Hay un horror por el escalamiento de la violencia en la que se han visto involucrados niños y adolescentes, particularmente en la Ciudad de México; y ese escalamiento obedece a causas multifactoriales –entre ellas el abandono, la violencia intrafamiliar, la ausencia de políticas públicas y los recortes presupuestales a los programas en la materia– que aprovecha el crimen organizado para reclutar a menores de 18 años. Tales son las conclusiones de la antropóloga Elena Azaola Garrido, quien en su libro más reciente, Nuestros niños sicarios, reúne 730 testimonios de adolescentes que purgan condenas por delinquir.
Ricardo es un joven de 20 años que lleva más de dos años interno y le quedan otros tres para cumplir con su sentencia. Su padre era secuestrador y lo mataron cuando él tenía cinco años. Su madre es ama de casa, tiene cinco hermanos y él fue el sexto en su familia. Desde los 14 años salió de su casa por la violencia que había en su familia y se fue a vivir a casa de una de sus hermanas.
Ricardo estudió hasta el primer año de secundaria y abandonó la escuela porque lo corrieron, pues vendía drogas a sus compañeros. Desde los 13 años se dedicaba a vender drogas y del dinero que obtenía una parte le daba a su familia (…) De entre sus familiares, tanto su papá como alguno de sus hermanos, tíos y primos han estado alguna vez en prisión.
(…) Ricardo se encuentra acusado por homicidio, robo con violencia y lesiones. Él relata lo siguiente:
“Yo formaba parte de un grupo, como un cártel; había otros señores más grandes que nos decían qué hacer, yo los conocía desde que era chavo, desde que tenía 12 años, en ese entonces yo compré un arma y maté a alguien. Era un grupo que vendía drogas, armas y nos ponían a empresarios o a diputados para que los secuestráramos o los matáramos. Matábamos porque había agravios contra esas personas, porque eran de otros grupos; a mí también me tocaba matar. Era normal, era parte de mi vida (…) no sabría decirle a cuántos maté, pero fueron más de 10. De todas las personas que pertenecían a ese grupo, que eran como 40, sólo dos eran menores de edad. El jefe de ese grupo había pertenecido a la Marina” (…) Al preguntarle si cuando salga piensa regresar con ese grupo, responde que piensa irse a otro estado de la República para no tener que regresar con el grupo, y cuando le pregunto qué quisiera hacer en el futuro, responde: “dejar esta vida y tener una familia”.
Testimonios de la infamia
La historia de Ricardo forma parte de 730 testimonios de adolescentes en conflicto con la ley privados de libertad en 17 estados, que la investigadora Elena Azaola Garrido reúne en su libro Nuestros niños sicarios (Fontamara, 2020).
Antropóloga social del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con una trayectoria de 40 años, en los que ha abordado entre sus temas de investigación la situación de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, Azaola Garrido resalta que persiste una falta de visión de largo plazo en gobiernos y ciudadanía, para apoyar a niños, niñas y adolescentes, y alejarlos del reclutamiento que realizan grupos criminales en el país.
Investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), “dispuesta a colaborar” con sus conocimientos en el diseño de políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia, Azaola advierte que el reclutamiento de menores de 18 años por parte del crimen organizado es “multifactorial”, lo que pudo evidenciar a través del estudio condensado en su libro.
Al pedirle una reflexión sobre tragedias como aquellas en las que se han visto involucrados niñas, niños y adolescentes en las últimas semanas, particularmente en la Ciudad de México, Azaola Responde: “Sí hay un horror, sí hay un escalamiento de la violencia; y es un escalamiento –con todas las comillas– ‘normal’ dentro de lo que es el abandono de una zona y el abandono de políticas dirigidas a la primera infancia.
