Proclive a exaltar sus logros, al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustan las discrepancias internas, menos aún las renuncias, que ya abundan en sus primeros dos años de gestión. Cada que habla de una dimisión la acompaña de un reclamo a quienes se van “por falta de vigor y compromiso en su encargo público” o les pide una “lealtad ciega”. Pero Jaime Cárdenas Gracia, quien estuvo sólo tres meses al frente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, le respondió que precisamente porque él no era ciego ante la corrupción, decidió dejar el cargo.
No ha cumplido aún dos años de gobierno, un tercio del sexenio, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha sufrido la baja de los titulares de las secretarías y entidades estratégicas en finanzas, salud, comunicaciones, medio ambiente y, próximamente, seguridad, casi todas con renuncias estruendosas contra la concepción e instrumentación de las políticas públicas que él personalmente define.
Una de las más recientes es la del exconsejero electoral Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo creado por el gobierno de López Obrador para administrar y vender bienes decomisados y que, según el exfuncionario, está infectado por la corrupción, el mal que prometió extirpar el presidente de la República.
Además de estar en desacuerdo con la “lealtad ciega” al proyecto de Cuarta Transformación que López Obrador exige, Cárdenas Gracia aseguró que la corrupción anida en la institución que efímeramente encabezó, por el robo de piedras preciosas, subastas arregladas y favoritismo a empresas, por lo que formalmente la denunció ante la Fiscalía General de la República, cuya fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, es su esposa.
Cárdenas duró poco más de tres meses en el cargo, prácticamente la mitad de los casi seis meses que fue director del IMSS Germán Martínez Cázares, primer miembro del gabinete legal y ampliado que renunció, el 21 de mayo de 2019, por desacuerdos con el criterio presidencial de austeridad.
“El presidente del gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”, reprochó Martínez en su carta de renuncia.
A uno y a otro, López Obrador les reclamó su falta de vigor y compromiso en su encargo público, algo semejante al “estrés” que atribuyó a Víctor Toledo para renunciar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tras difundirse, en agosto, un audio en el que afirmó que la Cuarta Transformación “como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe”.
La agenda ambientalista, aseguró, no es prioritaria para López Obrador: “este gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y esta visión que aquí la compartimos todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, hay que decirlo”.
La crítica de Toledo al proyecto del gobierno, cuyas luchas palaciegas también describió a detalle en el audio, López Obrador las tomó como normales en el proceso de transformación y de libertad que existe en su equipo, pero recordó que él, como presidente de la República, es quien al final toma las decisiones, porque es el responsable ante la nación.
“En el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias, y no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen; desde luego yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido, y no son, en este caso –porque ante la nación yo soy el presidente, yo soy el responsable–, no son los secretarios los responsables de decisiones.”
“Conflictos de interés”
La renuncia de Cárdenas al organismo que sustituyó al opaco Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, creado en el gobierno de Vicente Fox, en 2003, puso de relieve, otra vez, el estilo personal de gobernar de López Obrador, sobre todo en los potenciales conflictos de interés y la austeridad.
La inminente renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ser candidato a gobernador de Sonora perfila, también, una recomposición en el gabinete legal, que se inició, el 25 de mayo de 2019, con la renuncia de Josefa González Blanco Ortiz Mena.
La titular de la Semarnat, que ya lleva tres secretarios en 21 meses de gobierno, obedeció al desplante de poder para retrasar un vuelo comercial –“soy la única responsable de lo sucedido”–, pero la renuncia que cimbró al gobierno de López Obrador por la relevancia de la cartera y las razones fue la de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 9 de julio de 2019.
Urzúa, quien tras su renuncia se volvió un ácido crítico de López Obrador y su gobierno, alegó en su carta que hizo pública la improvisación y desconocimiento de los funcionarios que manejan la economía, la errónea política energética y los “conflictos de interés” de personajes del entorno de López Obrador, quien lo llamo simulador.
“Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, y es cambio de verdad, transformación, no simulación”.
En entrevista publicada en Proceso, obtenida por Hernán Gómez, Urzúa fue más específico en sus razones para renunciar a la SHCP, en particular en sus pleitos con el magnate Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.
“Me cuesta entender el tipo de relación que tiene con el presidente. Ideológicamente Romo es un hombre de extrema derecha y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. ¿Cómo un hombre así, que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no sólo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el jefe de la Oficina de la Presidencia?
“Ahora bien, es verdad que aun cuando Romo trató de usar su influencia para apoderarse de las secretarías de Hacienda y de Economía, el presidente no lo dejó. Pero sí pudo imponer a Margarita Ríos-Farjat en el SAT y a Eugenio Nájera en Nafinsa y Bancomext. Este último ha sido desde siempre su mano derecha en el sector empresarial, mientras que para que ella pudiera ser impuesta se tuvo que cambiar la propia Ley del SAT.”
–¿Alfonso Romo tiene algún conflicto de interés?
–Es una buena pregunta, y es precisamente a él a quien aludo en mi carta de renuncia. Un conflicto de interés existe cuando una actividad personal o de negocios de un servidor público podría eventualmente interferir con el ejercicio de sus funciones.
“No estoy diciendo que esto haya pasado en el caso de Romo, no me consta, pero dado que en la jefatura de la Oficina de la Presidencia se maneja a diario un cúmulo de información económica confidencial, uno quisiera que Alfonso Romo y sus familiares hasta de primer grado no tuvieran actualmente participación accionaria alguna en la Casa de Bolsa Vector.”
–¿Qué está buscando Alfonso Romo en este gobierno? ¿Cuál es su agenda?
–Creo que su fin último es renacer. Después de haber estado en la lista de Forbes está buscando ser lo que alguna vez fue. Es entendible que esté tratando de encontrar nuevamente un espacio. Entiendo su postura, lo que no puedo entender es que López Obrador lo tenga en su gobierno.
Un año después de la renuncia de Urzúa, en medio de la pandemia del coronavirus, se produjo otra baja sensible en el gabinete de López Obrador, también por discrepancias: El 23 de julio Javier Jiménez Espriú se separó de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El propio López Obrador detalló, junto a Jiménez Espriú y su sucesor, Jorge Arganis, las razones de la renuncia: la decisión presidencial de encargarle la operación de los puertos a la Secretaría de Marina (Semar). Explicó el presidente:
“Tuvimos un diferendo, que sólo se da entre hombre libres y con criterio, acerca de la operación de los puertos. El ingeniero sostiene que deben de ser manejados los puertos, operados por la SCT, y yo creo que por la circunstancia actual por la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas y últimamente por la entrada de contrabando y droga por los puertos necesitamos, además de buena administración, requerimos de seguridad en los puertos y por ese motivo se requiere del apoyo de la Semar.”
Otra de las razones por las que supuestamente Jiménez Espriú renunció tiene que ver con la decisión de López Obrador, anunciada una semana después, de anular el ventajoso contrato que Felipe Calderón le otorgó a Etileno XXI del Grupo Idesa, la empresa de la familia de su esposa que se asoció con Odebrecht.
Y es que Jiménez Espriú es tío político del exembajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, y cuñado de Pascual Gutiérrez Saldívar, cabeza de Grupo Idesa, empresa del sector energético.
Gutiérrez Saldívar está implicado en el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht, pues Idesa es propietaria de 26% de Etileno XXI, que ha tenido relaciones estrechas y poco claras con la compañía brasileña beneficiaria también de Enrique Peña Nieto (Proceso 2142).
Otra renuncia relevante en un sector muy prominente fue la de Asa Cristina Laurell, 19 de junio 2020, a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud (SIDSS) de la Secretaría de Salud, debido a desacuerdos con el titular, Jorge Alcocer.
