Tras la petición del presidente López Obrador a la Suprema Corte para que se pronuncie sobre la legalidad de una consulta popular en torno al juicio a expresidentes, hay una serie de agravios por represión, abuso de autoridad y presuntos delitos patrimoniales que, independientemente de la eventual aprobación de la consulta, ya se están investigando. Se trata de casos denunciados ante instancias internacionales de justicia y derechos humanos que pueden reactivarse o cuyas sentencias requieren cumplirse.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que una consulta popular decida si debe investigarse y, en su caso, procesar a cinco expresidentes o no, arrojó luz sobre el cauce que tomarán las investigaciones en caso de que proceda y que, de hecho, independientemente de la consulta, se desarrollan en expedientes ya abiertos.
Se trata de la reapertura, activación o cumplimiento de sentencias que incluyen investigaciones mayoritariamente relacionadas con procesos represivos, violaciones masivas de derechos humanos y la actualización de algunos delitos patrimoniales por los que se sigue pagando –y por lo tanto, se actualizan a cada abono–, que se encuentran en la mira del gobierno de la República, en muchos casos coincidentes con las reivindicaciones de las izquierdas históricas y del propio López Obrador.
Entre éstos destaca, según una consulta realizada al equipo presidencial, el de 295 perredistas asesinados por motivos políticos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y 349 durante el de Ernesto Zedillo, en cuyo periodo ocurrió la matanza de Acteal, en Chiapas, cuando 45 indígenas tzotziles fueron masacrados el 22 de diciembre de 1997. El caso fue procesado en una corte civil estadunidense en un intento de probar una política de Estado, un proceso que en 2012 se frenó respecto a la inclusión del expresidente del fin de siglo, por una nota diplomática de Felipe Calderón en la que reivindicó la inimputabilidad presidencial.
Sin embargo el asunto está vivo: la masacre de Acteal llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005 y desde entonces el Estado mexicano litigó para evitar asumir su responsabilidad. Sin embargo el pasado jueves 3 la Secretaría de Relaciones Exteriores signó una solución amistosa en la que el Estado admitió su responsabilidad en los hechos y asumió la reparación del daño.
Durante el acto, Fernando Luna Pérez, en nombre de las víctimas, recordó que no se agotó la línea de investigación relacionada con la estrategia de contrainsurgencia y se declaró a favor de que se investigue y se lleve a juicio a toda su cadena de mando.
A juzgar por declaraciones de exfuncionarios en el juicio en Estados Unidos, la estrategia contrainsurgente, que a través de paramilitares sembró el terror en los Altos de Chiapas, llegaría hasta el expresidente Zedillo.
En el caso de Zedillo, uno de los puntos de la exposición de motivos en la propuesta presidencial de consulta popular, es explícito en un asunto que en la perspectiva de López Obrador “adjudicó al conjunto de mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda asciende a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”.
En la historia personal de López Obrador el Fobaproa fue un tema importante y en buena medida detonante de su relación conflictiva con algunos de los magnates mexicanos. Como líder del PRD, a finales de los noventa denunció el “rescate bancario” y con amplia información publicó el libro Fobaproa: expediente abierto (Grijalbo, 1999), título y expresión a la que se ha referido en distintas oportunidades.
El 19 de julio de 2019, por ejemplo, López Obrador sostuvo que el Fobaproa sigue siendo un expediente abierto, por lo que aún le cuesta al país; dijo que no está a favor de la impunidad pero tampoco de castigar sólo a los personeros de los verdaderos responsables de las políticas de saqueo. La consideración jurídica, en el entorno presidencial, es que el delito se actualiza con cada pago a la deuda contraída.
Expedientes abiertos
La admisión de diversas responsabilidades ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrece también distintos casos abiertos, principalmente debido a que el Estado mexicano, en los últimos dos años, ha dejado de litigar contra víctimas y admitido su responsabilidad en distintos casos.
Apenas el lunes 14 López Obrador admitió el reclamo de los deudos por el caso Pasta de Conchos, que implica un avance hacia la solución amistosa de ese otro caso ante la CIDH: abrir la mina y recuperar los restos de las víctimas, lo que abre la posibilidad de un peritaje forense.
