Información recabada por este semanario revela que desde 2018 el gobierno de López Obrador sabía que México estaba entre la espada y la pared en materia energética. Durante los trabajos de transición entre su equipo y el de Enrique Peña Nieto fueron advertidos sobre la importancia de dar continuidad a las rondas de inversión –para reducir la dependencia energética hacia Estados Unidos–, a las políticas de almacenamiento y al Manual de Respuesta a Emergencias en el Abasto de Gas Natural. Lo peor está por venir, advierte por su cuenta un estudio del Banco de México: los apagones están relacionados con el aumento de la pobreza.
La crisis energética que México padece por gas natural y electricidad sólo era cuestión de tiempo. De acuerdo con información recabada por Proceso, desde 2018 el gobierno del presidente Andrés Manuel López sabía que la escasez ocurriría, pero optó por los proyectos insignia de su administración, como la refinería de Dos Bocas.
La carencia de gas natural en territorio mexicano, luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, restringió las exportaciones para proteger el consumo local, no será la primera emergencia de ese tipo que enfrente la economía nacional a causa de la creciente dependencia del combustible que se produce en el extranjero.
Tampoco sólo serán los factores climáticos los que obliguen al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a solicitar futuras reducciones de consumo de gas y, con ellas, cortes en el servicio de electricidad.
Pese a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora encabezada por Manuel Bartlett Díaz, invirtió en 19 mil kilómetros de ductos para importar gas natural desde Estados Unidos, se está cumpliendo el plazo para que las nuevas plantas de gas natural licuado estadunidenses entren en operación entre 2021 y 2022 y, con ello, se cierre la ventana de oportunidad para nuestro país.
Cuando esas plantas comiencen a funcionar, Estados Unidos podrá exportar el energético a todo el mundo y México dejará de ser su principal cliente, obligándolo a competir por el precio y disponibilidad ante otros países, explican expertos y exfuncionarios del sector energético consultados.
Las advertencias sobre ese escenario económico adverso también provienen del Banco de México (Banxico). El organismo autónomo destaca que los apagones representan un serio riesgo para los precios de los bienes, productos y servicios y, por lo tanto, para la inflación.
Un documento elaborado por Carlos Alcaraz y Sergio Villalvazo, investigadores del banco central, establece que entre el segundo trimestre de 2012 y hasta la segunda mitad de 2013 la restricción de gas para el sector manufacturero representó una caída anual de 0.28 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), y concluye que los niveles de pobreza registrados en 2013 estuvieron relacionados con los apagones.
La directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller, coincidió en que los cortes de electricidad tendrán implicaciones en el comportamiento del PIB para el actual primer trimestre y que, seguramente, afectarán a la baja las previsiones de crecimiento para 2021.
Información obtenida por esta reportera revela que, en el comienzo del gobierno de López Obrador, su entonces titular de la Oficina de la Presidencia e interlocutor con el sector empresarial, Alfonso Romo, recibió información sobre el riesgo en el que el sector industrial mexicano y la propia CFE se encontraban ante una eventual reducción del suministro de gas natural por parte de Estados Unidos, pero, sobre todo, ante el incremento en los precios de esta molécula que ahora, durante la crisis de Texas, pasó de 2.5 a 200 dólares en un par de días, afectando la capacidad de la empresa productiva del Estado para mantener sin incrementos las tarifas de los consumidores.
El mayor riesgo, sin embargo, eran los cortes de electricidad ante el menor suministro de gas natural.
Durante el periodo de transición –en el tercer trimestre de 2018– entre las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, un equipo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se reunió con Alfonso Romo para advertirle sobre los riesgos de cancelar las Rondas 3.2 y 3.3.
Aldo Flores, entonces Subsecretario de Hidrocarburos, fue quien entregó varios documentos en los cuales se detallaba la importancia de darle continuidad a las rondas de inversión, a las políticas de almacenamiento y al Manual de Respuesta a Emergencias en el Abasto de Gas Natural.
