Células de mujeres radicales no identificadas en movilizaciones anteriores, agresores entre grupos feministas que normalmente rechazan la participación de los hombres, el uso de artefactos de gas irritante y disparos de balas de goma son algunos asuntos que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México investiga sobre las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. En entrevista, la ombudsperson Nashieli Ramírez Hernández revisa las características de lo que considera la marcha “más violenta” de lo que va del sexenio.
La marcha del lunes 8 por el Día Internacional de la Mujer fue “la más violenta” que ha habido en la Ciudad de México en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación, con características “atípicas” de las participantes, agresiones entre manifestantes y policías, no vistas, que de inmediato generaron al menos dos quejas de organizaciones feministas ante la Comisión de Derechos Humanos local.
“Sí, en términos de expresión, totalmente ha sido la marcha más violenta” en lo que va de este gobierno, asegura Nashieli Ramírez Hernández, ombudsperson capitalina.
En entrevista con Proceso analiza las principales características que ella y el personal del organismo que preside observaron en las movilizaciones de aquel día en la capital mexicana.
El tema más denunciado por manifestantes, organizaciones civiles y la prensa durante la marcha fue el uso de gases que la policía capitalina utiliza en extintores de fuego y que causaron irritación en ojos, nariz, garganta y piel.
“Sí hubo un gas irritante. Sí hay parámetros para que las compañeras observadoras señalen que no fue exclusivamente gas de extintores; ya saben qué es, qué se siente, cómo te deja, cómo te marca. No sabemos, porque no tenemos el referente, qué fue lo otro, pero sí sabemos lo que no fue. La línea de investigación es esa sustancia irritante.”
Expone que en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) “tenemos un artefacto, una bomba de gas que nos fue entregada ahí por las manifestantes y que, igual que la sustancia, serán analizadas por especialistas en la materia”.
Incluso explica que en una de las dos quejas que han recibido hasta el jueves 11 se menciona el uso de gases irritantes y balas de goma similares a las empleadas en los juegos de gotcha, que fueron lanzados desde detrás de las vallas metálicas que protegían la fachada de Palacio Nacional y de la Catedral Metropolitana, donde había mujeres y hombres policías.
Los señalamientos de la CDHCM son opuestos a la declaración que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo el martes 9 en una videoconferencia: “No se usa gas pimienta; se usan extintores para evitar que quemen a los policías. No se usan balas. Iban desarmados los policías, todos los policías iban desarmados y las mujeres iban desarmadas también… Si tienen evidencias, con todo gusto se hace la investigación”.
Más violentas y sin capucha
Ramírez Hernández dice que en la marcha del lunes 8 detectaron la presencia de “grupos atípicos” con los cuales fue imposible entablar el diálogo.
De acuerdo con la ombudsperson, la violencia más radical fue ejercida desde estas células que, afirma, antes no habían sido detectadas. Agrega que se trata de mujeres “un poco mayores de edad” que no iban embozadas, pese a que cometían actos transgresores.
“Estuvieron liderando en la parte más ruda, más tensa, más intensa. No las ubicamos, fue una labor muy compleja.”
También señala la participación de hombres en esta manifestación. Se trata de aquellos que ayudaron a tirar las vallas. Normalmente, explica, las organizaciones de mujeres no permiten presencia varonil en su protesta. Sin embargo, en las manifestaciones del lunes “hay registros de hombres que llegaban y, con un fierrito, en las orillas (de las vallas) hacían el corte y ya después llegaban las ‘compas’ a tirarlas”.
De igual manera, la CDHCM identificó a varios hombres como infiltrados en la manifestación, quienes agredieron a las policías en el exterior del Metro Hidalgo, en la avenida 5 de Mayo y en el Zócalo.
A diferencia de otras marchas, explica Ramírez, en la del lunes hubo distintas convocatorias para partir de diferentes puntos; no fue una salida homogénea y ocurrieron varios enfrentamientos en otros lugares, como Tacuba casi con Eje Central, Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, además del Zócalo.
La presidenta de la CDHCM comenta que días antes de la marcha sugirió al gobierno de Sheinbaum montar vallas metálicas para proteger Palacio Nacional, en vez de emplear muros de policías, pues podrían resultar peor y con más personas heridas de las 81 que hubo: 62 uniformadas y 19 civiles.
Con en esa lógica, también se decidió que los contingentes no fueran “seguidos” por policías a distancia porque “significarían una provocación y se generaría más violencia”.
Sobre la presencia de hombres en el techo de Palacio Nacional con artefactos para “tirar” drones que volaban sobre la plancha del Zócalo, consideró: “El mensaje es demasiado duro. Si me preguntas ‘¿es un factor violatorio?’, no es un factor violatorio, pero sí, naturalmente, su lectura es de sembrar miedo, temor, todo el mundo se apanicó”.
Investigaciones
De acuerdo con la ombudsperson, el martes 9 la Primera Visitaduría de la CDHCM recibió dos quejas de distintas organizaciones feministas contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dirigida por Omar García Harfuch, por la presunta violación a sus derechos. La primera fue por el encapsulamiento de manifestantes durante unas tres horas afuera del Metro Hidalgo.
Ahí, integrantes del agrupamiento femenil Ateneas las “encausaron” hasta que entregaran martillos, tubos, palos, fierros, bombas motolov y demás artefactos con los que podían dañar inmuebles o personas, según lo marca el protocolo de atención a manifestaciones.
Dentro de la misma estación fueron detenidas momentáneamente cuatro fotorreporteras que realizaban su trabajo y que, pese a identificarse, al menos una fue esposada.
La segunda queja es “por las agresiones en conjunto” ocurridas durante toda la manifestación y en distintos puntos del Centro Histórico. La funcionaria comenta que ya solicitó a las autoridades el resguardo de los registros de las cámaras de videovigilancia y se trabaja en la investigación.
Añade que la comisión determinará si hubo abuso policial con base en el material videográfico propio, además del proporcionado por las manifestantes y sus testimonios, el contenido difundido en redes sociales –que muestra la actuación de la policía y de las manifestantes– y los dichos de las autoridades.
Sin mencionar nombres, Nashieli Ramírez reconoce que en todo el contexto de la violencia contra las mujeres en México “hay un problema con la narrativa de los actores políticos, porque no abona al diálogo y a la comunicación (…) No hay justicia; hay impunidad”.
