Encerrados a piedra y lodo, los pueblos libres de covid-19

Retenes, cárcel y multas de 2 mil pesos son algunas medidas que han instaurado comunidades de Oaxaca para evitar el ingreso del virus SARS-CoV-2. Para la mayoría de sus habitantes las medidas extremas se justifican porque carecen de servicios médicos. “No estamos en guerra, pero no se puede entrar al pueblo ni convivir con la familia; no estamos en la cárcel, pero a la gente se le impide salir”, cuentan, por ejemplo, en el poblado zapoteco de Talea de Castro.

OAXACA, Oax.- “¡A ver, a ver…! ¿Cómo está eso de que no quieres usar cubrebocas y pones en riesgo al pueblo? ¿Cuándo se ha visto que alguien prefiera traer la muerte a la comunidad? Entonces, más vale pecar de exagerado que morir en el camino”, se le dijo a una persona en la asamblea comunitaria de Talea de Castro, Oaxaca, lugar donde se decidió instalar retenes, filtros sanitarios, imponer multas a quienes violen el acuerdo, restringir permisos e impedir la visita de amigos y familiares procedentes de la capital oaxaqueña, de la Ciudad de México o de Estados Unidos.

Talea de Castro es un pueblo zapoteco en la Sierra de Juárez. Es uno de los 102 municipios del país libres de covid-19, de los cuales 82 están en Oaxaca.

Aunque siempre hay rebeldes que no creen en la pandemia, mediante multas se les obliga a usar cubrebocas, o los “necios” se encierran en sus casas antes de las nueve de la noche, comenta doña Elia Martínez, de 76 años. Esta mujer dice que la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 “es algo que nunca había visto”.

A un año de la emergencia sanitaria detonada por el nuevo coronavirus que ha golpeado a familias enteras en México, doña Elia comenta vía telefónica que el miedo está latente en su pueblo. 

“Gracias a Dios, aquí todavía no hay covid. El año pasado estaba más guardada, pero ya no podía estar encerrada y este año empecé a salir, a ir al terrenito y hacer algo como sembrar verdura o maíz para entretenerme. Y como hay hierba me puse a rozar la maleza con el machete.”

También dice que prefiere estar en su comunidad que ir a la capital del estado, donde viven sus hijos. Incluso, para no viajar a la ciudad intentó ocultar a su familia un malestar que la aquejaba. 

“En diciembre me sentí mal, pero no le dije a mis hijos. Como no mejoraba tuve que acudir con la autoridad del pueblo y me dejó salir a la ciudad de Oaxaca; me dio tres o cuatro días de permiso para ir al médico. Fui y luego, luego regresé a mi casa, porque aquí estoy a gusto.”

Recuerda que la comunidad donde vive se enteró de la pandemia mediante el perifoneo. “A través de un aparato de sonido nos comenzaron a prohibir que saliéramos del pueblo y nos recomendaron quedarnos en casa; muchos no entendían, salían, iban y venían, pero el filtro nos ha ayudado bastante”.

El filtro sanitario ha sido tan efectivo que una vez doña Elia no pudo recibir a uno de sus familiares. Su hijo Josué Villanueva Martínez cuenta que en junio último no lo dejaron pasar al pueblo, por lo que sólo vio a su mamá en el retén, ubicado a unos cinco kilómetros del centro de la población.

Talea de Castro se encuentra a seis horas de la ciudad de Oaxaca en autobús y a unas cuatro en automóvil. El pueblo tiene aproximadamente mil 500 habitantes. 

Josué tuvo suerte de llegar a la entrada de esa comunidad zapoteca porque, después, la población de Ixtlán de Juárez también decidió cerrar sus caminos para evitar contagios. Ahora es imposible pasar por ahí.

“Salimos a las seis de la mañana y llegamos a eso de las 10. Ahí estaba mi mamá esperándonos. Preparó tacos de chintextle –chile molido con semilla de calabaza– con tortillas de maíz recién bajadas del comal. En la cajuela del coche nos acomodamos y desayunamos. También comimos memelas y tamales.

