Cuando el titular de la ASF, David Colmenares, admitió que se cometió un error en el informe 1394-DE acerca del costo de cancelar el NAIM (que rebasaría el triple de los 100 mil millones anunciados por el gobierno federal), la oposición y la prensa –que destacó esa cifra el fin de semana pasado– desacreditaron su labor, mientras que el presidente López Obrador seguía acusándolo de “prestarse a campañas” de sus “adversarios”. De esa forma pasaron inadvertidas otras importantes observaciones de la ASF sobre irregularidades, inconsistencias y opacidades en otros megaproyectos federales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las Universidades Benito Juárez y la operación de los Servidores de la Nación.
El desastre de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su titular, David Colmenares Páramo, respecto al costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) estropeó los hallazgos del organismo fiscalizador sobre las deficiencias profundas en el diseño y la operación de las iniciativas más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante el primer año del sexenio.
En las decenas de miles de hojas de informes publicados el pasado sábado 20, la ASF documentó problemas de fondo en el primer año de operación del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA) y el Corredor Interoceánico; también detectó inconsistencias en la gestión de los Servidores de la Nación y del Censo de Bienestar, así como en la operación de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o las Universidades para el Bienestar Benito Juárez.
Ese día la ASF realizó la tercera y última entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2019. Con la publicación de 871 nuevos reportes, el organismo dirigido por Colmenares observó presuntas irregularidades en el gasto público por 67 mil 498 millones de pesos –principalmente en las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar–, e integró mil 439 expedientes de presunta responsabilidad administrativa.
A diferencia de la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2013 –el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto–, en la cual se publicaron los primeros informes sobre los esquemas de desvío de dinero que posteriormente fueron bautizados como Estafa Maestra, este año la ASF prácticamente no realizó auditorías forenses, que siguen rutas de dinero e investigan temas más a fondo; el organismo se limitó a elaborar auditorías de desempeño, que miden la adecuación de programas con indicadores.
Aun así, la labor de la ASF quedó opacada por el fiasco del informe de auditoría 1394-DE, en el cual estimó que cancelar el NAICM costaría cerca de 332 mil millones de pesos, y no los 100 mil millones anunciados por el gobierno federal. La cifra, destacada por la prensa durante el fin de semana, desató la cólera de López Obrador, quien en la mañana del lunes 22 rechazó los datos y acusó a la ASF de “prestarse a (las) campañas” de sus “adversarios”.
Poco tiempo después de la crítica del presidente –retomada por funcionarios y defensores del gobierno federal– la ASF reconoció “inconsistencias” y una “deficiencia metodológica” en su cálculo del costo; Colmenares, por su parte, admitió en entrevistas que la auditoría tenía un error, con lo que desconoció el trabajo de su propio equipo.
Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asestó un nuevo golpe al auditor y su gente, cuando aseveró que la ASF no utilizó “criterios contables básicos y criterios financieros extraordinariamente elementales”, y soltó: “O hay un problema de preparación básica de quien formuló todo esto, o hay un problema de mala fe de quien dio a conocer el reporte”.
La retractación de la ASF y de Colmenares también generó repudio entre la oposición, que acusó vehementemente al auditor de “doblarse” ante la presión de Palacio Nacional –el miércoles 24, los senadores del PAN exigieron formalmente su renuncia–, mientras que la aparente falta de profesionalismo fue severamente criticada por observadores externos.
Programas
La polémica y el descrédito sobre la ASF a lo largo de la semana opacaron los otros 870 informes de auditoría que el ente fiscalizador publicó el sábado 20, producto de un año de fiscalización de la Cuenta Pública 2019; y ello a pesar de que algunos de estos documentos exhiben deficiencias estructurales en la operación de la llamada Cuarta Transformación.
De hecho, en otro informe la ASF documentó una serie de sobrecostos erogados por el gobierno de López Obrador en los contratos de obra del NAICM que siguieron vigentes durante una parte de 2019 y cuestionó el monto de 14 mil 200 millones de pesos que la administración acordó con las empresas contratistas del edificio terminal –entre ellas de los magnates Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon e Hipólito Gerard Rivero– para cancelar los contratos sin dirimir los casos ante tribunales.