“Si estos niños vivieron desde pequeños en ciertas circunstancias que los colocan en riesgo, si eso no se atendió de manera oportuna y está en un contexto de crecimiento, de fortalecimiento del crimen organizado, todo esto es ‘normal’ –otra vez con todas las comillas–, ¡claro que no es normal!, pero es el desenlace esperado de la película si te la transmiten durante años.”
Sin adjudicar toda la responsabilidad a los gobiernos, pues para la investigadora la sociedad en su conjunto tiene responsabilidad en lo que ocurre con la infancia, considera que no ha habido “una visión de largo plazo para construir una comunidad de cómo resolver conflictos, todo eso es el caldo explosivo donde suceden casos como los últimos conocidos, son solamente un gradito más de lo que ya ha venido ocurriendo por tantísimos años”.
La bandera enarbolada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –“Becarios, no sicarios”– para abordar el problema, dice, tiene la virtud de que “al menos tiene en el radar a los jóvenes y pretende ofrecerles ciertas oportunidades, pero es una iniciativa que tiene muchas limitaciones; no está focalizada precisamente hacia los jóvenes que lo requieren”.
Azaola enlista algunos de los hallazgos de su amplísima investigación, factores que incidirían en el acercamiento de la infancia y la adolescencia con el crimen organizado, entre los que considera fundamentales la falta de atención a la primera infancia, la violencia de género y la ausencia paterna.
“Un niño que ha crecido en estas circunstancias, en las que no había nadie que le llevara de comer, que lo llevara a la escuela, que le festejara su cumpleaños, que viera por él cuando lo maltrataban, que hiciera algo por su madre cuando la maltrataban, y a ese niño dale una beca. So what? ¿Qué compones con haberle dado una beca cuando hay hoyos tan profundos?”, reflexiona Azaola, e insiste en que los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad requieren atención integral.
Los silencios del gobierno
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) coincide con la investigadora del CIESAS. Su organización, dice, ha demandado al gobierno de López Obrador la inclusión de un “Proyecto Prioritario 26”, en el que se considere a los casi 40 millones de mexicanos menores de 18 años.
Redim ha puesto la lupa en el incremento alarmante de la violencia contra ese sector de la población. De acuerdo con las cifras oficiales, cada día desaparecen siete niñas, niños y adolescentes, en tanto que otros tantos son víctimas de homicidio.
Pérez García recuerda que la solicitud de incluir a la niñez y a la adolescencia entre los temas prioritarios del gobierno federal, data del pasado 6 de enero. Dos meses después, el Estado mexicano fue llamado a cuentas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 175 Periodo de Sesiones, para abordar los casos de reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado y la desaparición de niñas, niños y adolescentes. A esa audiencia asistió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
“En esa audiencia del 6 de marzo se comprometieron a muchas cosas que no han cumplido; hemos perseguido al subsecretario y ya ni contesta. Por eso hemos exigido una reunión para dar seguimiento a los compromisos de atender el grave problema de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, apunta el defensor, quien en julio pasado solicitó formalmente al funcionario una reunión de seguimiento.
Mientras prevalece el silencio gubernamental, “claramente lo que estamos viendo es una agudización de la violencia, que antes prevalecía entre grupos criminales y ahora aparentemente se ha inoculado, se ha metido en la violencia comunitaria y en la violencia familiar, en la que se ha incorporado armas, la práctica de desaparecer y la práctica de la mutilación, porque es lo que la gente está recibiendo, pero además tiene el mensaje de que eso queda en la impunidad”.
Pérez García puntualiza que, frente a ese panorama, “de un Estado más frágil por las crisis, por la corrupción, por la coptación del crimen, es un Estado con menos dinero para el tema social; eso no es nuevo, llevamos mucho tiempo insistiendo en que no se invierte dinero para prevención. El presupuesto para 2021 lo ratifica con mayor crudeza; lo poquito que había de dinero para prevención se eliminó”.