“No estamos en guerra, pero no se puede entrar al pueblo ni convivir con la familia; no estamos en la cárcel, pero a la gente se le impide salir. Estábamos juntos, pero no podíamos rebasar esa línea virtual para no contagiar al pueblo porque el hospital más próximo está a tres horas y el virus ha enlutado miles de hogares.”

El hijo de doña Elia cuenta que ese día que vio a su mamá en el retén nunca se quitaron los cubrebocas. “Hay gente vigilando las 24 horas del día, y nos separaban cinco metros. Platicamos como dos horas, vimos que ella estaba bien y nos dimos la vuelta hacia la capital del estado”.

Doña Elia dice que en 2021 las autoridades de su pueblo han sido más estrictos que en 2020. “Ahorita no quieren que andemos sin cubrebocas, ven a alguien y lo multan; el que no lo lleve debe pagar 200 pesos”.

En un principio la gente de Talea de Castro subestimó la pandemia. Sin embargo, todo cambió cuando los habitantes empezaron a enterarse de que sus familiares en otras ciudades enfermaban. Entonces cundió el miedo. “Supimos que el virus existe y que es para morirse, porque todavía no hay medicina; eso nos obligó a obedecer las medidas”.

En este poblado zapoteco es común que la gente se cure con hierbas; no obstante, desde la pandemia por covid-19 cualquier persona que si acaso tiene gripa va corriendo con el médico. Ya hay mucho miedo y nadie desea arriesgarse.

Las medidas en esta zona de Oaxaca son tan estrictas que la gente no puede entrar al pueblo ni en las fiestas patronales. En septiembre pasado se celebró de manera muy sencilla a San Miguel Árcangel y en enero reciente al Dulce Nombre de Jesús. “Sólo hubo misa, uno que otro cohete y un torito. Ni al santo sacaron en procesión”, dice.

Instinto

El presidente municipal de Talea de Castro, Fortino Baltazar Sebastián, reconoció que el deseo de vivir los empujó a tomar medidas sanitarias y a cancelar fiestas familiares, religiosas o reuniones comunitarias.

Fue en una asamblea donde se decidieron las acciones extremas; la gente está consciente y no hace ningún movimiento fuera de lugar. El pueblo tiene dos entradas: hay un policía y un ciudadano en cada filtro, unos en el día y otros en la noche. No se les paga, es tequio.

Talea de Castro no es el único pueblo con ese tipo de acciones contra los contagios, en otras comunidades han tenido que encarcelar a quienes violan las medidas acordadas de manera colectiva.

Para estas comunidades, sus reglas de emergencia no representan una violación a los derechos humanos, “es el instinto de conservación de los pueblos originarios –que carecen de una estructura de salud adecuada– porque si el virus llega a sus casas, causaría una tragedia”, comentan sus habitantes.

Así ocurrió en San Francisco Yatee, perteneciente al municipio de Villa Alta, donde encerraron a Jesús Miguel Ambrosio, quien, además, tuvo que pagar una multa de 2 mil pesos.

El indígena zapoteco explicó que quiso entrar a esa comunidad de la Sierra Juárez para poder darle sepultura a su abuela, Ignacia Ambrosio.

En un video de un minuto con 26 segundos que circuló en redes sociales, Ambrosio narra que el alcalde Feliciano Salvador Matías se extralimitó al encarcelarlo.

“Soy Jesús Miguel Ambrosio, nieto de la señora Ignacia Ambrosio que el día de ayer falleció en la comunidad de San Francisco Yatee, Villa Alta. Anoche llegué a la comunidad con prueba en mano de que soy negativo a covid-19, para que se me permitiera la entrada y poder darle sepultura a mi señora abuela, que me cuido desde pequeño como su propio hijo.”