De manera general, el organismo se declaró incapaz de verificar las promesas de erradicar la corrupción en las contrataciones mediante la participación más activa de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública en la vigilancia y las compras consolidadas, pues afirmó que “no se comprobó que las dependencias y entidades erogaran los recursos para las adquisiciones públicas con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
En una serie de auditorías sobre la gestión de la estrategia de combate a la pobreza mediante los nuevos programas sociales de la presente administración, la ASF señaló numerosas irregularidades en el diseño y la operación de las estrategias emblemáticas, empezando con sus operadores en el terreno, los Servidores de la Nación, cuya deficiente administración por parte de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún –coordinadora de la unidad de delegaciones en la Secretaría de Bienestar– se tradujo en un monto por aclarar de más de 561 millones de pesos.
En la misma línea, la ASF documentó deficiencias en el “diseño” y la “implementación” del llamado Censo del Bienestar, que los Servidores de la Nación realizaron desde el periodo de transición y durante los primeros meses de la administración.
El ente fiscalizador sentenció que ese ejercicio “no puede considerarse un censo” porque no levantó información en todas las viviendas y, tras observar que la propia Secretaría de Bienestar admitió que no utilizó los datos del censo para elaborar su Padrón Único de Beneficiarios, la ASF sostuvo que la dependencia “no precisó la utilidad” del censo.
En su informe de auditoría número 1387-DS, la ASF observó que, en decenas de municipios, las cifras del censo fueron “sobreestimadas”, como fue el caso de Santa María Chilchotla, Oaxaca, donde los Servidores de la Nación reportaron 140 mil personas, cuando ahí viven 21 mil 469 habitantes; o en Guazapares, Chihuahua, donde en lugar de los 8 mil 169 habitantes se registró a 62 mil 85.
La ASF también revisó el desempeño de los principales programas sociales implementados en la presente administración. Sus conclusiones coincidieron con las que emitió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en julio de 2020: estas estrategias operan sin diseño ni claridad en cuanto a sus objetivos, sin población beneficiaria definida y con deficiencias en la justificación de los gastos ejercidos y en la rendición de cuentas.
Sus principales programas de transferencias monetarias, como las Pensiones para el Bienestar para personas mayores y personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, los apoyos para Madres Trabajadoras y las Becas para el Bienestar Benito Juárez presentaron problemas de fondo en cuanto a sus reglamentos internos, proyecciones financieras y operación. Además, la mayoría no pudo mostrar “en qué medida contribuyó al bienestar social y la igualdad”.
En el caso de Sembrando Vida, la ASF estimó que la Secretaría de Bienestar debe aclarar el destino de mil 823 millones de pesos, mientras que Seguridad Alimentaria Mexicana debe esclarecer el uso de 3 mil 396 millones de pesos, pues “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Además, la ASF observó que en el programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez la coordinación a cargo de Raquel Sosa Elizaga –una incondicional del presidente– entregó más de 828 millones de pesos en subsidios para la construcción de 100 sedes, a pesar de que ocho de cada 10 proyectos no reunían los requisitos de elegibilidad establecidos en sus propios lineamientos; lo anterior, según el organismo fiscalizador, “podría representar un riesgo de que no se esté atendiendo a la población objetivo del programa”.
Cifras alegres
Al poner la lupa sobre el desempeño del gobierno federal en el arranque de los megaproyectos emblemáticos de la llamada Cuarta Transformación, la ASF confirmó que las dependencias a cargo del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía echaron a andar las obras sin contar con estudios definitivos y fidedignos, lo que podría amenazar su viabilidad financiera, social y ambiental a futuro.
Observó por ejemplo que la Secretaría de Energía (Sener) y Pemex, dirigidas por Rocío Nahle y Octavio Romero Oropeza, empezaron a construir la nueva refinería en el predio de Dos Bocas, Tabasco, sin contar con el estudio de impacto ambiental, el cual refrendó que la zona tiene “riesgos altos de inundación marina y fluvial”, lo cual “era uno de los supuestos establecidos para excluir el sitio, situación que podría generar sobrecostos de inversión”.