Recortes mortales
En su informe La infancia y la adolescencia en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Consideraciones para los tomadores de decisión, la oficina en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alerta sobre las contracciones presupuestales y la eliminación de rubros destinados para la población menor de 18 años, que equivale a 30% de los mexicanos.
El UNICEF destaca que el Anexo Transversal de Recursos para la Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes (ATRNNA) prevé un presupuesto de 791 mil 632 millones de pesos, que corresponde a 17% del gasto programable neto –estimado en 6 mil 296 millones de pesos– y es un incremento mínimo de 0.2% respecto a 2020.
De acuerdo al análisis, “la primera infancia es el grupo más invisibilizado en términos presupuestarios, ya que representa 10.3% de la población total y se le destinarán 90 mil 844 millones de pesos; es decir, sólo 2% del gasto programable neto”.
A la niñez de entre seis y 11 años, 12% de la población total, se le destinarán 523 mil 845 millones de pesos, esto es 12% del total del gasto programable neto, en tanto que a la adolescencia, 9% del total, se le destinarán 186 mil 942 millones de pesos, equivalentes a 4% del gasto programable neto.
En su revisión de la propuesta gubernamental aprobada por el Congreso de la Unión, el organismo alerta sobre decenas de recortes presupuestales a programas destinados a 30% de la población.
Uno de ellos es el de Escuelas de Tiempo Completo, programa que en 2020 contó con 5 mil 100 millones de pesos, y que en 2021 dejará “a más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes sin alimentación escolar y para quienes seis de cada 10 constituía la primera comida del día y, en ocasiones, el único alimento completo que consumían en el día”.
Fueron eliminados otros programas, como Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM), Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI), el Programa Nacional de Convivencia Escolar y Evaluaciones de la Calidad de la Educación, lo que “tendrá efectos negativos en la calidad de los servicios, en logros de aprendizaje, entre otros aspectos”.
Un informe preocupante
Tomando en cuenta que por la pandemia de covid-19 hay desafíos en la educación a distancia, “se observa una total ausencia de recursos para programas orientados a corregir las brechas de acceso y uso tecnológico de la población estudiantil”.
A ello se suma que no se consideraron recursos para la educación inicial, pese a que en la Reforma Educativa de 2019 se declaró obligatorio el nivel; tampoco los hay para desarrollo y formación docente ni programas de inclusión y equidad educativa.
En materia de salud, el UNICEF alerta del recorte de 403 millones de pesos en el Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva que opera la Secretaría de Salud, “lo que representará un retroceso para el ejercicio de los derechos de las mujeres en materia de salud materna, sexual y reproductiva, afectando los avances que ya se habían logrado en los últimos años, especialmente en materia de violencia de género, planificación familiar (aumento de embarazos adolescentes), mortalidad y morbilidad materna y neonatal”.
Asimismo hay un recorte de 100% al Programa Seguro Médico del Siglo XXI, lo que equivale a mil 984 millones de pesos, “que afectará la provisión de servicios para niños y niñas menores de cinco años como tamizaje metabólico, auditivo y del desarrollo infantil con los que se evitan discapacidades en este grupo poblacional”.
En cuestiones de nutrición, hay una disminución en el Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente de Asistencia Social, lo que “podría afectar la provisión de servicios que se otorga a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), como desayunos escolares, atención a los primeros mil días de vida y servicios de asistencia social alimentaria a personas en situación de emergencia, afectando a cerca de 6 millones de niñas, niños y adolescentes beneficiarios diariamente”.
Juan Martín Pérez retoma: “Claramente hay una intención de no atender a niñas, niños y adolescentes, es un tema del Estado mexicano en su conjunto, se sigue pensando que los niños son responsabilidad de las familias”.
Concluye el defensor de la Redim: “Otro tema de los niños es que no votan y hay un cálculo político de lo que es rentable y en que prefieran las construcciones, las carreteras y todo lo que sea inauguraciones, que invertir en niñas, niños y adolescentes que no se ven, que no se pueden lucir”.
