Pobladores de Carrizalillo denunciaron que integrantes de Guerreros Unidos llevaron a terrenos cercanos a su comunidad a una parte de los normalistas de Ayotzinapa secuestrados entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. La denuncia la hicieron sólo un mes después de la tragedia, pero la PGR no les hizo caso. En junio pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezó la primera “búsqueda forense” de los estudiantes presuntamente desaparecidos en esa zona, en la que bandas criminales cometen asesinatos, amedrentan a autoridades y extorsionan a empresas mineras.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el conflicto minero que se vive en Guerrero convergen en Carrizalillo, zona controlada en 2014 por Guerreros Unidos y lugar al que se habrían llevado a un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa secuestrados entre el 26 y el 27 de septiembre de ese año. Seis años después, la Comisión de Ayotzinapa acudió y en total sigilo realizó la primera “búsqueda forense” en el lugar.
No había transcurrido ni el mes cuando habitantes del lugar narraron cómo, en las primeras horas de la mañana del 27 de septiembre, arribaron decenas de camionetas con jóvenes en ellas, custodiadas por miembros del grupo delincuencial.
Los padres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos lo plantearon desde las primeras reuniones con las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto. No los escucharon.
El 16 y el 17 de junio pasados, a meses de cumplirse los seis años, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y cabeza de la Comisión de Ayotzinapa, e integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía General de la República se movilizaron a Carrizalillo, sin avisar a las autoridades del estado.
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, estudiante desaparecido en la noche de Iguala, confirma en entrevista que ellos sabían que “se los llevaron rumbo a Carrizalillo” y ahora “se está en proceso de investigación”.
No hemos tenido noticias de lo que encontraron y ahí sólo fueron los de la comisión, dice Navarrete, quien acompaña a Hilda Leguideño a Mexicali para buscar a un joven en situación de calle que tiene similitud con su hijo, Jorge Antonio Tezapa Leguideño. “El sábado (26 de septiembre), cuando sea el informe (que ofrecerá el gobierno a los padres de los normalistas), nos dirán qué fue lo que encontraron en Carrizalillo”, comenta.
A diferencia del gobierno anterior, la Comisión de Ayotzinapa que encabeza Alejandro Encinas realiza dos tipos de búsqueda: la forense y en vida. En Mexicali, la madre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, acompañada por la Comisión Nacional de Búsqueda, realizó una búsqueda en vida; en Carrizalillo fue una forense.
Refugio de cárteles
Carrizalillo se encuentra en el municipio de Eduardo Neri, ubicado en el centro de la entidad. Colinda hacia el norte –rumbo al Estado de México o Morelos– con los municipios de Cuetzala del Progreso, Cocula e Iguala. Todos ellos forman “el cinturón dorado” de Guerrero. De Iguala hacia Carrizalillo es que habrían huido los miembros de Guerreros Unidos llevándose consigo a un grupo de estudiantes.
En Carrizalillo se encuentra la mina de oro Los Filos-El Bermejal, considerada como la más grande de México, propiedad de Leagold Mining, empresa canadiense que la administra con su filial Equinox Gold. Esa amplia zona es explotada desde 2008 por empresas canadienses que han perforado gran parte del lugar y que movilizan retroexcavadoras por todos lados.
De acuerdo con los testimonios de los habitantes del lugar, a los que este reportero tuvo acceso, después de llegar las camionetas llenas de jóvenes durante las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, pasaron varias retroexcavadoras y camiones repletos de tierra. Les dijeron que eran para hacer obras estatales, las cuales nunca se llevaron a cabo.
En ese año la zona era controlada por Guerreros Unidos, fundado por los hermanos Casarrubias Salgado, y sus miembros realizaban el cobro de piso a las empresas mineras.
Desde el 11 de octubre de 2014, la agencia Apro informó que integrantes de Los Peques –conformado por la familia Benítez Palacios y en ese entonces brazo armado de Guerreros Unidos– habrían perpetrado el ataque contra los estudiantes, salieron de Iguala y se refugiaron en el poblado de Carrizalillo.
En noviembre de 2015, habitantes de este pueblo minero reiteraron la versión y denunciaron la existencia de narcofosas. Aseguraron contar con indicios sobre sus dichos. Aún así, el gobierno federal y la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por el priista Jesús Murillo Karam, se negaron a indagar en el lugar para saber si ahí estaban los estudiantes.
La mina Los Filos-El Bermejal se ubica sobre el margen del río Mezcala, en las inmediaciones de Carrizalillo, que a su vez se encuentra en la carretera federal que conecta las ciudades de Iguala y Chilpancingo.
Dicha carretera es la ruta que Guerreros Unidos controlaba hace seis años, luego de previamente haber desplazado a la banda de Los Rojos, durante el periodo en el que el hoy secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se desempeñó como coordinador de la Policía Federal en Guerrero.
En 2015, las autoridades federales se enfocaron en desmantelar la estructura de Los Peques, según se desprende de las detenciones realizadas por el gobierno federal, pero nunca investigaron la línea que apunta hacia la zona minera de Guerrero, a donde habrían sido trasladados los normalistas.
En 2015, los hermanos Osiel, Reynaldo, Salvador, Mateo y Orbelín Benítez Palacios fueron detenidos por trasiego de drogas. Un año después, en junio de 2016, su hermano, Víctor Hugo, cabeza de Los Peques, fue capturado y acusado por el delito de delincuencia organizada. El primo de éstos, quien también formaba parte de la agrupación, cayó preso en 2015.
