La Secretaría de la Defensa Nacional entregó contratos millonarios a cinco empresas de productos textiles –cuyos dueños pertenecen a una misma familia–, a pesar de que Hacienda detectó que dos de ellas simulan operaciones con el presunto fin de evadir al fisco. El general Agustín Radilla Suástegui otorgó una parte de esos contratos antes de convertirse en marzo pasado en oficial mayor de la Sedena.
Un grupo de empresas, cuyos dueños son miembros de una misma familia, han conseguido con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contratos superiores a mil 500 millones de pesos, pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó dos de sus razones sociales por simular operaciones para la evasión fiscal.
Se trata de cinco firmas, entre las que destacan dos: Introm Textil, SA de CV, y Zagis, SA de CV. Ambas fueron beneficiarias de un esquema de facturación identificado por Hacienda en la base de datos de EFOS (empresas que facturan operaciones simuladas).
Por lo que atañe a Introm Textil –así como en el caso de Intman, SA de CV, otra de las empresas del grupo–, su domicilio es el mismo que el de Agorta, SA de CV, empresa controladora de la razón social Hollond Textile Solutions, identificada en el proyecto de investigación periodística internacional Panama Papers –de la que Proceso forma parte– como empresa fachada receptora de fondos en ese paraíso fiscal.
Los contratos del grupo de empresas han sido obtenidos en su parte más cuantiosa en áreas a cargo del general Agustín Radilla Suástegui, actual oficial mayor de la Sedena y, por lo tanto, responsable de todas las adquisiciones del Ejército y la Fuerza Aérea, incluidos los megaproyectos que la actual administración le ha conferido a la dependencia. Durante su paso por la Dirección de Fábricas de Vestuarios y Equipo (Fave), el grupo de empresas sumó al menos 467 millones de pesos en contratos.
Radilla Suástegui forma parte de la nueva élite militar que llegó con el secretario Luis Cresencio Sandoval: fue agregado militar en la embajada de Panamá, comandante de la VII Zona Militar en Nuevo León y asumió la Dirección de Fave en noviembre de 2018, posición que dejó el pasado 2 de marzo cuando fue promovido y asumió la Oficialía Mayor de la Sedena.
Esa información pudo constatarse en comunicados oficiales, pues la declaración patrimonial del general funcionario no es pública; es decir, no aparece en el portal Declaranet ni en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.
Patricia Manón Romero Rodríguez es la figura central del tinglado empresarial. En él, sus hijos son socios en tres diferentes razones sociales, en tanto un sobrino, dedicado a la construcción, incursionó el año pasado en la proveeduría de maquinaria textil para la Sedena. La relación de parentesco fue acreditada por Proceso a partir de una consulta a las actas de nacimiento de los personajes mencionados.
Desde 2015 las empresas relacionadas con Romero Rodríguez se convirtieron en las principales proveedoras de la Fave, el organismo de la Sedena responsable de producir “el vestuario y equipo para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones generales, a costos competitivos y aplicando tecnología e innovación con el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad, sus procesos y sus productos”, según se lee en la página institucional.
Lo cierto es que las empresas de Patricia Manón Romero Rodríguez han obtenido más de la mitad de sus contratos por adjudicación directa; una de ellas incluso fue encargada de implementar un proceso de producción textil aunque su especialización es el reencarpetamiento urbano.
El caso documentado ahora por Proceso ocurre en el contexto de la investigación publicada por el diario español El País, que el pasado 25 de agosto informó sobre el presunto desvío de 2 mil 372 millones de pesos a través de las llamadas EFOS de fondos de la Dirección de Industria Militar. El tema llegó a la mañanera del 27 de agosto y el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó un informe pormenorizado sobre el asunto.
En tanto, la Sedena, mediante un comunicado, expuso que en caso de existir anomalías, éstas serían detectadas por los órganos de fiscalización competentes, aunque precisó que hasta la fecha no hay pliego de observaciones al respecto.
Consultado por Proceso, el vocero de la dependencia, coronel Francisco Enríquez Rojas, asegura que al momento de las contrataciones las empresas identificadas por El País no contaban con restricción y los servicios contratados fueron entregados a satisfacción. No hubo pronunciamiento sobre el caso de Fave.
La reina del uniforme militar
En 2014 la empresa Zagis, SA de CV, inició la proveeduría de hilos a la Sedena, cuando obtuvo nueve modestos contratos por un total de 4.3 millones de pesos (mdp).
