Para los académicos Carlos Bravo y José Fernández, más que hacer justicia contra la corrupción, el presidente López Obrador busca aprovechar la publicidad de los casos más emblemáticos para posicionarse políticamente frente a la oposición y subir sus niveles de aprobación. El recuento de las referencias del mandatario a esos asuntos, realizado por este semanario, apunta en el mismo sentido.
El objetivo está declarado: se trata de que “el pueblo” conozca cómo era “el modus operandi de la corrupción en el periodo neoliberal”, según el presidente Andrés Manuel López Obrador que, a partir del pasado 2 de julio, convirtió los asuntos judiciales respecto del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin en referencia cotidiana en sus apariciones públicas.
Ese objetivo, ha dicho de manera reiterada, se ubica al mismo nivel de importancia para su gobierno que el de recuperar recursos “para devolverle al pueblo lo robado”, pues, advierte, la justicia corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las decisiones que tome el Poder Judicial, que, sin embargo, apenas inicia los procesos en los que el exfuncionario del peñanietismo es imputado, denunciante y testigo colaborador.
Un día antes de esa referencia al caso, López Obrador celebró el segundo aniversario de la elección que lo llevó a la Presidencia; en tanto, el 30 de junio, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, había hecho pública la decisión de Lozoya Austin de dejar de litigar su extradición y aportar pruebas sobre la corrupción ocurrida entre 2013 y 2015, el periodo en el que estuvo al frente de Pemex, por lo que la declaración presidencial del 2 de julio fue la primera reacción al anuncio.
A tres meses de haber dictado las medidas de distancia social y el consecuente deterioro de la economía, con indicadores de letalidad al alza por la epidemia y una serie de confrontaciones declarativas con gobernadores de oposición, cámaras y organismos empresariales y colectivos de la sociedad civil por diversas temáticas, esos días coincidieron con sus mínimos de aprobación histórica, de acuerdo con diferentes encuestadoras.
La encuesta más negativa fue realizada por Gea-Isa que, en su resultado publicado el 2 de julio por el diario El Financiero, fijó en 42% la aprobación presidencial. En su medición, consulta Mitofsky, publicada en El Economista, estableció en 46.9% la aprobación, que siendo más benigna asentaba también un mínimo histórico. Esos y otros ejercicios, inclusive los que le daban mejor posición, colocaban la aprobación apenas por encima de 50%, cuando un año antes, en julio de 2019, en todas superaba 70% y en algunos casos el indicador ascendía hasta 80%.
Si bien es cierto que de lunes a viernes, desde que inició la administración, el presidente López Obrador suele referirse varias veces al día a la corrupción de lo que designa “el periodo neoliberal”, así como sus “adversarios”, los conservadores, conforme avanzó julio el caso Lozoya fue abordado una y otra vez por el mandatario.
El 13 de julio, por ejemplo, se refirió, como reiteradamente lo ha hecho, a la compra presuntamente fraudulenta de la empresa Agronitrogenados, un complejo chatarra por el que Pemex habría pagado 200 millones de dólares en demasía a Altos Hornos de México, cuyo presidente, Alonso Ancira Elizondo, también es requerido por la justicia mexicana y enfrenta juicio de extradición en España.
“De acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver (Lozoya) hasta con el Poder Legislativo, o sea, están involucrados legisladores. Vamos a sacar todo esto y que se sepa. Yo sostengo que por un lado está el castigo, pero por el otro está la no repetición, el que no se celebre los fraudes como eran antes, que se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad”, dijo.
Las alusiones presidenciales se hicieron cotidianas a partir del arribo de Emilio Lozoya a México. “Que a este señor lo cuiden”, dijo el 20 de julio, cuando el estatus legal del exfuncionario no era claro y en su llegada al país fue a un hospital; al día siguiente, el 21, fue el presidente quien confirmó que tenía carácter de “testigo colaborador”.
Sin embargo el caso Lozoya, siendo el más persistente, no fue el tema exclusivo que en relación con su discurso sobre la corrupción del pasado, el mandatario articuló a lo largo de julio.
Corrupción, la palabra diaria
La corrupción de los cinco sexenios anteriores, que el presidente suele agrupar en la expresión “periodo neoliberal”, o bien, “periodo neoporfirista”, ha sido una constante en el discurso presidencial que a diario marca la agenda en las conferencias de prensa matutinas.
De hecho, una revisión publicada el pasado 6 de junio (Proceso 2275), al cumplirse 18 meses de gobierno, resultó que hasta entonces el presidente había pronunciado la palabra corrupción 104 veces por mes en promedio, esto es, alrededor de 26 veces por semana, unas cinco veces al día.
