Nuevos actores han irrumpido en los juegos del poder a nivel municipal e incluso regional: los subdelegados de los programas de Bienestar. Se trata de más de 250 hombres y mujeres con escasa o nula experiencia en la administración pública, pero con años de militancia en Morena, antecedentes en operación electoral y conexiones políticas o familiares en los municipios donde despachan como funcionarios federales.
Tras dos años de operar los programas sociales federales en los principales municipios del país, los más de 250 “subdelegados” se consolidaron como actores relevantes de poder a nivel local: a menudo participan en los actos oficiales de los presidentes municipales, están presentes en reuniones de seguridad o hacen proselitismo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación.
Son mujeres y hombres con escasa o nula experiencia en la administración pública federal, pero que cuentan con años de militancia en Morena y antecedentes en la operación electoral. López Obrador les otorgó remuneraciones brutas mensuales de más de 72 mil pesos mensuales, reservadas a la alta burocracia.
Gracias a su protagonismo y a las atribuciones que les confirió el mandatario –tienen decenas y hasta cientos de Servidores de la Nación bajo sus órdenes–, se hicieron un lugar en el centro de la vida política regional; tan es así que en los últimos meses varios ya presentaron sus renuncias con aspiraciones electorales en 2021.
Con excepción de unos cuantos nombramientos por cuotas de poder o alianzas puntuales, todos los subdelegados son afiliados a Morena y se dedicaban a asuntos políticos antes de integrar el gobierno federal; por lo menos 46 fueron enlaces distritales del partido durante las elecciones de 2018; al menos otros 35 se presentaron –y perdieron– en comicios locales y federales; 12 han sido diputados y otros 21 son o han sido diputados suplentes.
Un análisis que Proceso realizó a las declaraciones patrimoniales y perfiles públicos de 252 subdelegados –quienes aparecen como titulares de “Dirección regional (servidores de la nación)”– arroja una gran heterogeneidad entre sus integrantes, pero resalta tres puntos en común: su militancia en el partido en el poder, su adulación pública hacia López Obrador y el hecho de que tienen sólidas conexiones políticas o familiares en los municipios donde ahora despachan como funcionarios federales.
Del análisis se desprende que los subdelegados no fueron elegidos con base en criterios académicos –55 no tienen título universitario– ni por un perfil profesional, pues entre los subdelegados hay quienes fueron maestros, cajeros, abogados, comerciantes o enfermeros, aunque muchos indicaron a Morena como su empleador previo a incorporarse al gobierno federal.
Se supone que todos los subdelegados reciben el mismo salario; sin embargo, reportaron montos radicalmente distintos en sus declaraciones patrimoniales de 2020: 14 indicaron ingresos públicos netos superiores a 800 mil pesos –es decir, más de 66 mil pesos mensuales–, mientras otros 50 indicaron que recibieron menos de 200 mil pesos durante el año.
Del análisis se desprenden tres perfiles generales de subdelegados: unos son cuadros de las estructuras locales de Morena; otros son allegados de actores políticos de mayor rango en esa región; y otros fueron nombrados por amiguismo o pactos en las cúpulas políticas.
Los subdelegados son una invención de la llamada Cuarta Transformación: forman parte de una estructura integrada a la Secretaría de Bienestar, pero que obedece a la Coordinación General de los Programas Federales, una estructura nueva adscrita a la Presidencia de la República y encabezada por Gabriel García Hernández, un incondicional operador político-electoral de López Obrador de hace décadas.
En este esquema, los subdelegados representan el escalón entre el llamado “superdelegado”, que supervisa los programas en el Estado donde despachan, y los Servidores de la Nación, quienes operan en las localidades. Su papel consiste en supervisar los programas sociales desde la escala regional, con sede en el principal municipio de la zona.
Operadores
El perfil de subdelegado que más se repite es el de una persona que tuvo cargos en los municipios donde ahora despacha –como regidora o alcaldesa–, se presentó en puestos de elección popular en la zona, y en las elecciones de 2018 fungió como enlace distrital de Morena en ese lugar.
