Los penalistas Estefanía Medina, de la organización de defensa social Tojil, y Arturo Luis Cossío Zazueta, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, coinciden en que la denuncia de Emilio Lozoya evidencia que tenía un claro conocimiento de sus actos ilícitos y que en ese momento pudo evitar cometerlos, pues no refiere que fuera presionado, como lo había señalado en sus audiencias iniciales, lo cual refleja que el exdirector de Pemex fue el autor material y no sólo intelectual de esos delitos, pues los diseñó, planeó y ejecutó.
Agregan que Lozoya, a quien se le imputan cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no logra en su denuncia configurar cargos de delincuencia organizada ni lavado de dinero al expresidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, condición para que le otorgue el criterio de oportunidad.
Consideran que en el caso del expresidente Felipe Calderón, Lozoya dice que escuchó lo que denuncia en conversaciones con Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de Odebrecht en México, o sea que no le constan.
Sobre las imputaciones contra Calderón y José Antonio Meade referentes al contrato de Pemex con Etileno XXI, Lozoya dice que se enteró por actas del consejo de administración de Pemex, a las que tuvo acceso como director general de la petrolera.
Sin embargo, para Cossío Zazueta lo que Lozoya relata no refleja que esos dos políticos recibieran sobornos por dicho contrato y, en todo caso, Lozoya debió denunciar la irregularidad cuando la detectó, porque ya prescribió una posible acción.
Acerca de los entonces senadores Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Francisco Javier García, además del diputado federal Ricardo Anaya, a quienes según Lozoya entregó sumas importantes de dinero proveniente de Odebrecht a cambio de sus votos por la reforma energética, en el video filtrado se ve que lo reciben subalternos, como Guillermo Gutiérrez Badillo y Rafael Caraveo, exsecretario Técnico del Senado y colaborador de Lavalle.
En opinión del penalista, le toca a la FGR probar que lo recibió algún legislador, porque si alguno recibió el dinero seguramente no firmó de recibido.
–¿En su declaración, Emilio Lozoya logra sustentar las imputaciones que hace?
–¡Por supuesto que no! Pero tampoco se puede esperar que lo sustente con una denuncia. Ésta no deja de ser el dicho de una persona. No está aportando ningún elemento probatorio. Dice el nombre de varias personas que fueron colaboradores de él, que fueron quienes llevaron en todo caso las entregas del dinero, y que él los presentará como testigos. Sólo que debe ser información fijada a un soporte.
Posible coautoría
Para Estefanía Medina la de Lozoya es una denuncia de meros dichos, porque la información que refiere, como los datos de las transferencias bancarias y las empresas implicadas, ya se dio a conocer en investigaciones periodísticas.
Lo que sí se configura, afirma, es la teoría de que Lozoya fue el articulador de toda esta red, quien hizo y ejecutó estas conductas. Además, agrega, el exdirector de Pemex es la única persona de la que hasta el momento se conoce evidencia sustancial para sostener un juicio y obtener una sentencia.
–¿Habrá suficientes elementos para imputar a Peña Nieto, a Luis Videgaray y a los exlegisladores?
–Con los datos que Lozoya dice tener, me parece que no daría lugar para una sentencia. Se necesitaría otro tipo de evidencias que pudieran acreditar en efecto que ellos participaron y giraron instrucciones, tal como él lo señala. Lo único que se acreditaría es que actuaron como coautores con Emilio Lozoya. O sea, fue con quienes él cometía los delitos, con quienes tenía acuerdos, con quienes concretaba los delitos. De ninguna manera cabe una visión de que Lozoya debería de ser exonerado de esos delitos.
En cuanto a la posible prescripción de los delitos, es cautelosa: “Eso tendría que analizarse caso por caso y por delito. Sería poco responsable decir que genéricamente ya están prescritos. Creo que es un análisis que se tiene que hacer de cada uno de los hechos y cada uno de los tipos penales que aplicarían en su caso”.
–En su declaración, Lozoya empieza a narrar, que por su propia iniciativa empieza a realizar alianzas con Luis Weyll para favorecer a Odebrecht, tanto en México como en Arabia Saudita. Luego argumenta que fue presionado –se le comenta a Medina.
–Efectivamente, de la mera lectura resulta evidente que Lozoya tenía intención y participación, por lo menos a la luz de su dicho, en que esas cosas ocurrieran así, tanto previo a la toma de protesta en su cargo de director de Pemex como una vez en funciones. Nunca se advierte que haya sido utilizado o instrumentado, como ahora trata de señalar.
–Además, acepta que de entrada él se quedó con 1 millón y medio de dólares. Su declaración refleja quién fue autor intelectual, no sólo material.
–Claro. En realidad los involucrados actuaron en algo que se llama coautoría. Otro tema importante que puede restarle credibilidad a Lozoya es que él deja muy claro que esta es una denuncia que se presenta con la única finalidad de obtener un criterio de oportunidad. Bajo esa óptica, la fiscalía debe tomar en consideración esta información, que, al final, viene de alguien que tiene un interés en que le concedan el criterio de oportunidad.
“Ojo: él asegura que está denunciando delitos más graves de aquellos de los que se le acusa. Desde mi óptica no se da esa situación, porque refiere hechos diversos que no parecen más graves, sino quizá de la misma talla. Además es importante destacar que conforme al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no procede aplicar un criterio de oportunidad en el caso de delitos que afecten el interés público, y este es el caso.
“Por otro lado, más allá de que sus dichos puedan ser o no ciertos, en la denuncia, reiteradamente, refiere las ganas de los panistas de tener acceso a estos recursos, pero igual, es una opinión, más allá de hechos concretos o pruebas que se refiera a estos puntos. Lo sentí muy reiterativo en esa parte y no aporta ninguna evidencia válida o sólida para poder sustentar su dicho.”
Acerca de la filtración del video y la denuncia, indica: “Me preocupa bastante, habrá que determinar si la filtración vino de la fiscalía, lo cual es muy preocupante. Y en este caso, se hizo un filtrado masivo de la información. Eso es muy grave y tendría que darse una investigación muy seria de los hechos.
“En segundo lugar, más allá de este tema jurídico, resulta muy sospechoso el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las conferencias mañaneras, primero dice que sería bueno que circulara el video y misteriosamente aparece el video; después se dice que sería bueno conocer la denuncia y aparece la denuncia”, considera Medina.
Esto, agrega, “le resta muchísima seriedad a la fiscalía, le resta seriedad a todo el procedimiento. La seriedad de la fiscalía decayó bastante desde que el fiscal Alejandro Gertz Manero hace una conferencia para informar lo que le cuentan en una denuncia, lejos de estar anunciando una investigación, que ya se cumplimentaron órdenes de detención o que se logró una vinculación o una sentencia, que realiza una investigación más allá de un debate en la opinión pública”.
–¿A quién beneficia la forma en que se está llevando a cabo este proceso?
–Al presidente y al grupo que está hoy como mayoritario en el Congreso. Desde luego que esto puede tener un impacto de cara a las elecciones de 2021. Pero lo más desafortunado es que favorece a las personas que quizá cometieron estos delitos, en primer lugar a Emilio Lozoya y en segundo a todas las personas mencionadas.
“Si la verdadera intención tanto de la fiscalía como del presidente es cambiar esa historia de impunidad por una de justicia, debe hacerse con evidencia y con seriedad en tribunales, no en conferencias de prensa.”
Las abogadas de Tojil solicitaron a la FGR ser reconocidas con el carácter de víctima para ser parte en el procedimiento de Lozoya Austin, pero se les negó. Ahora esperan el juicio de amparo en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.