Los Benítez Palacios fueron liberados a mediados de 2019 mediante un amparo que benefició previamente a Gildardo Astudillo, alias El Cabo Gil, otro líder de Guerreros Unidos, detenido el 19 de septiembre de 2015 en Taxco, Guerrero, y señalado como presunto responsable de la desaparición de los normalistas.
El 2 de septiembre de 2019, El Cabo Gil fue liberado por el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, bajo el argumento de que sus declaraciones habían sido obtenidas bajo tortura.
De los 128 detenidos por la desaparición forzada de los 43 estudiantes, 44 se encuentran en libertad, varios de ellos gracias al amparo que logró El Cabo Gil.
El reacomodo
La excarcelación de los antiguos líderes de Guerreros Unidos provocó una confrontación con los nuevos dirigentes de la organización delictiva, que ahora actúa bajo el apelativo de La Bandera. Actualmente operan en los municipios de Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco.
Este año, ambos grupos se han enfrentado por el control de las extorsiones a las empresas canadienses que extraen oro en el “cinturón dorado”, el cual abarca los municipios de Eduardo Neri, Cocula y Cuétzala del Progreso. Aquí las empresas canadienses Media Luna y Leagold Mining extraen el mineral; mientras que en el municipio de Teloloapan el Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres González, tiene asentada la mina Capela.
Guerreros Unidos y Los Rojos siempre se han disputado el control de la zona minera y el trasiego de droga. Después de la noche de Iguala, el brazo armado de Guerreros Unidos, Los Peques, se unió al llamado grupo Los Tlacos, quienes actúan bajo las órdenes de la denominada organización Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, y quienes surgen en el municipio de Tlacotepec. El líder de estos, Onésimo El Necho Marquina Chapa, dijo en forma pública que, desde julio de este año, Los Peques y Los Tlacos se unieron para disputar a La Bandera la zona, esto según reportes oficiales a los que este reportero tuvo acceso.
Los informes referidos señalan que Los Tlacos son un remanente de lo que fueron Los Rojos, quienes tienen su bastión en el poblado sierreño de Tlacotepec.
Uno de sus voceros visibles es Humberto Moreno Catalán, quien en febrero de 2019 difundió un video donde dijo ser primo de Mario Moreno Arcos, el actual secretario de Desarrollo Social del gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Según un video difundido en redes sociales, esta alianza controla hoy la zona minera del poblado de Carrizalillo y el municipio de Cocula.
Atentados contra mineras
A principios de mayo pasado, la facción de Guerreros Unidos denominada La Bandera envió un mensaje en video al presidente de Torex Gold Resources, Fred Estanford, para advertirle que iban a destruir las instalaciones de su filial Media Luna, asentada en Cocula, presuntamente por apoyar al grupo antagónico de Los Tlacos y al líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guerrero, Marcelo Ríos Zúñiga.
“Marcelo Ríos está trabajando con el cartel Los Tlacos y está vendiendo todo tipo de mierda y haciendo cobros. A nosotros no nos va esa mierda. Si le siguen dando trabajo, vamos a destruir todas las máquinas que usan. Él (Marcelo Ríos) está matando personas, está desplazando personas. Dejen de darle trabajo porque, como lo acabo de decir, lo vamos a quemar todo”, advirtieron los sicarios en un video difundido en redes sociales el 7 de mayo pasado.
Luego, a mediados de julio de este año, fue atacada e incendiada una camioneta de la empresa Media Luna y en septiembre quemaron un vehículo de la empresa Leagold Mining Corporation. Ambos atentados se registraron en la vía federal que conecta el poblado de Mezcala con la ciudad de Iguala. Guerreros Unidos (La Bandera) se atribuyó ambos crímenes mediante mantas colocadas en la ciudad de Iguala.
A finales de agosto, otra facción de La Bandera retuvo 24 horas al alcalde perredista de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo, bloqueó la carretera federal Iguala-Teloloapan y suspendió operaciones de la mina Capela, del Grupo Peñoles, para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención con el objetivo de “frenar” el avance del grupo antagónico de Los Tlacos.
El pasado 4 de septiembre, el grupo de La Bandera difundió un video en redes sociales y colocó mantas en dos puentes vehiculares de la ciudad de Iguala. Ahí acusan al secretario de Seguridad Pública Estatal, David Portillo Menchaca, de proteger, presuntamente, a la banda de Los Tlacos.
Además recordaron que el actual jefe policiaco se desempeñaba como titular y mando de la extinta Policía Federal en Chilpancigo cuando se atacó y desapareció a los normalistas.
El conflicto en Carrizalillo
El pasado 3 de septiembre, ejidatarios de Carrizalillo impidieron las operaciones de la mina Los Filos-El Bermejal y anunciaron la cancelación del convenio de ocupación de tierras que vence en 2025, debido al incumplimiento de “cláusulas” que obligan a proteger la salud de la población y evitar la contaminación, además de que denunciaron una actitud “racista y de discriminación” hacia los pobladores.
En medio de este conflicto minero y la disputa por el territorio de grupos delincuenciales locales, la comisión de Ayotzinapa busca en Carrizalillo a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos hace seis años.
