Este es un excelente momento para convertir la secrecía que caracteriza al mercado mexicano del arte contemporáneo en una nueva actitud de transparencia comercial.
Que el exfuncionario priista Emilio Lozoya haya adquirido arte contemporáneo venezolano en la feria mexicana Zona Maco (Reforma, 23 de septiembre), no convierte al mercado nacional en un territorio corrupto o ilegal. Y la necesidad de fortalecer la escena comercial de nuestro país es tan urgente como grande ha sido la indiferencia de la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, para apoyar la cadena de valor de la economía artística.
Con base en la información tanto del medio mencionado como del portal digital de Proceso del día citado, Emilio Lozoya, a través de su empresa privada Tochos Holding Limited, pagó a la galería RGR 110 mil dólares por una escultura del venezolano Rafael Barrios que pertenece a la edición 2014 de la serie Nimbus. Fundada en la ciudad de Caracas en 2012, esa galería de Ricardo González Ramos (RGR) se distingue por la promoción de lenguajes abstractos de artistas latinoamericanos de distintas generaciones.
Instalada en la Ciudad de México en 2018, la galería sobresale no sólo por las prestigiadas firmas que representa –Julio Le Parc, Carlos Cruz-Diez, Jesús Soto, Oswaldo Vigas–, sino por la alta calidad de las obras que comercializa. Nacido en 1947 en Estados Unidos, Rafael Barrios se caracteriza por un trabajo escultórico basado en módulos geométricos en acero inoxidable de atractivos colores, que se sobreponen aparentando un equilibrio inestable. De la serie Nimbus existen versiones realizadas en distintos años: 2013, 2015 y 2018. Y en lo que respecta a Lozoya, director de Pemex de 2012 a 2016, es evidente su preferencia por la creación y promoción de origen venezolano.
Dada la opacidad y arbitrariedad de sus precios, el arte se considera una mercancía apta para lavar dinero. Para controlar esta posibilidad, en octubre de 2012 el presidente panista Felipe Calderón expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la cual establece como actividades vulnerables las subastas o comercialización de obras de arte con un valor igual o superior a 2 mil 410 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (aproximadamente 296 mil 430 pesos actuales; artículo 17.VII).
Un año después, en agosto de 2013, en su cargo como secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray –bajo la gestión presidencial del priista Enrique Peña Nieto– expidió las reglas para la ley citada, estableciendo medidas de control y exigiendo dar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los vendedores y compradores del arte, constituido como actividad vulnerable.
Al margen del desacuerdo generado entre galeristas (esta medida por considerar inhibiría la comercialización del arte y, por lo mismo, debería ser evaluada con base en resultados por el SAT y la Secretaría de Cultura), es indispensable ubicar que no todo el mercado del arte en México alcanza o rebasa esa cotización. Plural, diverso y expandido en distintos segmentos, es necesario dinamizarlo no sólo con programas gubernamentales, sino también fomentando la transparencia de sus precios.
Si los consumidores tuvieran la posibilidad de comparar la relación entre las características artísticas, el valor legitimatorio y el precio de obras y firmas en distintas galerías, sería más probable que se animaran a adquirir productos artísticos no tan caros, más interesantes y menos repetitivos de los que prefiere y paga la gente como Emilio Lozoya.
