Señor director:
Me dirijo a usted en referencia a los contenidos del artículo “Rodríguez Borgio: Una historia cargada de abusos, despojos y amenazas”, publicado en las páginas 26-28 de su edición del pasado 31 de octubre de 2020, agradeciendo la posibilidad de publicar una breve aclaración respecto de la referencia hecha acerca de un soborno. Es obligado precisar que lo que sufrimos fue una extorsión.
En aquel momento nos encontrábamos ante una situación incomprensible en la cual el Registro de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo no acató una orden judicial a más de cuatro meses de haber sido girada.
Conseguimos una reunión con su entonces titular, quien nos confirmó su conocimiento de dicha orden judicial, diciéndonos que la tenía en un cajón guardada y que podía pasar un año más así, ya que eran escasas las implicaciones de su desacato.
Ante nuestra estupefacción, él nos aclaró que no era decisión suya y que no acataba la orden judicial a causa de una instrucción que venía desde el secretario de Gobernación, ya que se había aceptado un soborno contra nuestros intereses, por parte de Miguel Martin Membibre e Irving Enrique Mondragón Ruvalcaba (precisamente la orden judicial versaba contra ellos).
En este punto nos dijo que de nosotros dependía seguir así, ya que ahora estaba dispuesto a cumplir con la orden judicial; eso sí, si se le hacía un pago de 3 millones de pesos.
Nosotros valoramos esta extorsión ante el daño que generaba la continuidad de esta situación un año más, tanto a nuestra sociedad como a terceros de buena fe.
Un mes después de sufrir esta extorsión nos volvió a contactar para comunicarnos que Javier Rodríguez Borgio estaba asociado con Membibre y Ruvalcaba, y que Javier Rodríguez Borgio, según conoció de la inscripción de la orden judicial, había buscado y llegado a un acuerdo económico (un nuevo soborno) con el entonces gobernador, para que no se nos prestase ningún apoyo. Toda esta extorsión que sufrimos está grabada y documentada; de hecho, fue facilitada a las autoridades.
Finalizo diciendo que, en mi opinión, esta confusión entre delincuente y víctima, entre extorsión y soborno, tiene su origen en la nota que la PGR sacó aquel 8 de mayo de 2017 y que nunca se ha rectificado.
En ella, y no teniendo relación alguna con la petición de la PGR a Interpol y/o causa judicial alguna, se incluyó en su breve texto la referencia directa a esta extorsión como soborno, referencia que fue un episodio más de los promovidos por Javier Rodríguez Borgio buscando manchar nuestro buen nombre, eliminar nuestra credibilidad y dificultar nuestra defensa, todo en aras de lograr su objetivo: hacerse con nuestro terreno sin pagar.
Atentamente,
Guillermo José Martínez Cárdenas
