Bastó un año de pandemia para evidenciar la ausencia de políticas públicas para atender las demandas de infantes, mujeres, comunidades originarias y población privada de la libertad. En este contexto se exacerba también la violencia, según revelan las estadísticas del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que corroboran los activistas y organizaciones civiles encargados de documentar esta evidente crisis de los derechos humanos.
A un año de los primeros casos de covid-19 en México, la crisis de derechos humanos se acentuó. La pandemia puso en evidencia la ausencia de políticas públicas para dar respuesta a los grupos sociales más vulnerables, advierten defensores de derechos de mujeres, niños, presos e indígenas.
Entrevistados por separado, consideran que no se vislumbran cambios en la materia ni voluntad política para solventar esta crisis que ya bordea los 180 mil fallecimientos por coronavirus.
Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), formada por 69 espacios de protección en el país para mujeres y sus hijos, advierte: “El covid-19 ha evidenciado que México no está preparado para atender la violencia contra las mujeres, que es histórica y que el covid-19 no generó, sólo vino a evidenciar las desigualdades y discriminaciones y a hacer visible que hay una deuda histórica con las mujeres, que son más de 52% de la población”.
En 2020, destaca, la RNR atendió a 46 mil 514 personas, cifra que representa 39% más que la correspondiente a 2019. Y agrega: es sólo “una pincelada de lo que sucede en nuestro país, pues hay un subregistro de datos, porque no se les cree a las autoridades por la forma en que se tipifican los feminicidios; los homicidios dolosos o entre las mujeres indígenas se consideran suicidios”.
De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a diciembre de 2020 se abrieron 3 mil 723 carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres, de las cuales 940 fueron tipificadas como feminicidios, manteniéndose la tendencia de un año previo, en el que se registraron 3 mil 810 asesinatos de mujeres, 942 de ellos clasificados como feminicidios.
El informe del SESNSP evidencia que las agresiones contra las mujeres no cambiaron con el confinamiento; por el contrario, se abrieron 4.7% más investigaciones por violencia familiar pese a las restricciones por la pandemia en agencias del Ministerio Público. Mientras en 2019 se integraron 210 mil 158 carpetas, en 2020 fueron 220 mil 28.
En violencia de género, el aumento de la apertura de carpetas fue mayor (27.4%), al pasar de 3 mil 180 a 4 mil 50; también se incrementaron los delitos contra la libertad y la seguridad sexual de 53 mil 358 a 54 mil 342. De esta última cifra destaca que 16 mil 543 fueron denuncias por violación.
A todo lo anterior se suma que en el año de la pandemia las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra mujeres en distintas modalidades aumentaron de 197 mil 693 registros a 260 mil 67.
Cifras de la ignominia
Figueroa Morales reprocha que ante las advertencias de las consecuencias fatales para las mujeres que tendría el confinamiento por la pandemia, la respuesta fue instrumentar la campaña Cuenta Hasta Diez, llevando “al territorio de lo doméstico situaciones de violencia, sin tomar en cuenta todo lo que se está gestando y sin dar un seguimiento a la población infantil, pese a que se han incrementado las situaciones de violencia sexual”.
Como botón de muestra de la inseguridad en que han vivido los infantes en encierro, Figueroa apunta que 40% de las personas atendidas en 2020 por la RNR reportaron que sus hijos habían sido víctimas de una o más violencias, registrando casos de maltrato físico (27.94%), psicológico (28.36%), patrimonial (21.24%), trata infantil (16.5%) y sexual (5.65%).
A todo ello deben agregarse las cifras sobre desaparición de mujeres y niñas obtenidas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio a través de solicitudes de información a las que respondieron sólo 12 entidades, sobre casos registrados de enero a agosto de 2020: 5 mil 223 víctimas, según los reportes, de las cuales mil 290 aún no son localizadas. De la cifra global, 48% son menores de edad.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), retoma datos de la División Científica de la Guardia Nacional, que detectó un incremento de 73% de consumo y búsqueda de pornografía infantil entre marzo y abril de 2020, situación relacionada con el encierro y la exposición a las pantallas de las computadoras sin una estrategia de protección. La realidad es que, en el ámbito digital, las niñas y niños están solos.
Para el defensor, con la pandemia “se agudizó la invisibilidad de niñas y niños, la narrativa eclipsó prácticamente todos los temas que ya eran problema”. La mayoría de los casos están incluidos en el informe Impacto de la pandemia de covid-19 en los derechos de la infancia en México, desafíos y oportunidades, presentado en junio de 2020 por la Redim.
En lo concerniente a la violencia contra los menores de 17 años, en los primeros seis meses de 2020 se registraron mil 219 homicidios. Además, la crisis de aprendizaje se potenció debido al “gravísimo error de regresar 40 años a los niños al ver televisión, cuando el mundo entero va en la lógica de educación en línea”; ello provocó que 15% de los alumnos abandonaran el ciclo escolar.
También observamos los graves problemas para proporcionar servicios de salud a la población infantil, que carece en 40% de servicios de seguridad social. Esos son algunos de los temas aún no abordados por las autoridades, de acuerdo con la Redim.
Infantes, indígenas y desplazados, sin atención
Juan Martín Pérez apunta que el desdén a los menores de 17 años, 30% de la población nacional, se materializó en plena pandemia con el recorte presupuestal a 16 programas dedicados a esa población, ignorando a organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Reprocha a las autoridades no atender las alertas que desde antes de la pandemia colocaban a la niñez y a la adolescencia en una situación de urgente atención. En 2018, dice, 49.6% de los 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de pobreza y 9.3% en pobreza extrema.