De acuerdo con su escritura pública (cuya copia y actas de modificación posee Proceso, en ésta y en cada una de las razones sociales mencionadas en este reportaje), Zagis fue fundada en 1989 en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, por Mayer Zaga Galante, sus hermanos Elías y Marcos, así como sus hijos Rafael y Salomón, de apellido Zaga Kalach, hoy principales accionistas junto con José y Rafael Zaga Saba.
En 2015 la empresa inició el incremento en los montos de sus contratos, coincidiendo con la designación de Patricia Manón Romero como representante legal de Zagis en cada acto de propuesta económica y contractual con la Sedena.
En total, de 2014 a 2020 esa razón social ha obtenido 27 contratos que suman 627 mdp, 14 de ellos por adjudicación directa para proveeduría de hilos a la Fave. Sólo de 2018 a 2020, mientras estuvo Radilla Suástegui al frente de ese organismo, Zagis obtuvo cuatro contratos, en estos casos vía licitación pública, que suman casi 400 mdp.
La segunda empresa con los contratos de mayor cuantía es Nicela, SA de CV. En su acta constitutiva figura como accionista mayoritario Mario Alfonso Ortiz Romero (hijo de Patricia Manón), así como una socia de nombre Margarita Aguirre Fermoso, cuyos generales ubican su domicilio en la Unidad Habitacional IMSS de Tlalnepantla, un barrio popular donde vive la socia de la empresa que ha obtenido 545 mdp en contratos para la proveeduría de químicos y colorantes a la Sedena.
De acuerdo con los registros de compras (obtenidos mediante consulta a Compranet en ésta y las demás razones sociales citadas en el presente reportaje) Nicela inició también su proveeduría en 2014, cuando obtuvo siete adjudicaciones directas por 37 mdp; 65 mdp en 2015; 110 mdp en 2016; 109 mdp en 2017; 139 mdp en 2018, y 83 mdp entre 2019 y 2020.
A diferencia de Zagis, donde Patricia Manón figura sólo como representante legal, Nicela y las demás empresas sí tienen a miembros de su familia como accionistas mayoritarios, de entre estas Nicela tiene la suma de mayor cuantía en contratos con Fave, aunque al revisar su registro patronal ante el Seguro Social sólo tiene un empleado.
La misma sociedad con Margarita Aguirre Fermoso se pudo localizar en el Registro Público de Comercio para Operadora Safrat, donde el accionista mayoritario es Eduardo Alejandro Gutiérrez Romero (otro de los hijos de Patricia Manón). La empresa está dedicada a la venta e instalación de maquinaria. Esa razón social tiene contratos con la Sedena, también para Fave, desde 2017, sumando 57 mdp adjudicados, así como dos contratos: uno en 2018 por 340 mil dólares y otro este año por 521 mil dólares.
Además de Nicela destaca el caso de Intman, SA de CV, que sólo tiene dos empleados, según su registro patronal. La empresa tiene como accionista a Gutiérrez Romero aunque esa razón social sólo ha logrado dos contratos menores, convirtiéndola en la de menor cuantía total, pues apenas suma 10.8 mdp en contratos con la Sedena.
Sin embargo, el caso de Intman sobresale porque su domicilio está en Arquímedes 130, despacho 202, en Polanco. Ese mismo domicilio es el de Introm Textil, SA de CV, empresa en la que es accionista mayoritaria Patricia Manón en sociedad con su hijo Eduardo Alejandro.
Entre 2014 y 2020 Introm Textil acumula 53 contratos por 141 mdp, 35 de los cuales fueron por adjudicación directa, todos para proveeduría a Fave. En este caso, el registro patronal también establece que tiene sólo un trabajador.
Una empresa más es la de Neri Armando Morales Romero (sobrino de Patricia Manón), accionista mayoritario de Caroem Construcciones, SA de CV, empresa que tiene un solo contrato con la Sedena, firmado en 2019, por un monto superior a 223 mdp. Ese contrato consiste en implementar un proceso de preparación, teñido y acabado de telas.
Caroem fue constituida en 2013 y su giro es de pavimentaciones. En su récord en registros públicos, Proceso identificó seis contratos de obra pública: dos en la alcaldía Benito Juárez (9 mdp), uno en La Magdalena Contreras (168 mil pesos), otro con el Gobierno de la Ciudad de México (29 mdp) y dos con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (2 mdp).
