La extracción de agua de las tres presas de Chihuahua, en medio de la peor sequía en las últimas dos décadas, para pagar la cuota concertada con Estados Unidos indignó a los agricultores locales, que el martes 8 quitaron la custodia de la presa La Boquilla a la Guardia Nacional para impedir que se extraiga el líquido. El presidente López Obrador dice que el movimiento es azuzado por políticos y exgobernadores, no por el pequeño agricultor, mientras el gobernador Javier Corral le revira que está mal informado.
CHIHUAHUA, CHIH.- En medio de una extracción histórica de las tres principales presas y de una sequía atípica que ya comenzó, la tensión social y política en la entidad contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al agua se exacerbó la semana pasada. Su gobierno, dicen los agricultores inconformes, se empeña en sostener que ellos tienen asegurado el ciclo agrícola, lo cual es falso.
El conflicto cobró ya la primera muerte, la de Jessica Silva Zamarripa, de 36 años, quien recibió cinco disparos por la espalda, mientras su esposo, Jaime Torres, quedó gravemente herido. La noche del martes 8, efectivos de la Guardia Nacional (GN) –quienes resguardaban la presa La Boquilla– fueron quienes le dispararon a la pareja cuando regresaba de una manifestación contra la extracción del líquido de las presas.
Hasta el cierre de edición, la Fiscalía General del Estado tenía bajo investigación a 13 elementos de la GN.
El año pasado, cuando la violencia por el agua alcanzó niveles preocupantes, el conflicto se ubicaba en la zona noroeste, en la tierra ocupada por la comunidad menonita, la familia LeBarón e integrantes de El Barzón.
Según los implicados, el fondo del problema es la proliferación de nogales, lo que conlleva una sobreexplotación de pozos al amparo de autoridades de diferentes niveles de gobierno.
Hoy el foco rojo se trasladó a la región centro-sur de Chihuahua, una de las entidades que más derrama económica y empleos genera gracias a la producción de nuez. De acuerdo con cifras oficiales y empresariales, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en la producción de ese fruto seco y de leche.
La falta de diálogo, las dudas crecientes y los compromisos incumplidos desataron el malestar de miles de agricultores de la región, quienes el martes 8 se desplazaron hacia la presa La Boquilla –la “reina de las presas”–, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, y se enfrentaron con la GN, que desde enero último resguarda las represas de la entidad.
Ante la incapacidad de inhibir la protesta mediante gases lacrimógenos, los guardias decidieron retirarse para atenuar el conflicto. Los agricultores coreaban el Corrido de Chihuahua mientras los integrantes de la GN se replegaron. A las 23:00 horas, cuando algunos celebraban el “triunfo ciudadano”, se registró el ataque a la pareja en el municipio de Meoqui.
El jueves 10 el conflicto en La Boquilla escaló cuando más de mil miembros de la GN arribaron a la represa. Los agricultores que la custodiaban temían que llegaran más. Por la noche les cortaron la luz y comenzó a fallar la señal de telecomunicaciones.
Según los productores, algunos provocadores pretenden deslegitimar el movimiento de defensa del agua; incluso, dicen, intentaron incendiar instalaciones de la presa, pero el incipiente fuego logró ser sofocado. En el lugar les dejaron flores, veladoras y bolsas negras con ropa y gusanos, según reportó Impacto, un periódico digital de Camargo.
La versión de AMLO
Al movimiento de agricultores se sumaron políticos de diferentes partidos, entre ellos los exgobernadores priistas Fernando Baeza Meléndez y José Reyes Baeza Terrazas, además de diputados locales como Omar Bazán, del PRI; Jesús Alberto Valenciano y Jesús Villarreal, así como el federal Mario Mata Carrasco, los tres del PAN; los alcaldes de Camargo, Arturo Zubía Fernández (PAN), San Francisco de los Conchos, Jaime Ramírez Carrasco (PRI), La Cruz, Adolfo Trillo Herrera (Panal) y de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, de Morena.
Los legisladores panistas y los exgobernadores priistas son habitantes de esa región, donde tienen propiedades y negocios.
El jueves 10 el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, y el diputado del Partido Verde Alejandro Gloria arribaron a la presa con decenas de personas en camiones.
El miércoles 9, un día después de que agricultores obligaron a la GN a retirarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia mañanera que se estaba politizando el conflicto.
Recordó que en 1985 Baeza Meléndez fue impuesto por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari como gobernador de Chihuahua, luego del fraude electoral contra el PAN. Dijo que la toma de La Boquilla fue organizada y destacó que Baeza y su sobrino participan en las manifestaciones.
El jueves 10 el gobernador Javier Corral Jurado comentó que el presidente López Obrador está mal informado sobre el conflicto.
Al día siguiente, López Obrador le respondió que tiene “muy buena información” y pruebas sobre los políticos y empresarios que están detrás del movimiento.
“Aquí no estamos hablando del pequeño agricultor. Esto da pie a una muy buena investigación”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera del viernes 11.
El director de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), Martín Parga Castillo, le respondió desde las plataformas digitales del gobierno del estado:
“Nos dicen que nuestra región es una zona de gente muy poderosa y rica. La tenencia media de los distritos de riego 113, 090 y 05 y la tenencia mía, de cada agricultor, no rebasa las cinco hectáreas. Sí son de riego, altamente productivas porque nuestra gente es muy trabajadora. Si a eso le vamos a decir que es rico; no, es trabajador. Ahorita estamos muy preocupados porque no tenemos agua. En Chihuahua siempre hemos afrontado las sequías, ésta es la más grande.”
