En el destino del Teatro Julio Jiménez Rueda se juega mucho más de lo que parece.
Enajenar y destruir un teatro que es patrimonio de todos los mexicanos no puede reducirse al resultado de un acuerdo burocrático. Es un signo de los tiempos. Es una decisión histórica porque, paradójicamente, la acción que de ese modo destruye la memoria histórica marcaría con una señal atroz el recuerdo futuro de estos tiempos.
El Teatro Julio Jiménez Rueda, diseñado por Julio Prieto, el admirable constructor de los teatros públicos de México, fue inaugurado el 22 de noviembre de 1965, y en su azarosa supervivencia contiene la memoria resplandeciente de una gestión pública que apostó por la integración de los servicios del bienestar social, la salud y la cultura. Su trayectoria está tramada por momentos estelares del último medio siglo de la historia del teatro mexicano.
Fue sede de la Olimpiada Cultural México 68; durante décadas funcionó como sede del Programa Nacional de Teatro Escolar, del Festival Internacional Cervantino, del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro y de La Compañía Nacional de Teatro. En él se estrenaron memorables temporadas de los más generosos creadores cuya obra ha venido hilando la asombrosa realización de nuestro teatro.
Desde el decreto presidencial de 1961 que estableció su construcción en los terrenos asignados para las instalaciones del ISSSTE, el destino del teatro ha sido objeto de múltiples debates. Sobreviviente de varios terremotos, de constantes litigios y de los oleajes de la crónica inestabilidad de los sexenios, la existencia de este emblemático teatro público ha prevalecido hasta hoy gracias a firmes voluntades políticas y culturales.
Por eso desconcierta tanto que en medio del confinamiento de la pandemia se verifique, como en un asalto, el desalojo del teatro y se festine su desahucio administrativo de espaldas a una comunidad que confió en la palabra de los responsables de la acción cultural pública, quienes sin mediar explicación alguna, la retiran.
En un poderoso contraste que es importante ponderar, en enero de este mismo año se celebró, en el Teatro Reforma del IMSS, la afortunada iniciativa de colaboración de la Secretaría de Cultura y del Instituto Mexicano del Seguro Social que se propone restaurar y reanimar la red de teatros más amplia del mundo, y que actualmente constituye la esperanza de alcanzar un servicio público integral comprometido con la calidad de vida de los trabajadores, sus familias y sus comunidades.
A esa misma tradición pertenece la historia del Teatro Julio Jiménez Rueda, la de un aliento humanizador y justiciero, que desconoce sin más el arreglo burocrático que ahora firman las dependencias administrativas de las instituciones responsables de ese legado; un acuerdo entre oficinas que carece de fundamento jurídico tanto como carece de dignidad institucional.
El teatro es un derecho de la sociedad y su infraestructura es continente de un patrimonio intangible que no puede reducirse al objeto de una transacción que pretende una “devolución” de una oficina a otra, para enajenarlo y demolerlo.
El edificio teatral es el emblema de la reunión civilizadora, y su destrucción es un mal presagio para el porvenir.
El teatro es un edificio que no es una oficina ni una tienda, sino un adentro al que se acude para suscitar el encuentro que nos convierte en espectadores de nuestro propio acontecer. Es el lugar para celebrar la memoria de lo que somos y construir la conciencia de lo que tenemos en común, lo que nos transforma en comunidad. Por eso, el destino de un teatro patrimonial supone una decisión histórica de las instituciones.
Si bien es cierto que se suele apostar por la amnesia voluntaria, será entonces la devastación la que grabe, en la cal de todas las paredes de la ciudad espectral, negros y aciagos mapas para que en ellos lean sus hijos su tradición deshecha.
Sin embargo, la memoria histórica remueve documentos que cobran vida y se nos vienen encima. En 1901, el arquitecto Nicolás Mariscal, ante la destrucción del Teatro Nacional, escribió:
“El inmoderado afán de manipular los recursos públicos que tantos destrozos ha consumado y seguirá consumando, ha hecho que estos días se haya llevado a cabo la completa demolición de la sala, el proscenio y otros anexos del Teatro Nacional. Lo que demandaba una prudente restauración y, a lo sumo, reformas de mero ornato y comodidad, ha quedado destruido; y de lo que era el mejor escenario del México Independiente no restan ya sino escombros. Verdad es que la reedificación del gran teatro ha sido reiteradamente prometida ante la incredulidad del público, a quien nadie garantiza superar el azoro con que mira lo que se le quita, así le digan que la obra ha sido encomendada a un arquitecto de nota. ¡Ay, cuánta falta les hace a edificios de cierto mérito aquel tarjetón que pedía el poeta con la siguiente leyenda: “En nombre de los poetas y de los artistas, en nombre de los que sueñan y de los que estudian, se prohíbe a la civilización y al negocio que toque una sola de estas piedras con su mano demoledora y prosaica”.
Como sabemos hoy, la demolición del Teatro Nacional fue un presagio funesto.
Para mayor ironía, Julio Jiménez Rueda, además de haber sido un célebre dramaturgo mexicano, entre otras muchas admirables realizaciones, fue un gestor cultural que dedicó su vida y su generoso afán al cultivo y preservación de la memoria histórica de los mexicanos. Una de sus acciones más valiosas fue la organización del Archivo General de la Nación.
Frente al dilema y su discusión, también existe otra respuesta digna: construir. Construir por ejemplo, en la misma colonia Tabacalera, un Nuevo Teatro Julio Jiménez Rueda, para beneficio de la comunidad vecinal, para los muchos jóvenes que acuden a la convivencia que suscita la remodelación de la Plaza de la República, para ennoblecer la Ciudad y fortalecer la acción de la cultura.
Conservar, destruir o construir, ¿cuál será el signo de estos tiempos?
_____________________
* Ciudad de México, 1946. Director escénico, dramaturgo y poeta.
