La desinformación por parte de la Fiscalía General de la República en el caso de Emilio Lozoya dejó mal parados al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quienes el viernes 17 no supieron explicar por qué el detenido no pisó el Reclusorio Norte y sí, en cambio, fue a dar a un hospital. Después de horas de incertidumbre se desconoce qué negoció la defensa del exdirector de Pemex; se especula incluso que quizá el testigo colaborador no llegue al penal si se valida el “criterio de oportunidad” al que se acogió.
Sus dos primeras noches en México las pasó Emilio Lozoya Austin en un hospital privado de muy alto perfil, vigilado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Colaborador de primera línea del entonces presidente Enrique Peña Nieto, Lozoya tuvo acceso a ese beneficio en medio de crecientes versiones de que su defensa negocia con la Fiscalía General de la República (FGR) la aplicación de un “criterio de oportunidad” que permita suspender o cancelar la acción penal contra el exdirector de Pemex.
De acuerdo con los artículos 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el “criterio de oportunidad” se aplique a Emilio Lozoya, éste debe aportar “información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa”, o bien que lleve a la identificación y captura de nuevos imputados.
Además, la defensa de Lozoya debe comprometerse a que comparezca en juicio contra las personas que señale por la posible comisión de otros delitos.
La suspensión de la acción penal implica que la FGR no actué contra el imputado y que incluso lo deje sin castigo o pena si la información que entrega es relevante, lo que en el caso de Lozoya tendría validez si declara contra servidores con niveles jerárquicos más altos que el suyo; es decir, de secretarios de Estado a presidente de la República.
En el caso de delitos fiscales y financieros, el criterio de oportunidad debe ser autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
La norma también prevé que el imputado debe pagar la reparación del daño, por lo que en el caso de Lozoya la negociación con la FGR deberá incluir la entrega de bienes que el exfuncionario haya adquirido de manera ilícita.
Sin embargo, fuentes de la FGR explicaron que el criterio de oportunidad que busca la defensa de Lozoya todavía no se ha firmado, debido a que la propia fiscalía espera nuevas declaraciones y la entrega de todas las evidencias de sus imputaciones.
Para Fabiola Navarro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, otra de las posibilidades es que el detenido busque un procedimiento abreviado en el que reconoce de manera expresa su responsabilidad en algunos hechos delictivos a cambio de que se reduzca la pena que le corresponda.
La pifia de la FGR
El avión de la FGR en el que Lozoya fue extraditado de España acumuló más de 13 horas de vuelo desde Madrid hasta la Ciudad de México, con una escala de hora y media en Gander, Canadá, para la recarga de combustible.
Tras el aterrizaje del avión con matrícula XD-NWD comenzó la especulación, pues el excolaborador de Peña Nieto no fue puesto a disposición de los jueces que libraron las órdenes de aprehensión en su contra.
En la FGR explicaron que no se podía dar la hora exacta del traslado ni el destino del imputado por cuestiones de seguridad. Comenzaron los rumores sobre el probable traslado de Lozoya a un hospital. Ninguna autoridad de la fiscalía ni del Consejo de la Judicatura Federal tenía información precisa sobre el detenido.
El Ministerio Público federal (MP) le leyó sus derechos a Lozoya Austin y ejecutó las órdenes de aprehensión en su contra.
Alrededor de las 04:00 horas del viernes 17 hubo movimiento: un convoy de la AIC partió del hangar de la FGR hacia el Reclusorio Norte.
Un hombre escoltado por dos agentes de la AIC iba en una unidad blindada, pero no era Lozoya. Fotógrafos y camarógrafos sólo registraron a un hombre moreno, canoso, con cubrebocas y gorra.
Minutos después otras unidades de la FGR partieron discretamente hacia el hospital Ángeles del Pedregal. En una de ellas iba el detenido.
Mensajes confusos
Minutos después de su reunión con el gabinete de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador no sabía dónde se encontraba el exdirector de Pemex.
Cuestionado sobre el estado de salud del imputado en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, el mandatario hizo evidente que la FGR no tiene una comunicación fluida con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ni con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Ninguno sabía que Lozoya había sido llevado a un hospital privado.
De acuerdo con la Fiscalía, tras el viaje de 15 horas Lozoya presentaba un estado de agotamiento físico, así como síntomas de anemia y malestar en el esófago. Los estudios que se le practicaron en el hangar de la Fiscalía tardaron alrededor de tres horas; al final se decidió su traslado a un hospital privado, previa notificación a los jueces de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Derivado de su estado de salud, se suspendieron las audiencias de las dos causas penales que enfrenta el exdirector de Pemex, sin que exista una fecha precisa para volverlas a programar, de acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal.
Consultadas al respecto, fuentes de la Judicatura explicaron que la nueva programación de las audiencias iniciales dependerá de los informes sobre la recuperación del detenido que la FGR envíe a los jueces de control.
Qué sigue
Los cuatro años que Emilio Ricardo Lozoya Austin fungió como director general de Pemex representan su única experiencia profesional en un alto cargo de gobierno.
Lozoya es el segundo director de Pemex que se enfrenta a un proceso penal por el manejo de la antigua paraestatal. El primero fue Jorge Díaz Serrano, quien fue acusado en 1982 de un presunto fraude por 35 millones de dólares en perjuicio de Pemex
Lozoya cuenta con una maestría en administración pública y desarrollo internacional por la Universidad de Harvard. Sus estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en el extranjero lo acercaron a Videgaray y a Peña Nieto.
Tras trabajar para el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Foro Económico Mundial, en 2012 Lozoya se incorporó al equipo de campaña de Peña Nieto. Ahí comenzaron sus contactos con OHL y Odebrecht, empresas que presuntamente le entregaron sobornos a cambio de contratos públicos.
Luego siguieron las compras de las plantas chatarra de Agronitrogenados y Fertinal, transacciones financieras que también le dejaron dividendos.
En la primera imputación formulada en su contra por la FGR se le acusa de lavado de dinero por un monto de 38 millones de pesos, recursos que habría utilizado para adquirir una residencia localizada en Lomas de Bezares.
De acuerdo con la orden de aprehensión girada en su contra por un juez federal el 25 de mayo del 2019, esa propiedad la pagó de contado mediante una transferencia bancaria realizada desde Suiza.
El dinero salió de una cuenta a nombre de la empresa Tochos Holding vinculada con el propio Lozoya y que, presuntamente, corresponde a uno de los sobornos que habría recibido de la empresa petrolera brasileña Odebrecht a cambio de otorgarle contratos públicos en Pemex
La segunda imputación que le hizo la FGR es por supuestos sobornos que le habrían entregado Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex le comprara una planta chatarra de fertilizantes a la compañía del empresario Alonso Ancira, actualmente detenido por este mismo caso.
La operación de compraventa realizada en diciembre de 2013 fue por 3 mil 862 millones de pesos que Pemex le pagó a AHMSA, a pesar de que la planta llevaba 14 años sin funcionar y gran parte de sus instalaciones estaban inservibles, una denuncia que en su momento dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación.
La acusación de la FGR señala que, derivado de esta transacción, Lozoya recibió un presunto soborno que le permitió adquirir –junto con su esposa– una casa en Ixtapa con valor de 1.9 millones de dólares.
Con estas imputaciones a cuestas, sus antiguos mentores políticos Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray pueden ser imputados por Lozoya, quien siempre ha dicho que “que no se mandaba solo”, sino que obedecía órdenes de sus superiores jerárquicos.
