Señor director:
Aprecio la publicación de esta carta dirigida a Cinthia Aideé Chavira Gamboa, presidenta del DIF del estado de Chihuahua:
Desde finales de 2017 estoy luchando por obtener la guardia y custodia totales de mi hija de nueve años. La menor es víctima de maltrato psicológico, así como de omisión de cuidados que han ido aumentando hasta niveles aberrantes en los últimos meses.
Siguiendo las vías institucionales he acudido a diversas instancias sin obtener mayores resultados. Como botón de muestra quiero hacer de su conocimiento que presenté en enero de este año una denuncia ante la Subprocuraduría Auxiliar de Asistencia Jurídica y Social de Ciudad Juárez (expediente 12/20); pese a notificar a la abogada que me atendió sobre los riesgos inminentes que corre la menor, no fue sino hasta junio cuando se le dio seguimiento real al caso.
Cabe mencionar que Rodolfo Valdez, trabajador social de la dependencia, fue quien hizo que prosperara la querella. Sin embargo, la complicación del asunto escapó a la jurisdicción de la Subprocuraduría y fue turnado a vistas a la Unidad de Delitos contra la Paz de la Fiscalía General del estado.
Mi abogado y yo acudimos a dar seguimiento al expediente, el Ministerio Público a cargo no se tomó siquiera la molestia de consultar lo enviado por el DIF, minimizando los actos de desacato a la autoridad denunciados y señalando que el propio DIF actuaba en completa ignorancia de la ley.
Aun explicándole los riesgos físicos y emocionales a los que está expuesta mi hija, se rehusó a buscar la referencia solicitada; su conducta dejó al descubierto la falta de criterio para tomar acciones preventivas, en vez de “correctivas” a males que pueden ser irremediables.
En mi desconocimiento absoluto del derecho advierto que una actitud de esta naturaleza por parte de un servidor público contraviene no sólo los códigos del estado, sino también tratados internacionales tanto en materia familiar como de derechos humanos.
Chavira Gamboa, lo que acabo de exponerle sólo es uno de muchos episodios de los que se han producido en los últimos 32 meses; parecería que ciertas dependencias, algunos funcionarios y escuelas, que se jactan de velar por los intereses y bienestar de los niños y niñas, en los hechos se abstienen de tomar las medidas mínimas tendientes a prevenir males mayores, estando muy cercanos al encubrimiento y la complicidad.
De la manera más atenta pido su intervención para dar seguimiento a un asunto que podría convertirse en un caso más de las estadísticas. Se han desaprovechado oportunidades para actuar y evitar daños que mi hija ya está sufriendo. Más que pedir acción penal contra alguien, busco se me proporcionen los recursos legales para garantizar las condiciones óptimas de crecimiento y desarrollo integral de mi hija.
Atentamente,
Doctor Jorge Ordóñez Burgos
