El año pasado la Auditoría Superior de la Federación revisó 305 fideicomisos y otros instrumentos jurídicos análogos. Sus hallazgos los plasmó en la auditoría 1722, la cual es contundente: la mayoría de esos fondos son opacos y con normatividad laxa, manejan dinero de manera discrecional, no reintegran al erario los recursos no utilizados, en ellos se cometen actos de corrupción por montos millonarios… En suma, señala el documento, “están fuera de control”.
En los fideicomisos había falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; subejercicios superiores a 70% que no se reintegraban a la hacienda pública; una normatividad laxa e, inclusive, había algunos cuya existencia era jurídicamente insustentable, sostiene un estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En medio de la polémica por la extinción de 109 fideicomisos votada en la Cámara de Diputados a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado miércoles 7, el mandatario instruyó a formar un equipo de revisión caso por caso, para que realice un diagnóstico.
El enfoque presidencial es revisar costos de operación, evitar “aviadores” y ahorrar recursos al asumir la dispersión de fondos en la Tesorería de la Federación, partiendo de que los fideicomisos facilitan la corrupción.
Los datos previos, ajenos al Ejecutivo, demuestran que la opacidad, el manejo discrecional de recursos e inclusive actos de corrupción con implicaciones millonarias fueron identificados por la ASF en la mayoría de 305 fideicomisos o figuras análogas que revisó, los cuales, en diferentes casos, no justificaron su existencia ni el cumplimiento del objetivo para el que fueron creados.
Fue la Auditoría 1722 emitida en septiembre de 2019, bajo el criterio de “Estudios” –en este caso sobre los fideicomisos y otros instrumentos jurídicos análogos–, con la que se encontraron las diferentes anomalías en la revisión total de los casos que fue practicada a los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El estudio incluye datos hasta 2018 y un presupuesto anual, en suma, por el orden de los 878 mil 717 millones de pesos.
En principio, la ASF detectó que la SHCP no mantenía actualizado el Sistema de Control y Transparencia de los Fideicomisos, de manera que le urgió a mejorar el control para que transparentaran el manejo de los recursos federales, sus objetivos y, de manera oportuna, la modificación, extinción o terminación de contratos.
En dicho estudio destaca que la constitución de varios fideicomisos no establecía el tiempo de existencia, dejándolos en la indefinición. Además de que, habiendo una limitación expresa sobre una duración no mayor a 50 años, con ciertas excepciones, hubo fideicomisos que excedían ya el tiempo permitido.
“Asimismo, se logró advertir que en algunos no se cumple con los propósitos para su creación y las obligaciones específicas para justificar su operación y la utilización de recursos”, estableció la ASF.
Además, determinó la necesaria intervención de la Secretaría de la Función Pública en sus labores de vigilancia, coordinación y supervisión de auditorías, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esto es que, durante el sexenio pasado, no lo hizo.
Luego, identificó que los fideicomisos sin estructura carecían de parámetros para ser evaluados, dificultando inclusive su administración, y luego enlistó en qué aspectos se presentaban esas dificultades:
“El plazo de vigencia de su operación; los fines para los que fueron creados; la autorización de la clave presupuestal; el destino de las aportaciones efectuadas al patrimonio y el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales que se hubieren aportado.”
Lo anterior impedía, según el mencionado estudio, la vigilancia y fiscalización conforme a la ley. Lo que significa que, en efecto, estaban fuera de control.
El pasado lunes 5, durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, defendió la extinción de los fideicomisos con el argumento de que, entre otras cosas, el subejercicio no era reintegrado a la hacienda pública. No se gastaban y luego no se sabía qué ocurría con los recursos, pues los fideicomisos y figuras análogas escapan a controles presupuestales.
En efecto. Al consultar el mencionado informe de la ASF, resulta que en 2017 había 137 fideicomisos operando y la revisión permitió ver que ninguno gastó más de 30% de su presupuesto. Por ende, 70% del monto presupuestado tuvo un fin incierto.
También identificó irregularidades en cuanto a la información que debía entregarse, pues debía incluir “datos completos y oportunos, así como una estadística de las modificaciones que se han realizado en los contratos” que no se estaba realizando. El tamaño del boquete informativo es grande: del total, 81 fideicomisos no contaban con el soporte de información que ordenan los lineamientos correspondientes.
