En septiembre de 2013 la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rescató a 38 bailarinas, la mayoría extranjeras, que trabajaban en Solid Gold, una franquicia que ofrecía sexoservicios. Ninguno de los socios de ese negocio fue aprehendido. Las autoridades sólo detuvieron a tres trabajadoras, entre ellas a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, una administradora que hoy purga condena en Santa Martha Acatitla. Ella se dice “chivo expiatorio” y cuenta su historia, plagada de irregularidades, pero sobre todo pide ser escuchada y que se le haga justicia.
Sin tocar a las poderosas cabezas que durante años fueron señaladas como parte del negocio de la trata y explotación sexual de personas en el país, la justicia mexicana dictó sentencia contra una empleada de la empresa propietaria de los restaurantes Solid Gold y The Butcher’s, que hasta 2013 ofrecían en la Ciudad de México bailes eróticos y sexoservicio.
Varias de las 38 mujeres –extranjeras– que fueron rescatadas en septiembre de 2013 por personal de la Procuraduría de Justicia (actual Fiscalía) de la Ciudad de México en un edificio en la calle Estocolmo, en la Zona Rosa –donde los dueños de los establecimientos las hospedaban–, señalaron directamente en sus declaraciones ministeriales a varios de los socios de la empresa que las manejaba.
Los expedientes de las fiscalías de la Ciudad de México y General de la República (FGR) incluyen los nombres de Guillermo Fridman, Moisés Atri, Pepe Lizmi y María Alejandra de Pavía Monteagudo –los socios de los establecimientos–, quienes presionaban a las bailarinas para ofrecer sexoservicio a los clientes.
De Pavía Monteagudo es la única que aparece en una ficha de la FGR emitida en 2018 en la que se ofrece una recompensa de 1 millón 500 mil pesos por su captura “como probable responsable de los delitos de trata de personas y delincuencia organizada”; según las denunciantes, ella se encargaba de contratarlas y “manejarlas”.
Tras el escándalo desatado por la liberación de las mujeres –32 extranjeras, entre ellas colombianas, venezolanas y rusas, así como seis mexicanas, que trabajaban en una de las sucursales de Solid Gold en la calle de Londres– fueron capturados varios empleados, pero no los dueños.
Entre los detenidos había tres mujeres, una empleada administrativa y dos de limpieza, así como dos hombres que fueron señalados como vigilantes o supuestos choferes que trasladaban a las mujeres.
A cada uno se le acusó de trata de personas, beneficio de la explotación sexual ajena y delincuencia organizada. Al menos uno de ellos fue mencionado por varias de las denunciantes. En pocos días los dos hombres fueron liberados.
El pasado 8 de mayo el Juzgado Sexto de Distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México determinó que Claudia Ivonne Sánchez Mayorga era culpable del delito de beneficio de la explotación sexual ajena y la sentenció a 15 años y seis meses de prisión, según el expediente 30/2016-V.
Con el pretexto de la pandemia, Sánchez Mayorga no fue notificada de su condena, sino hasta el 3 de agosto pasado; es decir, cuando llevaba siete años presa en espera de una sentencia.
Las otras dos mujeres, Juana Mina Uribe y Jacqueline Raquel Castillo Carapia, fueron ingresadas al Centro Federal de Readaptación Social 16 Femenil en Coatlán del Río, Morelos, por la causa penal 91/2013-III.
Negros giros
La franquicia del Solid Gold aparecía ya en 2001 en un estudio del gobierno de la Ciudad de México denominado “Giros negros. El oscuro historial del cártel”, citado por el reportero Raúl Monge en el reportaje “La mafia de los antros” (Proceso1289).
Solid Gold aparece en la lista de negocios del grupo empresarial Titanium, encabezado por Alejandro y Ricardo Iglesias, Juan Manuel Susumo Murakami y Antonio Gress. Ese grupo manejaba también la discoteca Lobohombo, que se incendió en octubre de 2000.
Según el informe del gobierno capitalino, “mediante el uso de prestanombres, los propietarios de giros negros no sólo evaden impuestos, sino que lavan dinero de los ingresos no declarados”,
Por lo que atañe a The Butcher’s, en 2011 la página llamada “Guía de tables” lo promovía así: “¿Están listos para ir por los mejores cortes de la ciudad? y de paso comer algo, je! Les traemos la reseña de este lugar que se llevó gran parte de nuestra quincena.