El 19 de febrero de 2006, en San Juan de Sabinas, Coahuila, la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, de Grupo México, registró un siniestro que dejó sepultados a 65 trabajadores. Bajo falsas premisas, los gobiernos de Fox a Peña Nieto, al más alto nivel, evitaron a toda costa realizar peritajes para deslindar responsabilidades, dejando el asunto en la impunidad hasta que, con el acuerdo del pasado día 4, se aceptó la reapertura del filón.
2006 fue un año particularmente destacado en la violencia de Estado, con casos que quedaron impunes, entre ellos el operativo en San Salavador Atenco que implicó la detención arbitraria de más de 200 personas, la violación sexual de 26 mujeres y una ejecución extrajudicial. El caso también fue aceptado por la CIDH, que responsabilizó al Estado mexicano y turnó el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El 21 de diciembre de 2018, ya con López Obrador en la Presidencia, la CoIDH emitió su sentencia, en la que ordenó al Estado mexicano realizar una investigación sobre los hechos que incluya “todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal”, lo que implica a los gobiernos de Vicente Fox como presidente y a Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
La violación masiva de derechos humanos en las postrimerías del gobierno de Fox, asociada a procesos represivos, tiene otros episodios, como el operativo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006, con saldo de dos muertos y numerosos heridos, así como el caso del conflicto magisterial y de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, que ha sido presentado también en instancias internacionales –incluida la Corte Penal Internacional (CPI), ante la que se denunció en mayo de 2019–, las cuales revisan por ahora el agotamiento de procesos nacionales.
Como ese caso, ante la CPI han llegado diversas denuncias por crímenes de Estado. Uno de éstos es el presentado ante la fiscalía de la CPI por Netzaí Sandoval Ballesteros, actual titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación y hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
El expediente presentado por Sandoval Ballesteros en 2011 consiste en 470 casos de crímenes cometidos por agentes del Estado, que incluyen ejecuciones extrajudiciales; asesinato de civiles en puestos militares; detenciones arbitrarias; desaparición forzada; tortura; tratos crueles, inhumanos y degradantes; violaciones sexuales; esclavitud de migrantes, y encubrimientos perpetrados durante la estrategia de seguridad que el entonces presidente Felipe Calderón presentó como “guerra contra el narco”.
La denuncia de Sandoval ya implicaba al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente sometido a proceso en Estados Unidos por colusión con grupos delictivos, un asunto en el que López Obrador ha sido insistente en señalar al expresidente Calderón por posible complicidad.
Calderón también podría enfrentar acusaciones por delitos patrimoniales, particularmente por el caso Etileno XXI, conforme a las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República, que aparecen también en la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La implicación del exmandatario, conforme a las investigaciones, ha sido ampliamente documentada por Proceso en varios reportajes, el más reciente en su edición 2289, del pasado domingo 13.
La petición a detalle
El documento, entregado al Senado el martes 15 y remitido de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá definir si procede la consulta a más tardar los primeros cinco días de octubre próximo, señala en el décimo punto de la exposición de motivos:
“No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artículo 108 constitucional, en curso de modificación, o como la consideración de delitos imprescriptibles que los mencionados habrían podido cometer en el ejercicio de la Presidencia.”
La mención no es fortuita. El artículo 108 establece que, durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República sólo podrá ser acusado por traición a la patria o por delitos graves del orden común; en tanto, al tratarse de posibles delitos graves del orden común que pudieran imputarse, la mayoría ha prescrito, excepto para diversos ilícitos que de hecho avanzan en relación con el gobierno de Peña Nieto.
Sin embargo, el documento anticipa algunos aspectos de investigación para los delitos imprescriptibles, enunciados genéricamente desde los primeros dos puntos de la motivación, sobre violencia, violación masiva de derechos humanos, “privilegio a grandes poderes económicos” y “empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas”, que provocaron “desastres humanos, sociales y nacionales”, resultantes de “una suma de actos voluntarios y racionales” perpetrados por quienes gobernaron.
El tercer punto es explícito en lo relativo al Fobaproa con Ernesto Zedillo; la “guerra del narco” y la complicidad de Calderón con García Luna, lo es en el séptimo punto. El caso Etileno XXI, por Calderón y Peña Nieto, se enuncia en el punto octavo.