En síntesis, un desastre que hasta septiembre de 2019 implicaba que muchos de los 335 fideicomisos no estuvieran operando, ya sea porque habían cumplido sus fines o porque no tenían más recursos y se encontraban a la espera del término del plazo de vigencia para extinguirse. En tanto, 30 fideicomisos ya estaban en proceso de extinción, pero ésta no se podía llevar a cabo por motivos que iban del ejercicio pendiente de recursos, incumplimiento de pago a proveedores y litigios en curso, entre otros.
En Conacyt, la opacidad
Entre los casos de subejercicio a 70% y que destacaron en el estudio de la ASF por su falta de actualización sobre metas y objetivos, y aun por carecer de metas y objetivos (que son necesarios para fiscalizar), el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sobresale y es subrayado hasta en las conclusiones.
La razón es que de los 81 fideicomisos que carecían de información, 13 eran dependientes del Conacyt.
Los fideicomisos operados en el Conacyt han sido de los más defendidos en medio de las discusiones por su extinción en días pasados y desataron en diferentes momentos amplia polémica.
El ejemplo de la ASF respecto a ese órgano es contundente pues, según logró establecer, ninguno de los 13 fideicomisos actualizó sus datos de cumplimiento de la misión y fines. También porque, sin aportar información y con la sola leyenda “esta información no fue actualizada por el secretario administrativo” dejaba en blanco informes que debía rendir por normatividad.
Entre los 13 fideicomisos hay dos relevantes por su presupuesto: el “Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos”, que gozaba de un presupuesto de 2 mil 513 millones de pesos. El otro, también con Energía, pero para Sustentabilidad Energética, con un monto de mil 498 millones de pesos.
El caso del Conacyt, entre los polémicos, no es único. La defensa de los partidos de oposición al régimen se centró también en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de la Salud, un caso que en la revisión, por cuantía, es el más grande.
Con un presupuesto de 97 mil millones 538 mil pesos en 2017, el subejercicio fue mayúsculo: sólo gastó 11 mil 874 millones, que representaron 12.2% del total que debió ejercer, sin informar a dónde fueron a dar los restantes 85 mil 664 millones. Esto es 87.8% del presupuesto.
Menos conocidos, los fideicomisos que captan mayores recursos presentan también subejercicio y escasa información. Por ejemplo:
El “Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera” recibió 49 mil 943 millones, sólo gastó 12 mil 83 millones y lo hizo en proyectos de mantenimiento, licencia y soporte de Microsoft 3, así como en telefonía de larga distancia.
O bien, el identificado como “Fondo para la Participación de Riesgos 11480” que obtuvo 16 mil 545 millones, gastó sólo 2 mil 197 millones en un concepto que implica beneficios al sector privado: “canalización de crédito por parte de intermediarios financieros a las empresas y apoyos a sectores estratégicos”.
Y están los casos más extremos, aquellos que teniendo asignación de recursos no reportaron gastos. Se trata de 13 fideicomisos y figuras análogas, entre los que destaca, por el monto, el “Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria”, que con un presupuesto de 2 mil 368 millones de pesos de ingresos, no reportó egresos.
Fonden, con tufo electorero
En abril de 2015, los representantes de la campaña del candidato del PAN al gobierno de Colima, Jorge Luis Preciado, dieron santo y seña de las irregularidades que en esa entidad se cometían para favorecer al abanderado del PRI, José Ignacio Peralta, a la postre triunfador.
Una cauda de imputaciones señalaba como responsable al entonces gobernador Mario Anguiano, entre las que destacaba el uso de recursos del Fondo Nacional de Emergencias Naturales (Fonden), canalizados a través de programas de empleo temporal, con fines electorales.
A mediados de marzo de aquel año, la entidad había registrado lluvias extremas que motivaron una declaratoria de desastre y, por lo tanto, acceso a recursos del Fonden. Un mes después se descubrió el reparto electorero.
La denuncia no procedió, como tampoco lo hizo un año después una que se interpuso en Chihuahua, entidad donde una helada inusual, por ser en marzo, impactó 22 municipios. Ahí también había elección de gobernador y el señalamiento fue contra la campaña del priista Enrique Serrano, pues entre otros episodios, la detención de un camión en Villa de Zaragoza permitió encontrar despensas, cobijas y láminas de zinc con engomados de la campaña sobrepuestos a los del Fonden.