En este caso entrarían muchos, como Gabriela Valdepeñas González, otrora regidora de Tlanepantla y enlace distrital de Morena en las elecciones pasadas; Gerardo Sierra Ríos, subdelegado en Celaya, Guanajuato, donde fue regidor y enlace; o Jennifer Kristel Parras Salas, regidora de Aguascalientes y presidenta del Consejo Estatal de Morena en esa entidad.
Al menos 62 subdelegados aspiraron en algún momento a un cargo de elección popular en la zona donde ahora operan los programas, como Julio Lázaro Bazán, quien fue candidato a alcalde de Tlapa, Guerrero, y es ahora subdelegado en ese municipio; o Bertha Padilla Chacón, excandidata para el municipio mexiquense de Tultepec y ahora subdelegada; o Beatriz Gutiérrez Guadarrama, subdelegada en Yautepec, Morelos, municipio del que fue regidora y aspirante a la presidencia municipal.
Además de sus aspiraciones políticas personales, otros subdelegados gozan de respaldos en el más alto nivel de Morena, lo que los convierte en piezas clave para influir en los juegos de poder locales.
Así, en Texcoco, un bastión histórico de Morena en el Estado de México bajo influencia del senador Higinio Martínez, despacha María Victoria Anaya Campos como subdelegada; ella trabajó en el ayuntamiento y fue coordinadora de giras de Delfina Gómez Álvarez durante la campaña para la gubernatura del Estado de México en 2017. Gómez es ahora superdelegada en esa entidad, es decir, superior de Anaya.
Dos subdelegados están marcados por la huella del senador Martí Batres Guadarrama: Ernesto Chávez Contreras, quien trabajó durante una década para Batres –fue su asesor en la administración capitalina de Marcelo Ebrard Casaubón y diputado federal suplente entre 2012 y 2015–, y José Manuel Oropeza Morales, quien fue presidente del PRD cuando Ebrard gobernó la capital y fue suplente de Batres a principios del siglo.
En algunos casos, los nombramientos de los subdelegados no se explican de otra manera que por cuotas de poder o de amiguismo. Es el caso del almirante José Manuel Solano Ochoa, un militar cercano a López Obrador, quien durante el periodo de transición se vislumbraba como posible titular de la Secretaría de Marina (Semar), y que fue nombrado subdelegado en el puerto de Veracruz.
También entraría en ese caso Josué Farela Pacheco, hijo del líder evangélico Arturo Farela Gutiérrez, fundador de la asociación de Iglesias evangélicas Confraternice. Farela hijo aparece en la nómina pública como subdelegado y reportó ingresos públicos de 571 mil 463 pesos en 2019.
Y no sólo eso: antes de su polémico nombramiento a un cargo ejecutivo en Pemex, Carmelina Esquer Camacho fue durante unos meses subdelegada en Cuajimalpa. Su padre, Alejandro Esquer Verdugo, es el poderoso secretario particular del presidente López Obrador, y en 2018 era el secretario de Finanzas de Morena; como tal, elaboró y firmó muchos contratos de “prestadores de servicios” para personas que posteriormente se convirtieron en Servidores de la Nación, entre ellos subdelegados.
Casos como éstos abundan entre los subdelegados: ahí están Gabriela Barrón Mijares, la madre de la diputada federal Gabriela Cuevas; Luis Fernando Duarte González, compadre de la subsecretaria de Bienestar Ariadna Montiel; o Eustolio Pani Barragán, hermano de la diputada federal Alejandra Pani Barragán.
Aspirantes
A menudo, la prensa local se refiere a los subdelegados como “delegados del gobierno federal”, o incluso como “representantes de López Obrador” a nivel municipal. En dos años, su presencia a nivel regional se consolidó a tal punto que varios ya renunciaron para preparar sus candidaturas a las elecciones del próximo año.
En San Luis Potosí, dos subdelegados –Kevin Angelo Aguilar Piña y Leonel Serrato Sánchez– dejaron su puesto y anunciaron su intención de seguir “defendiendo la patria” como “parte del proyecto del presidente López Obrador”, y en Veracruz, cuatro subdelegados ya renunciaron desde el verano pasado para preparar sus candidaturas.
