Sobre “Los Ceferesos, mal administrados por un excolaborador de García Luna”
Señor director:
Le escribo con relación a las notas publicadas en el medio que usted dirige, los días 3 de mayo y 5 de julio del presente, en sus números 2270 y 2279, respectivamente; en especial, al artículo “Los Ceferesos, mal administrados por un excolaborador de García Luna”, en el que se realizan aseveraciones falsas y difamatorias acerca de mi persona, desempeño profesional y alcance de mis funciones.
En este sentido, y atendiendo a la información vertida en las publicaciones señaladas, me permito puntualizar lo siguiente:
En mi desempeño como asesor, así como en los diversos cargos administrativos que desempeñé en la Secretaría de Seguridad Pública (2007-2012), nunca tuve contacto con el entonces titular de la dependencia, no tuve trato directo con él ni recibí instrucciones de su parte sobre ningún tema.
En mi actividad profesional posterior he mantenido mi desempeño con responsabilidad y apego a las normas en diversas dependencias dentro de la administración pública federal.
Mi nombramiento al frente de la Dirección General de Administración en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) se da el 17 de marzo de este año, fecha a partir de la cual he realizado mis funciones –que implican la administración de los recursos, más no el diseño, desarrollo o implementación de política penitenciaria– en total apego a las legislaciones y normatividades que rigen la administración pública federal y sujeto a la revisión de instancias fiscalizadoras.
Por otra parte, mediante este escrito niego las aseveraciones vertidas en la edición del 5 de julio de 2020, considerando imperante precisar los siguientes elementos:
Sobre la crisis administrativa y de seguridad atribuidas a mi gestión (págs. 29-30): En los ya casi cuatro meses al frente de la Dirección General de Administración del OADPRS he dado puntual y oportuna atención a los requerimientos administrativos de los diversos penales federales, a la vez que se ha trabajado en la corrección y atención de diversos rezagos administrativos, los cuales han sido debidamente presentados ante las instancias fiscalizadoras y normativas correspondientes, por lo que el calificativo “crisis” en los Centros a cargo del OADPRS resulta ser una aseveración subjetiva y por ende personal, que no parte de ningún sustento jurídico, de investigación y análisis.
Respecto de las contrataciones de personal que se califican como irregulares y posfechadas (págs. 30-31): Todo el proceso de contratación se llevó siguiendo escrupulosamente la normatividad aplicable, cubriendo minuciosamente todos y cada uno de los requisitos que para tal efecto son exigibles, siendo que los servidores públicos que las ocupan iniciaron el desempeño de sus funciones de conformidad con la vigencia de su contratación.
Finalmente, en el artículo se mencionan diversos nombres de servidores públicos del OADPRS. Al respecto, se precisa que los nombres del personal de OADPRS se encuentran clasificados como reservados en términos de la normatividad aplicable y dicha reserva ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En atención a mi derecho de réplica, a la precisión informativa que merecen sus lectores para recibir información veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable y, al consecuente daño que las referidas publicaciones puedan causar en mi honor, dignidad e integridad, tanto personal como de mi familia, le solicito amablemente que publique esta carta en la revista que usted dirige, tanto en la versión digital como la impresa.
Atentamente,
Rodrigo Alcántara Fernández
Respuesta del reportero
Señor director:
En su carta, Rodrigo Alcántara Fernández, director general de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y responsable de manejar los recursos financieros destinados a las cárceles federales, acepta que ocupó un alto cargo en la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuando Genaro García Luna era el titular de la dependencia.
Si bien Alcántara sostiene que jamás trató de manera personal a García Luna, también es cierto que no hay manera de negar el vínculo laboral, pese a la orden presidencial de no contratar a excolaboradores de alto nivel del exsecretario de seguridad.
El funcionario también omite señalar que las imputaciones sobre su desempeño se desprenden de una queja presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuya existencia fue corroborada por Proceso mediante el portal del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.
Por lo anterior, el funcionario federal deberá responder ante la SFP sobre la presunta contratación irregular de cinco directores generales adjuntos, cuyos nombres se revelan en un oficio firmado por el propio Rodrigo Alcántara, documento que no fue desmentido ni controvertido por la autoridad penitenciaria federal.
Además, tampoco se refuta la existencia del documento en el que se advierte sobre las 370 cámaras de videovigilancia que han dejado de operar en el penal del Altiplano, ni mucho menos sobre la paralización de los sensores que permiten detectar túneles en esa misma instalación carcelaria.
Atentamente,
Juan Omar Fierro
