El optimismo de Andrés Manuel López Obrador ante el T-MEC contrasta con el malestar de representantes empresariales de México y Canadá por los usos electorales que pueda darle a este nuevo tratado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amén de las presiones laborales, arancelarias y agropecuarias de su administración, sobre todo hacia México.
La nueva etapa comercial de América del Norte, inaugurada el miércoles 1 con la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedó enmarcada por la preocupación de los sectores productivos de los tres países por el uso político que puede darle el presidente Donald Trump, cuatro meses antes de las elecciones en las que busca su reelección; pero también hay alerta por el “cambio de reglas” por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior quedó claro en un posicionamiento conjunto firmado por el Consejo Coordinador Empresarial de México, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara de Comercio de Canadá, quienes expresaron el mismo miércoles 1:
“Instamos a los gobiernos a operar dentro del espíritu del acuerdo y a abstenerse del uso de aranceles por motivos de seguridad nacional. Nuestra asociación norteamericana no amenaza la seguridad nacional de nadie; por el contrario, es una gran fortaleza para los tres países. Sugerir que estos aranceles pueden regresar sólo amenaza cadenas de suministro transfronterizas relevantes. Más aún, el T-MEC sólo tendrá éxito en la medida en que los tres gobiernos demuestren compromiso, participación y, sobre todo, respeto a los marcos legales y regulatorios.”
Lo que está en juego no es cosa menor. Se trata, según la Secretaría de Economía (SE), de un tratado que representa a la región con 6.5% de la población del planeta; equivale a 18.3% de la economía mundial, y tiene implícita una capacidad exportadora que representa 15.9% de las operaciones comerciales a nivel global.
Una semana antes del llamado de atención de las principales representaciones empresariales, la American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM), que agrupa a refinerías y empresas petroquímicas en Estados Unidos, manifestó a Trump su preocupación por las “restricciones” a las inversiones por parte del gobierno de López Obrador al sector energético.
“No sólo las inversiones directas que han realizado las empresas estadunidenses, sino también los ingresos futuros y empleos estadunidenses para realizar esas inversiones a largo plazo. También hay cuestionamientos serios sobre si tales acciones son permisibles bajo la ley mexicana y dentro de las obligaciones de México bajo el nuevo acuerdo comercial (T-MEC)”, lanzó la AFPM en una misiva fechada el 23 de junio.
Más allá de esos focos rojos están abiertas las “rendijas” del Protocolo Modificatorio del T-MEC (Proceso 2251), el cual negoció de manera solitaria el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, con sus contrapartes estadunidense y canadiense en noviembre de 2019. Es decir, Seade no necesitó el apoyo del llamado “Cuarto de Junto”, integrado por los diferentes sectores, así como por especialistas en lo referente al comercio exterior.
Dicho protocolo cambió algunas disposiciones originales del Tratado en materia laboral, ambiental, propiedad intelectual (medicamentos), cumplimiento del acuerdo y reglas de origen automotriz (acero). Sin embargo, la parte laboral es por donde Estados Unidos puede ejercer presión sobre México.
Puntos de presión
Kenneth Smith Ramos, el exjefe negociador técnico de México del T-MEC durante el sexenio pasado, comenta a Proceso: “Creo que enfrentamos una situación compleja: el tratado sí va a ayudar eventualmente a la recuperación económica. Pero tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre y va a haber incentivos para que la administración Trump presione a México en materia laboral”.
De acuerdo con Agon, un despacho de consultoría especializada en economía, derecho y estrategia comercial, los sindicatos van a jugar un papel muy importante en las elecciones, sobre todo en los estados del Midwest: Wisconsin, Michigan, Filadelfia, Indiana e Illinois, entre otros.
“Ahí hay una presencia sindical fuerte y van a ser los estados ‘bisagra’ donde se va a definir el futuro de la elección, junto con estados como Florida, con gran producción agrícola. Podemos esperar presión por la parte laboral, como ya lo mencionamos, pero también por la parte de estacionalidad agrícola”, dice.
