La presencia en México de Banca Privada d’Andorra está ligada a operaciones turbias –entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras offshore– detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes –a los que Proceso pudo acceder– arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron al BPA para lavar millones de dólares en una trama que involucra a miembros de la élite político-empresarial mexicana.
En la trama de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en México se entrelazan maletas de efectivo, drogas, casas de cambio, estructuras offshore, cuentas bancarias ocultas, testaferros y presuntos narcotraficantes venezolanos; también hay personajes vinculados a Sinaloa –entre ellos el expresidente del club de futbol Dorados de Sinaloa–, integrantes de la élite político-empresarial del país y operaciones gubernamentales ordenadas desde la oficina del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
A este capítulo de la delincuencia de cuello blanco en México se sumó recientemente un suceso: la confiscación, por parte de las autoridades de Andorra, de cerca de 48 mil millones de pesos guardados en las cuentas bancarias de 23 ciudadanos mexicanos en BPA. En estas se amasan entre 5 y 150 millones de euros que, según la justicia del pequeño principado de 80 mil habitantes, son producto de lavado de dinero.
Aunque los nombres de los clientes permanecen ocultos, una investigación del diario El País reveló que Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado de la cúpula del PRI –entre sus clientes: Peña Nieto, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps y Mario Ruiz Massieu–, movió 120 millones de euros a Andorra, mientras que el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, y otros poderosos empresarios y políticos tuvieron cuentas ahí.
El idilio con el banco del principado terminó de manera abrupta el 6 de marzo de 2015, cuando la Red de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) señaló a BPA por lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela, así como del Cártel de Sinaloa.
En su notificación, las autoridades estadunidenses afirmaron que, además de constituir cuentas bancarias para sus clientes, BPA les creaba redes de sociedades offshore en Panamá, Suiza o Luxemburgo para esconder el origen del dinero que terminaba en Andorra, e incluso “prestó” su dirección a algunos para garantizar su anonimato.
La notificación de FinCEN llevó a las autoridades de Andorra y Panamá a intervenir las empresas de BPA y a congelar la mayor parte de las cuentas durante sus indagaciones. Las autoridades descubrieron que BPA tenía 2 mil 165 clientes “no aptos”, ya sea porque figuraban en listas negras o porque tenían comportamientos sospechosos; de éstos estimaron que 923 realizaron operaciones de lavado de dinero.
Efectivo y polvo blanco
Desde sus inicios en México, en 2006, BPA estuvo involucrada en operaciones mafiosas. En su primer año y medio, el banco operó en el país por medio de Victor Manuel Urdangaray Avilés y José Miguel Díaz Fernández, dos ciudadanos españoles originarios del principado de Asturias.
Instalaron una “oficina de representación” de BPA en la exclusiva Torre Omega de Polanco, junto con las representaciones de Caja de Ahorros de Asturias –hoy Liberbank– y de los bancos suizos UBS y Crédit Suisse. Ahí, los dos españoles emprendieron negocios ilegales a espaldas de otro representante del banco, Jean Marc Masson.
En abril de 2020, el medio local Poble Andorrá publicó fragmentos de la carpeta de investigación que las autoridades de Andorra abrieron sobre el caso. La carpeta incluye “miles” de correos electrónicos internos que los directivos de BPA escondieron hasta 2019, pues evidencian cómo encubrieron operaciones masivas de lavado de dinero.
Exhiben por ejemplo cómo Urdangaray blanqueó millones de dólares a través de uno los primeros clientes de BPA en el país: la empresa ByB Casa de Cambio.
Entre los correos internos de BPA, los sabuesos de Andorra encontraron un “informe” que Masson envió a sus superiores en agosto de 2007. Estaba basado en la confesión del chofer de Urdangaray y Díaz en México, y narraba cómo lo utilizaban para mover bolsas de dinero y drogas “desde septiembre de 2006”.
