Con ayuda de testigos, la FGR está armando el rompecabezas del esquema financiero que utilizó Gerardo Sosa Castelán para apropiarse de recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y dispersarlos hacia cuentas propias, así como de cómplices y familiares. Aquí se muestra la parte sustancial de la ruta del dinero que ahora tiene a Sosa en el penal del Altiplano.
El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, creó un esquema de lavado de dinero que implicó cientos de cheques y transferencias bancarias por 58.2 millones de pesos en Banamex, HSBC, Bancomer, Banorte, Santander y Scotiabank.
La ruta encubierta del dinero llevaba a despachos contables de su principal operador, a una empresa fachada, a otra creada por un prestanombres con el patrimonio de la universidad y a seis destinatarios finales: él, sus dos hijas y tres personeros.
El dinero salía de la casa de estudios mediante servicios simulados como contabilidad, específicamente la revisión de estados financieros, que supuestamente hacían los despachos de Francisco Natalio Zamudio Isbaile, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) define como el segundo al mando de la “organización delictiva” que sustrajo recursos de la UAEH.
Con base en los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones de los implicados –informes a los que este semanario tuvo acceso y que integran la carpeta de investigación–, el mayor flujo de dinero que recibió la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI (31 millones 305 mil 88 pesos) provino de la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, fundada por un testaferro de Sosa que recibió un criterio de oportunidad de la FGR: delatar y aportar pruebas a cambio de no ir a prisión.
Todas las transferencias de Yolo se hicieron mediante una cuenta en Scotiabank con terminación 022, entre el 18 de octubre de 2013 y el 8 de mayo de 2018.
Como lo reveló este semanario (Proceso 2289), Óscar Pacheco es el testigo colaborador de la FGR que declaró ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que la inmobiliaria Yolo se constituyó con dinero de la universidad. A decir del informante, entre otros bienes la UAEH financió una nave industrial de 10 mil metros en San Antonio, Ciudad de México, cuyo terreno costó 45 millones de pesos.
El 8 de abril de 2015 Pacheco depositó a Contabilidad del Siglo XXI un monto de 170 mil pesos desde su cuenta Bancomer terminación 827; y entre el 10 de abril y el 18 de mayo siguientes transfirió a la misma firma 1 millón 319 mil 405 pesos desde su cuenta con terminación 644 en Scotiabank. Ambas operaciones, del dinero que Pacheco recibía de Sosa Castelán.
En la operación que encabezó Sosa Castelán para movilizar 58 millones 245 mil 948 pesos del presupuesto universitario entre 2011 y 2018, nueve depósitos por un total de 7 millones 626 mil 999 pesos salieron directamente de la UAEH a Contabilidad del Siglo XXI, encargada de dispersar el capital. Para ello se utilizaron cuentas en Bancomer, Banorte, Banamex y Santander.
También los despachos contables de Zamudio triangulaban recursos que recibían de la UAEH como pagos simulados. Contabilidad Automatizada de Hidalgo recibió 1 millón 574 mil 567 pesos entre mayo de 2015 y mayo de 2018, por medio de dos cuentas en Banorte, mientras que Contabilidad Especializada de Hidalgo ingresó 2 millones 949 mil 704 pesos entre febrero de 2011 y mayo de 2018 a través de dos cuentas en Scotiabank y una en Banorte.
Otra empresa de Zamudio, Corporativo Contable de Pachuca, envió 1 millón 925 mil 331 pesos entre el 8 y el 15 de mayo de 2018 por medio de una cuenta en Banorte.
Asimismo, Eficiencia en Negocios Asociados –cuyas oficinas en el número 302 del bulevar San Javier, en Pachuca, fueron desmanteladas hace meses– transfirió 5 millones 701 mil 786 pesos a la empresa falsa entre noviembre de 2011 y mayo de 2018, por medio de cuentas en Banorte y Scotiabank.
Gerardo Sosa, hasta ahora presunto cerebro de la operación de lavado, también hizo depósitos mediante dos de sus cuentas: de una en Banorte (terminación 231) movilizó 748 mil 925 pesos entre el 21 de noviembre de 2013 y el 18 de marzo de 2014; de otra en Bancomer (terminación 794), otros 309 mil 538 pesos entre enero y octubre del mismo año.
Ambas cuentas siguen bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras el requerimiento de la DEA estadunidense por movimientos inusuales en el extranjero que ascendían a 151 millones de dólares.
También imputado en esta acusación y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Juan Manuel Hernández Gayosso transfirió a la empresa fachada 2 millones 300 mil 631 pesos desde sus cuentas en Banamex, HSBC y Scotiabank.
De acuerdo con la FGR, la movilidad del dinero no tiene un sustento legal, comercial o laboral. Además, la empresa de papel no presentó declaraciones anuales ante el Servicio de Administración Tributaria ni emitió comprobantes fiscales por los supuestos servicios, además de que no tenía mobiliario ni personal y su domicilio es una casa habitación de Zamudio Isbaile.
La fachada
La presidenta de Contabilidad del Siglo XXI, María Luisa Montalvo Sierra, y su vicepresidenta, María Cruz Campos Álvarez, aparecen como accionistas y participaron en todas las transacciones de la firma
dispersora.
Sin embargo Campos Álvarez, trabajadora de limpieza en las oficinas del periódico El Sol de Hidalgo desde 2005 hasta el 31 de agosto pasado –cuando fue detenida–, dijo en la audiencia inicial al juez de control Gregorio Salazar Hernández que ella aceptó ser parte de la sociedad por presión de Zamudio Isbaile.
