienen fundamento, pues a sus ingresos como funcionario se suman los cobrados por servicios profesionales. No obstante, los datos que circulan se refieren a que en los siete años previos al inicio de esas investigaciones Vargas gastó en inmuebles y otras adquisiciones 36.7 millones de pesos, aunque ante el Servicio de Administración Tributaria reportó percepciones por 16.7 millones.
Encima de eso, Vargas entró en conflicto con los tres integrantes de la Comisión de Administración del TEPJF –que a la vez son consejeros del CJF– por el ejercicio de recursos:
En 2020 por la pelea que dio Vargas para adquirir 10 camionetas blindadas nuevas; después, por el supuesto retraso en la devolución de las cinco que estaban bajo resguardo del tribunal, y el pasado martes 9, por definir quién tomará decisiones sobre la asignación de recursos para proyectos especiales del TEPJF.
Aunque esos proyectos especiales no se han determinado, la presidencia del TEPJF pugna para que la decisión sobre los gastos correspondientes no pase por el órgano administrativo del tribunal, es decir, por el voto de los consejeros de la Judicatura. Eso llevó a que cinco de los siete magistrados se deslindaran de esa postura: Janine M. Otálora Malassis, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña.
Por esos crecientes conflictos, Eduardo Huchim, exconsejero del Instituto Electoral capitalino, expone que a estas alturas del proceso federal resulta “totalmente inadecuado” que Vargas se sostenga en el cargo, al que llegó pese a que, como abogado postulante y exfuncionario, está marcado por sus vínculos con el PAN y el PRI.
En el sexenio foxista Vargas fue coordinador de asuntos jurídicos en Gobernación, y durante el de Felipe Calderón fungió como titular de unidad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, además de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, entre otros cargos.
Y con el presidente Enrique Peña Nieto no sólo llegó a la magistratura electoral, sino que defendió como abogado los triunfos del tricolor. A Vargas se le atribuye la anulación de la victoria del PAN en Colima, en 2015, y el consecuente triunfo priista.
Pero ya no son sólo sus vínculos políticos, señala Huchim, sino que “es una situación preocupante porque tiene al tribunal en entredicho, no sólo por los señalamientos personales de corrupción, sino por este enfrentamiento que está teniendo con los consejeros de la Judicatura y que, desde mi perspectiva, están tratando de poner orden en unas finanzas que de ordenadas tienen poco.
“Creo que la separación del magistrado Vargas, sea por voluntad propia y por lo menos de la presidencia, ayudaría a corregir esa situación anómala que está atravesando el TEPJF.”
De acuerdo con el analista, “si tiene un presidente tan vulnerable, tan cuestionado”, el TEPJF puede ser presionado indebidamente por distintos actores, desde el gobierno federal hasta los partidos, lo cual deja al organismo en una “fragilidad indeseable”.
La máxima autoridad en materia electoral debe ser sólida. La situación actual puede sembrar desconfianza en un proceso electoral histórico, no sólo por la cantidad de cargos a elegir, sino por el ambiente de pandemia en que se ha tenido que organizar, explica Huchim.
Permisividad a Morena y AMLO
José Antonio Crespo Mendoza, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, considera también que ante ese panorama el magistrado presidente debería pedir licencia en lo que se resuelven las acusaciones e investigaciones de la UIF.
Aunque la suya sólo es una magistratura, estar bajo la lupa “se presta a que lo puedan estar presionando a que oriente y emita su voto en función de los intereses” de ciertos actores políticos, y dado que se trata de investigaciones oficiales, la presión evidente sería del Ejecutivo.
No es raro que el TEPJF se pliegue al presidente en turno. Sucedió en gobiernos del PAN y del PRI, “pero estos magistrados, al menos cuatro y a veces cinco, apenas ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador inmediatamente empezaron a fallar a favor de él y su partido”.
Ahora, con acusaciones en su contra, las presiones serán mayores, así que “es totalmente anómalo que esté fungiendo como presidente alguien que está bajo acusación”, enfatiza.
Para Rodrigo Salazar Elena, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, “no parece ser que las acusaciones (contra Vargas) vengan porque se trata de un magistrado modelo o porque esté haciendo un trabajo impecable”.
Pero a su juicio no es momento para revisiones en el TEPJF, que sólo apuntalarían la concentración de poder que hoy tiene el presidente López Obrador en órganos autónomos e incluso en el Poder Judicial, del que depende el TEPJF.
Si bien Vargas es sólo un magistrado, argumenta Salazar, preocupa que encabece a un conjunto de magistrados que, junto con él, “están dispuestos a tomar decisiones a todas luces incongruentes, contradictorias y claramente a favor del gobierno en turno y su partido.
“Eso no sería suficiente para incidir en las elecciones. Éste es un proceso que se define en las urnas, los ciudadanos elegirán. No puede decirse que sólo por la forma de actuar del TEPJF Morena va a ganar la elección, ¿pero qué tal si ese sesgo hace la diferencia?”
Por ejemplo, señala, bastaría que el TEPJF favoreciera a Morena y a sus aliados al resolver eventuales impugnaciones sobre el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para la asignación de diputados de representación proporcional –aprobados este viernes 19 con el fin de evitar una nueva sobrerrepresentación morenista en la Cámara de Diputados– para que ésta refrende la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución.
La posible incidencia del TEPJF y particularmente de su presidente en las elecciones puede radicar en la forma de conducir el tribunal, apunta a su vez la politóloga Marcela Bravo Ahúja, quien avizora una competencia inequitativa:
“Hay dudas sobre las próximas elecciones, no en lo organizativo, no en la votación, sino sobre cómo el tribunal, a través de sus sentencias, ha permitido actuar al partido en el poder y al presidente con uso de propaganda gubernamental y de programas sociales para influir en la elección con mecanismos clientelares.”
Al no resolver recursos pendientes sobre la actuación de los llamados superdelegados de programas sociales o la permisividad hacia el presidente López Obrador para que todos los días exponga en sus conferencias matutinas o en sus giras sus posturas personales sobre sus adversarios, son en sí una estrategia electoral, plantea la catedrática de la UNAM:
“Es a través de ese discurso que polariza a la sociedad como se beneficia políticamente a Morena y sus aliados; es un camino que ha permitido el TEPJF.”
La parcialidad de organismos electorales no es nueva, reconoce Bravo Ahúja, y eso se ha vivido en sexenios anteriores del PRI y del PAN, “pero ahora se ha ido más lejos en la pérdida de autonomía de un órgano del Poder Judicial, como lo es el tribunal”.
