Los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Juan Pablo Gómez Fierro, juez especializado en competencia económica que suspendió la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, provocaron que litigantes, jueces y magistrados buscaran la intervención del relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, para que dé seguimiento a lo que consideran amenazas a la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Litigantes, jueces y magistrados de México han establecido contacto con el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ante lo que consideran una de las mayores amenazas a la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) en los últimos 25 años.
Agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), los impartidores de justicia han solicitado a García-Sayán dar seguimiento a los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra un juez especializado en competencia económica que suspendió de forma definitiva la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
El fallo del juez Juan Pablo Gómez Fierro provocó la molestia del titular del Ejecutivo Federal, quien emprendió una reforma legal para fortalecer las facultades del Estado en detrimento de la participación privada, a pesar de que apenas el 3 de febrero pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra la participación monopólica del Estado en el mercado de energía eléctrica.
Tras la andanada del presidente contra el juzgador federal, los jueces y magistrados mexicanos advierten que la amenaza no sólo radica en el uso de la conferencia matutina de López Obrador para exponer, de manera sesgada, los fallos incómodos del juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, sino también en la propuesta gubernamental de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del propio PJF.
Según los impartidores de justicia, esas normas establecen márgenes “muy discrecionales” para la suspensión y cambio de residencia, conocida como readscripción, de los impartidores de justicia. Las modificaciones, además, prevén eliminar la jubilación en caso de que los ministros en retiro reciban honorarios, como es el caso del ministro en retiro José Ramón Cossío, a quien el presidente acusó de actuar contra su gobierno y ser parte de los abogados que promovieron los amparos contra su reforma eléctrica.
Recibida por el Senado el pasado viernes 12, el gobierno de López Obrador pretende que esas iniciativas de ley se aprueben en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que concluye el 30 abril.
Los jueces y magistrados federales ven esa prisa como un intento de aprobar una reforma sin realizar consultas a los integrantes del PJF ni a otros operadores del sistema de justicia, con el riesgo que esto representa para la independencia judicial a escala federal. Ese peligro ha sido advertido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por los impartidores de justicia.
Sin embargo, en declaraciones públicas, Zaldívar ha negado que exista cualquier intromisión del Ejecutivo en la vida interna del Poder Judicial de la Federación.
Independencia “bajo amenaza”
De acuerdo con la ONU, el relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados entra en acción cuando la independencia de un Poder Judicial está bajo amenaza y jueces, fiscales y abogados son víctimas de ataques y violaciones de sus derechos, además de ser víctimas de “amenazas e interferencias externas a la hora de realizar sus actividades profesionales”.
Si bien en México no se ha llegado al extremo de subordinar al Poder Judicial, como ha ocurrido en otros países, los jueces y magistrados federales solicitaron a García-Sayán poner a México bajo observación, con el fin de evitar que nuestro país pudiera llegar a ese extremo.
Según los juzgadores federales que hablaron con Proceso a condición del anonimato por temor a represalias, la situación se agrava por las “dudas” que ha generado la actuación del ministro presidente Arturo Zaldívar frente a los ataques presidenciales. En el caso de las críticas contra Gómez Fierro, Zaldívar tardó más de 24 horas en reaccionar y se limitó a emitir un breve mensaje a través de su cuenta de Twitter:
“Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El #CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, escribió el ministro tras dos conferencias seguidas en las que López Obrador arremetió contra el Poder Judicial.
Ni el presidente del máximo órgano del Poder Judicial ni alguno de los otros ministros han aprovechado las sesiones del pleno para deslizar una postura más fuerte sobre el tema. A decir de los juzgadores federales, otra omisión importante es la del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo rector de la disciplina y la administración en tribunales y juzgados.
De acuerdo con los impartidores de justicia, tampoco se ha dado un pronunciamiento conjunto de los siete consejeros a favor de la independencia judicial en general y en defensa de la actuación del juez cuestionado desde la tribuna presidencial, a pesar de que una de sus obligaciones es brindar todas las condiciones de seguridad para que los juzgadores puedan dictar sus fallos con plena autonomía e independencia, protegidos de presiones externas e internas en cada juicio o litigio que les toca resolver.
Cuestión de criterios
Las presiones que desde el Palacio Nacional se han dirigido contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro incluyeron una petición expresa del presidente López Obrador para abrir un expediente de responsabilidad administrativa contra el juzgador federal por las suspensiones provisionales que otorgó desde el pasado viernes 12 a empresas privadas de generación de energía eólica y solar.
Las suspensiones dejaron sin efecto las obligaciones y reglas que la nueva LIE impone al sector privado, al tiempo que fortalece el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la regulación e interconexión del Sistema Eléctrico Nacional.
Las dos primeras suspensiones otorgadas por el juez especializado en competencia económica se dieron al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la nueva LIE, por lo que el gobierno federal no tuvo margen de maniobra para aplicar su proyecto en materia de generación, distribución y comercialización del fluido eléctrico.
La medida cautelar acordada por el juez federal no se limitó a las dos primeras empresas inconformes, ya que el impartidor de justicia resolvió darle efectos generales a su resolución, argumentando que con ello se evita que las empresas quejosas resulten beneficiadas con una ventaja indebida frente al resto de sus competidores en el mercado de la energía eléctrica.
Este criterio del juzgador federal provocó el enojo de López Obrador, tal como lo reconoció en su conferencia matutina del pasado lunes 15, cuando acusó al juez de estar al servicio de “intereses particulares”.
El mandatario abundó en su queja durante la conmemoración del 83 Aniversario de la Expropiación Petrolera. Dijo que 10 días antes de que Gómez Fierro otorgara la suspensión con efectos generales, un Tribunal Colegiado le había “corregido la plana” al emitir una resolución en la que se revocaban ese tipo de medidas cautelares, “observándole de que (sic) no podía conceder una suspensión a quien no la solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión”.