En el marco de la caótica renovación cupular en Morena, y ante una posible escisión encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la presidencia de la agrupación política, los consejos estatales del partido sesionarán en los primeros meses del año entrante para elegir sus candidatos a las 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 63 diputaciones locales y mil 926 presidencias municipales que se renovarán en julio de 2021.
De hecho, el pasado 22 de octubre, Gabriel García Hernández difundió un mensaje por video, dirigido a todos los subdelegados, en el cual pidió a los aspirantes a cargos de elección popular separarse de sus cargos antes del 31 de octubre, como lo instruyó López Obrador, y recordó que la ley no les obliga a hacerlo.
“Tenemos hasta el 31 (de octubre) para que renuncie todo aquel que aspire a ser candidato. Aunque por ley podrían estar más tiempo, queremos hacer el deslinde; es muy importante hacer esta separación desde ahora para quienes tengan esta aspiración, de manera libre, porque vamos a hacer valer principios, vamos a hacer valer la Constitución, ahora como un logro de la Cuarta Transformación.”
Tras recordar que el uso de los recursos de programas sociales con fines electorales es un “delito grave”, García Hernández refrendó que “nadie de aquí se va mal, se van bien, pero es muy importante que desde ahora hagamos este deslinde para que se haga valer este principio; es una lucha que se ha ganado, que haya libertad y que los funcionarios públicos no obtengan beneficios o influencias a partir de la función que tenemos”.
Desde el arranque de la presente administración, numerosos subdelegados han sido señalados por contratar a familiares en la nómina de Servidores de la Nación a su cargo, pero también por casos de despidos injustificados, usos electoralistas de los programas, intromisiones en las antenas locales de Morena, o incluso corrupción.
Así, militantes de Morena en Chiapas acusaron a la subdelegada Martha Carballo Sangeado –que opera en Palenque– de interferir en la contienda interna del partido; el exsubdelegado en León, Ricardo Gómez Escalante, fue acusado múltiples veces ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por despidos injustificados; el subdelegado en Zapopan, Demetrio Almeda Hernández, fue acusado de clientelismo.
Privilegiados
Durante el periodo de transición y los primeros meses de la administración actual, los subdelegados realizaban el polémico padrón de beneficiarios de los nuevos programas sociales, conocido como “censo del Bienestar”. En aquel entonces, se llamaban “coordinadores regionales”; pertenecían al ejército de “servidores de la nación” del gobierno actual y eran pagados mediante contratos como prestadores de servicios.
El año pasado, los subdelegados entraron formalmente en la nómina de la Secretaría de Bienestar: cada uno recibe prestaciones de nivel “M23”, equiparables al de directores de área; es decir, un salario mensual bruto de 72 mil 171 pesos y neto de más de 50 mil pesos, el cual los catapultó entre el 10% de mexicanos mejor remunerado del país.
En comparación con otros representantes del gobierno federal en los estados, su trato es envidiable. Los llamados “subdelegados agropecuarios” de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por ejemplo, tienen a su cargo la gestión de los programas de esa dependencia en estados enteros por un salario mensual bruto de 45 mil pesos; es decir, 30 mil pesos inferior al de Bienestar.
En el caso de los delegados de programa Becas para el Bienestar Benito Juárez –que sustituyó al programa Prospera y pasó a la Secretaría de Educación Pública (SEP)–, la situación es variable: si bien la mayor parte de los delegados gana entre 32 mil y 55 mil pesos brutos mensuales, algunos tienen ingresos mucho mayores, según la información de la plataforma Nómina Transparente.
Son los casos de la diputada de Morena María de Jesús Melgar Vásquez, quien es delegada en Oaxaca, o de Jesús Ernesto Gómez Pananá, el delegado de Chiapas; otros cobran un poco menos, como Samantha Brito Vergara, tesorera de Texcoco durante la gestión de Delfina Gómez y delegada en el Estado de México; o Joshué Uriel Figueroa Blázquez, militante de Morena que es delegado en Puebla.
