A contrapelo del discurso oficial, los 360 principales funcionarios del gobierno federal encargados de llevar a cabo la Cuarta Transformación tienen ingresos muy por encima del salario promedio de la población. Algunos de ellos tienen percepciones por negocios ajenos a su función pública. En el contexto del Segundo Informe de Gobierno del presidente López Obrador, Proceso revisó los perfiles académicos, las trayectorias laborales y las declaraciones patrimoniales de los altos mandos de la actual administración, los cuales muestran además que abundan los operadores políticos y que la paridad de género, salvo en dos secretarías, está ausente de la 4T.
Con el afán de distinguirse de los derroches, la frivolidad y la corrupción que marcaron los sexenios “conservadores” y “neoliberales” del pasado, al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta presumir que su gobierno es “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Sin embargo, como en sexenios pasados, 360 altos funcionarios contratados para concretar la Cuarta Transformación (4T) forman un grupo poco representativo del pueblo de México: en un país donde el ingreso laboral promedio ronda los 6 mil 250 pesos mensuales, los funcionarios de primer nivel reportan ingresos netos 33 veces superiores y patrimonios totales que los colocan entre el 1% de la población más privilegiada.
Aparte, en el gobierno actual la toma de decisiones es, todavía, un asunto varonil: ocho de cada 10 personas que ocupan los cargos clave de la administración federal son hombres. Las mujeres están ausentes –o, en el mejor de los casos, apenas presentes– de sectores estratégicos, como el financiero, el agrícola, el energético, el turístico y el de seguridad; hay paridad de género en solamente dos secretarías.
Proceso recopiló los perfiles académicos, las trayectorias laborales y las declaraciones patrimoniales de 360 altos funcionarios, seleccionados con base en un criterio: encabezan estructuras administrativas de primer nivel en las que manejan presupuestos y equipos de trabajo propios. Su forma de acatar las instrucciones de Palacio Nacional y sus decisiones del día a día trazan el rumbo de la 4T.
En cada secretaría se incluyeron los servidores públicos con nivel de secretario así como los 43 subsecretarios y los titulares de los 188 organismos administrativos desconcentrados, entidades apoyadas y que dependen de ellas, entre ellos institutos, comisiones, consejos, bancos de desarrollo, hospitales o puertos. La lista también incluye los equipos directivos de Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE, así como los titulares de los organismos autónomos.
Millonarios
El pasado 16 de junio López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón grabaron un video para comentar su plática telefónica con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Durante unos segundos de descuido, Ebrard movió el brazo y dejó al descubierto su muñeca izquierda, en la cual lucía un reloj Rolex de 14 mil dólares.
El canciller lanzó una mirada furtiva y, discretamente, volvió a esconder el costoso aparato debajo de su manga. Más allá de la cacofonía que desató en redes sociales, la anécdota exhibió la incomodidad de un sector de la élite política y económica del país que forma parte de la 4T y que debe renegar en público de sus privilegios para cuajar en el discurso de austeridad promovido por López Obrador, quien suele afirmar que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”.
Lo quieran o no, los altos funcionarios forman parte de la élite política y económica del país. Las declaraciones patrimoniales que ellos mismos entregaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) muestran un ingreso neto promedio de 2 millones 329 mil pesos anuales –aproximadamente 194 mil pesos mensuales– en 2019; de este monto, 1 millón 361 mil pesos venía de su nómina en el gobierno federal, y 968 mil pesos más eran producto de actividades privadas.
Pero incluso en la cúpula de la burocracia existen profundas brechas de desigualdad: mientras más de la mitad de los burócratas sólo cobró sus salarios públicos, 25 funcionarios, entre ellos tres mujeres, tuvieron negocios fuera de la nómina federal, pues reportaron ingresos netos superiores o muy superiores a los 3 millones de pesos en 2019; es decir, más de 250 mil pesos al mes. Cinco de ellos forman parte del primer círculo de López Obrador.
Por ejemplo, Jorge Alcocer Villanueva, jefe de asesores de la secretaria Olga Sánchez Cordero, señaló ingresos de 20 millones 442 mil pesos derivados de negocios inmobiliarios.
El multimillonario regiomontano Alfonso Romo Garza, jefe de Oficina del presidente, anotó por su parte ingresos por 15 millones 175 mil pesos; Sánchez Cordero apuntó 10 millones 688 mil pesos; Alfonso Durazo Montaño reportó 7 millones 164 mil pesos; Manuel Bartlett Díaz indicó que recibió 5 millones 803 mil pesos, y Esteban Moctezuma Barragán registró otros 4 millones 406 mil pesos.
Fuera del gabinete, otros altos funcionarios de la administración actual reportaron ingresos millonarios el año pasado: Rodolfo Héctor Lara Ponte, Miguel Gerardo Breceda Lapeyre, Juan Pablo Graf Noriega y Marcos Bucio Mújica –respectivos titulares del Instituto Nacional de Educación para Adultos, de Pemex Transformación Industrial, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Subsecretaría de Educación Básica– reportaron ingresos superiores a 9 millones de pesos.