El sector agropecuario mexicano ya empieza a sentir los efectos de esas presiones, sobre todo en cuanto a la mano de obra infantil y el trabajo forzoso.
Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), alerta: “Ya traemos productos que están investigando. Además hay demandas demócratas, atendidas por medio de instrumentos independientes del T-MEC. Son mecanismos unilaterales de certificación en Estados Unidos, los cuales pueden prohibir la importación o gravar las mercancías”.
Bajo la lupa están productos como frijol, café, pepino, berenjena, melón, cebolla, azúcar, tabaco, tomate y chile, mientras que para trabajo forzoso se encuentran bajo la mira de Estados Unidos el tomate y el chile.
El agroempresario de origen sinaloense recuerda que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, envió una misiva a los senadores Marco Rubio, Rick Scott y el congresista Vern Buchanan, fechada el 9 de enero pasado, en la que se compromete a revisar la oferta de productos perecederos estacionales que exporta México al mercado norteamericano en los primeros 60 días de que entre en vigor el T-MEC.
Se trata de cuatro acciones encaminadas a una investigación sobre el mercado de esos productos agrícolas, los cuales “distorsionan” el comercio bilateral y facilitan su venta por debajo de los costos del mercado en perjuicio de los productores estadunidenses.
Ante la situación, el líder del CNA dijo al gobierno de México que no permitirá esas medidas “proteccionistas” y que debe demostrar una férrea defensa a las reglas de juego del T-MEC.
“Confío en que nuestro gobierno, y aquí es una exigencia de nuestro sector, especialmente al Ejecutivo, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y la de Relaciones Exteriores, para que hagan una férrea defensa de las reglas del juego del T-MEC.”
Y de plano sentencia: “Si México empieza a permitir violaciones al T-MEC la vamos a pasar muy mal los próximos 25 años. México tiene que tener un papel digno; necesitamos que México se ponga a la altura de las circunstancias y pare en seco estas medidas proteccionistas, como pretende Lighthizer, quien tuvo el descaro de ofrecer este ataque por escrito”.
–¿Esto es consecuencia de esas rendijas que se dejaron abiertas en el Protocolo Modificatorio que negoció de manera solitaria el subsecretario Seade a finales del año pasado? –se le pregunta a Bosco de la Vega.
–El Consejo Nacional Agropecuario levantó la mano porque estábamos seguros de que el subsecretario estaría solo realizando las negociaciones. En el “Cuarto de Junto” trabajamos un año, 11 meses defendiendo nuestros intereses. Seade se fue solo y tuvo sorpresas, en el tema laboral sobre todo. Si tuvimos problemas por no trabajar en conjunto el sector privado y el sector público, hoy estamos pagando las consecuencias.
Riesgo de exclusiones
El representante va más allá y agrega que “entonces prevemos que vamos a tener un desgaste en este proceso de cambios en la ley laboral nacional, previsiones internacionales, laborales”.
“Se nos viene una carga muy fuerte y por eso nos estamos preparando. Estamos comunicando, estamos haciendo manuales, muy bien atendidos por la Secretaría del Trabajo. Tenemos una coordinación y mucho trabajo, mucha responsabilidad y sobre todo hay mucho que hacer coordinadamente con nuestro gobierno, internamente por los temas sindicales y externamente, con las presiones que se vienen por las demandas laborales”, abunda.
En el mismo tono, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales Zárate, distingue dos riesgos en cuanto al tema sindical.
Desde el punto de vista de la instrumentación en México, el directivo llamó a que el T-MEC no sea aprovechado como un movimiento de presión política, buscando los intereses particulares de algún grupo de representación sindical, como se observó desde 2019 en Matamoros con la industria maquiladora y sus huelgas, en el caso de México.
Y por otra parte, pidió al gobierno “tener mucho cuidado” ante los posibles abusos que intenten llevar a cabo de parte de sindicatos estadunidenses o canadienses que pretendan iniciar un procedimiento o controversia bajo la argucia de señalar “incumplimientos” o “de pretender que se apliquen exclusiones a los productos mexicanos”.