Romo también tuvo acceso a información del equipo de transición de Peña Nieto en la cual se detallaba la estrategia de las empresas que participaban en la industria del gas natural, para comenzar a exportar el combustible a otros países y, con ello, obtener mayores márgenes para no concentrar sus ventas en el mercado mexicano.
Ni Rocío Nahle, ahora titular de la Secretaría de Energía, ni Manuel Bartlett, director general de la CFE, asistieron a estas reuniones con el equipo de transición. “No había mucho interés”, reveló un exfuncionario de la Secretaría de Energía que estuvo presente en esos encuentros.
Una fuente cercana a la oficina de Alfonso Romo confirmó la realización de esas reuniones de trabajo entre ambos equipos de transición, aunque no pudo ratificar si los proyectos de terminales para gas natural licuado en puertos de Estados Unidos hubieran ocupado tiempo en las agendas y encuentros.
Política errática
Desde hace dos años, el gobierno de la 4T supo que México se encontraba entre la espada y la pared porque, bajo ese escenario, Pemex necesitaba incrementar de manera urgente su producción de gas natural mientras que la CNH debería acelerar las rondas para consolidar la inversión privada o mixta en campos de gas natural.
El objetivo era reducir la dependencia del gas estadounidense. La CNH explicó las implicaciones de cancelar la Ronda 3.2 que incluía 37 áreas enfocadas a las zonas gasíferas de México, Tampico-Mizantla, Cuenca de Burgos.
En la información a la que tuvo acceso Alfonso Romo se detalló que en Estados Unidos estaban invirtiendo en al menos cuatro terminales para licuar gas natural con lo que ese país se preparaba para exportar a través de la vía marítima su combustible a cualquier parte del mundo con el propósito de incrementar el precio por unidad luego de que durante más de una década México había sido su principal mercado.
Lourdes Melgar, quien fue la responsable de las subsecretarías de Electricidad e Hidrocarburos entre 2012 y 2016, explicó la lógica de la política pública para atender las alertas críticas de gas natural que enfrentó México en 2011 y 2012, siendo que las importaciones de gas natural eran sólo una pieza del rompecabezas. Se necesita invertir en gas natural e invertir en energías renovables, aseguró.
“México tenía una ventana de oportunidad hasta 2022, antes de que se terminara de construir en Texas y en Lousiana las terminales para licuar el gas natural”, agregó quien también le correspondió negociar la reforma del sector eléctrico en 2013.
Aseguró que la visión en 2013 era aprovechar la coyuntura de los precios bajos del gas natural, pero, al mismo tiempo, incentivar las inversiones en territorio mexicano para remontar la crisis en la producción de gas natural. Desde entonces se reconoció el peligro de generar una excesiva dependencia del gas natural estadunidense.
“México –expone– tenía que aprovechar mientras EU no tuviera a dónde más vender su gas natural, porque para los estadunidenses el mercado mexicano era pequeño y, ante la sobreproducción, ha llegado a pagar para que se retire el gas natural de sus campos de producción. Ahora también invierten en cavernas y bases de
almacenamiento”.
Mientras eso ocurría, desde hace 15 años Pemex produce cada día menos gas natural. De hecho, tiene que comprar las dos terceras partes de su consumo, detalla la ahora investigadora del Baker Institute.
De acuerdo con Melgar, frente a la explosiva expansión del shale gas en Estados Unidos, a Pemex no le interesó producir más gas natural, sobre todo cuando los precios eran tan bajos.
“Además, Pemex quería vender a la CFE todo el combustóleo que pudiera. Incluso, Pemex retrasaba las entregas de gas natural mientras presionaba a la CFE a adquirir su combustóleo a un precio más alto de lo que lo vendía en el mercado
internacional.