Mucho menos hubo un viraje en las políticas públicas después de conocerse la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (Encovid-19), que recoge datos de mayo de 2020, según los cuales 62.2% de los hogares con menores de 17 años no contaban con el resguardo necesario debido a que sus proveedores trabajaban en el sector infantil, y que en 4.6 millones de hogares con niños los padres estaban desempleados, en tanto que 48.5% de las familias consultadas “reportaron dificultades para continuar con la educación por falta de computadora o internet”.
Por si fuera poco, dice el director ejecutivo de la Redim, en una reciente reunión con personal del DIF-Nacional, “confirmamos que no hay ningún plan para identificar y apoyar a las niñas y niños huérfanos de la pandemia. Nos dicen que los datos están en hojitas o cuadernitos y que no han podido sistematizarlos. Para nosotros eso es una clara muestra de que los recortes presupuestales son absurdos y graves porque dejan sin capacidad de respuesta”.
Entre la población indígena, y sobre todo para la desplazada de manera forzada por la violencia, la situación se mantiene grave, sin visos de una atención inmediata, alerta Rubén Moreno, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas.
La organización interpuso sendos amparos entre marzo y junio de 2020 por las “omisiones por parte de autoridades del gobierno federal, estatal y municipal” ante la violencia y las violaciones a los derechos humanos, entre ellas la falta de atención para “salvaguardar y proteger la vida” ante la pandemia de las 3 mil 500 personas en 13 comunidades del municipio de Aldama.
Los habitantes de ese entorno son blanco de “ataques con armas de fuego por parte de grupos armados de corte paramilitar desde la comunidad de Santa Martha, Chenalhó”, explica Moreno.
“En el tema de la pandemia, las autoridades de salud respondieron haber realizado una campaña de salud y difusión en el municipio de Aldama por un par de meses; dejaron de realizarlo pues las autoridades de ese municipio se inconformaron al negar la existencia de la pandemia en su territorio”, agrega el abogado de la organización proderechos humanos.
Sin embargo, ante las omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para acabar con la violencia, “la población se desplaza constantemente de forma intermitente. El Estado mexicano no pone atención a esa situación, pese a que está en peligro la salud de esas personas. Y aunque se nos dice que hay casas de salud, en su mayoría están cerradas. Entonces, no hay ni personal ni materiales para las emergencias”.
La crisis penitenciaria
Moreno resalta que, pese a las firmas de acuerdos de paz promovidos por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “continúan los disparos y la gente debe desplazarse para protegerse. Hay una omisión total del Estado mexicano y esto hace que las comunidades vivan en un constante riesgo que afecta su salud y su seguridad”.
Y añade que la organización que representa tramitó otro amparo a favor de ocho presos de los Centros de Reinserción Social 5 y 10 de Chiapas ante las denuncias de que el sistema penitenciario “no les estaba dando ninguna atención para prevenir algún brote o riesgo a su salud”.
El amparo fue sobreseído. “Las autoridades sostuvieron que ya habían dado cumplimiento de las medidas de protección a la salud, como distribución de gel antibacterial, monitoreo de temperatura, y que a los compañeros presos se les habían hecho pruebas y habían salido negativos al virus. No obstante, persisten los riesgos”, puntualiza Moreno.
La pandemia evidenció la crisis penitenciaria en el país, alerta José Luis Gutiérrez, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal): “Contrario a las directrices de órganos de tratados de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de recurrir a libertades adelantadas o condicionadas, en México tenemos 15 mil personas más privadas de la libertad que antes de la pandemia”.
De marzo de 2020 al 10 de febrero último, Asilegal documentó 4 mil 119 contagios (3 mil 641 presos y 478 custodios), y 349 defunciones (279 internos y 70 custodios), así como 20 disturbios, según los datos obtenidos por medio de solicitudes de información a las autoridades penitenciarias.
Gutiérrez reconoce que ante “la opacidad y falta de transparencia” de las autoridades penitenciarias, “es muy probable que haya un subregistro”.
La sospecha se basa, dice, en que “antes de la pandemia registrábamos 120, 150 y hasta 500 incidentes violentos por año. ¿Cómo es posible que en estos momentos en que está suspendida la visita no hay incidentes violentos? Eso no es real, pero es lo que nos informan”.
Con una población penitenciaria de más de 210 mil personas, el defensor critica que la respuesta que dio el gobierno federal a través del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue diseñar un protocolo que no era aplicable a la realidad, pues recomendaba la sana distancia, el lavado de manos y la vigilancia médica, cuando “el contexto es un sistema penitenciario que está sobrepoblado, que tiene hacinamiento, falta de servicios médicos y falta de medicamentos”.
El olvido del sector se traduce en el limitado número de liberaciones anticipadas o por política penitenciaria, que hasta ahora suman 3 mil 972 libertades otorgadas, de las cuales el Estado de México aportó 2 mil 783.
Gutiérrez destaca que una pifia más ha sido la promoción de la Ley de Amnistía como elemento fundamental para despresurizar las prisiones federales. Sin embargo, “de unas mil 100 solicitudes que se han presentado, no se ha liberado a una sola persona”.
A un año de la pandemia, el defensor lamenta que pese a la visibilidad que se dio a la población penitenciaria, la crisis se haya agudizado.
“El impacto contra las personas privadas de libertad o en conflicto con la ley es bastante grave –dice– y se está vulnerando su derecho de acceso a la justicia, que está siendo nula en el contexto de la pandemia, no sólo en el ámbito penal sino también en el civil, pues están suspendidos los plazos por el contexto de pandemia… y la justicia brilla por su ausencia.”
