El surgimiento de internet y de la red de redes marcó un primer hito en la transformación del periodismo. La adopción de estos mecanismos por casi todos los medios del planeta ha profundizado un proceso de decadencia que se inició a finales del siglo pasado, por cuanto el periodismo fue paulatinamente abandonando su función social, su capacidad de convertirse en un puente entre los hechos y la sociedad, los poderosos y los lectores.
Privilegió el negocio por sobre el oficio, la ganancia por encima de la vocación informativa.
En México algunos medios encontraron en el sostén gubernamental su manera de sobrevivir, olvidándose de lo primordial, el lector. Diarios, semanarios, revistas especializadas sin lectores subsistieron gracias a los flujos de efectivo que fluyó de los gobiernos a las redacciones. Radio y televisoras se beneficiaron también del río de dinero que llegó a sus arcas desde las fuentes de poder. Y muchos se avinieron a dejarse controlar por sus patrocinadores.
El formato también cambió, se pasó de privilegiar lo informativo para hacer de la opinión y las interpretaciones sesgadas de comentaristas y opinadores –hoy llamados influencers–, la materia primordial de los medios.
Hoy que el actual gobierno ha roto esa relación y está indagando en los malos manejos de sexenios pasados, aparecen datos y cifras que asombran: Un préstamo por 100 millones de dólares a El Financiero, otorgado no por un banco privado, sino por uno público; compra de servicios publicitarios, suscripciones millonarias a Nexos, Letras Libres y Clío. Todo ello documentado, lo cual abona a la transparencia.
Sin embargo, ya en el ámbito digital, el asunto cambia. Mucho más difícil es saber de dónde provienen los fondos para operar. Un ejemplo es el portal LatinUS, a la cabeza del cual se encuentra Carlos Loret de Mola. El periodista que trabajó en Televisa ahora tendrá que declarar en el caso de la puesta en escena de la detención de Florence Cassez. Sabido es que tal violación del “debido proceso” hizo posible la liberación de la ciudadana francesa.
Se ha dicho en los medios (portal digital SDP, periódico La Jornada) que el dueño de ese portal es Miguel Alonso Olamendi, exfuncionario de la SRE y del gobierno de Michoacán. Según Galilea Montijo, partícipe en ese proyecto, cada capítulo cuesta 350 mil pesos. Ahí colabora también otro exempleado de Televisa, Víctor Trujillo (Brozo). Todo ello sería parte del juego democrático si se conociera la fuente de financiamiento y no se ocultara la filiación ideológica de dicho portal. Sin embargo, en el contexto de la crisis del periodismo de este momento, los contenidos del portal carecen de credibilidad, un activo indispensable en el ejercicio de este oficio.
Tanto Loret de Mola como Brozo son especialistas en montar shows, lo siguen haciendo en su portal. También en juzgar y condenar sumariamente a los funcionarios del gobierno federal: vemos a los conductores televisivos dictando sentencias y dirigiéndose a un público que presumen desinformado y bastante tonto, pues le dictan qué debe pensar.