El chofer explicó que solía recoger las maletas en el domicilio del ciudadano venezolano Jorge Luis Mathison Jiménez y llevarlas a casa de Urdangaray; éste contaba el dinero, guardaba una comisión “de 1.5%” –que repartía con Díaz– y regresaba las bolsas al chofer, quien las transportaba a las oficinas de ByB, en el despacho 203-A del edificio corporativo ubicado en el número 1855 de la calle Horacio, en Polanco. Ahí, un contador verificaba el monto y “una vez contado se hacían transferencias o cheques a quien ordenaba el Sr. Jorge Mathison”.
La mayoría de las veces, abundó el chofer, en las maletas había “polvo blanco (cocaína) entre los paquetes de billetes”. Dijo que en una ocasión Mathison pagó a Urdangaray con pura “mercancía”, pero que éste se la devolvió en el estacionamiento de la Torre Omega, pues sólo aceptaba efectivo. El chofer agregó que, en un primer tiempo, Mathison le dijo que el dinero provenía de la operación de casinos, y posteriormente le confesó que era producto del tráfico de drogas.
La rutina de las bolsas continuó varios meses, hasta que el 27 julio de 2007 ocurrió una “confusión”: el chofer llevó una bolsa con aproximadamente 500 mil dólares en efectivo de la casa de Mathison a las oficinas de ByB. Al día siguiente otro ciudadano venezolano, llamado Gabriel Gil Yáñez, se apersonó a las oficinas de ByB. Pidió y recibió el equivalente del efectivo en cheques.
Gabriel Yáñez Gil no era un simple delincuente: traía un pasaporte diplomático de la República Bolivariana de Venezuela que lo acreditaba como “asesor” de Nelson Merentes, exministro de Economía y Finanzas del entonces presidente Hugo Chávez. Lo utilizaba, entre otros destinos, para viajar a Andorra y administrar cuentas bancarias en BPA; en 2010 el hombre fue encarcelado cuatro años en Venezuela por el robo de una avioneta y estuvo señalado por sus vínculos con un militar dominicano detenido en 2011 por narcotráfico.
El 3 de agosto, Mathison y Urdangaray llamaron al chofer, furiosos; le preguntaron por qué Gil se había llevado su dinero, y lo amenazaron con graves problemas en caso de no recuperar el dinero. El chofer tuvo miedo y reveló a Masson la situación. Éste mandó su reporte a Andorra y, cuando sus superiores Xavier Mayol y Santi Rosseló arribaron a México, días después, encontraron pruebas de las operaciones fraudulentas. Confrontaron a Urdangaray, quien confesó; fue relevado pero no denunciado, y durante los tres años siguientes laboró como “consultor de inversiones” en una empresa con sede en Nassau, Bahamas.
Después de ese capítulo, BPA entregó la representación del banco a Masson y rescindió varios contratos de Urdangaray, pero siguió colaborando con Díaz, quien contaba con una tupida cartera de clientes en México. En un correo, Mayol explicó a Masson que seguir trabajando con Díaz era la mejor decisión para el banco, “aunque pueda parecer contradictoria”.
En junio de 2007 y febrero de 2008, el Nuevo Herald de Miami reportó que las autoridades de Estados Unidos habían identificado a ByB como una de tres casas de cambio mexicanas presuntamente utilizadas para adquirir avionetas con matrícula estadunidense que transportaron drogas entre Venezuela y México, bajo la coordinación del Cártel de Sinaloa. Masson envió a Andorra un artículo de La Jornada que reseñaba el reportaje para alertarlos sobre este cliente de BPA.
Más allá del relato del chofer y de los correos internos de BPA, Proceso comprobó los lazos que conectan ByB, Urdangaray y BPA. Hasta 2014, la casa de cambio indicaba en sus estados financieros que tenía relaciones con el banco andorrano. Aparte, en diciembre de 2011, en un formulario oficial para ceder los derechos de una marca en México, Urdangaray indicó como dirección “Horacio 1855, Despacho 203-A. Col. Polanco”. En otras palabras: el exrepresentante de BPA consideraba a ByB como su propio domicilio.