“El club Butcher’s se encuentra en Santa Fe, a un costado de la Harley Davidson, un restaurante de estilo ejecutivo que desde la entrada refleja un gran servicio. Si has ido al Angus, identificarás el concepto: restaurante en donde las chicas que te atienden están uff!, el truco aquí es llegar después de las 9:00 pm y pedir lugar en ‘la parte de arriba’. Al subir veras un maravilloso lugar en donde la compañía se pone mejor, un desfile de extranjeras que apenas si español hablan, pero, créeme, no necesitan hablar…”
En marzo de 2010 este semanario publicó un reportaje sobre la agresión al futbolista Salvador Cabañas en el Bar-Bar, en el cual se menciona la declaración de Angélica “N”, una antigua bailarina erótica del Solid Gold que dijo haber escapado del edificio donde los dueños de ese antro le rentaban un departamento (Proceso 1747).
Ella relató que una mujer del establecimiento que se identificó como Claudia “N” le “aconsejó” ofrecer servicios sexuales a los clientes del Solid Gold, además de los bailes, para que pudiera pagarle todo lo que debía.
La declaración de Angélica está en la averiguación previa FDS/FDS-6/T3 /0081/10-02, que se inició por una denuncia presentada en febrero de 2010 ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por el delito de trata de personas.
Lo señalado por Angélica fue incluido en la acumulación de expedientes por los que se procesó y sentenció a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, una licenciada en administración de empresas con maestrías en educación y contabilidad. Ella fue contratada en 2003 por la empresa Diversión Garantizada, SA de CV, para laborar en el área administrativa de los restaurantes. Tenía 24 años y poco tiempo de haber terminado sus estudios.
Según el expediente de Claudia consultado por Proceso, el agente del Ministerio Público de la federación ejerció acción penal contra ella “entre otros (delitos), en virtud que colaboraban (sic) en la retención de las víctimas Angélica, Erica, Flavia y Lisnet… en los clubes Solid Gold, para que trabajaran como bailarinas y sexoservidoras, ingiriendo bebidas alcohólicas con los clientes del lugar, para después ofrecer sus servicios sexuales dentro del club, con lo que obtenían un beneficio económico derivado de aquélla explotación”.
Según los registros, la empresa Diversión Garantizada fue fundada en abril de 2002. Para 2013 ya era propietaria de varias sucursales del Solid Gold y The Butcher’s, cuatro de las cuales fueron cateadas en el operativo efectuado con base en averiguaciones previas por trata de personas:
El Solid Gold de Insurgentes Sur 2374-H, colonia San Ángel; el Cat House (antes Solid Gold) Toreo, de Avenida 1 de Mayo 15 PB, en Naucalpan; The Butcher’s Club en la carretera México-Toluca 2000, en Lomas de Santa Fe, y el Solid Gold de Londres 156.
La historia de Claudia
A Claudia se le acusó de “ayudar a retener a las mujeres” y “obtener un beneficio económico” a través de la explotación sexual de las bailarinas por parte de los dueños de los antros, que operaban como restaurantes de lujo, pero no fue mencionada por todas las denunciantes –siete– ni aparece citada en todas las averiguaciones acumuladas por las que se le sentenció.
El 14 de noviembre de 2013, casi dos meses después ser detenida y arraigada, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales le dictó auto de formal prisión en Tepic. Sin embargo, la causa penal en su contra fue radicada en un juzgado de Tamaulipas.
Claudia tenía un embarazo de más de cinco meses cuando fue ingresada en el penal de Tepic. Terminó su embarazo sin recibir atención médica. Sólo a la hora del parto fue trasladada a un hospital donde le practicaron una cesárea que aparentemente se complicó.
En el quirófano, a pesar de estar consciente y sin su autorización, le quitaron la matriz. “No se nos puede morir aquí”, oyó decir al anestesiólogo, quien ordenó la histerectomía. Al día siguiente se presentó un enfermero con unos papeles para que Claudia firmara su consentimiento. Ella se negó.
Meses después, debido a las precarias condiciones de salud en que ella y su hija se encontraban por la raquítica alimentación y la falta de atención médica en el penal de Tepic, Claudia aceptó que el padre de su hija se la llevara.