Sin embargo, aclaró que desde 2004 renunció a su puesto como secretaria en Eficiencia y Negocios Asociados por malos tratos de su jefe, después de lo cual no supo más de Contabilidad del Siglo XXI. Por ese motivo, declaró, desconocía qué hicieron con su firma y su nombre.
La empresa fue constituida el 18 de enero de 2001, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de Pachuca; no obstante, Campos Álvarez insistió en que todos los trámites los hizo Zamudio Isbaile sin que ella ni Montalvo Sierra intervinieran.
La escolaridad de Campos Álvarez es de nivel medio superior, factor que consideró el juez por la discrepancia con las cabezas que estructuraron el esquema de lavado: Gerardo Sosa y Natalio Zamudio. En El Sol de Hidalgo estaba dada de alta como intendente, pero fungía como capturista de texto por no más de 4 mil 500 pesos mensuales, dijo una fuente del periódico.
Al vincularla también a proceso, el juez le respondió que tiene corresponsabilidad por haber consentido en ser accionista inicialmente, aunque ignorara los fines ilícitos de la empresa fachada.
Los destinatarios
Entre el 17 de octubre de 2017 y el 30 de mayo de 2018 María Luisa Montalvo realizó 70 operaciones de cheques por 23 millones 567 mil pesos a una cuenta en Banorte (terminación 231), a nombre de Gerardo Sosa Castelán. El entonces presidente del patronato de la UAEH, al que la DEA también investiga por presunta relación con un grupo del narcotráfico y por huachicoleo, ya se encargaba del manejo financiero de la institución.
El primer trimestre de 2020, cuando se registraron muchos de los retiros y depósitos consignados por la FGR, ocurrieron otros sucesos relevantes para el político hidalguense: en febrero renunció al PRI y a sus cargos relacionados con el partido, tras 40 años de militancia, y se alió con Morena para la elección presidencial.
Su grupo ganó nueve posiciones en el Congreso local y tres en la Cámara de Diputados por esa alianza. Pese a tal poder, Sosa Castelán temía un atentado, por lo que contrató una escolta personal, asignó otras para su familia y resguardó sus propiedades como nunca. Se sentía perseguido, reveló a Proceso Fernando –se omite su apellido por seguridad–, quien fue administrador del rancho Yemila y permanece interno en el penal de Pachuca, acusado del asesinato de Gerardo Sosa Cravioto, el hijo de Sosa Castelán, cometido el 23 de febrero de 2019.
Dicha guardia la formaban agentes privados y otros con formación militar, como un capitán activo del Ejército al que Fernando identifica como Manuel Espino, quien se presentaba como el dueño de la empresa de seguridad contratada por la UAEH.
De acuerdo con el informe de movimientos financieros integrado a la carpeta de investigación, Zamudio Isbaile recibió 3 millones 292 mil 603 pesos de Contabilidad del Siglo XXI a través de decenas de operaciones en cheques con sus cuatro cuentas: dos en Banamex, una en Santander y otra en Scotiabank. El operador financiero de Sosa Castelán se ocupó también de comprar inmuebles y mover dinero,
Anastasia Elizabeth Baños Baños, también prófuga y parte de la estructura operativa de Zamudio Isbaile, recibió 19 millones 431 mil 5 pesos entre 2013 y 2018, por medio de 302 cheques.
Con el mismo modus operandi, a través de 35 transferencias entre el 10 de marzo de 2014 y el 24 de agosto de 2017, Adriana Sosa Cravioto –hija de Sosa Castelán– recibió 1 millón 192 mil 308 pesos, y su hermana, Ana Carmen, otros 806 mil 769 pesos mediante siete depósitos a su cuenta Santander terminación 676. Ambas tienen orden de aprehensión.
La imputación de lavado de dinero en la modalidad de recibir y transferir recursos de la UAEH, incluye también a Juan Manuel Hernández Gayosso, por recibir 25 cheques por 280 mil 104 pesos.
El operador
En lo que la FGR define como la estructura delictiva de la llamada “Sosa Nostra”, Zamudio Isbaile es señalado como operador financiero, encargado de ocultar, recibir y transferir dinero de la UAEH.
Cuando el Patronato Universitario fue constituido como asociación civil, en 2009, Gerardo Sosa ocupó el cargo de presidente, y Natalio el de tesorero, pero su relación personal es más amplia.
Una fuente, que pidió resguardar su identidad ante posibles represalias, dijo a Proceso que, por orden de Sosa, Zamudio Isbaile falsificó documentos a nombre de Adriana Cravioto, esposa de Sosa Castelán y dueña del rancho Yemila, para la liberación de vías con el propósito de construir un pozo, entre otras acciones relacionadas con esa
propiedad.
Esta fuente indica que el rancho está a nombre de Cravioto, quien estuvo separada de Sosa varios años, y las operaciones que implicaban su firma se hicieron mediante simulaciones.
Dada la posibilidad de que fueran utilizadas para el lavado de dinero, la UIF mantiene bloqueadas las cuentas del periódico El Independiente de Hidalgo, que operaba el Patronato Universitario con la razón social La Voz del Aire, SA de CV. Ahora está a cargo del medio la diputada federal por Morena e incondicional de Sosa, Lidia García Anaya, quien creó una empresa para liberar recursos: Intermedios Hidalgo, SA de CV.
Desde hace dos semanas dicha firma absorbe la responsabilidad laboral de la plantilla de la UAEH, a la que le adeudan dos meses y medio de salarios. Sin embargo, el temor de los trabajadores es que no se liberen los pagos; además, Intermedios tiene como representante legal y accionistas a compañeros de la que fuera La Voz del Aire, aunque el control editorial y financiero lo mantiene el grupo de Sosa Castelán.