El total de esos contratos es de 232 millones de pesos, una cantidad apenas 10 millones superior a lo obtenido en la implementación del mencionado proceso en Fave, que no corresponde a su giro.
Así, la familia de Patricia Manón Romero, además de hilos, telas, químicos y colorantes, incursionó también en la proveeduría de maquinaria textil apenas iniciado el actual gobierno.
Empresas fachada
El domicilio ofrecido por los representantes de las empresas Intman e Introm Textil es Arquímedes 130, despacho 202, Polanco. El sitio se ha convertido en referente de otras investigaciones periodísticas recientes.
Se trata del mismo domicilio de Hollond Textile Solutions, una razón social registrada en México apenas en enero de 2019. En su edición 2261, Proceso reprodujo el reportaje de Quinto Elemento Lab sobre esa empresa.
El reportaje, titulado “Firmas ligadas a los Panama Papers dotaron de uniformes a la Guardia Nacional”, acredita que el accionista mayoritario de Hollond es la razón social Agorta, SA de CV, empresa fachada creada en Panamá. Sus fundadores son Luis Alberto Rodríguez, quien aparece en los consejos de administración de más de 14 mil empresas; Hermes Oriel Vargas, socio en más de mil 200 compañías, y Bárbara de Rodríguez, perteneciente a casi 6 mil corporativos. Esto es el esquema típico de paraísos fiscales donde despachos presentan su directorio para que figuren como consejeros de empresas que ocultan a sus verdaderos dueños.
Según los legajos, en 2016 el consejo de Agorta fue sustituido: Arcenio A. Barrios S. quedó como presidente, siendo socio de más de mil compañías; E. Castañeda, como secretaria, con récord similar, y Ana María Burnes C. como tesorera, siendo accionista de 600 firmas, de acuerdo con los directorios financieros panameños.
En la licitación (LA-007000998- E48-2019) realizada para vestir y equipar a la Guardia Nacional, Hollond Textile se llevó tres contratos; en tanto que Introm Textil se llevó uno, de apenas 665 mil pesos en 2019, año en el que obtuvo otros siete contratos con la Sedena que sumaron 20.2 mdp; en 2020, apenas lleva 9.2 mdp en cuatro contratos.
Lo anterior, a pesar de que Introm Textil y Zagis (que entre 2019 y 2020 suma 251.6 mdp en tres contratos) se encuentran bajo observación de la autoridad hacendaria, pues aparecen en la mencionada lista de EFOS debido a que realizaron operaciones con Servicios Corporativos Tadicorp, SA de CV, una razón social listada como empresa de operaciones simuladas definitiva el 1 de abril de 2019, según puede verificarse en el portal habilitado por la SHCP.
En el caso de Introm Textil, se trata de nueve facturas por operaciones simuladas con Tadicorp, por un total de 5.2 mdp; en tanto que, más o menos en las mismas fechas, Zagis adquirió siete facturas por 4.2 mdp, en ambos casos para evadir obligaciones fiscales.
Respecto a Operadora Safrat (cuyo accionista principal es el mencionado Gutiérrez Romero, mismo socio de Introm Textil y de Intman), el patrón de domicilios coincidentes se repite en otras razones sociales: Gutiérrez Romero es accionista también de Helena Tulum, SA de CV, razón social que comparte domicilio con Ediforte Segar, SAPI de CV, empresa esta última que tiene por accionista principal a Gustavo Herrera Vázquez, el mismo de Distribuciones y Proyectos, SA de CV, una empresa del ramo de la seguridad que según su sitio en internet ofrece consultoría para comercio exterior, equipo táctico y balístico, sistemas de seguridad tecnológica y adiestramiento; también es proveedor de la Sedena, específicamente de Fave (708 mdp en contratos) y toda corporación de seguridad federal.
Distribuciones y Proyectos es una de las empresas a las que también se le han identificado operaciones con EFOS por alrededor de 173 mdp.
Proceso pidió a la Coordinación de Comunicación Social de la Sedena una posición a fin de saber si existe investigación abierta en torno a los contratos otorgados a Hollond Textile y el resto de las razones sociales, si hay coordinación con Hacienda sobre el estatus de cada empresa al momento de adjudicarles contratos y si se han implementado controles. Bajo promesa de solicitar información a las áreas involucradas, al cierre de edición no hubo respuesta.