La ASF también estimó que el gobierno justificó la necesidad del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas con base en proyecciones dudosas –y hasta “no razonables” en el caso del tren–, las cuales plantean condiciones a futuro que harían rentables los proyectos, a veces sin tomar en cuenta la realidad del presente.
El gobierno afirma por ejemplo que la refinería de Dos Bocas funcionará a más de 90% de su capacidad instalada, a pesar de que la Sener estima su utilización en 78.5% –las demás refinerías operan en promedio a 36.4% de su capacidad– y que la producción de crudo de Pemex ha disminuido de manera constante en la última década.
Lo mismo sucedió con el Tren Maya: el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) calculó la rentabilidad del proyecto con base en cifras de turistas y carga inverosimiles para 2023 y 2053, las cuales suponen “un riesgo en la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión”. Esto sin tomar en cuenta los retrasos y sobrecostos en la obra, y los problemas legales que arrastra el megaproyecto desde el año pasado.
Tanto en Dos Bocas como en el Tren Maya, la ASF señaló que las dependencias adjudicaron contratos de manera directa, en violación a las leyes y normas de contratación pública. En el caso de la refinería, el ente fiscalizador notó irregularidades en la asignación de 27 contratos a 23 empresas, por un monto total de 20 mil 490 millones de pesos; Pemex no realizó el proceso de “debida diligencia” a 16 compañías.
En el caso del tren, la ASF señaló que Fonatur no debió adjudicar de manera directa el contrato de ingeniería al consorcio encabezado por la empresa española Senermex por cerca de 300 millones de pesos, el cual incluía un “costo mayor” de 50 millones de pesos que la ASF incluyó como “probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública Federal.
El jueves 25 Rocío Nahle aprovechó el descrédito hacia la ASF y rechazó también sus conclusiones en torno a la refinería de Dos Bocas, señalada por la falta de estudios ambientales, dudas sobre su viabilidad económica y opacidad en el gasto.
Ejército opaco
Desde el arranque de su administración, López Obrador ha ampliado el poder y las atribuciones de las instituciones militares de manera inédita, pues adjudicó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obras de infraestructura multimillonaria –el AIGFA, tramos del Tren Maya, el futuro aeropuerto de Tulum y la construcción de oficinas del Banco de Bienestar–; le entregó la operación de la Guardia Nacional y otorgó los presupuestos más abundantes en la historia de los organismos castrenses.
A pesar de ello, la ASF prácticamente no auditó a la Sedena y sólo realizó una auditoría a la Secretaría de Marina en 2019, lo cual perpetuó la amplia historia de opacidad de las instituciones castrenses, generalmente herméticas a las auditorías de actores externos; ello, a pesar de que las raras veces en que la ASF revisó los gastos de estas secretarías encontró malas gestiones, opacidad e irregularidades multimillonarias.
A la primera sólo le hizo revisiones limitadas al desempeño de la ampliación de la base militar aérea de Santa Lucía y su reconversión en el AIGFA, pues la dependencia federal clasificó gran parte de la información, bajo el pretexto de que se trata de documentos que contienen información de seguridad nacional.
Aun así, la ASF revisó los estudios y determinó que las proyecciones de demanda y distribución aeroportuaria que “no incluyen los datos históricos reales de la demanda de servicios aeroportuarios” ni los costos para adecuar la operación aeroportuaria; señaló que la operación del aeropuerto “requeriría un gran rediseño del espacio aéreo y cambios en los procedimientos actuales”, además de destacar las incógnitas respecto a la conexión entre ese aeropuerto y los de la Ciudad de México y de Toluca.
Al respecto la ASF estimó necesario “lograr mayor certeza acerca de su factibilidad económica, técnica, legal y ambiental; de su costo real y de sus beneficios, y mitigar los riesgos que pueden incidir en su ejecución y conclusión en el plazo previsto”.
