El sábado 22, alrededor de 300 mujeres que se manifestaron en el centro de la ciudad de León fueron brutalmente agredidas por uniformados municipales –hombres y mujeres–, quienes remitieron a varias de ellas a la Central de Policía, donde permanecieron varias horas. Colectivas femeninas expresan su descontento y exigen saber quién dio la orden que desencadenó esa cacería. Cuestionado al respecto, el titular de Seguridad de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, las califica de “una minoría” que, dice, “no puede venir a romper los derechos”.
LEÓN, GTO.- En el estado donde más mujeres han muerto asesinadas en lo que va del año en el país y donde el sábado 22 policías municipales reprimieron una protesta feminista en el centro de esta ciudad, el secretario de Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca, considera que ellas son “una minoría” a la que hay que “respetarle sus derechos, su tolerancia, su aceptación. Pero no puede venir a romper los derechos…”
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN, ha guardado absoluto silencio no sólo sobre los homicidios de mujeres sino también sobre el escándalo nacional que una vez más provocaron los uniformados de León que agredieron a las participantes de la movilización de la semana antepasada.
El alcalde Héctor López Santillana, también del PAN, ofreció hacer investigaciones “donde topen” y se disculpó con las afectadas vía Twitter. No obstante, las expresiones de Cabeza de Vaca provocaron la indignación de organizaciones defensoras de derechos humanos, de libertad de expresión y de colectivas feministas.
“No podemos convertir a León y a Guanajuato, ni a Celaya ni a Salamanca en un ‘manifestódromo’ violento como se ha convertido ahora la Ciudad de México”, dijo el funcionario, quien fue titular de Seguridad Pública en esta ciudad, en una reunión virtual con hombres del Club Rotario de León el martes 25.
De manera coincidente, en la Secretaría de Seguridad Municipal trabajan hoy dos excolaboradores de Cabeza de Vaca: Mario Bravo Arrona, quien fue jefe de escoltas del gobernador Rodríguez Vallejo y ahora se desempeña como secretario de Seguridad en León, y Jorge Guillén Rico, director de la Policía, quien tiene malos antecedentes en el municipio leonés y en el de Romita, donde tuvo que renunciar en medio de señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos.
El martes 25, durante la reunión virtual con integrantes del Club Rotario de León, Cabeza de Vaca estaba sonriente ante los elogios que le hacían sus interlocutores por la operación #Golpe de timón, así como por las detenciones y aseguramientos realizados en operaciones conjuntas con la Fiscalía General del estado.
Entonces un rotario le preguntó sobre la manifestación que concentró a cerca de 300 mujeres entre el monumento del Arco de la Calzada y la Plaza Expiatorio, en el centro de la ciudad, detonada por la denuncia pública de una joven llamada Evelyn, quien había sido obligada a desnudarse y fue acosada sexualmente por policías municipales la madrugada del sábado 15, justo en la caseta policiaca, a un costado de la Plaza Expiatorio.
Contra “la minoría”
Cabeza de Vaca, responsable de la política de seguridad pública en la entidad que ha presentado el mayor número de asesinatos violentos en el país durante los últimos dos años, dio una amplia y reveladora respuesta.
Siempre aludiendo a las mujeres como “una minoría” (la pregunta fue específica sobre la protesta feminista), el funcionario defendió la actuación de los policías municipales: “Si hubo por ahí un exceso ya estarán por allí investigando. Pero en principio, se actuó bien… Yo creo que era lo adecuado, no permitir que acabaran con el patrimonio de los leoneses y el comercio de particulares”.
E insistió en su comparación entre “una mal entendida protección a derechos humanos” por la efervescencia social que desata plantones y marchas de todo tipo en la Ciudad de México y lo que, para él, es “guardar el orden social”:
“Se tiene que respetar el orden social, el bien común, el derecho de la mayoría. O sea, no puede venir una minoría a estar atacando… no quisiera vivir en (la Ciudad de) México cuando haya una manifestación, porque sé que le puede pasar todo a todo mundo, en aras de que hay que respetar el derecho de una minoría que en ese momento se manifieste.”
También se mostró indignado por las pintas de las manifestantes en el centro: “Los que somos de León vemos al Arco de la Calzada como los parisinos ven la Torre Eiffel; es nuestro principal representante”, dijo a los rotarios.