Largo anuncio
La insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en convocar a una consulta popular para que sea decisión ciudadana enjuiciar o no a cinco expresidentes marcó la polémica desde la última semana de agosto, tras un mes y medio de revelaciones, señalamientos, posicionamientos y filtraciones por el escándalo de corrupción cuyo protagonista es –en su calidad de imputado, testigo y denunciante– el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
En particular, la tercera semana de agosto se inició con la filtración de un video en el que se exhibe a personal panista del Senado recibiendo bolsas con efectivo, presuntamente sobornos para aprobar la reforma energética. Siguió con la filtración de la denuncia de Lozoya Austin en la que enumera numerosos hechos de corrupción y complicidad, y da testimonio –siempre en tono autoexculpatorio– de instrucciones recibidas para negocios sucios del entonces presidente Peña Nieto y Luis Videgaray.
Y fue esa misma semana cuando el portal Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola, presentó videos en los que se exhibe a Pío López Obrador recibiendo un sobre con efectivo de David León Romero, por esos días coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil, anunciado para un nuevo cargo como “uno de los mejores funcionarios de la administración” por el presidente y quien, al momento de la entrega en 2015, era consultor del gobernador chiapaneco Manuel Velasco.
Una disminución en las menciones sobre el caso Lozoya y la concentración del mensaje presidencial en estimular la consulta popular marcó el cierre de agosto, preámbulo del Segundo Informe de Gobierno, pues a partir del día 24 el mandatario anunció que si las firmas ciudadanas no eran suficientes al 15 de septiembre, esperaría que lo hicieran las cámaras legislativas y, en caso contrario, sería él quien presentaría la petición en el límite.
La insistencia en el asunto, así como el cuestionamiento a los plazos para la recolección de firmas ciudadanas se expusieron casi a diario desde esa fecha en la conferencia de prensa matutina.
En tanto, la convocatoria del productor Epigmenio Ibarra, poseedor del dominio digital y activista para la recolección de firmas, avanzaba con lentitud, de manera que al cierre del domingo 13, 48 horas antes de que venciera el plazo para presentar la petición, apenas se habían reunido 800 mil del millón 772 mil firmas necesarias.
Ante la insuficiencia, López Obrador anunció la mencionada petición de consulta popular el 14 de septiembre, firmó el documento en la mañanera del 15 y horas después el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, lo presentó al Senado. Más tarde, de manera inesperada, la recolección de firmas alcanzó 2.7 millones, “una hazaña” diría el mandatario del ejercicio, lamentando los cuestionamientos que en medios se hacían al incremento de firmantes.
Los cuestionamientos se han centrado en que la consulta implica someter a decisión popular lo que en los hechos es obligación del Estado, así como en la oportunidad que plantea llevar el ejercicio a la boleta electoral de 2021, cuando se realice la elección de 300 diputados federales, 15 gobernadores y unos mil ayuntamientos.
El primero en reaccionar fue Calderón, quien llamó a que se le indicie si hay pruebas. Planteó que la consulta viola sus garantías elementales y exigió a López Obrador que deje de hostigarlo.
Ese aspecto, centrado en el ámbito declarativo, es objeto de especial atención presidencial. Tanto en la exposición de motivos como en el diseño de la pregunta que se haría para la consulta, López Obrador intentó que el procedimiento no se pueda interpretar como un juicio previo. En la mañanera del jueves 17 reiteró el tema sin pregunta de por medio.
La consulta fue oferta de campaña, enunciada desde los 100 compromisos del primer día de gobierno y, en distintas oportunidades, inclusive en el documento que actualmente sustancia el ministro ponente Luis María Aguilar, López Obrador ha reiterado que es partidario de un punto final y de establecer las condiciones para evitar que la corrupción del “periodo neoliberal o neoporfirista” se repita en el futuro; pero al mismo tiempo se pronuncia por resolver los casos abiertos y las denuncias pendientes, por lo que al menos ese tipo de casos o aquellos que son por sentencia internacional, con consulta o sin ella, se procesarán.
