Señor director:
La edición 2288 del semanario Proceso ha causado indignación y molestia a quienes militamos en la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas por el reportaje titulado “Sosa Castelán, el ejidatario”, el cual fue suscrito por la corresponsal en Baja California, Jesusa Cervantes. Transcribo íntegro el epígrafe:
“Amparado en las siglas de una organización agraria, el presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, utilizó su influencia política y la complicidad de exfuncionarios de la casa de estudios para apoderarse de valiosas tierras en el Valle de Guadalupe, Baja California. Y aunque la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera lo sacó del negocio, éste sigue avanzando con sus socios, ahora convertidos en ‘ejidatarios’”.
La CODUC es una organización forjada en la izquierda de este país, hemos acompañado la lucha histórica de cientos de sectores de la sociedad civil y hemos defendido las causas de muchos otros. En cuanto a Proceso, en múltiples ocasiones señalamos la importancia de este semanario y reiteramos decenas de ocasiones nuestra admiración y respeto para don Julio Scherer, a quien tuvimos la fortuna de expresarle en persona nuestras inquietudes y con quien nos identificamos a lo largo de la lucha por la democratización del país.
Hoy nos llena de indignación esta nota por una sencilla razón: se encuentra plagada de mentiras, calumnias y difamaciones. Falta a la verdad en todos los señalamientos que hace la corresponsal. Citaré sólo algunos de ellos:
“La CODUC ha recibido recursos millonarios acordados de manera extraordinaria y negociados por los nueve diputados de Castelán en el Congreso de Hidalgo, según consta en actas de las que tiene copia este semanario.”
Rechazamos contundentemente esa aseveración. Parece que la corresponsal no se ha dado cuenta que desde 2018 esta organización no ha recibido un solo recurso de los programas que se referían a los proyectos productivos. Pareciera que no ha escuchado la cantaleta que ahora tiene la mayoría de los funcionarios para no resolver ninguna gestión o conflicto agrario: “Nada con las organizaciones”. Para aclarar este punto, bien podría la corresponsal exhibir el acta pero además demostrar el destino de los recursos que señala.
“Desde 2010 el dirigente de la CODUC en Baja California, Eduardo Cota Osuna, inició pláticas con la UAEH para asociarse.”
Preguntaríamos a la corresponsal ¿cómo comprueba su dicho? ¿Pláticas para asociarse? ¿Quién las encabezó? La posible fuente de la corresponsal es tan fidedigna que le puede señalar pláticas con intenciones, aunque no hechos concretos.
¿Alianza perversa?
¿Don José Gil Olmos, que siempre ha sido admirado por nuestra organización dada su labor periodística, habrá recibido un borrador de la nota que publicaría la corresponsal? La alianza perversa a la que se refiere la corresponsal es que nuestra organización haya contribuido para destrabar un conflicto entre particulares y ejidatarios del Valle de Guadalupe y que tras una lucha de varios años no sólo se logró que se reconocieran los derechos del ejido, sino que además se logró que dos instituciones educativas, es decir la UABC y la UAEH, lograran suscribir un acuerdo para la creación de un centro de investigación de enología. ¿Buscar el desarrollo de quienes eran objeto de abusos en su propia tierra ahora es una alianza perversa?
La construcción del restaurante. Es asombroso que, sin atender a la ética del periodismo, se señale que en vez de construir un centro de investigación de enología se construye un restaurante, además de que se asegura que es parte de la investigación de la UIF contra el licenciado Gerardo Sosa Castelán. No. Categóricamente no. Las parcelas no corresponden a lo asentado por la corresponsal. La construcción del restaurante es fruto del trabajo de decenas de ejidatarios que decidieron hacer un esfuerzo conjunto para realizarlo y que difícilmente tienen oportunidad de competir con los grandes señores poseedores de los terrenos aledaños.
Ahora resulta que un ejidatario o un grupo de ejidatarios no pueden buscar inversión o ser competitivos ante las grandes cadenas o los poseedores de grandes extensiones de tierras, porque corren el riesgo de ser vinculados con supuestos actos de corrupción.
Tendríamos muchas cosas más que señalar que demostrarían a la opinión pública que su corresponsal miente. No entendemos la razón ni mucho menos compartimos la línea editorial que maneja este semanario que, pareciera, está dejando de ser la publicación objetiva e imparcial que impulsaron don Julio Scherer y Vicente Leñero (qepd). Hoy pareciera que no existe más línea que la de pegarle poco a AMLO y mucho a los que sostienen una posición crítica.
Por lo anteriormente expuesto, y dado que los señalamientos irresponsables de la corresponsal ponen en riesgo la dignidad de quienes tenemos una responsabilidad dirigente en la CODUC, solicitamos atentamente lo siguiente:
1.- Se publique de manera íntegra esta misiva en la próxima edición del semanario.