Y cerró con una convicción personal: “Mientras a mí se me encargue un cuerpo de seguridad, jamás se permitirá que se rompa el orden social bajo ninguna bandera”.
Los dichos del funcionario comenzaron a circular de inmediato: algunos medios locales los publicaron. Cinco horas más tarde el funcionario se vio obligado a rectificar, y lo hizo en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Es mi deseo rectificar y pronunciarme en mi responsabilidad, por un estado de derecho pleno, respetuoso de las garantías individuales, reiterar el trabajo por el bien común y sobre todo el respeto por la población vulnerable, a quien especialmente nos debemos.
“Seré de los primeros en manifestar y sostener que todo acto de autoridad que vulnere los derechos humanos por fuerza debe ser investigado a fondo y si fuere procedente, sancionado conforme a derecho.”
Violencia criminal
“La declaración del secretario de Seguridad le sale de lo hondo de su ser. Es el ejemplo clarísimo y nos da la explicación de qué pasó el sábado. Alguien como él dio la orden, alguien como él que está en esas estructuras cree todo eso: que las mujeres deberían estar en su casa, que se han perdido los valores por su culpa y demás”, comenta a la corresponsal la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.
La organización asumió la representación de varias de las mujeres detenidas en el operativo posterior a la manifestación, así como de las cuatro periodistas agredidas por uniformados leoneses, precisamente cuando tomaban videos, fotografías y transmitían la noticia a los medios en los que trabajan.
“Si bien (Cabeza de Vaca) no fue el mando directo que dio la orden, sí es el mando simbólico –según Cruz Sánchez–. Y esa es la línea, ese simbolismo es el que claramente puedo entender que permea en esta estructura de Policía Municipal en León; alguien como él o un subordinado con creencias iguales a las de él dio la orden de cazar así a las mujeres.”
Para Cruz Sánchez, el contexto violento en que se ha visto inmerso el estado, particularmente en los últimos cinco años, ha llevado a un enojo social contra la autoridad.
“La violencia general, criminal, se ha exacerbado. Las instituciones de procuración e impartición de justicia, especialmente las de seguridad pública municipales y la estatal, están rebasadas, carecen de una política de prevención. Y la exigencia de las mujeres ha enojado mucho a las instancias de seguridad pública, porque exigen justicia.”
Entonces, apunta, “lejos de prevenir la violencia generalizada, contra quienes ejercen violencia y quieren generar odio es contra las mujeres que exigimos justicia, que cese la impunidad, que no haya corrupción y podamos ir en serio construyendo un estado en paz”.
Mientras tanto, la entidad se mantiene en el primer lugar de asesinatos dolosos y culposos de mujeres, la violencia feminicida más extrema. El registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública incluye 539 de estos homicidios, de los cuales 276 han sido dolosos, en su mayoría cometidos con armas de fuego, aunque únicamente 10 de esas muertes han sido clasificadas por la fiscalía estatal como feminicidios e investigadas como tales.
Cacería de mujeres
Los días posteriores a la protesta, numerosos testimonios públicos se incorporaron a las denuncias presentadas por las agraviadas ante instancias penales, de derechos humanos y administrativas; son pruebas de cómo los uniformados leoneses desplegaron un operativo al final de la manifestación, que se convirtió en una literal cacería de mujeres que terminaron en los separos.
La Secretaría de Seguridad Pública leonesa dispuso para vigilar esta protesta de un contingente formado en su gran mayoría por mujeres (alrededor de 80 elementos), mismas que mantuvieron una línea con roces mínimos durante el desarrollo de la movilización, con todo y que sobre ellas cayeron agua y harina que las manifestantes lanzaban al aire, al grito de “¡Justicia para Evelyn!”
Cuando terminó el evento y las participantes comenzaron a dispersarse, ante Guillén Rico, su superior directo, las agentes y los pocos elementos varones que presenciaron la protesta a distancia comenzaron a perseguir a las mujeres.
Entre ellas a las cuatro periodistas que cubrieron la manifestación; varias incluso transmitieron en vivo y alcanzaron a grabar la corretiza y cómo algunas fueron atrapadas y golpeadas por las agentes. Las cuatro reporteras también fueron agredidas: una fue golpeada, otra esposada, mientras las otras dos recibieron jalones y la amenaza de que se retiraran, so pena de ser arrestadas.