Proceso envió correos electrónicos y dejó un recado a una empleada de ByB para consignar la versión de la empresa sobre su relación con BPA, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta. También escribió a Urdangaray a través de sus redes sociales y a Díaz por correo electrónico, sin mayor suerte.
Negocios dorados
En 2010, BPA decidió instalar una sede corporativa formal en el país, con todo y permiso de la Secretaría de Hacienda.
En lugar de constituir una sociedad desde cero, BPA tomó un camino tortuoso: en febrero de 2010, una filial del banco en Panamá, BPA Global Fund Assets Management, compró por 3 millones de dólares una sociedad de inversión mexicana creada cinco años antes en León, Guanajuato, llamada Investment Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inversión, la cual contaba con una cartera de 300 clientes.
Su dueño era el empresario Juan Antonio García Ramírez, un personaje ya conocido en BPA, pues formó parte de la primera oleada de clientes mexicanos del banco, en diciembre de 2006.
Pese a su origen “chilango” –nació en la Ciudad de México en 1957, de padre asturiano– y a que residía en Guanajuato, García Ramírez tenía vínculos del más alto nivel en Sinaloa: era presidente del equipo de futbol Dorados, que fundó en 2003 con el empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás Gutiérrez y el duranguense Valente Aguirre Meza.
De Nicolás es un empresario poderoso, dueño de la constructora Homex –acusada en 2018 de fraude multimillonario por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos– y de decenas de empresas en Sinaloa. Es amigo íntimo de Peña Nieto desde que eran estudiantes; durante la administración del priista sus empresas recibieron 2 mil 731 millones de pesos mediante contratos, y en febrero de 2012 Homex pactó un acuerdo con la sociedad española Infoglobal, vinculada a la constructora española OHL –que participó en numerosos casos de corrupción con la administración de Peña Nieto– que tenía a Emilio Lozoya Austin como consejero.
En 2006, cuando García Ramírez abrió su cuenta en BPA, era también socio, en tres empresas inmobiliarias –basadas en en Guanajuato–, de Óscar Javier Lara Aréchiga, un empresario y banquero de amplia carrera en el PRI –fue consejero nacional y diputado por Sinaloa–, quien poseía una cuenta en BPA con 6 millones de dólares.
Lara Aréchiga tenía otras empresas con de De Nicolás, así como con otros integrantes de la élite político-empresarial sinaloense, como Jesús Vizcarra Calderón, dueño de Grupo Viz y presunto compadre de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
Óscar y José Luis Lara Aréchiga –su hermano– eran dueños de al menos 20 empresas en Sinaloa, Guanajuato y Baja California. De acuerdo con la revista Río Doce, basada en Culiacán, los negocios familiares se detonaron a partir de 2001, cuando Óscar era secretario de Administración y Finanzas del gobierno del priista Juan Millán Lizárraga, otro cliente de BPA. En 2013, Peña Nieto nombró a Lara Aréchiga subdirector en la Comisión Nacional del Agua, ahí permaneció un año y posteriormente falleció de cáncer, en noviembre de 2017.
Proceso se comunicó con García Ramírez para tener su versión, pero este prefirió reservar su respuesta.
Carácter mexicano
El banco andorrano bautizó su empresa mexicana recién adquirida BPA Investments. En abril de 2010, el financiero catalán Xavier Campos Tomás, entonces tesorero de BPA y director de sus operaciones internacionales, explicó en entrevista con El Universal que el banco había decidido mudarse a México porque “nos gusta mucho el carácter de los mexicanos y el país nos atrae mucho por la afinidad cultural (con España)”.
“Al ser una empresa mexicana, ya disponemos de una cartera de clientes mexicanos, lo que tenemos que hacer ahora es ayudarles a crecer”, dijo Campos y, preguntado sobre sus expectativas, estimó que “la parte patrimonial privada es donde creemos que puede existir un crecimiento importante, es un sector donde las cifras son muy importantes”.