Por otro lado, en la declaración patrimonial de Sanjuana Martinez Montemayor, la polémica directora de Notimex, aparecen puros ceros en las líneas de ingresos.
Los altos funcionarios de la 4T reconocieron, en promedio, dos inmuebles cada uno, por un valor promedio de 5 millones 608 mil pesos, aunque casos recientes, como los de Manuel Bartlett Díaz e Irma Eréndira Sandoval, evidenciaron que las declaraciones patrimoniales no siempre reflejan la dimensión real de la riqueza de los servidores públicos.
Pese a los huecos de información o inconsistencias –como los 57 altos funcionarios que no reportaron ningún inmueble, a pesar de acarrear largas carreras políticas o empresariales–, las declaraciones patrimoniales disponibles revelan que 23 altos funcionarios, entre ellos siete integrantes del gabinete de López Obrador, reportaron inmuebles cuyo valor de adquisición –no su valor actual en el mercado– rebasó cada uno los 10 millones de pesos.
Algunos funcionarios aprovecharon su estancia en la nómina federal para ampliar sus bienes: el líder evangélico Hugo Éric Flores Cervantes, fundador del Partido Encuentro Social –aliado a Morena– y delegado del Bienestar en Morelos, informó por ejemplo a la SFP que compró una casa de 400 metros cuadrados en marzo de 2019 por un monto de 5 millones de pesos, pagados de contado.
Carlos Romero Aranda, el procurador fiscal, indicó que compró un local comercial de 148 metros cuadrados por 8 millones de pesos en agosto de 2019, y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reportó la compra de una casa y de un departamento, en mayo y junio de 2019, por 9 millones 651 mil pesos.
Además de sus casas e ingresos, algunos altos funcionarios expresan sus gustos en autos –como Francisco Javier Delgado Mendoza, titular de Financiera Rural, quien adquirió en diciembre pasado un Mercedes GLC 300 de 839 mil pesos–, o en otras actividades, como Jorge Mendoza Sánchez, el titular de Banobras, encargado de vender el avión presidencial y cercano al multimillonario Ricardo Salinas Pliego, quien informó que adquirió una acción del Club de Golf Chapultepec en 2017, por 3 millones de pesos.
Entre varones
Durante una de las conferencias matutinas de finales del pasado febrero, mientras cientos de miles de mujeres marchaban y tomaban las calles de las principales ciudades del país, se le preguntó a López Obrador su postura respecto al feminismo; el mandatario contestó que era “humanista” antes que feminista.
Lo cierto es que en la 4T la voz que manda es varonil: de 360 funcionarios de primer nivel, 282 son hombres y sólo 78 son mujeres; dicho de otro modo, 78.33% de los tomadores de decisión son hombres y apenas dos de cada 10 son mujeres.
Algunas dependencias son verdaderos “clubes de Tobi”, empezando por el propio equipo cercano de López Obrador, cuyos 12 integrantes –jefe de oficina, vocero, consejero jurídico, jefe de asesores y coordinadores– son hombres; igual en la Secretaría de Turismo, encabezada por Miguel Torruco Marqués, donde seis de seis altos funcionarios son varones, o en la Secretaría de Agricultura, donde la proporción es de 18 hombres por una sola mujer.
De igual manera el presidente dejó la política de seguridad en manos de puros varones: no hay una mujer entre los 24 mandos de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional, así como en la de Seguridad y Protección Ciudadana y en sus siete entidades desconcentradas.
El sector energético, uno de los ejes estratégicos en el proyecto de López Obrador –es su herramienta para “rescatar la soberanía”–, también está controlado por una aplastante mayoría de hombres: aunque su rostro principal es Rocío Nahle García, la secretaria de Energía, es sólo una de las cuatro mujeres con cargos clave del sector, entre los 30 altos funcionarios que laboran en la Sener, en Pemex, en la CFE y en las entidades descentralizadas.
Así, entre los nueve directivos de Pemex sólo destaca una mujer –Luz María Zarza Delgado, la directora jurídica– y en la CFE de Manuel Bartlett Díaz no labora una sola mujer en esos altos niveles. Además, sus currículos muestran que la mayoría de los directivos no tenía experiencia en el sector energético y, sea cual sea la razón, ambas empresas productivas sufrieron pérdidas históricas durante el primer trimestre del año: Pemex perdió 562 mil millones de pesos, y la CFE, 121 mil 800 millones.
La predominancia masculina se expresa en todos los sectores de la alta administración federal: en la Secretaría de Hacienda hay cuatro mujeres y 16 hombres en cargos estratégicos; en la de Relaciones Exteriores, cuyos funcionarios alardean desde enero pasado que la política exterior es ahora “feminista”, hay tres mujeres en los nueve cargos directivos; y en la Secretaría de Salud hay ocho mujeres por 28 hombres; de ellas, cuatro ocupan los centros dedicados a la salud sexual y reproductiva, la infancia o el DIF.