Vía telefónica, Claudia cuenta su historia a Proceso desde el centro penitenciario femenil de Santa Martha Acatitla, donde ahora está recluida. La orden de aprehensión en su contra fue girada por la juez Sonia Hernández Orozco, en Matamoros.
“Ella”, dice, “tenía dos años en ese juzgado y dos meses después de esto la cambian a Aguascalientes; hay varios aspectos de mi proceso, como éste, que me causan incertidumbre y mi abogado –un defensor público– ha señalado como irregulares: desde mi detención, violaciones flagrantes al proceso, incumplimiento de los requisitos para la valoración de pruebas, testigos aleccionados y actas circunstanciadas de cateo sin los requisitos legales.
“Cuando me detuvieron, los abogados de la empresa se presentaron como mis defensores. Yo de verdad creí que lo estaban haciendo, pero lo que en realidad pasó es que me alejaron del conocimiento del caso. Yo ni siquiera declaré; ellos presentaron mi declaración y yo dije a todo que sí porque creí que me ayudaban. Me dijeron que no tenía que estar en audiencias, no me informaban casi de nada. Hasta que los revoqué.
De Tepic Claudia fue trasladada a Morelos un diciembre. Cinco meses después pudo recibir visitas. “Pedí una audiencia informativa –cuenta– y me di cuenta de que mi caso ya lo llevaban en la Ciudad de México, así que solicité mi traslado (a Santa Martha) y me lo dieron. Llegué muy mal, me daba miedo ver tanta gente, los colores. Morelos es una cárcel como para volverse loca”.
Durante el proceso se hizo un peritaje para corroborar su situación financiera así como la de la empresa en la que trabajó y sus diversas razones sociales. Descubrió que en los últimos años algunas de las mujeres que declararon en las denuncias ya no fueron localizadas, a pesar de que se les requirió por diversas vías para algunas diligencias.
“En la búsqueda la juez encuentra que, según Hacienda, la empresa dejó de funcionar en septiembre de 2013. Se hizo una pericial contable sobre mis recibos de nómina, mi contrato. Me costó mucho trabajo conseguirlos; no me los querían dar mis patrones, los socios… En la empresa no manejaba dinero, sólo reportes.”
“Quiero que me escuchen”
Claudia admite conocer los nombres de los socios mencionados en los expedientes: Guillermo Fridman, Moisés Atri, Pepe Lizmi y Alejandra de Pavía, pues “a ellos les presentaba cada semana los números de los consumos de alimentos y bebidas. El apoderado legal de esa época era Adolfo Rosas Navarro”.
Una apelación para desestimar las acusaciones contra Claudia tardó tres años en resolverse, lo que ocurrió en la toca penal 371/2015 que el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Distrito dictó el 21 de enero de 2016. Pero aunque se eliminó el delito de delincuencia organizada, el tribunal mantuvo la imputación por el de beneficio de la explotación sexual ajena.
“Posteriormente se ingresó el amparo que promoví contra el auto de formal prisión, que no se resolvió de fondo porque no se les notificó a las supuestas víctimas”, narra Claudia. “Incluso no se remitió nunca al Juzgado Sexto de Procedimientos Penales Federales de la Ciudad de México, por lo que promoví una queja. Al poco tiempo cambiaron a los magistrados a distintos lados, pero no fueron sancionados.”
La entrevistada sostiene que autoridades ministeriales federales y de la Ciudad de México, así como jueces, se prestaron para utilizarla como “chivo expiatorio” y así no llegar hasta los dueños de los restaurantes. “A mí era fácil hundirme, destruirme la vida. Estoy luchando contra una bola de nieve gigantesca”, señala.
Una parte de la sentencia es prácticamente copia del contenido de la orden de aprehensión por la que se formalizó la prisión después de su arraigo.
La mujer ya apeló esta resolución; el caso va al Sexto Tribunal Unitario en materia penal del Primer Circuito, que encabeza el magistrado Luis Pérez de la Fuente.
“Sólo quiero que me escuchen y revisen mi caso porque muchos jueces ni siquiera lo leen; quiero que me sentencien conforme a derecho.
“No defiendo a nadie, ni a los socios, menos a estas alturas. Me ponen como la gran tratante de México, ¿dónde está la riqueza, las propiedades que supuestamente obtuve? ¿Por qué mienten? ¿Por qué se detuvo todo contra los socios cuando me encerraron? Si ellos hicieron o tienen (esa riqueza y esas propiedades), que les busquen.”