Los meses y años posteriores le dieron razón: la fama de BPA, sus conexiones con bancos corresponsales en Estados Unidos –que permiten transferencias internacionales–, su capacidad de armar estructuras offshore en Panamá, Europa y Uruguay y su poca curiosidad en cuanto al origen del dinero atrajeron a clientes deseosos de esconder sus fortunas.
Collado Mocelo fue uno de ellos. De acuerdo con el diario español El País –que ha documentado gran parte de la información sobre los mexicanos en Andorra–, el abogado de algunos de los personajes más poderosos de México controló por lo menos 24 cuentas bancarias en BPA, en las cuales escondió 120 millones de dólares provenientes de al menos 21 empresas en México.
Para enviar el dinero de México a Andorra, el abogado aprovechó a fondo los servicios de BPA. Según documentos que obtuvo El País, en uno de los esquemas offshore aterrizado en 2012, la compañía incorporó fundaciones en las Antillas Holandesas, que controlaban una sociedad de papel en Holanda, llamada Constellation Investments CV.
Según las indagaciones de las autoridades de Andorra, el abogado también emuló las viejas recetas de BPA, y utilizó casas de cambio mexicanas –entre ellas ByB– para borrar el rastro del dinero. Así, en 2013 el abogado movió 372 mil dólares a través de la casa de cambio Tíber, que pertenecía a Carlos Djemal Nehmad, un banquero que la justicia estadunidense condenó en 2018 a seis años de cárcel por un fraude multimillonario en operaciones fronterizas.
Por inverosímil que parezca, el banco andorrano se quedó satisfecho con la explicación de Collado, según la cual el dinero provenía de sus actividades como empresario y de su despacho Collado & Asociados. Ni los montos transferidos, ni sus clientes y relaciones –Raúl Salinas de Gortari, preso una década por asesinato y acusado un año después por la justicia francesa por narcotráfico–, ni el uso de las sociedades de papel –para comprar jets privados, entre otros– despertaron alarmas en BPA.
En aquel entonces Collado ya jugaba un rol central en la financiadora queretana Libertad Servicios Financieros –también conocida como Caja Libertad–, que según el empresario Sergio Hugo Bustamante empleaba como gigantesca máquina de lavado de dinero para sus clientes y amigos, entre ellos Peña Nieto, Salinas de Gortari, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién y el exsenador panista Mauricio Kuri González.
La denuncia de Bustamante derivó en la detención de Collado, el 9 de julio de 2019, mientras comía con su cliente y amigo Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero. El abogado sigue en prisión preventiva hasta la fecha, acusado de delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita por operaciones inmobiliarias presuntamente fraudulentas.
Días después de la captura de Collado, El País reveló que Alfredo del Mazo Maza también utilizó una estructura offshore de BPA en 2012 –era presidente municipal de Huixquilucan– para esconder 1.7 millones de dólares en una cuenta bancaria, abierta a nombre de una empresa holandesa de papel, llamada Abeodan Corporation CV.
El primo de Peña Nieto y ahora gobernador del Estado de México recibió el dinero del empresario Daniel Madariaga Barrillado y del salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez, así como de una serie de sociedades de papel creadas en varias jurisdicciones secretas, como en Panamá. El País reveló que Del Mazo tenía la intención de mover a Andorra otros 2.5 millones de dólares de una cuenta en Suiza.
Consultado al respecto, el equipo del gobernador reiteró que Del Mazo fue “invitado a participar en una empresa que se dedica a la administración de estacionamientos” –la de Madariaga–, la cual no se formalizó porque Peña Nieto le ofreció la dirección de Banobras; por ello, insistió en que el mexiquense no tiene “ninguna” cuenta bancaria en Andorra.
Otra figura destacada del PRI movió recursos al paraíso bancario: el guanajuatense Francisco Agustín Arroyo Vieyra, quien fue presidente de la Cámara de Diputados entre 2012 y 2013, senador, varias veces diputado federal, precandidato a gobernador por su entidad y nombrado por Peña Nieto embajador en Uruguay en 2016.
