Señor director:
Soy egresado del Centro de Formación de Suboficiales de la Policía Federal Preventiva II, generación año 2001. Tengo 18 años de experiencia como instructor policial y me he certificado 15 veces a escala nacional y una internacional.
También me he graduado de tres escuelas policiales más, entre ellas la Universidad Interamericana, como investigador policial. Me he desempeñado en labores operativas y académicas en diversos estados y municipios del país.
El 10 de diciembre de 2018 presenté una solicitud de datos personales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la cual pedí que se me informe en qué cursos y otras actividades académicas he participado y en qué instituciones.
En el proceso de asignación de instructores por parte de academias y gobiernos se tramita una validación ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remitiendo las constancias de acreditación vigentes de los docentes propuestos y, posteriormente, una ficha de verificación para detallar la realización de estos cursos.
Como respuesta, el SESNSP me negó los datos. Derivado de lo anterior, combatí esta contestación ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, concediéndome una resolución en la que ordenó al SESNSP emitir una nueva respuesta proporcionándome mi información personal solicitada, sin que esta dependencia cumpliera.
De manera simultánea pedí esta información a algunos estados y municipios, ya que tanto el SESNSP como estos gobiernos locales tienen que contar con los mismos datos que solicité, tomando en cuenta este proceso de ejecución de los recursos denominados FORTASEG Y FASP por parte de los intervinientes.
Lo que pude comprobar con la poca información oficial que obtuve es que se han desviado millones de pesos con el uso de mis datos personales en Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Baja California, Querétaro, Guanajuato, Sonora, Campeche, Tabasco y Yucatán. En estos casos reportaron al SESNSP que yo impartí un número aún no determinado de cursos, cuando no fue así.
La mayoría de estados y municipios que recibieron mis solicitudes de información me negaron los datos, clasificándolos como “reservados” o “confidenciales”, pese a que se trata de información de mi propiedad.
En el caso del municipio de León, en Guanajuato, hubo dos talleres que incluyen 30 certificaciones para instructores en temas de actuación en el lugar de los hechos y acciones de investigación criminal para policías municipales. Justificándose la cantidad de 300 mil pesos, lo que implica un desvío de recursos de más de 12 millones de pesos por estos dos cursos, tomando en cuenta que este municipio, a su vez, replicó estos cursos para la totalidad de sus agentes.
Actualmente me encuentro en espera de mayor información para tomar acciones.
Atentamente,
Ernesto Jacobo Villalobos Pichardo