–¿Le preocupa a la industria automotriz el manejo político que Estados Unidos pueda darle al T-MEC en este año electoral?
–Es un tema que se tiene que atender.
Las rendijas que dejó el Protocolo Modificatorio del T-MEC son temas de preocupación y van desde los observadores o agregados laborales.
Según el especialista en comercio internacional Kenneth Smith Ramos, la pregunta es: “¿Los observadores estadunidenses también van a obtener acceso a los expedientes de controversias? ¿De dónde provienen los observadores? ¿Son funcionarios del gobierno de Estados Unidos? ¿Pueden ser miembros de sindicatos o de organizaciones no gubernamentales? ¿Cuál es el grado de confidencialidad que se va a mantener en los expedientes de casos?”.
El otro riesgo es la retroactividad de los aranceles punitivos a los exportadores mexicanos, en caso de que se les comprueben violaciones en materia laboral, desde el inicio de un panel de controversias, la empresa nacional estará obligada a pagar de forma retroactiva, más las represalias.
“¿Cuál es el riesgo que le vemos a eso? –dice Smith–. Que tú como competidor en Estados Unidos, alguien que produzca bicicletas allá y, que no quiere competencia mexicana o un sindicato que simplemente quiere negar acceso de productos mexicanos a Estados Unidos, pudiera iniciar casos que fueran frívolos, que no tuvieran fundamento.”
Finalmente, está el cambio de “la carga de la prueba”. En el antiguo TLCAN el país que demandaba tenía que demostrar la violación laboral en otro país; mientras que ahora, la economía demandada tiene la obligación de demostrar que la violación que están señalando, no afecta al comercio y la inversión.
El próximo encuentro con Trump
México trabajó a marchas forzadas para afinar los últimos detalles a nivel legislación, para acompañar la entrada en vigor del T-MEC.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, el pasado 30 de junio, –un día antes de que arrancara el acuerdo– las leyes secundarias del T-MEC: La Ley de Infraestructura de la Calidad, que sustituye a la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización; una Ley de Protección a la Innovación Industrial, que va a reemplazar a la Ley de Propiedad Industrial, una Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que va a renovar a la ley vigente en la materia.
Previamente en el Senado se discutieron y aprobaron esas legislaciones, además de dos reformas legales: una al Código Penal Federal en materia de grabación no autorizada de obras cinematográficas, así como la Ley Federal de Derechos de Autor, en materia de protección de derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital.
En el caso de la industria automotriz, las empresas de autopartes cuentan con un periodo de transición de seis meses para adoptar las reglamentaciones uniformes del tratado en materia de contenido nacional.
Por lo que atañe a las pequeñas y medianas empresas, 90% no están preparadas para cumplir las disposiciones del acuerdo comercial en cuanto a estas reglamentaciones, según la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Milenio, 25 de junio de 2020).
En este contexto López Obrador realizará una visita a Washington, donde se reunirá con Trump el miércoles 8 y el jueves 9, “con el propósito de iniciar la etapa nueva del T-MEC”.
En una de sus conferencias matutinas previas a la entrada en vigor del T-MEC López Obrador presumió: “A nosotros nos ayuda mucho porque es un momento oportuno. Estamos en una situación, como se sabe, difícil en lo económico y hemos echado a andar un plan de reactivación económica. Con el tratado vamos a lograr que mejore sustancialmente la economía del país, que llegue más inversión y se generen empleos en México. Entonces, es algo importante”.
En contraste, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz Gallegos, sostiene: “El propio T-MEC va a tener que enfrentar el hecho de que Estados Unidos, Canadá y México están en recesión, por lo que el efecto económico probablemente se va a ver restringido… Hay toda una serie de elementos que implican modificaciones; y México está llegando sin contar con la solidez suficiente para hacer esos cambios rápidamente para poder adaptarse a este nuevo entorno”.
