No sólo significan competencia desleal para la CFE (compiten con ella pero usan las instalaciones de la empresa estatal para su provecho), sino que han creado fideicomisos para allegarse recursos adicionales. Y el que le abrió la puerta a la proliferación de permisos de autoabastecimiento eléctrico –que venden el fluido tanto a empresas como a domicilios– fue Felipe Calderón… aunque la figura original data del salinato.
Con los permisos de autoabastecimiento eléctrico impulsados en el gobierno de Felipe Calderón y validados por el de Enrique Peña Nieto no sólo se dio paso a un mercado paralelo que compite con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los mejores clientes, sino que surgió un mercado financiero vinculado con emisiones de deuda a través de fideicomisos privados para obtener recursos y rendimientos adicionales, a partir de esos proyectos de generación de electricidad.
Así, la recuperación de la inversión en proyectos de generación de energía para los jugadores privados que obtienen tarifas más atractivas no sólo se realiza con el ahorro del autoconsumo, sino que se obtienen beneficios financieros para sus inversionistas a través del mercado de valores vendiendo electricidad a terceros bajo el esquema de “socios”, como en el caso de la cadena de tiendas Oxxo del Grupo Femsa o Walmart.
Con 94 amparos ante el Poder Judicial en contra de las resoluciones de la CFE, las llamadas sociedades de autoabasto de electricidad que utilizan la infraestructura de la Comisión no sólo compiten con la empresa del Estado mexicano por el mercado de grandes consumidores, tanto industriales como residenciales, sino también por los recursos del mercado de deuda, donde la empresa productiva del Estado participa con sus propias emisiones.
El miércoles 3, en el Senado de la República se aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que da prioridad a la energía generada por las plantas de la CFE para su distribución y transmisión.
La CFE argumentó que enfrenta una competencia desleal desde hace dos décadas, lo que ha afectado sus ingresos y recursos para seguir invirtiendo en infraestructura, por lo cual necesita recuperar la rectoría del mercado eléctrico, que comenzó a perder desde 1992, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para incrementar la participación privada en la generación de electricidad.
Fue entonces cuando los usuarios industriales tuvieron, por primera vez, una alternativa de suministro diferente a la CFE a través de la figura de productores independientes de energía. Sin embargo, no fue sino hasta 2010, con el gobierno de Felipe Calderón, cuando proliferaron las sociedades de autoabasto al permitirse la integración de “socios”.
A pesar de la polémica en torno al nuevo marco legal, la CFE se enfrentará a una batalla legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque los beneficiarios de las sociedades de autoabasto de electricidad defenderán el marco legal anterior para seguir operando, dado que la ley no puede ser retroactiva.
La Barra Mexicana y un ejército de despachos privados ya tienen listos los argumentos para esta batalla legal que se inició con los jucios de amparo contra los cambios en costos y tarifas para este sector, que impulsó la CFE el año pasado. La SCJN, además, ya se ha pronunciado respecto a la figura del autoabasto y lo ha validado a pesar de sus vicios de inconstitucionalidad.
Las sociedades de autoabasto también esgrimirán ante la CFE que han realizado inversiones en subestaciones, redes de interconexión, líneas y centrales de transmisión. Si bien los jugadores privados en este mercado no pueden ser propietarios de esta infraestructura, han realizado inversiones que harán valer en un eventual juicio para defender sus “derechos adquiridos”, dado que han firmado convenios de inversión.
Al cierre de enero de 2021, la filial de CFE Intermediación de Contratos Legados (ICL) opera 246 permisos de autoabastecimiento con una capacidad instalada de 11 mil 852 megawatts (MW) y 72 mil 366 cargas asociadas, clientes a los que la CFE les brinda respaldo y distribución. La CFE los califica, sin embargo, como una estrategia de dumping a cargo de empresas que le quitan los clientes más rentables, según un documento de la empresa.
CFE ICL funciona a través de un balance financiero en el cual se integran las operaciones en el mercado mayorista, las operaciones de los certificados de energía limpia y los costos operativos de la filial. Cada año, sin embargo, el resultado de esta operación ha representado una pérdida que se distribuye entre los participantes pero que la CFE absorbe mayoritariamente.
En 2017 la pérdida por los esquemas de autoabasto y cogeneración fue por 6 mil 215 millones de pesos. En 2018 la pérdida de la filial CFE ICL fue de 7 mil 820 millones de pesos y en 2019, de 6 mil 805 millones.