Sin sorpresa, las secretarías de Estado que se acercan a la paridad de género son encabezadas por mujeres: las de Economía y de Trabajo alcanzan la mitad, y si bien en las oficinas centrales de la Secretaría de Cultura hay más mujeres que hombres, tomando en cuenta las 10 instituciones que responden a la dependencia dirigida por Alejandra Frausto Guerrero, la tasa de hombres pasa a 60%.
No sólo esto. Si bien mujeres y hombres tuvieron ingresos públicos similares, las mujeres que ocupan altos cargos reportaron un ingreso promedio de 1 millón 829 mil pesos en 2019, una cuarta parte menos que los ingresos promedios de los varones, que se elevaron a 2 millones 464 mil pesos. Ello quiere decir que, de manera general, los hombres tienen más ingresos fuera de su actividad pública.
Expertos
en elecciones
López Obrador lanzó una política social basada en la entrega directa –sin intermediarios– de recursos a millones de beneficiarios de programas sociales.
Pese a su voluntad de marcar una ruptura con sus antecesores, el mandatario perpetuó una práctica del “viejo régimen” priista: privilegiando la fidelidad y la adhesión a su proyecto político sobre la experiencia profesional o académica, encargó los programas sociales a personas con perfiles de operadores electorales, ya sean cuadros del aparato partidista de Morena o profesionales de la política, como legisladores o cargos populares locales.
Según la revisión realizada por este semanario, 105 altos funcionarios actuales se movían en el ámbito político-electoral antes de incorporarse al gobierno de la 4T; eso es 28% de los burócratas estudiados. Los demás eran servidores públicos, académicos, laboraban en el mundo privado o se dedicaban a otras actividades, médicas o militares, por ejemplo.
En algunas dependencias se reclutaron altos funcionarios con perfiles técnicos: 33 de los 35 altos funcionarios de la Secretaría de Salud se dedicaban a la administración pública en el sector salud, a la práctica médica o a la investigación antes de ocupar sus cargos actuales; en las de Hacienda y de Comunicaciones, la enorme mayoría laboraba en la burocracia o en el sector privado.
Pero en el caso de la Secretaría de Bienestar, que tiene asignados 179 mil millones de pesos para programas sociales en 2020, la proporción de personas con perfiles políticos es aplastante: 38 de sus 44 altos funcionarios (86%) se dedicaba a movilizar bases de votantes antes de las elecciones de 2018.
La estructura operativa de los programas está codirigida por Gabriel García Hernández, un aliado fiel de López Obrador, del que ha sido operador y recaudador de fondos para sus campañas.
Mientras García Hernández despacha en la Presidencia, en la Unidad de las Delegaciones de la Secretaría de Bienestar lo hace la exdiputada federal Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien entre 2016 y 2018 fue comisionada nacional de elecciones en Morena.
García Hernández y Reyes tienen a su cargo a los 32 delegados del Bienestar en los estados –también conocidos como “superdelegados”–, quienes en su totalidad tienen perfiles de operación política y aspiraciones electorales en sus estados de adscripción. Ya existe un antecedente: Jaime Bonilla Valdez, quien antes de ser electo gobernador de Baja California era “superdelegado” en esa entidad.
Entre ellos figuran Delfina Gómez, la excandidata a la gubernatura del Estado de México; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la titular de la SFP; o Arturo Abreu Marín, un político tabasqueño, amigo de López Obrador y fundador de Morena. Hasta el momento la SFP ha recibido 102 denuncias contra 30 delegados por usurpación, abuso de funciones, nepotismo, violencia de género y proselitismo.
Además de la Secretaría de Bienestar, López Obrador colocó operadores políticos en la gestión de otros programas de primera importancia en su proyecto de gobierno: pidió a Horacio Duarte Olivares, quien representaba a Morena ante el INE, que asumiera el programa Jóvenes Construyendo el Futuro –ahora encabeza las aduanas, con la misión de incrementar los ingresos por aranceles–, y encargó la gestión de las becas para el Bienestar Benito Juárez a Leticia Ánimas Vargas, quien escribía en Regeneración, el medio de difusión de Morena entonces dirigido por Jesús Ramírez Cuevas, el vocero actual del gobierno federal.
Además nombró a su amigo Octavio Romero Oropeza, entonces asesor de Morena en la Cámara de Diputados, al frente de Pemex, dio a su viejo aliado Rafael Marín Mollinedo la responsabilidad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec –el funcionario reportó ingresos por 3 millones 487 mil pesos– y nombró al también tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, maestro en administración de empresas y entonces titular del INAH en Tabasco, para dirigir el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.
Si bien la Fiscalía General de la República es ahora un ente que no responde a la Presidencia de la República, su titular, Alejandro Gertz Manero, fue nombrado por López Obrador antes de transitar a la autonomía.
Sus integrantes tienen, en general, perfiles acordes con la procuración de justicia. Sin embargo, un perfil con tintes políticos salta a la vista: se trata de José Agustín Ortiz Pinchetti, quien era representante de Morena en el Instituto Electoral capitalino antes de fungir como fiscal de delitos electorales. l
