La actuación del gobierno de López Obrador en el asunto de la extinción de los fideicomisos públicos está pletórica de ocurrencias, ineptitud y falacias.
Primero la emprendió por la vía de un decreto presidencial y luego mediante sucesivos intentos de reforma legal llevados a cabo por dóciles legisladores.
Como ya es costumbre, el gobierno morenista cubrió de frases grandilocuentes lo que no es otra cosa que un tongo mezclado con la búsqueda desesperada de dinero por parte del Ejecutivo, que pretende rellenar el boquete de los ingresos gubernamentales que produjeron la crisis económica y la emergencia sanitaria.
Según la legislación, los fideicomisos públicos son instrumentos jurídicos creados por la administración pública para fomentar el desarrollo económico y social a través de la administración de los recursos del erario mediante una institución fiduciaria. Esta figura posibilita que los recursos públicos depositados en ellos puedan ser aplicados más allá del ejercicio fiscal en el que fueron generados, convirtiéndose en un ahorro para gastos futuros, y también puedan confluir con recursos autogenerados por las dependencias, con los aportados por los estados y los municipios, así como con otros de origen privado.
Contrario a lo afirmado por el presidente López Obrador y los diputados federales de Morena, los fideicomisos públicos están regulados por las leyes presupuestarias y de hacienda, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En no pocos casos los fideicomisos están regulados también por leyes particulares. Es el caso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que está normado por la Ley General de Protección Civil.
Al 31 de diciembre de 2019 existían 357 fideicomisos públicos federales o mixtos, según información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De éstos, 18 son entidades paraestatales. Los otros 339 son llamados “fideicomisos sin estructura orgánica”, pese a que muchos de ellos cuentan con administradores y hasta consejos de administración.
Al cierre del ejercicio 2019, los 339 fideicomisos sin estructura orgánica contaban con fondos disponibles por 740 mil millones de pesos, equivalentes a 3% del PIB y a la décima parte de todo el presupuesto federal. Una vez que se profundizó la crisis económica y se declaró la emergencia sanitaria en 2020, la cuantía de los recursos ahí depositados despertó el apetito de un gobierno acuciado por la caída de los ingresos petroleros y de la recaudación de impuestos.
Es por ello que, en el que es el primer capítulo de este tongo, el 2 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que ordenó la extinción de los fideicomisos públicos federales que no cuenten con estructura orgánica, y el traspaso de sus fondos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de abril.
Debido a las excepciones que incluyó el decreto, y sobre todo a causa de la falta de transparencia con que se han manejado la SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP), se debate sobre el número de fideicomisos que desaparecieron y el monto del dinero que el gobierno federal “recuperó” con tal medida. Primero se habló de que los 740 mil millones eran su disponible total, mientras que fuentes extraoficiales de la SHCP estimaron un monto de 494 mil millones de pesos. Más cauto, el presidente de la República lo calculó en 250 mil millones de pesos, equivalentes, dijo, “a 1% del PIB”.
La SFP circuló declaraciones de Irma Sandoval diciendo que se trataba de una “histórica acción del presidente de la República para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público”. Afirmó además que con tal acción “se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción” y se adjudicó tan trascendente decisión al rememorar uno de sus trabajos académicos.
A pesar de tal pedantería, el decreto no alcanzó más que un minúsculo resultado pues, según el texto de presentación del Segundo Informe Anual de Labores de la propia SFP, se extinguieron 67 fideicomisos y se “reintegraron” 16 mil millones de pesos a la Tesorería, una cantidad ínfima, muy por debajo de las expectativas y del discurso oficial. Ni esta dependencia ni la SHCP han presentado hasta la fecha la información detallada a este respecto.
De seguro por el pírrico resultado es que se lanzó el segundo capítulo de la tragicomedia, que consistió en la presentación de una iniciativa firmada por la cúpula morenista en San Lázaro, claro, con la expresa indicación presidencial. Con la iniciativa presentada el 20 de mayo de 2020 se propuso la reforma de 14 leyes y la abrogación de una más, con el objetivo de derogar el fundamento jurídico de 44 fideicomisos públicos sin estructura orgánica que están normados en dichos ordenamientos. Por el monto de los recursos disponibles, sobresalían de este conjunto el Fideicomiso de Financiera Rural, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y los fideicomisos del Conacyt que habían sobrevivido al decreto. El monto “recuperable” de los fideicomisos incluidos en la reforma era de 38.5 mil millones de pesos.