Habitantes de esa localidad, que está a cuatro horas de la capital del estado, no quieren repetir lo que ocurrió el 24 de diciembre último, cuando una persona que vivía en la Ciudad de México llegó a Villa Alta y se puso mal; lo llevaron al hospital comunitario, pero a causa de su gravedad por covid-19 lo refirieron a la ciudad de Oaxaca… en el camino falleció. Antes de su deceso contagió a varios de sus familiares.

Entonces, la comunidad decidió cerrar el pueblo. Las acciones para evitar contagios son anunciadas vía redes sociales y por perifoneo en zapoteco y español. 

El bloqueo de los accesos a los poblados ha tenido efectos colaterales: los habitantes de la Sierra Mixe han sido obligados a usar la autopista Mitla-Tehuantepec, que recientemente incrementó el costo del peaje para llegar a la ciudad de Oaxaca.

Por tal motivo, legisladores locales lanzaron un llamado al gobierno federal a dar marcha atrás en el incremento. 

Organización efectiva

Tras la incredulidad sobre la pandemia, las autoridades de los poblados tuvieron que actuar como cuando ocurren deslaves o incendios. Echaron mano del repique de las campanas de los templos y de las radios comunitarias para advertir sobre el peligro que acechaba. 

Así, la alarma comunitaria para tragedias se mantiene activa con el propósito de evitar los contagios en las comunidades y pueblos originarios o para apoyar a las personas que pudieran tener covid-19.

A casi un año de iniciada la pandemia, y de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, únicamente 102 municipios indígenas del país se mantienen libres de contagios.

De acuerdo con el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, Oaxaca podría tener 150 municipios libres del nuevo coronavirus, debido a que entre 40 y 60 municipios de pueblos originarios han sido registrados erróneamente en la lista de lugares con el nuevo coronavirus.

“Tenemos varios casos de paisanos que se contagiaron y murieron fuera de sus pueblos, pero se contabilizan como si hubiera ocurrido en su comunidad de origen”, explica.

Para la investigadora y lingüista Yásnaya Elena Aguilar Gil, los poblados que han sabido mantener a raya el covid-19 lo han logrado pues tienen una tradición comunitaria de estructuras pequeñas, autónomas y asamblearias que hace que se enfrente de una mejor manera lo que de otro modo sería catastrófico.

“En Oaxaca siempre han existido resistencias a muchos proyectos que dañan los procesos comunitarios y esta misma organización ha impedido que el covid-19 llegue. En otros casos, donde sí llega el virus, hay una respuesta más comunitaria.”

La escritora y activista de derechos lingüísticos expone que ante el problema de estructura del sistema de salud en diferentes comunidades se activa la alarma para tragedias, “y ahora se activó para defender a su población y mantener el control del territorio”.

La información oficial de los casos de covid-19 “demuestra que en los pueblos originarios hay conciencia y respeto por medidas comunitarias, aunque sean duras. Existe gran madurez para salvaguardar a la población y hasta han suspendido sus festividades comunitarias porque saben que el panorama se podría volver trágico al no haber una red hospitalaria en la región”.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que desde el inicio de la pandemia los pueblos y comunidades indígenas acordaron medidas restrictivas en sus accesos, cierres de fronteras municipales y puesta en marcha de filtros sanitarios para evitar la propagación de la enfermedad.

En mayo de 2020 el número de localidades con restricciones ascendió a 134, en julio la cifra alcanzó las 146 localidades, en septiembre de 2020 comenzaron las reaperturas y al 23 de enero de 2021 hay 52 localidades de las ocho regiones de la entidad que mantienen medidas restrictivas.

No obstante, desde el 28 de marzo de 2020 a la fecha, la defensoría inició 250 investigaciones por casos relacionados con el contexto de la pandemia. De esas denuncias, 52.57% han sido contra autoridades municipales, principalmente por actos que limitan la movilidad y el libre tránsito.