Cuando El País exhibió su cuenta con 1.2 millones de dólares en Andorra, en septiembre de 2017, el político sostuvo que el dinero venía de un pago del despacho Salinas Arrambide y Asociados. Seis meses más tarde, en marzo de 2018, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Pedro Raymundo Salinas Arrambide –dueño del despacho– en el baño de una oficina, con una pistola en la mano y una bala en la sien, en un aparente suicidio.
A raíz de la intervención de las autoridades andorranas y panameñas en las estructuras de BPA, en 2015, las cuentas de sus clientes quedaron congeladas. Incluso un año después, cuando el FinCEN levantó la sanción y dio luz verde a BPA para operar de nuevo, las autoridades de esos países mantuvieron los candados sobre las cuentas que consideraban más sospechosas.
Ante esta situación, Peña Nieto –quien actualmente reside en España– movilizó al aparato gubernamental mexicano para desbloquear las cuentas de Collado y de los demás clientes: la Procuraduría General de la República (PGR) decidió el no ejercicio de la acción penal contra los connacionales y trató de convencer a las autoridades andorranas de que el origen de los fondos era lícito.
El martes 2 El País reveló que un funcionario de la PGR, Alberto Alcántara Martínez –entonces coordinador de investigación– viajó tres veces al principado para que las autoridades abandonaran la causa que mantenían abierta contra Collado por lavado de dinero; el exfuncionario incluso presentó información falsa para probar la honestidad de Collado. Estos viajes son investigados por la Fiscalía General de la República.
Los esfuerzos de Alcántara lograron su objetivo: en 2018 las autoridades andorranas levantaron los cargos y descongelaron las cuentas de Collado.
Sin embargo, la llegada al poder de la administración de Andrés Manuel López Obrador y la detención de Collado llevaron las autoridades de Andorra a reabrir el caso y congelar de nuevo sus cuentas.
El abogado aprovechó esta ventana para realizar una última movida: “Seis días antes de su detención en México (…) Collado transfirió 11.6 millones de dólares desde Andorra a una cuenta en el BBVA en Madrid. El destinatario del dinero sigue siendo un misterio”, planteó El País.
La conexión
Desde abril de 2017, el director jurídico de ByB Casa de Cambio se llama Carlos Ramírez Gallego, un abogado que se dedica entre otras cosas a las “relaciones institucionales con filiales e instituciones financieras en el extranjero” y a la “atención a autoridades administrativas y bancarias”.
El abogado, aparentemente anodino, conecta muchos puntos y actores de la historia de BPA en México.
Según el currículo que el propio Ramírez Gallego elaboró y publicó en su LinkedIn, su carrera de abogado empezó como “asistente jurídico” en ByB entre enero y diciembre de 2006, justo en el periodo durante el cual la empresa presuntamente lavaba el dinero en efectivo para Urdangaray y Díaz, los representantes de BPA en México.
Después de ByB, Ramírez Gallego se tituló y, entre agosto de 2008 y julio de 2011, fue pasante y abogado en el área de litigio penal y en casos de litigio civil y mercantil en Collado & Asociados, el despacho de Collado, quien ya llevaba una tupida cartera de clientes y tenía cuentas en BPA.
Tras una breve estancia en España, el abogado regresó como “junior partner” en el despacho de Collado entre agosto de 2012 y marzo de 2017. Ramírez Gallego indicó que una de sus labores como empleado de Collado consistía en ser miembro del Consejo de Administración de ByB Casa de Cambio, que su patrón utilizó para enviar dinero a Andorra.
No sólo esto: Ramírez Gallego dijo que era, a la par, miembro del Consejo de Administración de Astur-Riojana Import/Export, SA de CV, una empresa de importación de vino fundada por Urdangaray, el primer representante de BPA en México.
Durante el mismo periodo en el despacho de Collado, Ramírez Gallego indicó que se encargaba del litigio en “área penal y de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, pues se ostentaba como parte de la “asociación de los especialistas antilavado de dinero”.