Paralelamente, otra iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disimuló, en un artículo transitorio, la incautación de los recursos del Fondo Metropolitano, con 4 mil millones más. A pesar de que se elaboraron dictámenes favorables a ambas iniciativas, la diputación morenista no alcanzó la mayoría calificada para que se convocara a un periodo extraordinario del Congreso en junio.
Tal eventualidad permitió la expresión del descontento de muchos sectores afectados, por lo que la Cámara de Diputados debió organizar un “Parlamento Abierto”, que se convirtió en el tercer capítulo de la telenovela. Se realizaron 22 mesas de trabajo en las que todos los comparecientes sin excepción reivindicaron la existencia de dichos instrumentos para la realización de acciones estratégicas. Los promoventes de la iniciativa de extinción no esgrimieron ningún argumento a favor de su desaparición, no aportaron elementos sobre la supuesta opacidad y corrupción ni explicaron por qué sus recursos disponibles debieran incautarse para cubrir las necesidades del gobierno.
Los tres directores de cine mexicanos ganadores del Oscar reclamaron por la extinción del Fidecine; los periodistas y defensores de derechos humanos protestaron contra la desaparición del fondo para la protección de sus colegas que sufren amenazas y persecución; los investigadores y estudiantes de posgrado reclamaron el contrasentido de retirar recursos al desarrollo científico del país; los especialistas en protección civil alertaron por el peligro de dejar sin previsiones a un país asediado por desastres sísmicos y meteorológicos constantes; diversos alcaldes reclamaron que los dineros del Fondo Minero se han recaudado a lo largo de los años para el beneficio de los municipios con explotación minera, en tanto que las autoridades de las grandes concentraciones urbanas reclamaron por los recursos, de por sí exiguos, del Fondo Metropolitano. El consenso del “Parlamento Abierto” fue totalmente adverso a extinguir los fideicomisos señalados. Esto llevó a los promoventes a aprobar un nuevo dictamen para extinguir tan sólo cinco de ellos, para lo cual se convocó a un Periodo Extraordinario de la Cámara de Diputados para el 29 de julio. Sin embargo, una contraorden emanada del Palacio Nacional produjo la irregular cancelación de la convocatoria aprobada por la Comisión Permanente.
Pero la trama no terminó ahí. Interrumpido el proceso legislativo por orden presidencial, por la misma vía se instó a reiniciarla, lo que dio lugar al capítulo cuarto de esta desencaminada historia. El 9 de septiembre, la diputación de Morena anunció su determinación (bueno, la instrucción presidencial) de retomar la iniciativa de extinción de 45 fideicomisos (incluido el Fondo Metropolitano) y de añadir 10 más. En el trabajo de la Comisión de Presupuesto, como para no dejar cabos sueltos, se añadieron algunos otros hasta alcanzar la cifra de 109 fideicomisos sujetos a la extinción, con un monto de recursos disponibles por 68 mil millones de pesos. Así fueron sumados a la lista negra todos los 65 fideicomisos del Conacyt y los 21 de los Centros Nacionales de Investigación.
El dictamen no tiene desperdicio: de la página 13 a la 39, en el capítulo de Antecedentes, se presenta la relatoría del “Parlamento Abierto” en la que se desmontan una a una las razones de la extinción de los fideicomisos originalmente previstos, pero después los dictaminadores pasan de inmediato a declarar su extinción, sin ningún razonamiento o argumento y, de paso, desaparecen otros 64.
Un accidentado debate en la Cámara de Diputados se inició el 1 de octubre, entre protestas de los afectados y con rupturas de quórum, tomas de tribuna y golpes entre los legisladores de la mayoría aplaudidora y la oposición. Ello enmarcó la aprobación de la orden presidencial por parte de la aplanadora morenista, aunque debió dejar en el camino su intentona de sumar a la bolsa del presidente los 97 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.
En su tránsito por el Senado de la República, la opereta obsequiará más capítulos, pero la extinción de fideicomisos públicos 2020, con su cúmulo de errores, opacidad, arbitrariedad y el servilismo de los legisladores, pasará a la historia de la ciencia de la administración pública y del derecho parlamentario como ejemplo de lo que no se debe hacer. l
*Asesor político en la Cámara de Diputados