Maniobras de la Conagua
El problema en esa región se inició en enero pasado cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la apertura de las válvulas de la presa Luis L. León, El Granero, localizada en el municipio de Aldama.
En febrero la dependencia abrió la presa La Boquilla para, según arguyó, cumplir con el Tratado de Límites y Aguas y la obligación de México de mandar la cuota que le corresponde a Estados Unidos.
El 25 de marzo de nuevo abrió La Boquilla; en junio le tocó a El Granero, y en julio, a la Francisco I. Madero, conocida como Las Vírgenes, en el municipio de Delicias.
Para evitar la extracción del agua, los productores de la región comenzaron a tomar las presas; han quemado vehículos oficiales, bloqueado vías de comunicación, casetas de peaje; también hicieron un plantón afuera de Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua. Sostienen que ellos también requieren del agua y estamos en época de sequía.
La GN, que resguarda las presas, ha respondido con gas lacrimógeno cuando los agricultores intentan recuperarlas.
En la ciudad de Delicias, un grupo de infiltrados incendió oficinas públicas del gobierno estatal y federal, así como dos casetas de peaje (Proceso 2282).
Según Corral Jurado, un grupo de personas con otros intereses (no ha revelado nombres), llevó gente de Chiapas y Veracruz para radicalizar y criminalizar la protesta.
Las autoridades federales han informado que la intención de extraer agua de las presas de Chihuahua es para pagar la cuota del Tratado Internacional de Aguas, firmado en 1944 con Estados Unidos, que obliga a México a entregar al país vecino 431 millones 721 metros cúbicos de agua.
Desde enero pasado, líderes de los agricultores, como Salvador Alcántar, presidente de la Aurech, explicaron que en 75 años no se ha fallado con el pago del agua, ya que cuando no concluyen la cuota en un quinquenio, se paga al siguiente. E incluso, dijo, han adelantado abonos cuando las lluvias son favorables.
El pasado 19 de agosto llegaron a la ciudad de Chihuahua cientos de agricultores en tractores, vehículos y trailas (casas móviles). Bloquearon las calles alrededor del Palacio de Gobierno para exigir a la Conagua el cierre de las compuertas de las presas La Boquilla y Luis L. León. Si no lo hacen, dijeron, se enfrentarían a la GN para cerrarlas ellos mismos.
Venían de los municipios de Delicias, Camargo, Saucillo, Jiménez, Meoqui, Rosales y Ojinaga; otro grupo acudió a San Luis Potosí a exponer el problema ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En San Luis Potosí, según los integrantes de la Aurech, fueron engañados por la policía, que los retuvo varias horas, e incluso les requisaron los vehículos y camiones en que viajaron; se los devolvieron cuando terminó la reunión de la Conago.
Esa misma semana el gobierno de Chihuahua solicitó a la Conagua la declaración de desastre natural para 52 municipios a causa de la sequía; a su vez, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) advirtió que se vive la peor sequía en 21 años.
La misma CILA informó el 14 de agosto pasado que los usuarios de Estados Unidos y México deberán ahorrar volúmenes de agua específicos durante 2021, de conformidad con lo establecido en el Plan Binacional de Contingencia Ante la Escasez de Agua y el Plan de Contingencia contra la Sequía de la Cuenca Baja en Estados Unidos.
Argumentó que las proyecciones de las elevaciones en las presas por parte del Buró de Reclamación de Estados Unidos indican que los planes descritos en el acta 323 de 2017 de la CILA son en respuesta a la “peor sequía de 21 años de que se tenga registro”.
Estragos de la sequía
Los efectos de la sequía comienzan a sentirse en la Sierra Tarahumara y la región noroeste. A pesar de que el agua que llega a la mayor parte del estado lo hace por la sierra, esta región es de las que más resienten las sequías, pues no hay sistemas efectivos de captación.
El jueves 10, el secretario local de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda, informó que en agosto normalmente se registran 100 milímetros de lluvia, pero en esta ocasión sólo alcanzó 30 milímetros, precedidos de un mes de julio atípicamente seco.
Por esa situación no hubo escurrimientos naturales que han servido históricamente para el pago del Tratado, por lo que pidió a la Conagua hacer una evaluación de las condiciones de Chihuahua para seguir abonando al pago este año.
El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Óscar Ibáñez Hernández, advirtió que lo que está haciendo la Conagua con la extracción del agua de La Boquilla representa una pérdida de hasta 52% del líquido.
El traslado de agua de La Boquilla a El Granero para cumplir la cuota del Tratado no tiene sentido, aseveró, porque la capacidad máxima de desfogue de esta última es de 22 metros cúbicos por segundo. No puede incrementarse.
Asimismo detalló que como lo hacen ahora, es decir, llevar agua de La Boquilla a El Granero, implica una pérdida de 20% de volumen; de El Granero a la confluencia del río Conchos se pierde otro 12%, y de ahí a la presa La Amistad hay otra pérdida de 20%. En total, aseguró Ibáñez, se pierde 52% del líquido.
Almeida, por su parte, advirtió que ya se perdió 80% de la producción de frijol de temporal, en el maíz en grano la baja es de entre 50 y 60% y la producción forrajera como avena y sorgo, entre otros, es casi nula, lo cual impactará al sector ganadero para el siguiente año.