Laurell, quien fue secretaria de Salud en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, expuso que desmontar la subsecretaría a su cargo era una decisión errónea.
“La pretensión del secretario de Salud, Doctor Jorge Alcocer, apoyado por el titular del Insabi, el antropólogo Juan Ferrer, aún más inexperto sobre el sistema de salud mexicano, de desmontar la SIDSS es una amenaza para el futuro. La SPP, con su estructura vertical de programas, tampoco ha mostrado tener una visión de futuro.”
En respuesta, López Obrador asumió que su excolaboradora renunció, porque él le dio más confianza a Alcocer y al subsecretario Hugo López-Gatell.
“Sí, por eso renunció, porque tenía diferencias, a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza, o le di mayor confianza al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que es una gente honesta y es una persona íntegra, a él y al subsecretario Hugo López-Gatell.”
“¿Obligar? Renuncio”
Prácticamente desde que se inició el gobierno comenzaron las renuncias en el gobierno de López Obrador. La primera ocurrió el 16 de febrero, a dos meses y medio de iniciado el sexenio: la expanista Clara Torres Armendáriz renunció como responsable del Programa de Estancias Infantiles, a las que se recortó el presupuesto para entregarlo directamente a los beneficiarios.
La primera renuncia en el gabinete a nivel de subsecretaría fue la de Simón Levy, quien la hizo pública el 12 de abril: dejó la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo “por motivos estrictamente personales”.
Sin embargo, más de un año después, el 29 de julio de 2020, dio a conocer en su cuenta de Twitter las verdaderas razones: el secretario de Turismo, Miguel Torruco, le prohibió meterse con hoteleros que, contra lo que establece la Constitución, privatizan las playas del país.
“Cuando a mí Miguel Torruco me prohibió meterme con los hoteleros por las playas privadas y me obligó a callarme de manera ilegal, le renuncié de inmediato. Nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres.”
En otro mensaje Levy agregó: “Cuando Torruco me obligó a ser parte de una mentira, yéndome a unas oficinas en Chetumal que no existían y mentirle al presidente López Obrador, le dije: ‘Good bye, conmigo no cuentas’”.
El 15 de mayo de 2019 renunció la subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Patricia Bugarín Gutiérrez, con el argumento de atender “un asunto personal impostergable”.
Amigo de Clara Torres, la siguiente renuncia del naciente sexenio fue la de Germán Martínez a la dirección del IMSS, donde duró seis meses, muchos menos de los 10 meses que duró como secretario de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón, en septiembre de 2007, quien lo instruyó para presidir el PAN.
A esta renuncia le siguió la del académico Tonatiuh Guillén López, el 14 de junio de 2019, como comisionado del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, en protesta por la política de contención del flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.
Al día siguiente, 15 de junio de 2019, renunció Jaime Rochín del Rincón, como comisionado presidente de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, cargo que desempeñaba desde el gobierno de Peña Nieto.
Otra herencia de gobiernos anteriores fue la de Guillermo García Alcocer y que el 3 de junio de 2019 dimitió como presidente de la Comisión Reguladora de Energía.
Y este 2020, el 19 de junio, Mónica Maccise dejó de ser titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, luego de que organizó un foro sobre racismo y clasismo en México, uno de cuyos invitados era el comediante clasista Chumel Torres, y además renunció Mara Gómez Pérez a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Las bajas más recientes fueron en la Comisión Nacional del Agua, donde estaban enquistados personajes indeseables para López Obrador: uno de ellos era el subdirector general administrativo Eduardo Seldner Ávila, el estratega financiero de la campaña de Margarita Zavala.
Este personaje, de larga trayectoria en el PAN, dio cargos a sus afines, como Aidé Flores Elizondo, con nivel de directora general, hermana de Patricia, jefa de la Oficina de la Presidencia con Felipe Calderón, sobrinas ambas de Rodolfo Elizondo, vocero y secretario de Turismo de Vicente Fox.