Defensa de la CFE
“Traer más gas natural de Estados Unidos fue una propuesta de la CFE. Se construyeron dos terminales de gas natural licuado. Una de esas terminales está en Manzanillo, que atiende el mercado del Pacífico, y la otra está en Altamira”, explicó en entrevista Enrique Ochoa Reza, quien fue subsecretario de la Secretaría de Energía y luego director de la CFE durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
También fue la CFE la que impulsó el programa de contrato para el suministro de gas natural estadunidense. Incluso se licitó el ducto marino que conecta a Texas con Tuxpan, Veracruz.
La CFE, asegura el ahora diputado federal del PRI, contribuye a que México tenga el gas natural que ahora usa la industria generadora de empleos en el país, toda la industria automotriz, pesada, manufacturera.
“Donde no hay gasoducto, no hay industria pesada. No hay empleos”, dice para defender su participación en el proyecto de red de gasoductos que el gobierno de López Obrador ha calificado como una mala decisión.
En la antesala de la aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, luego de que el presidente López Obrador envió una iniciativa preferente, Ochoa Reza asegura que traer gas natural le permitió a la empresa productiva reducir los precios de la generación de electricidad.
“Por esa razón es que los sistemas eléctricos han transitado hacia generar más energía con gas natural. No es gratuito”, dijo el ahora diputado federal e integrante de la Comisión de Energía.
Agrega que, con su participación en la venta de gas natural importado de Estados Unidos, la CFE se transformó de ser una empresa de electricidad a una de energía.
“Ante los desabastos causados por la falta de producción de Pemex. La CFE ha sido la solución. Este tipo de apagones y de alertas críticas serían más frecuentes sí dependiéramos del gas natural que produce Pemex”, aseguró Ochoa Reza.
En febrero de 2019, el gobierno de López Obrador canceló una ronda prevista por la CNH para la participación del sector privado en campos de gas natural.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas), responsable de coordinar el desarrollo de la infraestructura de almacenamiento estratégico de gas natural, también postergó los procesos y licitaciones para la participación del sector público y privado en el almacenamiento estratégico del energético, lo que hubiera permitido contar con reservas adicionales.
Después de la crisis bancaria y del rescate con cargo al erario mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el gobierno de Ernesto Zedillo calculó que para crecer la economía mexicana necesitaba inversiones en el sector eléctrico por 25 mil millones de dólares y que la participación del sector privado sería indispensable para complementar los requerimientos de inversión.
La iniciativa de reforma del sector eléctrico presentada por el gobierno de Zedillo ni siquiera fue dictaminada por el Congreso.
Sin posibilidades
Para Ochoa Reza, “sería deseable que México continuara ampliando su red nacional de gasoductos. México requiera más gasoductos no menos y eso permite desarrollar al país y porque los propios gasoductos son una manera de almacenar gas natural. México también necesita ampliar sus fuentes de energía”.
Agregó que la iniciativa preferente de López Obrador va en el sentido contrario, porque cierra la posibilidad de la diversificación. “A partir de que cambia el principio fundamental de que la energía más económica se utiliza primero, se elimina el despacho eficiente”.
De igual manera considera que Pemex no tiene la posibilidad de remontar su crisis de producción de gas natural. “El problema es geológico, los megacampos se están agotando y el desarrollo de campos de menor tamaño es más lento que el desarrollo de los campos existentes. Después de 30 años están agotando su vida útil y los campos pequeños no alcanzan a subsistir el declive”.
Sobre la posibilidad de obtener el shale gas que está en Coahuila, el gas esquisto, refirió que en Estados Unidos son precisamente esos campos que se encuentran cruzando el Río Bravo los que está desarrollando de una manera más potente y consolidada. “México, sin embargo, ha optado por no usar el mismo tipo de gas natural”.
“Si México quiere aumentar su capacidad, debería estudiar la posibilidad de utilizar el método fracking –como Estados Unidos– en lugar de prohibirlo”, sentenció Ochoa Reza.
Para Melgar, sin embargo, la opción no está en proyectos que vulneren el medio ambiente, sino en revisar cuáles son los factores positivos que aún pueden rescatarse de la participación del sector privado en la industria de la energía.