Estas perdidas, según documentos de la CFE, son pagadas entre todos los participantes del mercado. Sin embargo, la mayor proporción se aplica a la subsidiaria CFE Suministro Básico, pues representa alrededor de 95%.
“Ésta pérdida se puede considerar un subsidio que se otorga a todos los contratos de interconexión legados, ya que al garantizar el cumplimiento del contrato legado lo exime de los riesgos por las transacciones comerciales en el mercado mayorista, mismos que sí hace frente la filial de CFE mediante el mecanismo del Balance Financiero. Adicional a este subsidio a los Contratos de Interconexión Legados, sus ganancias se incrementan de forma importante derivado de los contratos internos con sus respectivos socios, a partir del precio de producción de energía eléctrica en relación con el precio de la tarifa de CFE”, señala información de la empresa eléctrica.
La CFE advierte que se corre el riesgo de que su participación en la generación neta del servicio eléctrico nacional caiga a 30% y que entre 2029 y 2030 llegue a 16%, lo que le impediría atender a usuarios en zonas marginadas. Actualmente más de 2.5 millones de personas en el país no tienen cobertura de energía eléctrica. El objetivo de la CFE es contribuir con más de 54% de la generación neta de electricidad.
Negocio en auge
Las sociedades de autoabasto han incrementado su número de socios mientras aumentan el porteo de electricidad a través de la infraestructura de la CFE. En 2017 se registraban en estas figuras jurídicas 29 mil 998 socios; en 2018, 47 mil 581 asociados y en 2019, más de 66 mil 688. Para enero de 2021 ese número ya había crecido a 72 mil 366, un incremento de 58%.
Estos socios ya no adquieren electricidad a la CFE; pagan tarifas más bajas porque los costos se “socializan” a través de las reglas del mercado mayorista. Además, cuentan con una bolsa de energía, la cual les permite compensar la energía cuando dejan de generar, además de contratos de respaldo de generación ante eventuales fallas con precios preferenciales. Durante la contingencia y los cortes derivados de la crisis del gas natural en Texas, las sociedades de autoabasto operaron sin problemas sus contratos de respaldo y ejercieron los derechos de su bolsa de energía.
De acuerdo con los prospectos de colocación de varios fondos y empresas con participación en el mercado de permisos de autoabastecimiento de electricidad, a los inversionistas del mercado de valores se les advirte, sin embargo, que el cambio en las leyes del sector y en el marco regulatorio de los permisos de autoabastecimiento provocaría que los instrumentos y fideicomisos creados especialmente para financiar su incursión en este mercado pierdan rentabilidad.
En junio de 2020 la CFE buscó incrementar las tarifas para el transporte de energía, lo que representaba para los jugadores privados un encarecimiento de hasta 25% en sus costos de operación y, por lo tanto, de sus rentabilidad. Ante esta posibilidad, se presentaron amparos ante el Poder Judicial.
La CFE ha identificado que en Eólica del Sur, con operaciones en Juchitán, también se ha desarrollado un negocio en la venta de electricidad que debería ser sólo para autoabasto. La capacidad instalada de esta empresa es de 396 MW y les portea electricidad a 8 mil 500 socios a lo largo del país. Sin embargo, la CFE confirmó que su convenio de “autoabasto” contempla a 12 mil 275 socios, en su mayoría establecimientos Oxxo.
En su mayoría, los proyectos de energía eólica han beneficiado, según los registros de la CFE, a empresas como Cemex, Coca-Cola o Walmart, que han logrado mejorar sus costos de producción con este esquema de autoabasto.
Aunque los titulares de los permisos son empresas especializadas en la generación de electricidad, no sólo la producen para autoconsumo sino para su comercialización, como lo confirman los prospectos de colocación de deuda en el mercado de valores.
IEnova, filial de la estadunidense Sempra Energy, es otra de las compañías con inversiones en sociedades vinculadas con la figura del autoabasto. En diciembre de 2016 adquirió los parques eólicos de la compañía Ventika, que cuenta con permisos de autoabastecimiento con una vigencia de 20 años bajo la abrograda Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y que fueron desarrollados por Cemex, Fisterra y el fondo Blackstone.
