La legisladora federal de Morena, Reyna Ascencio Ortega, pasante de derecho con experiencia en litigio privado y un breve paso por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de ley para evitar que en los juicios de amparo se concedan suspensiones contrarias al “interés social” que representan las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Además, propone que tampoco proceda la suspensión en juicios de amparo cuando se impugnen las leyes de austeridad republicana que impiden a cualquier servidor público gozar de salarios más altos que el que recibe el presidente de la República, reformas legales que han sido impugnadas con éxito por los órganos autónomos, como el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Federal de Competencia (Cofece)
La presentación de la propuesta de ley al artículo 129 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estuvo sincronizada con las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a un juez federal por suspender de manera indefinida la aplicación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Estas reformas, a su vez, surgieron en respuesta a una serie de amparos que los jueces federales otorgaron a empresas del sector privado contra una serie de acuerdos y decretos que limitaban su participación en la generación de energía eléctrica.
De hecho, la exposición de motivos de la propuesta de ley no esconde los motivos de la misma y se explaya en la defensa ideológica y jurídica del gobierno de López Obrador.
“El objeto de esta iniciativa es evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”, inicia la presentación de la propuesta de reforma.
Más adelante, la diputada de Morena se lanza contra la “burocracia dorada” y “el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado”, argumentando que en el pasado los gobiernos del PAN y el PRI privilegiaron “altos salarios” y “negocios al amparo del poder” para desmantelar a la CFE y a Pemex.
El documento que justifica la reforma a la ley de amparo agregando dos fracciones a las 13 ya existentes, no entra a fondo en un debate jurídico y se centra en las consideraciones políticas que diariamente el presidente López Obrador expone en sus conferencias matutinas. Incluso, acusa al Poder Judicial de la Federación de querer obstaculizar “los fines y principios” del actual gobierno.
“Actualmente hay un nuevo régimen jurídico promovido por la Cuarta Transformación que tiene como principio acabar con la corrupción y la burocracia de los salarios estratosféricos, por ello se impulsaron las nuevas leyes federales en materia de remuneraciones de los servidores públicos y de austeridad republicana, sin embargo los fines y principios que persiguen estas leyes están siendo obstaculizados judicialmente a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales”, señala la exposición de motivos de la propuesta de ley.
Uno de los ejemplos que la diputada morenista usa para justificar su propuesta de reforma para evitar que los jueces de amparo concedan suspensiones a los servidores públicos que “desean ganar más que el presidente”, es la demanda presentada por el presidente del INE, Lorenzo Córdova, para evitar que se le disminuya el sueldo, argumentando que las suspensiones en este tipo de casos atentan contra “el mandato del pueblo” surgido de las elecciones de 2018.
“El mandato del pueblo fue claro en 2018, ya no se quería un ‘gobierno rico y un pueblo pobre’, pese a ello, algunos funcionarios públicos se han empeñado en conservar sus privilegios y beneficios, por lo que haciendo uso de estratagemas legales y judiciales le apuestan a litigios largos (que a veces duran años), donde mientras tanto (sic) gozan de la suspensión del amparo y siguen recibiendo beneficios indebidos”, defiende la diputada Reyna Ascencio.
Su justificación política se aplica también en el caso de las suspensiones de amparo que los dos jueces federales especializados en competencia económica han otorgado a compañías privadas de generación de energía eólica y solar contra la entrada en vigor de la nueva Ley de la Industria Eléctricas.
“Ha sido una prioridad acabar con la corrupción, saqueo y desmantelamiento de las empresas estatales propiedad de mexicanas y mexicanos, pero al igual que en el caso del régimen de remuneraciones y austeridad republicana, existe un empecinamiento en obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex”, prosigue la legisladora.
En el caso de Pemex y la CFE, señala la propuesta de ley, se debe favorecer “la soberanía nacional en la generación de energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos”, sin poner como “pretexto la supuesta protección al ambiente”.
Para la diputada de Morena, el derecho a la defensa que prevé el artículo 14 de la Constitución Mexicana no se vería afectado por eliminar las suspensiones de amparo en el caso de las leyes de austeridad y de las reformas a las leyes del sector energético, ya que “la suspensión del acto reclamado no constituye una formalidad esencial del procedimiento judicial, sino una institución procesal que tiene por objeto evitar posibles afectaciones”,
Por lo mismo, la legisladora considera que la suspensión de amparo en estos casos “debe estar supeditada al interés público por encima del interés individual”, proponiendo añadir dos fracciones al artículo 129 de la Ley de Amparo que están en sintonía con las otras 13 causas que se consideran contrarias al interés colectivo o social.
La iniciativa argumenta un eventual tráfico de influencias generalizado, pero sin citar casos concretos. “Además, no se debe dejar de considerar que algunas de las personas que han impugnado judicialmente en contra del régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del estado, tienen ligas o vínculos con funcionarios judiciales, por lo que al impugnar saben que gozarán de un proceso judicial a modo que se puede alargar, de tal manera que al gozar de la suspensión en lo que se tramita el juicio, virtualmente se mantiene el régimen del pasado”.
La propuesta de ley fue turnada a comisiones, pero dada la crispación del presidente López Obrador con el Poder Judicial de la Federación, nadie descarta que sea aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones que concluye el próximo 30 de abril.
