Señor director:
En relación con el reportaje “Chihuahua. Sube la intensidad de la guerra por el agua”, firmado por Patricia Mayorga –quien no solicitó la postura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) previo a la aparición del texto– y publicado el 26 de julio en el semanario bajo su dirección, me permito hacer las siguientes precisiones.
México y Estados Unidos comparten un cauce internacional y a partir de criterios técnicos –que toman en cuenta el área de captación y los compromisos para sus respectivas poblaciones– establecieron en el Tratado de Aguas de 1944 las bases para una repartición equitativa del agua.
Dicho acuerdo es altamente benéfico para nuestro país, dado que México recibe por el río Colorado casi cuatro veces la cantidad de agua que entrega por el río Bravo.
En el caso de la cuenca del río Bravo, a pesar de que Estados Unidos y México tienen un área semejante, se estableció que dos terceras partes del agua –proveniente de los llamados ríos tributarios (Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de las Vacas)– son para México y sólo una tercera parte para Estados Unidos.
A la fecha las presas ubicadas en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León ya han contribuido con los volúmenes de agua que les corresponde; es decir, ya han aportado del flujo de sus ríos la tercera parte establecida en el Tratado. Sin embargo, esto ha ocurrido sólo parcialmente en Chihuahua.
La aseveración que se hace en el reportaje, en el sentido de que nuestro país está obligado a “entregar una gran cuota de agua al vecino del norte”, no refleja realmente lo que ocurre: se trata de una cuenca compartida de la que México recibe agua en proporción de dos a uno.
Desde diciembre de 2019 la Conagua ha mantenido un proceso de diálogo constructivo con los agricultores, los tres órdenes de gobierno y los legisladores, a fin de implementar una estrategia integral para el cumplimiento del Tratado, informando puntualmente a la sociedad de las medidas implementadas y de los volúmenes de las presas involucradas, con el propósito de avanzar en su cumplimiento.
La información sobre el avance de las entregas de agua es pública en ambas naciones, y darla a conocer es responsabilidad de la Comisión Internacional de Límites y Agua (https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/) y de su contraparte en Estados Unidos, la International Boundary and Water Commission (https://www.ibwc.gov/home.html), y así lo han hecho.
Falta a la verdad el señalamiento de que la Conagua ha asumido un discurso cambiante y que incumple su palabra aprovechándose del confinamiento por la contingencia sanitaria para abrir las presas. Por el contrario, su actuar se ha apegado en todo momento a la estrategia integral que –regida por criterios técnicos y legales– garantiza la continuidad de las actividades productivas, la protección de las personas y su patrimonio, así como la atención de los compromisos internacionales.
La información ha sido pública en todo momento y, sin embargo, ello no se refleja en la investigación. Para cumplir el Tratado de Aguas de 1944, México debe entregar a Estados Unidos, en cada ciclo de cinco años, un total de 2 mil 158.5 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua, lo que equivale a un promedio de 431.7 Mm3 por año. Al 18 de julio del presente año se han entregado mil 652.5 Mm3 del quinquenio que concluye el próximo 24 de octubre. Ello implica que en menos de 100 días se deben entregar 506.1 Mm3, cantidad superior al compromiso total de un año.
México no puede esperar la eventualidad de que lluvias extraordinarias ocurran en Chihuahua para que esta entidad aporte la cantidad de agua que le corresponde. Por tratarse de un compromiso internacional, se deben tomar las medidas necesarias para su cumplimiento en tiempo y forma.
Si bien los elementos para atender el Tratado deben ser eminentemente técnicos y basados en estudios de especialistas en diferentes ámbitos de infraestructura hídrica, el tema se ha contaminado con visiones partidistas oportunistas que presentan argumentos carentes de rigor científico para polarizar a la opinión pública.