Veintidós mujeres fueron detenidas –entre ellas cuatro menores de edad–, algunas ajenas a la manifestación, así como un hombre que estaba cenando tamales en un local ubicado en la Plaza Expiatorio.
Alfonsina “N”, una de las cuatro reporteras agredidas por las agentes, según las fotos y videograbaciones, narra a Proceso: “Tengo nueve años de ser reportera en medios locales y esta es una primera marcha atípica para mí. Noté una saña de parte de las mujeres policías en el momento de las detenciones y conmigo, aunque desde el inicio de la manifestación y hasta que finalizó –entre las 18:00 y las 20:00 horas–, ellas me identificaron como prensa.
“Incluso personal de Comunicación de la Secretaría de Seguridad me saludó. En varios momentos del recorrido les pregunté (a las agentes) si estaban bien. Y me llama la atención que, horas después, de manera inexplicable, esas policías fueron las que me golpearon.”
Los policías municipales “no querían que documentáramos que estaban deteniendo a estas chicas de una forma que se vio brutal, porque entre cinco o seis elementos las detenían de forma violenta. Y mientras yo trataba de documentar estos casos, no me percaté de que ellas también me estaban rodeando; ‘me hicieron bolita’, me empezaron a manotear y a jalar; incluso me pegaron en el estómago…”, describe Alfonsina.
Los presuntos azuzadores
Integrantes de las colectivas feministas en León y de otras ciudades del estado acudieron la noche del sábado 22 a la Central de Policía para pedir la liberación de las detenidas. Horas después todas salieron sin cargos en su contra.
La organización Centro Las Libres fue requerida por varias de las víctimas para acompañar sus denuncias y los procesos legales. Su directora, Verónica Cruz, enfatiza que “el objetivo de la manifestación era muy claro y hay que entenderlo, era directamente contra los policías, contra este abuso policiaco a una joven de León”.
Gracias a las denuncias se sabe que todas las detenciones se hicieron después de la marcha. Todas las declarantes coinciden: la protesta había terminado. Unas iban caminando a sus casas; otras, en sus bicicletas; algunas en autos, cuando comenzaron la persecución policiaca y las capturas.
Entre las detenidas, según Cruz Sánchez, la mayoría ni siquiera estuvo en la manifestación. Es el caso de dos empleadas de un Oxxo que salían de trabajar; las policías se las llevaron sin averiguar.
Una mujer asistió con su hija a la protesta; ambas fueron alcanzadas varias calles adelante, en una parada del transporte público.
Y de las cuatro menores detenidas, una fue particularmente violentada por una agente que durante el recorrido a la Central de Policía la golpeó, incluso le rompieron la falda y la exhibieron ante los otros policías al llegar a la central, según la narración de numerosas testigos.
La exigencia de las organizaciones, señala Cruz Sánchez, es llegar al fondo del asunto para saber quién dio la orden que desencadenó el brutal abuso de la fuerza pública contra las manifestantes.
La autoridad no pudo sostener siquiera su versión de que habían cometido las faltas que les atribuían. “Hubo claramente un abuso de autoridad con una saña exacerbada”, sostiene la directora del Centro Las Libres.
El miércoles 26, mediante sus redes sociales, Adolfo Enríquez Vanderkam, leonés conocido ampliamente por registrar y difundir denuncias y quejas por hechos delictivos, asesinatos y abusos policiacos desde hace años, divulgó audios aparentemente surgidos de las propias comunicaciones que entre los policías se hicieron cuando perseguían a las mujeres y las sometían.
“Ahí está sentada en la banca… pantalón mezclilla, blusa negra, pelo corto”, se escucha decir a una mujer que describe a un “objetivo” a detener.
Según Enríquez, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública algunas versiones apuntan hacia el director operativo de la policía leonesa, Juan Pedro González Pérez; también mencionan a “la comandante Yolanda y a la encargada del Grupo Pumas, de nombre Alma”, quienes, “apoyadas con las cámaras del C-4, presuntamente dieron la orden de abordar (detener) a la mayor cantidad de mujeres que participaron en la protesta”.