Al año siguiente, en Torreón, se ubicó una bodega con insumos idénticos y logotipos del PRI, en plena campaña por la gubernatura coahuilense, que tampoco procedió, como ocurriría luego en Guanajuato, pero a favor del PAN, en la elección de gobernador de 2018.
Los ejemplos son abundantes. En cada proceso electoral, el uso de recursos del Fonden con fines electorales fue denunciado y muchas veces desestimado por la justicia.
El Fonden tiene por objetivo “ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos de un fenómeno perturbador”. Esto es que, ante un desastre, el fondo atiende en lo inmediato a los damnificados y, posteriormente, sirve a la reconstrucción.
Durante las discusiones sobre la extinción de fideicomisos, fue uno de los fondos por extinguir que causó más polémica, pues coincidió con el paso del huracán Delta. De manera que el martes 6 de octubre, al calor de la discusión en la Cámara de Diputados, los partidos de oposición recriminaron la idea de eliminarlo. Una posición a la que reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador al día siguiente, atajando: debía desaparecer por ser caja chica de muchos funcionarios.
Una revisión de la auditoría más reciente al Fideicomiso 2003, es decir, el del Fonden, fue publicada en 2018 y demuestra que, en efecto, son muchas las aristas que la ASF encontró desde la propia normatividad.
Por ejemplo: establece inmediatez en las compras sin exigir recibos que sustenten en qué se basa, ni establecer plazos de aplicación, dejando ambigua la entrega de apoyos.
Aunque la ASF no lo precisa, el dato de la ambigüedad en los tiempos de entrega es clave para el tema electoral: había pasado un mes de la atención de la emergencia en Chihuahua, por ejemplo, cuando se detectó el uso electoral de despensas que debieron distribuirse en los días inmediatos a la helada.
La revisión realizada por la ASF fue al ejercicio fiscal 2016 y señaló –además de las muchas deficiencias normativas que facilitan la discrecionalidad en el manejo presupuestal– el ejercicio indebido de 318 millones 800 mil pesos. Esto es, de la cuarta parte de los recursos empleados por el Fonden ese año, que ascendieron a mil 267 millones de pesos.
Prácticas irregulares
El Fonden es apenas uno de los 109 fideicomisos a través de los cuales, en distintos sectores de la administración pública, se dispersaban recursos federales con frecuentes casos de opacidad.
Empero, en las diferentes auditorías, no sólo hay ocultamiento o falta de información, sino que se ha encontrado que eso facilita prácticas irregulares con impacto presupuestal.
Un ejemplo de eso es el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que la segunda mitad del sexenio pasado estuvo a cargo de Rosario Robles Berlanga, actualmente presa y sujeta a proceso por omisiones en el desvío de recursos mediante triangulaciones.
La revisión del año 2017, con informacion actualizada a septiembre de 2019, observa que de 586 campos de información, a cuya entrega estaban obligados los responsables de la operación, sólo se completaron 148. Lo que significa que faltaban 438 campos requisitados, tres cuartas partes de lo que debía ser.
El Fonhapo es un fideicomiso que opera el Programa de Apoyo a la Vivienda, en coordinación con gobiernos locales, y tiene por objetivo mejorar las condiciones habitacionales de los hogares cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar, para que las familias más pobres mejoren sus casas.
Las irregularidades identificadas por la ASF en la auditoría (618, sector Sedatu por el año 2017) permitieron recuperar 300 mil pesos, una cantidad minúscula frente a los 567 millones 828 mil pesos que deben recuperarse.
Y es que el programa debió destinar mil 518 millones de pesos para mejorar 65 mil 29 viviendas. Los funcionarios de la pasada administración sólo comprobaron la intervención en 39 mil 146 viviendas, por lo que dejaron de atender a 25 mil 883 familias de zonas rurales y urbanas de alta marginación y rezago social, aunque sí se gastó el dinero.
La dimensión del daño a la hacienda pública en ese caso es de la tercera parte de los recursos operados por ese fideicomiso, es decir, los mencionados 567 millones 828 mil pesos, que se perdieron.
En general, conforme a una revisión realizada por Proceso, cada año en el que la ASF ha revisado algún fideicomiso, encuentra irregularidades similares tanto por lagunas en su normatividad y operación, como por el ejercicio de recursos de manera indebida, razón por la que en todo caso promueve sanciones que, de proceder, permiten recuperaciones millonarias. l