Los activos de Ventika, su operación y los intereses de sus socios están custodiados en un fideicomiso en Citibanamex a nombre de IEnova Ventika. En ese fideicomiso participan con acciones serie “C”, para abastecer energía eléctrica a los corporativos Cemex, DeAcero y Oxxo. IEnova deslistará a Ventika del mercado de valores, lo que permitirá reducir la entrega de información pública.
Proceso consultó a Cemex sobre el impacto que generará el nuevo marco legal del sector eléctrico y los eventuales cambios en el esquema de autoabasto, pero la cementera decidió no opinar.
Calderón abrió la puerta
Con amparos ante el Poder Judicial, las sociedades de autoabasto sobreviven gracias a los “derechos adquiridos” durante el gobierno de Felipe Calderón, que les dio la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, donde se reafirmó que no se considera a las actividades de autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción como servicio público, por lo cual está prohibida la comercialización de electricidad, se delegó la entrega de permisos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Uno de estos amparos es el que otorgó el Juez Segundo de Distrito Especializado en Telecomunicaciones a favor de la Sociedad Autoabastecedora de Energía Verde de Aguascalientes, para mantener sin cambios los cobros por transmisión de la CFE.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con las reformas para el servicio de autoabastecimiento, fue publicada el 30 de marzo de 2012, durante el gobierno de Calderón, con el propósito de que fuera la Secretaría de Energía, a través de la CRE, la que otorgara los permisos de autoabastecimiento de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación y exportación de energía eléctrica. La CFE quedó excluida del proceso.
La reforma estableció que los permisos de autoabastecimiento se otorgarían “siempre y cuando no perjudicara al país”. Además, se estableció que la figura jurídica para que privados se asociaran para generar electricidad para el autoabastecimiento les prohibía vender electricidad a terceros que no fueran socios. Sin embargo, les abrió la puerta para ceder los derechos de estos permisos. Así, la venta de parques eólicos, de energía solar y cogeneración ha abierto un mercado secundario con la certeza de que los permisos están garantizados ante los pronunciamientos realizados por la SCJN.
El 11 de agosto de 2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se publicó la Ley de la Industria Eléctrica, que validaba los permisos de autoabastecimiento y se les garantizaban los términos aprobados durante los gobiernos panistas.
Un personaje que fue alto funcionario de la Secretaría de Energía en el gobierno de Peña Nieto dice a Proceso que durante esa administración ya se había evaluado el perjuicio patrimonial que estaba sufriendo la CFE a partir de la operación de estos permisos de autoabastecimiento.
“Estaban compitiendo en el mercado que la Constitución reserva a la CFE”, dice la fuente consultada, quien refirió que esta figura y la flexibilización en su interpretación no sólo se aprovechó en el sector industrial, sino que se identificó a empresarios del sector inmobiliario que comenzaron a solicitar permisos de autoabastecimiento para conjuntos residenciales y así tener acceso a electricidad más barata. En estos casos, la CFE busca confirmar la simulación de la figura jurídica “socios” para el autoabasto de energía, lo que le permitirá su revocación ante las violaciones a la ley.
Entre 2012 y 2013 la CFE aceleró la pérdida de clientes y uno de las aspectos que más preocupó de aquel deterioro es que estaba perdiendo a los consumidores que pagan la tarifa para el servicio doméstico de alto consumo, en la que ya se paga un porcentaje de los costos de generación dado el nivel de consumo. En el gobierno de Peña Nieto también evaluaron la posibilidad de revocar estos permisos; analizaron las consecuencias jurídicas y decidieron mantener sin cambio el marco legal que permitió el surgimiento de las sociedades de autoabasto.
“Sabíamos que le estaban quitado el mercado a CFE, pero esas sociedades de autoabasto tenían derechos adquiridos que les dio la Comisión Reguladora de Energía”, señala la fuente que participó en la creación de la Ley de la Industria Eléctrica, cuyo principal objetivo fue bajar las tarifas y corregir, en la medida de lo legalmente posible, la distorsión que les heredaron los gobiernos panistas, pero sobre todo la administración de Felipe Calderón, quien desde la Secretaría de Energía y luego como jefe del Ejecutivo impulsó de manera decidida los esquemas de autoabasto y cogeneración.
La CFE sostiene que se trata de un comercio ilegal de energía basado en la simulación de sociedades de autoabasto, lo cual viola la naturaleza del autoabasto que sólo debería dirigirse al consumo de una empresa.