Desde el inicio de su gobierno López Obrador ha sabido instrumentalizar políticamente al agravio producido por la corrupción política mexicana, considera Carlos Bravo Regidor, académico que ha dado seguimiento a la narrativa presidencial.
Doctor en historia, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Bravo Regidor señala que el uso político es notable en casos como el del expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, a quien considera se le inventaron cargos para hacerlo a un lado, o bien en el del exministro Eduardo Medina Mora. Ambos renunciaron y no hubo caso judicial.
“Lo interesante del caso es que quienes son señalados, es irrelevante, se utiliza la acusación para doblarles la mano y ordeñar políticamente el caos. Como está ocurriendo con Lozoya.”
En el último mes y medio la palabra corrupción se orientó, además del multicitado caso Lozoya, a aspectos de justicia, seguridad, salud y presupuesto.
Por ejemplo, al iniciar agosto, un amparo concedido a José Ángel Casarrubias, El Mochomo, implicado en el caso Ayotzinapa, motivó el señalamiento de que hubo corrupción en el Poder Judicial.
Luego, las respuestas de López Obrador a la Alianza Federalista de Gobernadores, que agrupa a nueve mandatarios estatales de oposición que pedían la destitución del subsecreatrio de Salud Hugo López-Gatell, fueron en el sentido de que todo, inclusive la pandemia, era resistencia a la lucha contra la corrupción, interés por perjudicar su gobierno e inclusive, acusó, interés electoral, “politiquería”.
Lo mismo ante los señalamientos por corrupción en su propia administración, pues por ejemplo, al ser cuestionado sobre las investigaciones a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, consideró que era “politiquería” por la cercanía de las elecciones del próximo año.
El 27 de julio regresó el avión presidencial, que ha sido motivo no sólo de varias referencias a la corrupción y el despilfarro, pues una conferencia de prensa del López Obrador se realizó en el Hangar Presidencial e incluyó un recorrido a reporteros por la aeronave.
O bien el 4 de agosto, por la detención del líder huachicolero José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, dos días antes. El informe del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio cuenta de cómo el caso se dejó en el fuero común. El presidente se refirió a las complicidades políticas en Guanajuato y la corrupción que le permitió operar tantos años su estructura criminal. Dicha entidad, como se sabe, es bastión panista y su gobernador, Diego Sinhué Rodríguez, ha sido de los más críticos al gobierno federal.
Pero la tanda de señalamientos arreció en agosto, cuyo arranque quedó marcado por las referencias concretas a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: con el primero ha sido más persistente, refiriéndose a su periodo como “un narcoEstado” dadas las implicaciones del caso Genaro García Luna; al segundo, por las revelaciones de Lozoya Austin. Además, se refirió también al exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray Caso.
Y hasta en las críticas y cuestionamientos sobre su resistencia al uso del cubrebocas, el 31 de julio respondió: “Usaré tapabocas cuando se acabe la corrupción”.
Para el politólogo José Fernández Santillán, se trata de la persecución de la corrupción como una estrategia política. Doctorado por la Universidad de Turín, investigador en el Tecnológico de Monterrey, advierte: “Esta persecución no es simplemente la aplicación imparcial de la ley, sino que se trata de una aplicación política de la ley, de la norma jurídica, según criterios de conveniencia y oportunidad”.
Pone un ejemplo: el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con una riqueza inexplicable y sin reportar al sistema de declaraciones patrimoniales, que resultó exonerado; o bien, que nada pasa con su hijo, proveedor gubernamental con sobreprecios y productos deficientes en el sistema de salud.
Por su parte Bravo Regidor, en entrevista por separado, considera: “Estamos ante una versión extrema, pero no nueva, del modus operandi del lopezobradorismo en el tema de la corrupción. Me parece claro que con la epidemia, la crisis económica, de seguridad, educativa y de salud (que se agravará) hay contexto en el que un personaje como Lozoya y una telenovela, como se ha convertido su caso, vienen muy a cuento, le permiten al presidente cambiar el foco de la coyuntura, los déficits de la gestión”.
El contexto de estos episodios es el de los indicadores de contracción económica al segundo semestre del año, que registraron una caída de 17.3% por el frenazo económico, y por alcanzar el tercer lugar de los países del mundo en muertes por covid-19, un registro que para el día 6 de agosto rebasó los 50 mil fallecimientos.