A esos actores Conagua les ha hecho invitaciones, en repetidas ocasiones, para reflexionar sobre el uso que se ha dado al agua para exacerbar posiciones encontradas e incluso ha planteado la proximidad de “las guerras por el agua”. Por el contrario, la postura de este gobierno, acorde a lo promovido por la UNESCO, es que en los ámbitos internacional, nacional y local el agua es un factor de unión y no de división; es un vehículo para colaborar por el bienestar de las personas y no para disputar por intereses distintos al agua.
Con la petición de publicar estas líneas para abonar a la información pública veraz y objetiva que evite confusiones entre sus lectores, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,
José Solís Juárez,
coordinador general de Comunicación
y Cultura del Agua, Comisión Nacional del Agua
Respuesta de la reportera
Señor director:
Respecto de los señalamientos que hace José Solís Juárez, coordinador general de Comunicación y Cultura del Agua de la Conagua, en el reportaje recopilo lo que ha sucedido desde enero para tratar de reflejar el conflicto y el contexto social.
La Conagua ha emitido comunicados y ha dado ruedas de prensa durante el conflicto que ha tendido con los productores, principalmente los de la región centro-sur de Chihuahua, por la extracción de agua de las presas La Boquilla, Luis L. León (El Granero) y Francisco I. Madero.
En el reportaje, la versión de la dependencia está basada en la documentación de los comunicados emitidos y en datos hemerográficos que tienen consignadas las versiones de la Conagua.
Asimismo, entrevisté al delegado de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, como representante del gobierno federal en la entidad y quien ha participado en dichos conflictos en diferentes ocasiones.
El mismo De la Rosa confirmó que habían cambiado las declaraciones sobre el destino del agua extraída de las presas La Boquilla y El Granero en diferentes momentos entre enero y marzo.
El agua de las presas chihuahuenses se ha destinado al pago del Tratado Internacional de Aguas, pero otra parte, declararon en medios de comunicación, irá a municipios de Tamaulipas y Coahuila.
En junio la información se concentró en la urgencia de pagar el adeudo del tratado. El delegado del Bienestar precisó en entrevista con Proceso que parte de las primeras extracciones de agua de las presas sí iban a Tamaulipas y Coahuila, pero en el camino aplicaron el Acta 234 del mismo Tratado Internacional, para que la totalidad fluyera para el pago de la cuota quinquenal, que debe cumplirse el 24 de octubre.
El 14 de mayo la Conagua informó que, debido a la oposición de agricultores de la entidad y de actores políticos, cambiaría la estrategia que había planeado para la extracción del agua de la presa La Boquilla a fin de cubrir el envío de agua a Estados Unidos.
Esto último se supo después de que se dejó correr la versión, desde enero, de que el agua efectivamente iba a Tamaulipas, principalmente, e incluso a Nuevo León. Y sí, hay actores políticos de todos los partidos, que han aprovechado la situación con fines partidistas.
Acerca de la inconformidad del señor José Solís sobre el párrafo que dice: “(…) El organismo se comprometió el pasado febrero a no sacar más agua de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, pero no cumplió su palabra y aprovechó el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus: el 25 de marzo abrió las compuertas de ese embalse y la gente, enardecida, incendió vehículos oficiales y tomó carreteras”, me permito añadir que el pasado 11 de febrero la dependencia federal emitió el Posicionamiento de Conagua y gobierno de Chihuahua sobre el seguimiento de acuerdos para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, en el que informa una serie de compromisos que se hicieron para buscar soluciones que beneficien a todos.
Destaco dos de los cinco puntos del posicionamiento: “La presa La Boquilla no será abierta por Conagua antes del próximo ciclo agrícola”. Y “tanto la Conagua como el gobierno de Chihuahua continuarán trabajando para encontrar, junto con los usuarios, una solución en conjunto para atender los compromisos de México en el marco del Tratado de Aguas de 1944”.
Sin embargo el 25 de marzo, dos días después de que en Chihuahua se decretó el confinamiento por covid-19, se abrieron las compuertas de La Boquilla por la mañana y esa acción desató una serie de actos violentos contra unidades de la Conagua y contra elementos de la Guardia Nacional. La gente salió a protestar con cubrebocas.
Atentamente,
Patricia Mayorga