Sin explicar el caso concreto al que se refería, el presidente agregó que ese expediente iba a ser anexado a la queja iniciada por petición del gobierno federal desde el lunes 15, con el fin de que se revisen las actuaciones y los criterios del juzgador federal en el caso de la reforma eléctrica.
En una carta de respuesta a López Obrador, el ministro Zaldívar advirtió el mismo día que la queja sólo se iba a abrir en caso de que fuera procedente.
Para diversos magistrados que forman parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, intentar que se sancione a un juez por emitir un criterio judicial, debidamente fundado y motivado, sería una forma de atentar contra la independencia judicial, debido a que la interpretación de las normas es una de las facultades que permiten resolver con libertad de criterio a cualquier impartidor de justicia.
Precisaron que para que una sentencia o resolución sea objeto de sanción, tendría que ser contraria al texto expreso de la ley o ignorar las constancias o autos que obran en el expediente.
Según la agrupación de jueces y magistrados federales, la única forma de fincar una responsabilidad administrativa a un impartidor de justicia es demostrando que hubo influyentismo o que éste se comprometió con alguna de las partes por un conflicto de interés o un beneficio económico; es decir, cuando hay elementos para sospechar que se cometió un acto de corrupción.
Hasta el pasado viernes 19 ni López Obrador ni la secretaria de Energía, Rocío Nahle, han hablado ni presentado elementos de prueba para imputar dichas conductas al juez cuestionado por conceder suspensiones de la reforma eléctrica.
“La novedad de esta resolución son los efectos generales, pero el fallo no deja de ser jurídico y la impugnación pende de un alfilercito”, señalaron las fuentes
consultadas.
En este sentido, magistrados y jueces federales coincidieron en que la única forma de iniciar un procedimiento administrativo al juez Gómez Fierro es que haya tomado una decisión con elementos o presiones que son ajenas al criterio
jurisdiccional.
“No habría jueces independientes si otro poder pudiera revisar los criterios de sus sentencias”, estimaron desde la Judicatura Federal.
El propio Gómez Fierro, al conceder la suspensión definitiva de la nueva LIE a las dos primeras empresas quejosas, defendió su criterio de dar efectos generales y extensivos al resto de las empresas cuando concedió las medidas cautelares.
“La efectividad de la tutela del juicio de amparo depende en gran medida de la suspensión definitiva que ahora se concede, pues con ella se evita un daño que podría ser irreparable no sólo en el mercado de la energía eléctrica, el cual no sólo repercutiría sobre la esfera jurídica de las quejosas, sino de los consumidores y de la sociedad en general, sino también en el medio ambiente”, expuso Gómez Fierro al dictar la suspensión definitiva, un día después de que López Obrador cuestionara su criterio contra la LIE.
Ante la impugnación del gobierno federal, la resolución del juez deberá ser revisada por un Tribunal Colegiado, pero se da por hecho que el caso terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hay división de criterios frente a las modificaciones a la LIE.
Reforma inquietante
A la crispación generada por el fallo de Gómez Fierro, al que después se sumó el juez especializado en competencia económica Rodrigo de la Peza Figueroa al conceder nuevas suspensiones a la aplicación de las reformas a la LIE, se sumaron las propuestas de reforma a las leyes Orgánica y de Carrera del Poder Judicial de la
Federación.
Un primer análisis de las propuestas realizado por la Jufed señala el riesgo de que se refuercen las facultades discrecionales del Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales, los cuales se reconocen en el paquete de reformas que ya fueron publicadas en la Gaceta del Senado de la República el pasado viernes 12.
Con 261 páginas, la propuesta que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión reconoce en la exposición de motivos que el Consejo de la Judicatura podrá determinar “mediante acuerdos generales” desde el número de comisiones que podrán conformarse en ese órgano rector de jueces y magistrados federales, hasta cuestiones relativas a la carrera judicial, incluyendo la “designación, ratificación, adscripción, remoción, inhabilitación y, en su caso, reincorporación de los magistrados de circuito y jueces de distrito”.
Dichas facultades, consideran los impartidores de justicia, van a consolidar el clima de inquietud que priva al interior del Poder Judicial desde hace dos años y podrían generar una responsabilidad del Estado mexicano frente a instancias internacionales, debido a que la permanencia de jueces y magistrados en un juzgado o tribunal podría estar sujeta a acuerdos discrecionales.
De igual forma, diversas voces al interior de la Jufed consideran que el manejo de las medidas cautelares por parte del Consejo de la Judicatura permite “sanciones encubiertas” y el uso de las medidas disciplinarias como mecanismos de presión contra los propios impartidores de justicia.
En lo que se refiere al tema de las readscripciones, la opinión de los jueces y magistrados deja de tener valor y el proceso queda a discreción absoluta por parte del Consejo de la Judicatura.
Además, no se fijan criterios para ratificar o no a jueces y magistrados federales, lo que genera todavía más inestabilidad dentro del Poder Judicial de la Federación. La situación de incertidumbre, estiman los impartidores de justicia, ha propiciado la jubilación anticipada de casi una veintena de magistrados, lo que también agrava el déficit de personal que ya existe en los tribunales colegiados.
Por todo lo anterior, la Jufed pretende buscar al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para renegociar cambios a las propuestas del gobierno federal, pero ahora con la presión del tiempo encima y la animadversión de López Obrador a los fallos de jueces de distrito, que han puesto en jaque sus proyectos estratégicos, como el Tren Maya y el fortalecimiento de la CFE frente a las compañías privadas de generación de energía eléctrica.