2.- Invitamos a José Gil Olmos, en su carácter de jefe de Información, a que se revise y compare la documentación que comprueba nuestros dichos con la que dice contar su corresponsal.
3.- Atendido el punto anterior, ofreceremos un recorrido en el ejido en cuestión para que se verifique con la documentación del propio RAN que la corresponsal falta a la verdad señalando parcelas diferentes.
4.- Demostrado lo anterior, exigiremos de Proceso, y particularmente de su corresponsal en Baja California, una disculpa pública por la calumnia de la que estamos siendo objeto.
5.- Solicitaríamos a Proceso tomar en cuenta los intereses y el trasfondo político de la fuente a la que ha recurrido su corresponsal. Este no es un conflicto nuevo, data de muchos años y preponderantemente ha sido por la tenencia de la tierra y la explotación en el Valle de Guadalupe. Hoy, tras los acontecimientos sobre Gerardo Sosa Castelán, alguien supuso que trascendería este tema si se vinculaba a la CODUC y a la UAEH, y lo lograron.
6.- En nuestra opinión, estos puntos ayudarían a recomponer la imagen que de manera irresponsable su corresponsal trata de destruir; empero en la CODUC tenemos la suficiente fortaleza moral y el prestigio de saber que jamás, en ninguna parte del país, hemos utilizado la fuerza de nuestra organización para obtener o desviar algún recurso público. De lo contrario, nos reservaríamos nuestro derecho de actuar por los cauces legales contra las mentiras de la corresponsal.
Finalmente hago hincapié en un punto que no quisiera pasara inadvertido: la CODUC ha mantenido una estrecha relación con la UAEH, así como con diversas instituciones educativas del país. Nosotros hemos demandado a todos los gobiernos de todos los niveles una actuación íntegra, peleamos por que haya justicia al campesino y al indígena de este país. En el camino hemos coincidido con muchos actores políticos y con incansables luchadores sociales. Por esa razón, exigimos y demandamos de la FGR un juicio justo para Gerardo Sosa Castelán, a quien esta organización reconoce como un personaje que ha sido factor clave para el desarrollo educativo y científico del estado de Hidalgo. Si la justicia tiene cuentas que ajustar, deberán dirimirse en las instancias correspondientes y en estricto apego a derecho. Es ahí y no en los linchamientos mediáticos donde habrá de determinarse si Gerardo Sosa tiene alguna responsabilidad.
Atentamente,
Marco Antonio Ortiz Salas
Respuesta de la corresponsal
Señor director:
En respuesta a la carta enviada por el dirigente nacional de CODUC, Marco Antonio Ortiz Salas, me permito presentar los siguientes documentos que avalan cada uno de los hechos narrados en el reportaje y que desde el punto de vista del dirigente son falsos:
1. Respecto al primer punto que niega: se presenta minuta de la reunión del 27 de diciembre de 2018 entre diputados locales de Hidalgo e integrantes del Frente Auténtico del Campo en la entidad, ahí se presentaron las demandas y se acordó la asignación de 300 millones de pesos para atender ocho rubros, entre ellos la solución de conflictos agrarios. Por CODUC firma Marco Antonio Rico Mercado.
2. La fuente es el propio Eduardo Cota Osuna, quien en entrevistas con diversos medios locales, realizadas en julio de 2015, comentó que desde hacía cinco años se estaba en pláticas para sacar adelante la sociedad.
3. Se firmó el convenio UABC-UAEH el 2 de julio de 2017 y a la par Cota Osuna anunció la donación de 50 hectáreas a la UAEH, “que colinda con los terrenos de L.A. CETTO” para edificar un Centro de Investigación Enológica, según él mismo lo explicó en entrevista realizada en el canal 29 de la ciudad de Tijuana; cinco años después no hay tal centro y la única construcción que está en edificación “colinda” con los terrenos de Cetto y se están construyendo un restaurante y una enorme cava.
4. Sobre la construcción del restaurante, lo dijo el propio Eduardo Cota en un extenso escrito del 11 de noviembre de 2019, en el que aclara que los terrenos son de algunos ejidatarios, los pusieron a nombre de Cota y curiosamente dichas parcelas están hoy en manos de gente de CODUC y de la UAEH, según el propio Registro Agrario Nacional.
Los cuatro puntos rechazados por el dirigente de CODUC están sustentados con documentos aquí expuestos y están en poder de la revista Proceso.
Un último dato: el dirigente nacional de CODUC que envía esta carta aclaratoria cuenta con tres certificados en la misma parcela que primero cedieron integrantes de la familia Mayoral a Cota, luego éste donó a la UAEH y al final aparecieron a nombre de dirigentes de la UAEH y CODUC. Además, cuenta con otro derecho en otra parcela. Todos fueron registrados el mismo 4 de diciembre de 2019 ante el RAN.
Atentamente,
Jesusa Cervantes