Justicia o discurso
La publicidad de cada uno de los casos y, señaladamente de los abiertos respecto de Lozoya Austin, ha sido promovida por López Obrador, inclusive posicionándose respecto a decisiones de la FGR en relación con las diligencias que están en desarrollo.
El 29 de julio, tras la primera comparecencia de Lozoya, el presidente retomó las expresiones del abogado: “Expondrá la maquinaria organizada del poder”. Al día siguiente: “Revelará cómo compraron la Reforma Energética”. Y aunque en los días que siguieron fueron más amplias sus referencias al caso que en Estados Unidos se sigue a Genaro García Luna, en ocasiones incluyendo a Felipe Calderón, el 14 de agosto se pronunció por que los videos que supuestamente aportó el director de Pemex sean de conocimiento público.
En ese sentido, ya desde el 28 de julio consideró que el caso Lozoya debe ser asunto de “tribunal ciudadano”, no sólo de justicia.
Investigador en jefe del programa de periodismo en el CIDE, Bravo Regidor insiste en las condiciones de eficacia política: “Es volver a un tema que es verdad, yo creo que no hay dudas de que Lozoya es corrupto y que lo que se le finca tenga fundamento. Lo que dudo es que el gobierno de López Obrador tenga interés en hacer justicia. Yo tengo claro que al presidente no le importa hacer justicia, en este caso, lo que le importa es hacer política y lo está haciendo”, dice.
Además considera que la crítica al manejo presidencial y aun a eventuales violaciones al debido proceso se ven inhibidas por quienes siguen al mandatario, es decir, hablar críticamente sobre ese tipo de procesos coloca del lado de la corrupción a quienes lo intentan.
“Como estrategia funciona y va a funcionar en el corto plazo en la medida de que el agravio al que apela es cierto, es fresco: el presidente no tiene que inventar que Lozoya es corrupto, salen más historias de las que ya conocemos. Lo que el presidente quiere es ser visto dando la batalla y llevarse los réditos políticos de darla, en lugar de darla”, insiste.
Fernández Santillán lo explica como parte de un manejo discursivo coincidente entre López Obrador y líderes populistas: “Se basa en el señalamiento de un pueblo que ha sufrido carencias y ha sido marginado de la política porque hay una élite corrupta que ha acaparado el poder, y esa élite se ha beneficiado de las mieles del poder y la riqueza”.
Ese tipo de retórica, sostiene, ha sido empleada por Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, en su tiempo Rafael Correa en Ecuador y sobre todo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Lo hacen también los europeos János Eder en Hungría, Andrzej Duda en Polonia y en Estados Unidos Donald Trump, aunque en su caso no se refiere a la élite de Wall Street sino a la élite política.
“Se presentan como outsiders, fuera del sistema, como no vinculados a los malos manejos que han hecho las élites. Son los que van a limpiar el poder de la corrupción y que el dinero que beneficiaba a unos cuantos ahora beneficie a todos. Es una bandera política perseguir a los corruptos”, puntualiza Fernández Santillán.
Apenas en su etapa inicial, la parte jurídica dista mucho de concluir, en tanto la parte política, considera el investigador, consiste “en demostrar o publicitar que sí se está luchando contra la corrupción y que no va a haber impunidad”.
No obstante, hay dudas sobre la veracidad de la afirmación presidencial. Fernández Santillán observa el contraste en el caso de Rosario Robles, porque siendo ese caso un tinglado que involucra a numerosas instituciones públicas, e inclusive de educación superior, sólo ella está en la cárcel.
“Incluso Rosario Robles tiene derecho a seguir el proceso en libertad, pero no la sueltan –prosigue el académico–. Hay un uso político de la justicia, según criterios de conveniencia y oportunidad.
“El populismo es eso. Que el poder se pone por encima de la ley y la ley es manipulada según los caprichos del líder político. Eso sí, con mucha publicidad y engaños: sus seguidores, y muchas personas que no lo son, opinan que se está haciendo justicia cuando en realidad lo que se está haciendo es propagar lo político.”
Mientras los diferentes casos avanzan con lentitud en las instancias judiciales, López Obrador se aproxima a su segundo informe de gobierno recuperando posiciones en su popularidad.
En la encuesta de El Financiero correspondiente a julio, el mandatario se colocó en 58% de aprobación; Mitofsky midió que la aprobación subió casi tres puntos respecto al fondo tocado en junio, en tanto Gea-Isa no ha actualizado su medición.
El Financiero, al presentar su medición el lunes 3, relacionó el crecimiento de la aprobación con el caso Lozoya.
